by INNOS | Nov 10, 2023
Los sistemas de salud a nivel global se caracterizan por su extrema complejidad, ya que se componen de una amplia gama de actores, cada uno de los cuales debe cumplir una función específica con el objetivo de proveer atención médica y bienestar a la población. Estos actores incluyen profesionales de la salud, proveedores de servicios, tecnologías, medicamentos, insumos médicos, organizaciones gremiales, aseguradoras, gobiernos y, por supuesto, los mismos pacientes. En este escenario, es fundamental que todos ellos trabajen de manera articulada y coordinada para cumplir con estándares de eficiencia, seguridad, equidad, acceso y calidad en la atención. El cumplimiento de estos estándares resulta un factor necesario para garantizar que las poblaciones mejoren su calidad de vida, estén protegidas financieramente de los costos médicos y experimenten servicios centrados en sus necesidades.
En el marco de esa complejidad inherente, los sistemas de salud enfrentan el reto constante de implementar cambios que les permitan enfrentar los desafíos cotidianos y las necesidades cambiantes de la población. La planeación y gestión de los sistemas de salud implica tomar decisiones -a veces sensibles- sobre la asignación de recursos, la regulación de los actores, el diseño de políticas públicas, la gobernanza y el financiamiento, por mencionar algunos factores cruciales. Además, también es importante que se aborden cuestiones de largo plazo como las transiciones demográficas y epidemiológicas, la innovación tecnológica, el aumento de las expectativas de la población, la ampliación de los derechos, las crisis económicas y la inflación. Por lo tanto, los encargados de la gestión de los sistemas de salud se enfrentan un gran desafío, en la medida que deben conseguir un equilibrio entre la necesidad de cambio y adaptación, y los riesgos potenciales de alterar estructuras intrincadas y sensibles.
En la actualidad, algunos países de América Latina se encuentran inmersos en un escenario de transformación de sus sistemas de salud. Estas transformaciones no solo están ligadas a los cambios políticos producidos en la región en los últimos años, sino también a la necesidad de abordar los retos emergentes que enfrenta cada uno de esos países. Entre estos se destaca la urgencia de cerrar las brechas en el acceso a la atención médica, garantizar la universalidad de la cobertura, lograr la soberanía sanitaria para enfrentar situaciones críticas como la pandemia de COVID-19 y adaptarse a la transición demográfica que ha provocado un envejecimiento acelerado de la población en el continente.
Después de las iniciativas de reforma que se llevaron a cabo en gran parte de la región en las décadas de los 80 y 90, las cuales supusieron una reorganización de los mecanismos de seguridad social, ahora se vislumbran nuevas propuestas que buscan modificar el panorama de la atención en salud. Estas iniciativas, muchas de las cuales actualmente se encuentran en proceso de discusión en los parlamentos de diversos países, plantean dos posibles escenarios: uno de ajustes graduales destinados a mejorar el sistema de salud de manera progresiva, y otro de reformas más profundas que podrían tener un impacto sustancial en la prestación de servicios de salud en la región.
A través del análisis que adelantó el Observatorio de Política Regulatoria en Salud para Latinoamérica (Opres/Latam), es posible identificar algunas de estas tendencias y comprender la trayectoria que varios países han seguido para llevar a cabo modificaciones en sus sistemas de salud. Es importante precisar que varias de estas iniciativas aún se encuentran en trámite parlamentario y aún no se han promulgado como leyes vigentes.
Ajustes graduales a los sistemas de salud
En varios países de la región, se están discutiendo proyectos de ley destinados a adecuar el sistema de salud a las necesidades actuales en cuanto a la provisión de atención médica, suministro de medicamentos y el fortalecimiento de los sistemas de información en salud.
En Brasil, el proyecto de ley 3409, tiene como objetivo la implementación y desarrollo de una historia clínica única e integrada que abarque tanto el Sistema Único de Salud como la red privada. Esta iniciativa representa un paso significativo en la integración del sistema de salud y en la coordinación entre proveedores de servicios. También es un elemento que puede contribuir a mejorar los procesos de referencia y contra referencia dentro del sistema, así como a fortalecer la integralidad de la atención médica.
Por supuesto, es importante destacar que esta iniciativa plantea desafíos técnicos y financieros que requerirán un proceso de transición. Sin embargo, su implementación tiene el potencial de mejorar significativamente los flujos de información y la eficacia del sistema de salud, lo que beneficiaría a los usuarios al brindar una atención más coordinada y eficiente. Además, esta mejora en la información epidemiológica permitiría una formulación más eficaz de políticas públicas en el ámbito de la salud.
En Panamá, el Ministerio de Salud presentó el proyecto 1007, cuyo propósito es regular los medicamentos, insumos, dispositivos y su adquisición pública. Tal como señala la iniciativa, se busca promover la disponibilidad de medicamentos y productos de salud necesarios, establecer regulaciones para garantizar la calidad y seguridad, supervisar la llegada de productos seguros y de alta calidad al consumidor, mejorar la accesibilidad y precios de los insumos, fomentar la competencia en la fabricación y distribución, facilitar la adquisición en el sector público, educar a los usuarios sobre el uso adecuado de los productos, promover la coordinación entre instituciones para el cumplimiento de la ley, y proporcionar a los consumidores acceso efectivo y oportuno a la lista de precios de los medicamentos.
Esta iniciativa representa un paso importante para organizar y agilizar la adquisición de medicamentos y otros insumos necesarios para el funcionamiento eficiente del sistema de salud. No obstante, es de vital importancia establecer reglas claras y garantizar la estabilidad en las normativas, de modo que los diversos actores involucrados puedan tomar decisiones informadas que, en última instancia, redunden en beneficio de los usuarios. La creación de un marco regulatorio predecible no solo promoverá la eficiencia en el abastecimiento de productos de salud, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de la atención médica y garantizará que los pacientes reciban el tratamiento que necesitan de manera oportuna y confiable.
En Chile, el gobierno propuso un proyecto de ley orientado a modernizar el sistema de salud, regulando las Isapres y fortaleciendo la Superintendencia de Salud. Esta propuesta incluye la introducción de la cobertura complementaria, la cual permite que Fonasa pueda contratar seguros privados voluntarios para sus beneficiarios. Esto asegura un sistema de cobertura integral que involucra a prestadores de servicios privados con copagos accesibles. A diferencia de los planes complementarios de salud ofrecidos por las Isapres, esta modalidad no impone restricciones, como exclusiones basadas en preexistencias, y busca proporcionar una opción adicional a los usuarios del sistema de salud público. Es importante señalar que, en 2020, el gobierno ya había presentado una propuesta para un seguro nacional de salud y la creación de un plan de salud universal; sin embargo, esta iniciativa fue retirada por el presidente de la república
En resumen, estas iniciativas -como otras analizadas por Opres/Latam- tienen en común la intención de introducir modificaciones en los sistemas de salud, realizando ajustes en áreas que se consideran deficientes o que tienen margen de mejora. Si bien los resultados de estas propuestas no son completamente predecibles, gran parte de ellas se centra en garantizar el acceso a la atención, mejorar la oportunidad en la prestación de servicios y aumentar la eficiencia del sistema mediante estrategias específicas, como la implementación de sistemas integrados de información y la reformulación de los marcos normativos. Sin embargo, es importante destacar que estas iniciativas buscan realizar ajustes en puntos concretos y no tienen un impacto significativo en la arquitectura de los sistemas de salud.
Iniciativas de reformas profundas y estructurales
Mientras que algunas iniciativas se enfocan en realizar ajustes en áreas específicas sin proponer cambios significativos en la estructura de los sistemas de salud de los países analizados, en otros lugares se han presentado proyectos de ley con el propósito de llevar a cabo transformaciones más profundas, llegando incluso a reformar sustancialmente dichos sistemas. A continuación, se detallan algunas de estas propuestas legislativas.
En Argentina, se presentó el proyecto de ley 3989, cuyo propósito es crear un Sistema Integrado de Salud (SIS) basado en la atención primaria y la conformación de redes de atención. Esta organización busca garantizar el acceso universal y mejorar la coordinación entre los sectores público, de seguridad social y privados. Además, se plantea la creación de un Sistema Integrado de Información para garantizar la calidad y disponibilidad de la información en salud. El proyecto busca establecer lineamientos comunes en todo el país, manteniendo la diversidad organizativa propia de la estructura federal, para asegurar la universalidad, gratuidad, accesibilidad, equidad y calidad de la atención de salud.
El proyecto también establece un plan de salud con objetivos y metas comunes para todas las jurisdicciones a nivel federal y provincial. Obliga a todas las obras sociales y entidades de medicina prepaga a brindar este plan de salud a sus beneficiarios e incorporar a los prestadores públicos a su red de atención. Así mismo, el proyecto determina que el sector privado puede unirse voluntariamente al SIS, siempre y cuando cumpla con criterios de calidad y seguridad establecidos. Si bien el proyecto busca unificar el sistema de salud en todo el país, fijando estándares comunes de atención y calidad, lo plantea como una meta a largo plazo que requiere ser puesta en marcha de manera escalonada, progresiva y en etapas, quedando descartados los cambios automáticos y apresurados.
Por otro lado, en Colombia se presentó el proyecto de ley 339, que plantea una reforma estructural al sistema general de seguridad social en salud, constituido en la ley 100 de 1993. Uno de sus objetivos principales es transformar la función de las EPS, eliminando su capacidad de gestionar los recursos públicos y, por ende, retirándolas de su papel como compradoras de servicios y tecnologías en salud. El proyecto también enfatiza un enfoque en la atención primaria y otorga al Estado un mayor protagonismo en términos de la coordinación de redes, la contratación de proveedores y la creación y supervisión del sistema de información integrado. Del mismo modo, elimina el principio de libre elección del asegurador, ya que convierte a los Centros de Atención Primaria en la puerta de acceso al sistema y asigna a los usuarios según su ubicación geográfica.
Este proyecto se presenta como una iniciativa sumamente ambiciosa, dado que implica cambios sustanciales en la arquitectura y las reglas que actualmente rigen el sistema de salud. Asimismo, modifica las responsabilidades de los actores involucrados, al tiempo que introduce nuevas instancias y procesos que aún deben desarrollarse. Este escenario ha generado amplios debates y oposición por parte de diversos actores interesados. Además, se ha cuestionado el corto periodo de transición propuesto, que se limita a tan solo dos años. Una de las principales inquietudes relacionadas con el proyecto es el riesgo de deshacer los avances logrados por el país en cuanto a cobertura, protección financiera y equidad. No obstante, sus defensores argumentan que el proyecto optimiza el uso de los recursos públicos y aborda las inequidades que persisten en el acceso a la atención médica y en el desarrollo de infraestructura, priorizando la atención primaria.
Finalmente, en el marco de este análisis, es relevante mencionar el caso de México, que desde 2020 ha implementado reformas en el sistema de atención a la población no cubierta por la seguridad social. Inicialmente, el gobierno eliminó el programa del Seguro Popular y lo reemplazó con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con la responsabilidad de proporcionar servicios médicos de atención primaria y especializada y medicamentos. No obstante, en 2023, la Cámara de Diputados aprobó la extinción del INSABI y trasladó sus funciones al IMSS-Bienestar. Es importante destacar que durante el debate que condujo a la extinción del INSABI se mencionó la necesidad de establecer un sistema de salud unificado, con el propósito de superar la fragmentación que prevalece actualmente. En este sentido, es plausible que México emprenda próximamente discusiones en el parlamento sobre una reforma estructural de su sistema de salud.
Reflexiones finales
En resumen, se puede destacar que las iniciativas legislativas analizadas tienen el espíritu de mejorar la calidad de la atención, ampliar la cobertura y garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud. Así mismo, apuntan al uso eficiente de los recursos disponibles, exploran nuevas fuentes de financiación ante escenarios de incertidumbre económica y promueven la implementación de sistemas de información unificados como un medio para mejorar la atención en salud.
Simultáneamente, los proyectos que cursan en los parlamentos de la región comparten la preocupación fundamental de asegurar el acceso universal a los servicios sanitarios y promover la equidad, un objetivo de gran relevancia en América Latina. También ponen un énfasis especial en el desarrollo de la atención primaria como eje transversal de los sistemas y resaltan la relevancia de enfoques que privilegien la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
No obstante, es fundamental que la búsqueda de estos objetivos, alineados con la misión de cualquier sistema de salud, no conduzca a transformaciones que menoscaben los logros ya obtenidos o generen dificultades adicionales. Es esencial que las iniciativas se respalden con evidencia sólida y se tramiten con pleno reconocimiento del delicado equilibrio que rige los sistemas de salud. Esto implica mantener un diálogo constante entre todos los actores involucrados y buscar consensos y estrategias de coordinación orientadas a garantizar el funcionamiento y el rendimiento adecuado de sistemas de salud extremadamente complejos.
by INNOS | Mar 27, 2023
La Reforma al sistema de salud en Colombia es un tema que ha estado las últimas semanas en el centro del debate público, con la radicación de distintas propuestas que han sido radicadas en el Congreso de la República. A pesar de que el protagonismo lo ha tenido el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, los Pacientes y varios partidos políticos no se han quedado atrás y han radicado propuestas alternas de reforma al sistema.
Ante esta situación, INNOS ha desarrollado una herramienta interactiva que compara las propuestas de reforma a la salud que actualmente cursan en el Congres. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y mejorar la comprensión de los distintos proyectos de ley que están siendo discutidos.
Este recurso se presenta como una plataforma en línea que permite visualizar, de manera clara y sencilla, las principales propuestas de reforma presentadas por cada uno de los actores involucrados en el debate. Esta iniciativa de INNOS busca generar un espacio de diálogo y debate informado sobre la reforma a la salud en Colombia.
Además, es un intento para invitar a todos los ciudadanos a participar en esta discusión y aportar sus ideas y opiniones para construir un sistema de salud más justo, equitativo y sostenible. La herramienta está disponible en línea y es de acceso gratuito. Puede consultarla dando entrando a: https://view.genial.ly/63ff544470048d0010f8db07/presentation-comparativo-de-la-reforma-salud
Es importante destacar que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y que la construcción de un sistema de salud eficiente, justo y equitativo es una tarea de todos. Esta plataforma estará en constante actualización, conforme avanza la discusión de las propuestas en el órgano legislativo. Además, incluirá las voces y opiniones de otros actores que hacen parte del ecosistema.
by INNOS | Mar 27, 2023
El mundo viene teniendo desde el último siglo la explosión más significativa de innovación en salud. Nuevos modelos de prestar servicios y organizar los sistemas, nuevas disciplinas, medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, aplicaciones tecnológicas y ahora soluciones basadas en las tecnologías de la 4a revolución industrial en las cuales la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D o el blockchain abren más oportunidades de servir mejor al ser humano y mejorar los sistemas de salud.
En ese sentido, la calidad y la innovación en salud debe estar presente en la Reforma presentada por la Ministra Corcho. Además, la propuesta debe pasar por fortalecer los mecanismos que le aseguran a los ciudadanos que:
- Los servicios de salud cuentan con condiciones mínimas de calidad para ser ofrecidos,
- que además nos da la tranquilidad de que todos los actores involucrados aspiran a mejorar su calidad y buscar la excelencia y, por último,
- que los ciudadanos pueden acceder a la innovación en salud que se genera en el país y en otras regiones. Revisemos estos tres aspectos en el marco de la propuesta a la reforma de la salud.
A continuación se desarrolla cada punto:
– Primero, un sistema de aseguramiento de calidad sólido:
El propósito del sistema ha sido asegurar que las condiciones mínimas de calidad para ofrecer un servicio, se cumplan: infraestructura, dotación, insumos, procesos, talento humano, etc. Ese cumplimiento se llama ‘habilitación’, lo otorgan las Secretarías de Salud y permite que los prestadores de servicios contraten con EPS, aseguradoras o con particulares. Esto ya en sí mismo es un avance poco reconocido a la Ley 100, que implementó este paso como condición obligatoria, haciendo hoy excepcional encontrar servicios no ‘habilitados’, lo cual era una situación habitual antes de la ley 100.
La Reforma otorga dos párrafos al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y se limita a mencionar: que las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para las IPS seguirán vigentes, y que se reglamentarán las condiciones para las redes.
Una reforma que supone cambios estructurales en los actores, sus roles y relaciones no puede funcionar con el Sistema de calidad de otro sistema. Esta evidente inconsistencia y falta de desarrollo conceptual pone en entredicho la garantía de calidad que debemos ofrecerle a los colombinos al acceder tanto a las instituciones existentes como a los nuevos CAPS, o los Hospitales itinerantes o a los equipos EMIT que visiten los hogares.
– Segundo, un buen sistema asegura la calidad de todo servicio e incentiva la excelencia.
Un sistema mixto, de competencia regulada incentiva por naturaleza la calidad, los buenos resultados y atención que en últimas redunda en prestigio y reconocimiento, que a su vez trae mayor capacidad de atracción de usuarios vía directa o contratos con aseguradoras. A cierre de 2022 se encontraron 57 IPS de Alta Calidad por ICONTEC. Cerca a una decena han obtenido la certificación JCI (Joint Commision International); este es uno de los reconocimiento de calidad más rigurosos y más buscados en el mundo.
Estas instituciones, a la postre jalonan la calidad del sistema y abren camino para la que la innovación científica, tecnológica y social. Son referentes a seguir y muchas de ellas han venido acompañando procesos de mejoramiento de calidad de IPS públicas y regionales. Aquí la gran pregunta que ya nos hacemos es cuál va a ser el incentivo para las Instituciones que, como estas, aspiren a la excelencia en el contexto de la Reforma presentada por el gobierno con tarifas únicas, en el que con un mismo actor (el gerente del fondo territorial) contrata, autoriza pagos y audita.
Sin duda, no pueden desaparecer los incentivos al mejoramiento continuo en las instituciones del sistema y el reconocimiento a la excelencia; si la búsqueda de la excelencia se frena pierden los pacientes, se frena la innovación y pierde en últimas la salud y el sistema.
– Tercero, el sistema ha incentivado la innovación en salud y viene desarrollando capacidades locales.
La innovación en salud nos ha permitido tener soluciones para la salud y la atención de los colombianos que nunca definió la ley, ni políticas o gobernantes. En el primer reporte del Panorama de Innovación en Salud – PINNOS que el Instituto de Prospectiva de Innovación en Salud lanzó en 2022, documentamos más de 200 iniciativas innovadoras desarrolladas por todo tipo de actores del sistema de salud: Clínicas y Hospitales, EPS, Universidades, Asociaciones de Pacientes, Centros de Investigación, Industria Farmacéutica Nacional y multinacional, y emprendedores. Cerrando 2022 contábamos en Colombia con más de 140 emprendimientos tecnológicos en Salud – HealthTech. Este sector ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo entero en la última década. Cerca de 1000 centros y grupos de investigación generan soluciones y un completo ‘ecosistema’ de apoyo a estas iniciativas se ha venido consolidando: fondos de inversión, programas de incubación y aceleración, programas de asesoría legal, de mercado, etc. Colombia venía atrayendo recursos y atracción de talento por este gran dinamismo.
Estas soluciones innovadoras ya permiten dar soluciones novedosas a los desafíos de atención primaria, remota, a la gestión del riesgo, el diagnóstico temprano, la adherencia a tratamientos, etc. Hoy este ecosistema pujante necesita entender si el ‘boom’ de innovación en salud que hemos vivido en el país encontrará en la reforma un empuje o un freno.
Por otro lado, el articulo 122 insinúa una política de ciencia, tecnología e innovación en salud que se orienta a salud pública y que deja de lado las recomendaciones de la Misión de Sabios de 2019, las recomendaciones de la OCDE y de la referente invitada por el presidente Petro, Mariana Mazzucato de proponer misiones de innovación retadoras al país entre las cuales, los desafíos de salud deberían ser las primeras. Es con este enfoque que podemos alinear hacia grandes propósitos de innovación a los actores del sistema de salud, los centros de investigación, universidades o emprendedores, tal como ya lo hicimos durante la pandemia.
Todo esto sugiere que una buena reforma debe fortalecer y hacer más dinámico el Ecosistema de Innovación en Salud y los mecanismos deben ser explícitos, con políticas, recursos e incentivos.
– Cuarto, acceder a la innovación que se genera en el resto del mundo.
Si bien el país necesita seguirle apostando a innovar en salud, debe ser consciente que adoptar la innovación que se genera en el resto del mundo es clave para atender muchísimas condiciones de salud. Del total de solicitudes de patentes presentadas en el 2022 en Colombia (3.124), las asociadas a innovación en salud, específicamente solicitudes de patentes en biotecnología, productos farmacéuticos y tecnología médica, fueron 1554, es decir, el 48.4%. De estas, el 83.4% (1295) corresponden a solicitudes de extranjeros (no nacionales) y el 16.6% (259) corresponden a solicitudes de nacionales. Mientras tanto, en el mundo se registraban más de 350.000.
Es utópico pretender que el país puede ser autosuficiente y autónomo en relación a los recursos sanitarios. La innovación en salud necesita ser entendida en un contexto global de interdependencia y cooperación. Se trata de ser buenos jugadores en este contexto global y por ahí pasa la estabilidad regulatoria, el respeto a la propiedad intelectual y asi es mucho mas fácil fortalecer las capacidades locales.
En definitiva, los sistemas de salud no pueden quedarse atrás en cuanto a innovación y transformación, y la política pública debe adaptarse a este ritmo acelerado de cambio. Por eso, los Entornos Regulatorios de Prueba y los Sandbox son herramientas clave para acelerar la adopción de innovaciones en salud en un entorno controlado y eficiente. En Colombia, ya contamos con un marco regulatorio que nos permite poner en marcha pilotos de innovación en salud, lo que nos permitiría estar avanzando en la implementación de soluciones que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y sus sistemas de salud. Es momento de explorar estas herramientas y avanzar hacia un sistema de salud moderno y sostenible.
En conclusión, es fundamental que el sistema de salud en Colombia premie y fomente la calidad y la innovación, sin comprometer la igualdad. Además, es necesario fortalecer el acceso a la innovación global y continuar apoyando el crecimiento del ecosistema de innovación en salud. En este sentido, la utilización de mecanismos regulatorios como los Sandbox podría resultar clave para probar y ajustar las iniciativas planteadas. En última instancia, la reforma debe acelerar el cierre de brechas en el sistema de salud, al tiempo que permita construir una atención médica moderna, futurista y centrada en las necesidades de las personas.
by INNOS | Nov 1, 2022
El pasado 27 de julio, la comisión de empalme del sector salud presentó el informe final de su gestión, de acuerdo con los lineamientos del presidente electo Gustavo Petro. El documento, compuesto por cuatro secciones principales, ofrece un balance de las acciones adelantadas por la administración saliente, señala algunas alertas que requieren atención especial por parte del gobierno entrante, y traza unas líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que fijan un horizonte para los próximos años. Su construcción contó con la participación de diversos actores vinculados al sector salud que se organizaron según afinidades misionales, y fue coordinado por la recién posesionada ministra Carolina Corcho.
Una de las particularidades del informe es que define un horizonte de acción que transita entre la continuidad y la ruptura. Continuidad, porque reconoce la necesidad de mantener y fortalecer esfuerzos desarrollados por los gobiernos anteriores; y ruptura, porque establece un conjunto de transformaciones que apuntan a materializar las propuestas incluidas en el plan de gobierno que se impuso en las elecciones el 19 de junio. Esta ambivalencia, pone de manifiesto la dinámica institucional propia de los cambios de administración, ya que expone la delicada labor que supone armonizar las políticas de Estado con las políticas de Gobierno. Más allá de estas consideraciones, el informe resalta al menos 5 puntos que demandan una continuidad de esfuerzos y 12 alertas que requieren especial atención; también, introduce un conjunto de orientaciones para priorizar las acciones del sector en los primeros 100 días, y enumera 10 líneas generales de trabajo como horizonte para el nuevo gobierno. El propósito de este texto no es establecer la veracidad de las conclusiones del empalme, sino describir sus puntos más notables.
En referencia a los puntos que requieren continuidad de esfuerzos, el informe resalta la importancia de avanzar en la implementación de tecnologías de información y comunicación en los distintos niveles del sector. Puntualmente, se refiere a la necesidad de alinear los sistemas de información, con miras a garantizar su interoperabilidad para la toma de decisiones. Así mismo, menciona que es imperativo culminar el pago y depuración de deudas contempladas en el Acuerdo de Punto Final, y consolidar las capacidades de inspección, vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). También, se refiere a la ampliación y dinamización de la Comisión Intersectorial de Salud con perspectiva regional y diversidad territorial, para darle al sistema un carácter descentralizado que atienda las particularidades regionales. Por último, el informe destaca los avances logrados en la ampliación de la red de laboratorios de salud pública y las iniciativas de producción local de vacunas y biológicos como estrategia para la solución de prioridades locales de salud.
Por su parte, en relación con los elementos que se consideran de abordaje prioritario, el informe de empalme describe un panorama que ilustra las complejidades inherentes al sistema de salud, muchas de las cuales constituyen problemáticas estructurales que siguen sin resolverse plenamente. Entre las más destacadas, el informe se refiere a la precarización laboral del talento humano; al uso y la destinación de algunos recursos financieros específicos dentro del sector; a la reglamentación del etiquetado nutricional, la IVE y el suicidio asistido; a la evaluación de las medidas tomadas durante la pandemia, particularmente, al estado de más de 600.000 usuarios que fueron retirados del sistema con el fin de la emergencia sanitaria; a la política farmacéutica vigente y a la postura del país frente a la gestión de la propiedad intelectual; a la ausencia de una política de salud pública orientada a intervenir los determinantes sociales y a reconocer la diversidad sociocultural del país; al déficit fiscal de la red de atención pública; y a la situación de al menos 14 EPS cobijadas por medidas especiales por parte de la SNS. Sobre este último punto, en particular, el informe llama la atención sobre la falta de más de $6 billones para el sostenimiento del sistema, lo cual necesariamente demanda del gobierno entrante la búsqueda de nuevos recursos que garanticen su normal funcionamiento.
Ante este panorama, el informe plantea algunas líneas de acción que se describen a partir de dos temporalidades: acciones inmediatas (100 días) que conduzcan a victorias tempranas; y gestiones en el mediano y largo plazo. Dentro de las primeras, el informe menciona el fortalecimiento del mecanismo de pago directo, como una estrategia para garantizar la liquidez de prestadores; esto -menciona el informe- puede ser especialmente relevante en el caso de las deudas que hoy tienen las 14 EPS bajo vigilancia especial, sobretodo mientras la SNS toma decisiones definitivas. También, se señala la urgencia de adoptar una estrategia de atención primaria fundamentada en la creación de equipos extramurales interdisciplinarios que atiendan a las poblaciones más vulnerables. Así mismo, se menciona la importancia de avanzar en el ajuste de la UPC del régimen subsidiado, de tal modo que se equipare a la del contributivo; se propone unificar los recursos del aseguramiento y del PIC para avanzar en un modelo de asegurador único a partir de 10 experiencias territoriales; y se sugiere avanzar en un proceso de laboralización del talento humano que implica: contratación directa, creación de plantas provisionales y mayor inspección de las condiciones de trabajo.
Por su parte, en relación con las acciones a mediano y largo plazo, el informe se concentra en proponer la puesta en marcha de una reforma al sistema de salud que responda a lo establecido en la Ley Estatutaria de 2015; la reformulación del PDSP 2022-2031; la reglamentación de un modelo de atención centrado en la prevención y la predicción; el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información interoperable; la recuperación de la red pública hospitalaria; y una mayor y mejor articulación entre los diversos actores que concurren en el sector salud.
Sin duda alguna, todas estas iniciativas son coherentes con la propuesta que obtuvo la victoria en las elecciones el pasado 19 de junio. Seguramente, la solución de las problemáticas que fueron identificadas en el informe contribuirá a que el sistema de salud de los colombianos mejore en beneficio de su población. Las rutas de acción mencionadas pueden constituir una estrategia para solucionar algunos de los problemas estructurales del sistema, como la dificultad en el acceso, la transparencia, el uso inadecuado de los recursos, las condiciones del talento humano y la financiación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos propósitos han sido un común denominador de los diferentes gobiernos, y que muchos de ellos, han sido incluidos en los Planes de Desarrollo sin que al final lleguen a concretarse plenamente. Por ello, es importante que las propuestas que contiene el informe se hagan teniendo en cuenta factores trascendentales de nuestro contexto particular, como la realidad fiscal del país; la oferta de talento humano y la capacidad instalada de servicios e infraestructura sanitaria; la inercia institucional a nivel nacional, territorial y local; y las expectativas e intereses de los diferentes actores del sector.
Cualquier propuesta enfocada en mejorar el funcionamiento del sistema debe partir de reconocer sus complejidades, lo que implica asumir que muchas de sus dificultades no son la consecuencia de causas singulares y aisladas, sino el resultado de profundas e intrincadas articulaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que necesitan ser ampliamente comprendidas. En ese sentido, cualquier iniciativa de transformación debe partir de un análisis riguroso y sereno, a partir del cual se puedan identificar y entender los verdaderos problemas que aquejan al sistema y luego actuar para resolverlos. En ocasiones, la declaración de buenas intenciones se convierte en un referente para que las sociedades fijen sus expectativas; posteriormente, la dificultad que supone implementar reformas inmediatas puede contribuir a que esas expectativas se manifiesten como decepciones. Por ello resulta fundamental que los diagnósticos y las líneas de acción que expone el informe de empalme sean cuidadosamente revisadas y discutidas por el conjunto de la sociedad, esto con el propósito de promover cambios que mejoren el funcionamiento del sistema.
by INNOS | Aug 24, 2022
El pasado 27 de julio, la comisión de empalme del sector salud presentó el informe final de su gestión, de acuerdo con los lineamientos del presidente electo Gustavo Petro. El documento, compuesto por cuatro secciones principales, ofrece un balance de las acciones adelantadas por la administración saliente, señala algunas alertas que requieren atención especial por parte del gobierno entrante, y traza unas líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que fijan un horizonte para los próximos años. Su construcción contó con la participación de diversos actores vinculados al sector salud que se organizaron según afinidades misionales, y fue coordinado por la recién posesionada ministra Carolina Corcho.
Una de las particularidades del informe es que define un horizonte de acción que transita entre la continuidad y la ruptura. Continuidad, porque reconoce la necesidad de mantener y fortalecer esfuerzos desarrollados por los gobiernos anteriores; y ruptura, porque establece un conjunto de transformaciones que apuntan a materializar las propuestas incluidas en el plan de gobierno que se impuso en las elecciones el 19 de junio. Esta ambivalencia, pone de manifiesto la dinámica institucional propia de los cambios de administración, ya que expone la delicada labor que supone armonizar las políticas de Estado con las políticas de Gobierno. Más allá de estas consideraciones, el informe resalta al menos 5 puntos que demandan una continuidad de esfuerzos y 12 alertas que requieren especial atención; también, introduce un conjunto de orientaciones para priorizar las acciones del sector en los primeros 100 días, y enumera 10 líneas generales de trabajo como horizonte para el nuevo gobierno. El propósito de este texto no es establecer la veracidad de las conclusiones del empalme, sino describir sus puntos más notables.
En referencia a los puntos que requieren continuidad de esfuerzos, el informe resalta la importancia de avanzar en la implementación de tecnologías de información y comunicación en los distintos niveles del sector. Puntualmente, se refiere a la necesidad de alinear los sistemas de información, con miras a garantizar su interoperabilidad para la toma de decisiones. Así mismo, menciona que es imperativo culminar el pago y depuración de deudas contempladas en el Acuerdo de Punto Final, y consolidar las capacidades de inspección, vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). También, se refiere a la ampliación y dinamización de la Comisión Intersectorial de Salud con perspectiva regional y diversidad territorial, para darle al sistema un carácter descentralizado que atienda las particularidades regionales. Por último, el informe destaca los avances logrados en la ampliación de la red de laboratorios de salud pública y las iniciativas de producción local de vacunas y biológicos como estrategia para la solución de prioridades locales de salud.
Por su parte, en relación con los elementos que se consideran de abordaje prioritario, el informe de empalme describe un panorama que ilustra las complejidades inherentes al sistema de salud, muchas de las cuales constituyen problemáticas estructurales que siguen sin resolverse plenamente. Entre las más destacadas, el informe se refiere a la precarización laboral del talento humano; al uso y la destinación de algunos recursos financieros específicos dentro del sector; a la reglamentación del etiquetado nutricional, la IVE y el suicidio asistido; a la evaluación de las medidas tomadas durante la pandemia, particularmente, al estado de más de 600.000 usuarios que fueron retirados del sistema con el fin de la emergencia sanitaria; a la política farmacéutica vigente y a la postura del país frente a la gestión de la propiedad intelectual; a la ausencia de una política de salud pública orientada a intervenir los determinantes sociales y a reconocer la diversidad sociocultural del país; al déficit fiscal de la red de atención pública; y a la situación de al menos 14 EPS cobijadas por medidas especiales por parte de la SNS. Sobre este último punto, en particular, el informe llama la atención sobre la falta de más de $6 billones para el sostenimiento del sistema, lo cual necesariamente demanda del gobierno entrante la búsqueda de nuevos recursos que garanticen su normal funcionamiento.
Ante este panorama, el informe plantea algunas líneas de acción que se describen a partir de dos temporalidades: acciones inmediatas (100 días) que conduzcan a victorias tempranas; y gestiones en el mediano y largo plazo. Dentro de las primeras, el informe menciona el fortalecimiento del mecanismo de pago directo, como una estrategia para garantizar la liquidez de prestadores; esto -menciona el informe- puede ser especialmente relevante en el caso de las deudas que hoy tienen las 14 EPS bajo vigilancia especial, sobretodo mientras la SNS toma decisiones definitivas. También, se señala la urgencia de adoptar una estrategia de atención primaria fundamentada en la creación de equipos extramurales interdisciplinarios que atiendan a las poblaciones más vulnerables. Así mismo, se menciona la importancia de avanzar en el ajuste de la UPC del régimen subsidiado, de tal modo que se equipare a la del contributivo; se propone unificar los recursos del aseguramiento y del PIC para avanzar en un modelo de asegurador único a partir de 10 experiencias territoriales; y se sugiere avanzar en un proceso de laboralización del talento humano que implica: contratación directa, creación de plantas provisionales y mayor inspección de las condiciones de trabajo.
Por su parte, en relación con las acciones a mediano y largo plazo, el informe se concentra en proponer la puesta en marcha de una reforma al sistema de salud que responda a lo establecido en la Ley Estatutaria de 2015; la reformulación del PDSP 2022-2031; la reglamentación de un modelo de atención centrado en la prevención y la predicción; el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información interoperable; la recuperación de la red pública hospitalaria; y una mayor y mejor articulación entre los diversos actores que concurren en el sector salud.
Sin duda alguna, todas estas iniciativas son coherentes con la propuesta que obtuvo la victoria en las elecciones el pasado 19 de junio. Seguramente, la solución de las problemáticas que fueron identificadas en el informe contribuirá a que el sistema de salud de los colombianos mejore en beneficio de su población. Las rutas de acción mencionadas pueden constituir una estrategia para solucionar algunos de los problemas estructurales del sistema, como la dificultad en el acceso, la transparencia, el uso inadecuado de los recursos, las condiciones del talento humano y la financiación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos propósitos han sido un común denominador de los diferentes gobiernos, y que muchos de ellos, han sido incluidos en los Planes de Desarrollo sin que al final lleguen a concretarse plenamente. Por ello, es importante que las propuestas que contiene el informe se hagan teniendo en cuenta factores trascendentales de nuestro contexto particular, como la realidad fiscal del país; la oferta de talento humano y la capacidad instalada de servicios e infraestructura sanitaria; la inercia institucional a nivel nacional, territorial y local; y las expectativas e intereses de los diferentes actores del sector.
Cualquier propuesta enfocada en mejorar el funcionamiento del sistema debe partir de reconocer sus complejidades, lo que implica asumir que muchas de sus dificultades no son la consecuencia de causas singulares y aisladas, sino el resultado de profundas e intrincadas articulaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que necesitan ser ampliamente comprendidas. En ese sentido, cualquier iniciativa de transformación debe partir de un análisis riguroso y sereno, a partir del cual se puedan identificar y entender los verdaderos problemas que aquejan al sistema y luego actuar para resolverlos. En ocasiones, la declaración de buenas intenciones se convierte en un referente para que las sociedades fijen sus expectativas; posteriormente, la dificultad que supone implementar reformas inmediatas puede contribuir a que esas expectativas se manifiesten como decepciones. Por ello resulta fundamental que los diagnósticos y las líneas de acción que expone el informe de empalme sean cuidadosamente revisadas y discutidas por el conjunto de la sociedad, esto con el propósito de promover cambios que mejoren el funcionamiento del sistema.
