Un informe recientemente publicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que la deuda total de EPS, Estado y aseguradoras con hospitales y clínicas alcanzó un récord de 24 billones de pesos a junio de 2025. Las implicaciones de este déficit afectan directamente a los pacientes quienes están sufriendo las consecuencias de la negación de servicios, las demoras en su atención y las deficiencias en la continuidad de sus tratamientos. A continuación, presentamos un análisis de la situación actual y algunas propuestas de solución y fuentes complementarias sobre financiación del sistema de salud.
Datos Clave del Informe ACHC
Según la Asociación, la deuda total de 24 billones de pesos se incrementó en más del 18 % en los últimos 6 meses. La mora total es del 56,0%, con 2,2 billones adicionales en deuda vencida.
De estas deudas la mayoría corresponde a EPS del Régimen Contributivo, con 12,1 billones de pesos, seguido por el Régimen Subsidiado con 6,3 billones de pesos. La deuda del Estado representado por el antiguo FOSYGA y el actual ADRES llega a casi 2 billones de pesos.
Uno de los aspectos más relevantes de este informe está en que la Nueva EPS, bajo intervención del gobierno nacional, es la principal deudora con las clínicas y hospitales del país, poniendo nuevamente en debate la conveniencia y la verdadera eficacia de la intervención estatal en las aseguradoras. Nueva EPS debe más de 6,6 billones de pesos, lo cual representa casi el 61% del total adeudado.
Junto con Nueva EPS, las otras 10 EPS bajo intervención y en vigilancia especial, les adeudan a los prestadores de servicios públicos y privados, casi 13 billones de pesos. Esto se aproxima al 80% de todas las deudas acumuladas actualmente en el sistema.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que se reporta con respecto a las deudas acumuladas y vencidas de EPS liquidadas, que suman 2,3 billones de pesos. No es claro cómo podrán recuperarse estos recursos, dado que estas entidades ya no existen legalmente en el sistema.
Las propuestas de la ACHC
En este informe la Asociación de prestadores de servicios presenta algunas recomendaciones para enfrentar la situación de emergencia que se está viviendo en la salud en el país. De una parte, piden que se incremente el giro directo por parte del gobierno hasta un 90% de los recursos, que se utilicen los recursos invertidos en las reservas técnicas para el pago de carteras vencidas y que se cree un fondo de garantías para la operación corriente del sistema; entre otras propuestas. La ACHC plantea a las aseguradoras que hagan un aporte de capital que respalde las deudas existentes y permita la continuidad del flujo de caja, y, con ello, el funcionamiento normal de la prestación de los servicios a los pacientes.
En un escenario tan complejo, es importante analizar nuevas fuentes de financiación del sistema de salud, para que el país no continúe en este deterioro sistemático de los recursos y el consecuente deterioro de los indicadores de salud pública.
Deben considerarse opciones como el aumento de impuestos “saludables” para aumentar los recursos para la atención en salud, como los que ya existen sobre tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.
Así mismo, otras fuentes fiscales, aumento de contribuciones, recursos de cooperación internacional y algunas más, se han mencionado en diversos foros académicos y en el propio informe de la ACHC.
Los datos de las aseguradoras
Estos anuncios de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se suman a los datos que ha presentado ACEMI en las mesas técnicas convocadas por el Ministerio, para analizar y corregir los problemas de suficiencia de la UPC.
En la raíz del problema de la crisis financiera, está, sin lugar a duda, la insuficiencia acumulada por años (incluso décadas) de la Unidad de Pago por Capitación. ACEMI ha alertado sobre las inconsistencias en los datos y las metodologías que utiliza el gobierno para el cálculo anual de la UPC, lo que ha llevado al déficit acumulado en las finanzas de clínicas y hospitales, así como de las mismas empresas aseguradoras (EPS), que han entrado en crisis de sostenibilidad; lo que se coincide y se refleja precisamente en los datos que ha presentado la ACHC.
Tanto ACEMI como la Supersalud coinciden en los datos del aumento de la siniestralidad que llegaron hasta del 109% en 2024, lo cual hace insostenible el costo de operación del sistema, porque significa que se gasta más de lo que se tiene. Estos datos ya obligan, de manera inaplazable, a revisar y ajustar muchos procesos, partiendo por las fuentes de financiación, el modelo de atención y la gestión del riesgo; sin olvidar la urgencia de generar mayores niveles de eficiencia y control del gasto, con estrategias innovadoras.
Las consecuencias de este panorama de desfinanciación en todos los niveles del sistema son múltiples. De una parte, el gobierno ha destinado más de 100 billones de pesos al sistema en 2025, superando significativamente presupuestos anteriores, pero esto resuelto la crisis de liquidez ni ha eliminado las alertas sobre un posible colapso inminente.
Además, lo que es más grave, el gasto de bolsillo en salud ha escalado al 16,8% del gasto corriente en 2024 (desde el 14,2% en 2021), acercándose al umbral del 20% que la OMS considera crítico para la accesibilidad.
Las cifras no hacen más que crecer y mostrar una y otra vez, que se requieren acciones inmediatas de parte del gobierno y que, además lidere un análisis profundo que lleve a soluciones consensuadas para resolver las emergencias cotidianas del sistema y los desajustes estructurales que las están produciendo y reproduciendo. La situación no da más espera. Todos los actores deben asumir una posición constructiva y colaborativa si queremos rescatar los logros del sistema de salud y reconducirlo por el camino correcto.
