¿Qué tenemos y qué necesitamos? Las propuestas de los candidatos frente a los datos del sistema de salud
El debate electoral en curso ha reeditado la discusión alrededor de las reformas y ajustes que requiere el sistema de salud colombiano. Los programas de gobierno difundidos por los candidatos, y sus declaraciones públicas orientadas a tratar los temas de salud, muestran una diversidad de enfoques y propuestas que ofrecen desde reformas estructurales hasta ajustes menores. Como es habitual en estos escenarios, las diversas campañas sugieren la puesta en marcha de cambios efectivos que aspiran mejorar las condiciones actuales del sistema de salud, buscando así atraer la atención y simpatía del público.
Sin embargo, cabe cuestionar si la dinámica electoral resulta suficiente para comprender las necesidades y desafíos que actualmente tiene el sistema de salud en Colombia. Si bien esta coyuntura constituye un escenario natural para la deliberación y el contraste de propuestas, enfoques y visiones alrededor de los asuntos públicos, también es cierto que las elecciones favorecen la proliferación de discursos orientados a satisfacer las expectativas de la población, en detrimento de la formulación de propuestas concretas que se correspondan con la realidad política, económica y social del país. Por esta razón, es conveniente presentar un análisis que formule un diagnóstico de los logros y dificultades que actualmente tiene el país en materia de salud, y que lo contraste con las propuestas más destacadas de los candidatos que aspiran ejercer la presidencia de la República por los próximos cuatro años. En este ejercicio, por cuestiones de espacio, se analizan las propuestas de los dos candidatos más opcionados, lo que no significa que los demás no tengan aportes valiosos que también puedan ser recogidos por análisis posteriores (mira aquí los análisis de programas de los candidatos).
¿Qué sistema tenemos hoy?
En la actualidad no existe un diagnóstico unánime sobre las bondades y dificultades del sistema de salud colombiano. Algunas posturas señalan que los avances del país en materia de aseguramiento, cobertura e indicadores de morbimortalidad son atribuibles a la reforma de 1993; otras, por el contrario, afirman que el modelo actual ha conllevado ineficiencias y pérdidas de recursos innecesarias, las cuales impiden el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia. Frente a este escenario de contrastes, vale la pena trazar una línea de base que establezca algunas certezas sobre el contexto dentro del cual ha surgido esta discusión, y que permita observar el panorama sobre el cual se fundan las propuestas programáticas de los candidatos.
En primer lugar, cabe reconocer que el país ha logrado avances significativos en términos de equidad en el acceso a los servicios de salud. Hay estudios que muestran que Colombia es uno de los países de América Latina con mayor índice de cobertura efectiva (74%), lo que implica que los servicios de salud tienen la calidad suficiente para generar ganancias en salud a un porcentaje mayoritario de la población. Así mismo, el país ha conseguido establecer mecanismos de protección financiera eficaces (e.g. la cuenta de alto costo), orientados a mitigar el impacto económico de las enfermedades catastróficas en la población y a desestimular fenómenos de selección adversa; esto ha llevado, por ejemplo, a que Colombia sea uno de los países de la región que más disminuyó su gasto de bolsillo en los últimos 20 años, pasando de 38% en 1995 a 15% en 2020. De la misma manera, vale destacar que la ley 100 definió un plan de beneficios en salud (PBS) que, a pesar de varias dificultades, ha sido actualizado de manera gradual para incluir tecnologías, servicios y tratamientos novedosos, y cuya existencia permite que los afiliados tengan derecho a acceder a un mismo “paquete de beneficios”, más allá de su capacidad de pago; igualmente, la definición de un PBS le brinda certezas a los actores del sistema, en tanto define aspectos centrales para la gestión del riesgo financiero y el goce efectivo del derecho a la salud. Adicional a lo ya mencionado, según un estudio publicado recientemente por el MinSalud, el 78 % de los usuarios valoraron positivamente su experiencia en el uso de los servicios, mientras que el 62 % estimó que resultaba fácil acceder a ellos. También cabe resaltar una disminución constante en indicadores sensibles de salud pública, como la mortalidad infantil y la desnutrición.
Este panorama optimista contrasta con las dificultades que aún no logra resolver el sistema de salud. Por un lado, se mantienen las barreras para que los usuarios accedan a los servicios incluidos en el PBS; de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2019 se interpusieron más de 200.000 acciones de tutela relacionadas con el derecho fundamental a la salud, lo que representó un 33 % del total de tutelas impuestas en el país, de éstas el 79.9 % fueron resueltas a favor de los accionantes, lo que indica un alto grado de pertinencia. Por otro lado, están sin zanjar las brechas territoriales que promueven la concentración de la oferta (en particular la especializada) en los grandes centros urbanos, afectando el acceso de los usuarios que habitan áreas rurales y, en consecuencia, vulnerando su derecho a la salud. En el diseño actual del sistema, los incentivos están puestos donde existen más afiliados con mayor capacidad de pago, lo que conlleva a un descuido de las poblaciones dispersas y con menos recursos económicos. Así mismo, persiste la billonaria deuda que tienen algunas EPS (varias ya liquidadas) con prestadores y proveedores, la cual, no sólo perjudica el acceso a los servicios, sino que mina la confianza sobre la adecuada administración de los recursos públicos de la salud; si bien el gobierno actual ha avanzado en un acuerdo de punto final para mitigar los efectos de la deuda, se cuestiona que sea el Estado quien finalmente asuma el riesgo financiero dentro del sistema.
Este panorama, que sin duda comprende más matices y complejidades que las que aquí se han relacionado, ofrece una línea de base para contrastar las principales propuestas de los dos candidatos más opcionados a llegar a segunda vuelta en las elecciones que se avecinan: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Por ello, vale la pena considerar algunas de sus propuestas, buscando establecer si resultan coherentes con las necesidades que actualmente tiene el sistema de salud colombiano.
Hacia un sistema único de salud: Gustavo Petro
El núcleo de la propuesta de Gustavo Petro apunta a la creación de un sistema único, público y universal en el cual las redes de servicios sean conformadas a través de Consejos Territoriales de Salud (CTS) y los recursos financieros manejados por un Fondo Único de Salud (FUS) con capítulos territoriales (vea aquí el análisis de la propuesta). En la práctica, este modelo implica apartar a las EPS de su función actual, para que el FUS y los CTS asuman los pagos y la articulación entre usuarios y prestadores. Estos cambios, que requieren una reforma de la ley 100, estarían acompañados por el reforzamiento de la atención primaria, el énfasis en la prevención y la predicción, y el incremento de los recursos de la red pública.
Ante esta propuesta surge el interrogante sobre su pertinencia frente a los retos que actualmente tiene el sistema. Por un lado, no hay certezas sobre cómo el desmonte de las capacidades instaladas en las EPS puede contribuir a superar las barreras de acceso que existen actualmente; si bien estas entidades son responsables de los trámites administrativos que muchas veces impiden el acceso de los usuarios a los servicios a que tienen derecho, nada asegura que esas barreras desaparecerán con un sistema coordinado por unas nuevas instituciones públicas. De hecho, una de las advertencias que se han formulado a propósito de esta iniciativa, es que los CTS podrían tener dificultades para articular nuevas redes de servicios, lo cual generaría otro tipo de barreras relacionadas con la oportunidad en la prestación. Ahora bien, a favor de la propuesta, podría pensarse que la desaparición de un “intermediario” contribuye a reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud y agilizar el pago de las cuentas; sin embargo, para que esto se concrete se requiere la construcción de una nueva institucionalidad en las entidades territoriales (llamadas a liderar los CTS), con la capacidad técnica y administrativa para gestionar todos los procesos que hoy hacen las EPS. Frente a esa necesidad, surge la pregunta si resulta conveniente construir esa nueva capacidad institucional, desmontando la que ya existe. Por otro lado, cabe destacar la apuesta de la campaña por enfocar el sistema de salud en la prevención y por destinar más recursos a la red pública, aunque esto debería acompañarse de precisiones alrededor de las fuentes de financiación y definir los mecanismos para darle un uso adecuado a los recursos.
El énfasis en la eficiencia: Federico Gutiérrez
Federico Gutiérrez se ha enfocado en proponer acciones de corte gerencial para mejorar la atención y experiencia de los usuarios, conservando la arquitectura actual del sistema y los mecanismos dispuestos por la ley 100. Su apuesta está orientada a establecer indicadores de desempeño y metas que mejoren la eficiencia, buscando con esto que los actores reciban incentivos de acuerdo con los resultados que obtienen; así mismo, su programa se centra en la introducción de instrumentos digitales y telemedicina, con el propósito de reducir costos, permitir la interoperabilidad del sistema y reducir las brechas en el acceso. Además, menciona la necesidad de crear alianzas entre prestadores, aseguradores y entidades territoriales, estableciendo metas de servicio (vea aquí el análisis de la propuesta).
El énfasis de la propuesta de Gutiérrez es la eficiencia: un elemento que puede resultar necesario, aunque no suficiente, para enfrentar los desafíos que hoy tiene el sistema de salud. Por un lado, es claro que mejorar la eficiencia puede contribuir a agilizar la prestación de los servicios y, en consecuencia, a reducir las barreras de acceso; igualmente, la introducción de procesos de compra mediados por la tecnología ayuda a que las transacciones sean más transparentes, facilitando el manejo de los recursos financieros. Sin embargo, llama la atención que la propuesta no menciona el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control, lo cual genera inquietudes sobre la capacidad de los actores de autorregularse. En este sentido, cabe recordar que uno de los problemas que tiene el sistema es que los procesos de vigilancia y sanción no son eficaces, razón por la cual muchos de los actores incumplen sus obligaciones sin mayores consecuencias. Por ello, sorprende que la propuesta se centre en afinar ciertos procesos y en establecer nuevas reglas para los actores del sistema, pero se olvide de los mecanismos para garantizar que se cumplan. De hecho, resulta inquietante que Gutiérrez propone unificar los enfoques de control por ineficientes (incluidas las superintendencias), lo cual podría restarles capacidades a las instituciones que actualmente se encargan de vigilar y sancionar a los actores que no cumplen. Un punto a favor de la propuesta es la idea de crear alianzas entre aseguradores, prestadores y entes territoriales para la provisión de servicios, alrededor de metas y estándares de calidad, lo cual podría contribuir a reducir las brechas en los territorios. Sin embargo, falta que la propuesta puntualice cómo constituir y financiar esas alianzas, pues su implementación no dependerá, exclusivamente, de la voluntad de los actores.
¿Cómo avanzar?
Ciertamente, las dos propuestas analizadas hacen contribuciones que apuntan a mejorar el sistema de salud y, a través suyo, a promover el bienestar de la población colombiana. Así mismo, ambas generan interrogantes sobre su viabilidad y su coherencia con los desafíos que actualmente tiene el país. Las complejidades propias de los sistemas de salud impiden que sus problemas sean resueltos con fórmulas milagrosas, por el contrario, es necesario acometer ajustes constantes y progresivos que sean evaluados y afinados con regularidad. Ante esto, vale la pena señalar algunos elementos para enriquecer las propuestas programáticas, entendiendo que estas se construyen en el debate público y en función de realidades puntuales que también son dinámicas. En primer lugar, vale la pena insistir en la pertinencia de reconocer y potenciar las capacidades instaladas en el sistema, y en particular, aquellas que emergen de los actores y sus interacciones. No parece coherente que la ruta para mejorar el funcionamiento y resultados del sistema de salud sea el desmonte de aquello que funciona como estrategia para corregir lo que no funciona. Segundo, es importante identificar y reconocer los avances y aprendizajes que nos proporciona el sistema actual, buscando que las propuestas que buscan hacer cambios estén alineadas con las necesidades identificadas; esto, desde luego, implica tener la voluntad de emprender transformaciones, pero también, la prudencia de conservar aquello que ofrece buenos resultados. Finalmente, es importante que las propuestas identifiquen fórmulas novedosas que permitan mejoras en el sistema de salud y que sean consecuentes con sus complejidades; sin embargo, es deseable que estas fórmulas dialoguen con las realidades sociales, políticas y financieras del país, para que no terminen siendo promesas incumplidas que afectan la confianza de la sociedad sus instituciones.
Foto de National Cancer Institute en Unsplash
