Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), presentó su informe de alertas tempranas sobre inseguridad alimentaria aguda. En dicho informe se proyectó a Colombia como uno de los veinte focos de hambre en el mundo (hunger hotspots), lo que se traduce en un llamado de atención a los organismos nacionales e internacionales para que adelanten acciones coordinadas y urgentes ante el riesgo de que la inseguridad alimentaria aguda se intensifique en los próximos meses.
La publicación motivó una respuesta airada por parte de las autoridades colombianas. La canciller Marta Lucía Ramírez, el ministro de agricultura Rodolfo Zea y otros funcionarios señalaron que el informe desconocía los esfuerzos de Colombia por preservar la seguridad alimentaria de su población; además, resaltaron que éste “carecía de soporte fáctico, definición metodológica y claridad en las fuentes” lo que afecta su validez y credibilidad. Ante la reacción del gobierno colombiano, el representante de FAO en el país, Alan Bojanic, reconoció que la manera como se presentó el contenido del informe resultó desafortunada, en tanto la intención de incluir a Colombia fue, principalmente, llamar la atención sobre el riesgo de un deterioro en la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, particularmente migrantes venezolanos. En un intento por zanjar la polémica, la FAO se comprometió a revisar los términos del informe y la manera como fueron presentados los datos. Para ello se espera en las próximas semanas un pronunciamiento de la Organización con sede en Roma.
Desde luego, en la coyuntura actual, la controversia sirvió de tema de debate a los aspirantes presidenciales. Por un lado, Gustavo Petro criticó las políticas de libre comercio implementadas en el país, en particular, las relacionadas con la importación de alimentos que podrían producirse localmente. El precandidato del Pacto Histórico señaló que la fuerte devaluación del peso encarece los alimentos e insumos agrícolas importados, generando serios problemas de acceso a las poblaciones de menores ingresos. Ante ello, sugirió que bajo su eventual gobierno promovería el aumento de aranceles a la importación de alimentos, regularía el precio de los insumos agrarios, fomentaría la agroindustria cooperativizada y elevaría impuestos a latifundios de tierras fértiles improductivas.
Estas declaraciones fueron controvertidas por el precandidato Alejandro Gaviria, quien le recordó a Petro que el informe de la FAO también señaló que el riesgo debía entenderse como una articulación de factores, entre ellos: “la migración venezolana, los problemas de suministro y aumento de precios de insumos agrícolas, el aumento de la violencia en zonas rurales y la variabilidad climática”. Ante este panorama, agregó Gaviria, subir los aranceles sólo agravaría el problema en el corto plazo, pues provocaría un alza mayor en los productos importados. Sus propuestas, por el contrario, se orientaron a disminuir aranceles y fomentar un desarrollo rural que promueva un proceso acompasado de sustitución de importaciones y a regular el precio de los insumos agropecuarios.
Más allá de la polémica puntual que generó este episodio, sus efectos revelan la importancia de abordar los problemas de salud desde perspectivas multidimensionales. En el caso de la alimentación y la nutrición están claros sus vínculos con factores sociales, políticos y económicos; por lo tanto, cualquier acción orientada a mitigar una situación de inseguridad alimentaria debe tener en cuenta sus múltiples dimensiones. Y, es que según la FAO, la inseguridad alimentaria grave en América Latina y el Caribe pasó de 47,6 millones de personas en 2014, a 92,8 en 2020, siendo su crecimiento mayor que en cualquier otra región del mundo. En Colombia, se estima que 1,7 millones de hogares no consumen las tres comidas diarias, situación que se agravó durante la pandemia con el aumento de la pobreza monetaria a un 42,5 %. Según el mismo informe de la FAO existe el riesgo de que, en 2022, 7,3 millones de colombianos estén en situación de inseguridad alimentaria, lo cual, desde luego, supone un reto de enormes proporciones para el gobierno que asuma a partir del 7 de agosto.
En ese contexto, considerando las cifras disponibles y, teniendo en cuenta los términos de la controversia aquí mencionada, resulta conveniente que los precandidatos a la presidencia incorporen los temas de alimentación y nutrición a sus agendas programáticas. Así mismo, es imperativo que se formulen propuestas concretas para abordar un problema que requiere acciones intersectoriales coordinadas, orientadas a garantizar la producción de alimentos de calidad, el acceso de los sectores más vulnerables y el fomento de prácticas adecuadas de consumo. A pesar de los esfuerzos de éste y los anteriores gobiernos la alimentación y la nutrición continúa siendo un tema que merece la atención de las autoridades, pues ambas son esenciales para mejorar la salud y el bienestar de la población colombiana.
Fuente: WFP and FAO. 2022. Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook. Rome. https://doi.org/10.4060/cb8376en
Algunos datos clave: Factores de riesgo para desarrollar desnutrición (fuentes 1, 2, 3 y SISPRO fecha de consulta Feb 14 de 2022).
