El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

Mar 22 2024

En días pasados se describía en una nota de política la importancia de conocer el impacto fiscal de la reforma a la salud. En esa ocasión, se mencionó que le permitía a los congresistas tomar decisiones basadas en evidencia. El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Hacienda presentó un concepto, en el que muestra los costos actualizados que tendría la reforma en caso de ser aprobada.

Ministro

Ministro de Hacienda de Colombia - Ricardo Bonilla

Con esta nota se busca describir el contenido del concepto emitido por el ministerio y hacer hincapié en algunas preguntas que surgen.

Contenido del concepto del Minhacienda

En el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, se menciona que la reforma a la salud le costará al país más de 143 billones de pesos durante los próximos nueve años. El primer año costaría 105 billones. También, señala que, el déficit iría disminuyendo anualmente, pasando de tres billones en 2025 a 872 mil millones en 2033. En total, el déficit estaría alrededor de los 15 billones de pesos.

Preguntas y cuestionamientos que surgen

En primer lugar, aunque en el concepto del Ministerio de Hacienda se señala que, los costos de la reforma son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, da a entender que falta la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) sobre ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión que el gobierno en turno quiera hacer en otros rubros o áreas para financiar la reforma. No obstante, no hay claridad sobre aspectos específicos que implican costos adicionales como, los que se destinarán a capacitación del talento humano, incentivos a la contratación de profesionales, desarrollo e implementación del sistema integrado de información y otros incluidos en el proyecto.  Los ajustes mencionados en el concepto de Minhacienda  pueden significar recortes en otros sectores que aún no se han especificado. Por lo tanto, los recursos no serían suficientes y de ahí la importancia del déficit durante más de nueve años.

En segundo lugar, por un lado, hay costos que el concepto del Ministerios no tiene en cuenta, entre ellos el análisis de siniestralidad y la suficiencia de la UPC, que han sido seriamente cuestionadas durante los últimos meses. Por el otro, se sobrestiman algunos ingresos con los que no se cuenta hoy.

En tercer lugar, no está clara la financiación de los CAPS. La razón, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha definido el Plan Maestro de Infraestructura. En este sentido la duda está también en cómo aportarán estos Centros de Atención Primaria en Salud, a reducir los costos de operación del sistema de salud, lo cual ha sido reiterado por el gobierno durante el trámite de la reforma.

Llama la atención que ni en el proyecto de Ley ni en los documentos que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social se hace alusión a la sostenibilidad de estos cambios en el largo plazo, ni a la posibilidad de fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud.

Conclusiones

Aunque el llamado al gobierno ha sido permanente, el concepto del Ministerio de Hacienda no resuelve las preguntas que se le han formulado al proyecto sobre su sostenibilidad ni los costos en los que deberá incurrir el país para su implementación.

No se han abordado aún los aspectos de fondo de los recursos del sistema, como los relacionados con la financiación del plan de beneficios mediante la UPC y las tendencias en el aumento del gasto por la siniestralidad y por las condiciones socio demográficas y epidemiológicas del país.

Hace falta mucha más información sobre el impacto que algunas intervenciones anunciadas podrán tener en las finanzas del sistema y cómo se resolverá el déficit que se abrirá en los primeros años posteriores a su aprobación.

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