Principales mensajes de Asociaciones de Pacientes, sobre la intervención del Gobierno a Sanitas.

Principales mensajes de Asociaciones de Pacientes, sobre la intervención del Gobierno a Sanitas.

A partir del Webinar convocado por INNOS, la comunidad de pacientes expresa profunda preocupación ante la intervención de Sanitas EPS, la cual está generando incertidumbre y desde ya repercusiones significativas en el sistema de salud colombiano.

Mira el webinar completo: https://www.youtube.com/live/q77GkdYEk3c?si=2hjTgFunhbJ_VdEx 

 

Se transmiten algunos de los mensajes clave dados por los pacientes sobre esta situación:

  1. Enfoque en los Pacientes: Los pacientes son considerados el eje y el corazón del sistema de salud. Se plantea que cualquier intervención debe tener en cuenta sus necesidades y derechos fundamentales. Desde el anuncio de la intervención, se han recibido denuncias de pacientes a quienes han llamado para cancelar órdenes, cirugías y entregas de medicamentos, lo que evidencia una crisis de enormes proporciones.
  2. Riesgos y Cuestionamientos: Se manifiestan sentimientos encontrados respecto a la intervención en Sanitas EPS y se cuestiona si esta medida marca el inicio de una intervención más amplia o una expropiación. Además, se plantea la preocupación por la motivación y el impacto de esta acción en la calidad de la atención médica. Se señala que el gobierno maneja el 51% de los recursos del sistema de salud, lo que incluye usuarios de EPS públicas, mixtas e intervenidas.
  3. Contexto y Preocupaciones: Se observa que la intervención está relacionada con altas demandas de servicios, pero preocupa la falta de transparencia en el proceso. Se enfatiza que aunque Sanitas no es perfecta, no figura entre las 10 peores EPS en términos de quejas impuestas. Se insta al Gobierno a atender las solicitudes reales en lugar de simplemente contar PQR’s.
  4. Solidaridad y Acción: Se expresa solidaridad con los usuarios de Sanitas EPS y todas las EPS afectadas por esta situación. Se insta a la comunidad a estar unida y a utilizar los mecanismos legales disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de los servicios de salud.
  5. Mensaje a la Corte: Se hace un llamado a la Corte Constitucional para que no siga guardando silencio y se pronuncie en garantía del derecho a la vida de los 50 millones de colombianos. Se exigen medidas cautelares para respetar este derecho fundamental.
  6. Movilización Ciudadana: Se llama a la movilización ciudadana para defender el derecho a la salud en Colombia y se destaca que esta intervención no solo afecta a más de 5 millones de pacientes, sino que también presiona a todo el sistema. Se señala al Gobierno como el principal responsable por no administrar eficientemente los recursos de salud.
  7. Exigencia de Transparencia y Garantías: Se demanda transparencia en los resultados de la intervención y garantías para que los usuarios de Sanitas EPS reciban la atención médica necesaria sin interrupciones ni riesgos para su salud. Se enfatiza que históricamente ninguna intervención ha beneficiado a los pacientes y se exige una administración más efectiva de los recursos de salud.
  8. Apoyo a las Asociaciones de Pacientes: Se recuerda a todos los colombianos que cuentan con el respaldo y la colaboración de las asociaciones de pacientes y otros actores del sector salud para proteger el derecho a la vida y la integridad de la comunidad.

 

Las Asociaciones de Pacientes y actores del sistema esperan que estas reflexiones sean escuchadas y que se tomen medidas responsables y efectivas para garantizar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.

El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

En días pasados se describía en una nota de política la importancia de conocer el impacto fiscal de la reforma a la salud. En esa ocasión, se mencionó que le permitía a los congresistas tomar decisiones basadas en evidencia. El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Hacienda presentó un concepto, en el que muestra los costos actualizados que tendría la reforma en caso de ser aprobada.

Ministro

Ministro de Hacienda de Colombia - Ricardo Bonilla

Con esta nota se busca describir el contenido del concepto emitido por el ministerio y hacer hincapié en algunas preguntas que surgen.

Contenido del concepto del Minhacienda

En el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, se menciona que la reforma a la salud le costará al país más de 143 billones de pesos durante los próximos nueve años. El primer año costaría 105 billones. También, señala que, el déficit iría disminuyendo anualmente, pasando de tres billones en 2025 a 872 mil millones en 2033. En total, el déficit estaría alrededor de los 15 billones de pesos.

Preguntas y cuestionamientos que surgen

En primer lugar, aunque en el concepto del Ministerio de Hacienda se señala que, los costos de la reforma son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, da a entender que falta la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) sobre ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión que el gobierno en turno quiera hacer en otros rubros o áreas para financiar la reforma. No obstante, no hay claridad sobre aspectos específicos que implican costos adicionales como, los que se destinarán a capacitación del talento humano, incentivos a la contratación de profesionales, desarrollo e implementación del sistema integrado de información y otros incluidos en el proyecto.  Los ajustes mencionados en el concepto de Minhacienda  pueden significar recortes en otros sectores que aún no se han especificado. Por lo tanto, los recursos no serían suficientes y de ahí la importancia del déficit durante más de nueve años.

En segundo lugar, por un lado, hay costos que el concepto del Ministerios no tiene en cuenta, entre ellos el análisis de siniestralidad y la suficiencia de la UPC, que han sido seriamente cuestionadas durante los últimos meses. Por el otro, se sobrestiman algunos ingresos con los que no se cuenta hoy.

En tercer lugar, no está clara la financiación de los CAPS. La razón, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha definido el Plan Maestro de Infraestructura. En este sentido la duda está también en cómo aportarán estos Centros de Atención Primaria en Salud, a reducir los costos de operación del sistema de salud, lo cual ha sido reiterado por el gobierno durante el trámite de la reforma.

Llama la atención que ni en el proyecto de Ley ni en los documentos que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social se hace alusión a la sostenibilidad de estos cambios en el largo plazo, ni a la posibilidad de fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud.

Conclusiones

Aunque el llamado al gobierno ha sido permanente, el concepto del Ministerio de Hacienda no resuelve las preguntas que se le han formulado al proyecto sobre su sostenibilidad ni los costos en los que deberá incurrir el país para su implementación.

No se han abordado aún los aspectos de fondo de los recursos del sistema, como los relacionados con la financiación del plan de beneficios mediante la UPC y las tendencias en el aumento del gasto por la siniestralidad y por las condiciones socio demográficas y epidemiológicas del país.

Hace falta mucha más información sobre el impacto que algunas intervenciones anunciadas podrán tener en las finanzas del sistema y cómo se resolverá el déficit que se abrirá en los primeros años posteriores a su aprobación.

Así avanza la discusión de la reforma a la salud en el Senado

Así avanza la discusión de la reforma a la salud en el Senado

El pasado 15 de marzo, se llevo a cabo nuestro webinar sobre cómo avanza la discusión de la reforma a la salud en el Senado. En esta ocasión, se discutió sobre las 8 mesas técnicas realizadas en el Congreso de la República, en donde participaron diversos actores del ecosistema de Salud para abordar los principales ejes de la Reforma.  Además, se habló sobre diferentes sucesos que ocurrieron durante la última semana. Entre ellos, se destacaron la polémica ponencia positiva del gobierno, la posición mayoritaria de la reforma de archivo en la Comisión Séptima del Senado, la construcción de una ponencia alternativa y varias afirmaciones y acciones que plantean un panorama complejo sobre el Sistema de Salud en Colombia. El panel de expertos estuvo compuesto por representantes de centros de pensamiento, organizaciones académicas y asociaciones de pacientes.

Estas mesas técnicas fueron convocadas por la Senadora Lorena Ríos, quien es miembro de la Comisión Séptima del Senado y pertenece al Partido Político Colombia Justa Libres. Durante las semanas del 25 de febrero y el 13 de marzo del presente año, se trataron temas vitales para el Sistema de Salud, entre estos se destacan el de medicamentos, talento humano, experiencias de pacientes, uso de tecnologías de la información, gobernanza, atención primaria en salud y finalmente, aspectos financieros del sistema. Este ejercicio demostró ser un espacio importante de participación en donde diferentes actores del Sistema de Salud pudieron converger para visualizar problemas y construir soluciones técnicas como base para mejorar la Reforma.

No obstante, este periodo estuvo marcado por importantes noticias que se fueron desarrollando a lo largo de las mesas técnicas, entre estas se destacan:

  1. El 4 de marzo de 2024, el Gobierno radicó la ponencia positiva de la Reforma a la Salud para su tercer debate en el Senado. Esto genero un panorama complejo, puesto que la ponencia se publicó antes de que finalizaran las mesas técnicas, desencadenando asi una sensación de molestia para los participantes.
  2. El 12 de marzo de 2024, ocho de los catorce Congresistas de la Comisión Séptima del Senado, presentaron la ponencia de archivo de la Reforma a la Salud y exigieron que se convoque la sesión lo antes posible.
  3. El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrento una moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes durante casi ocho horas.

En un primer momento, es importante anotar que a pesar que los panelistas coincidieron en que las mesas técnicas fueron un espacio en el cual se trataron los temas centrales de la Reforma, también se desencadenaron una serie de desafíos, en primer lugar, algunos temas no se trataron con profundidad. Estos incluyen las fuentes de financiación, auditoria, la estructura de gobierno y la falta de claridad sobre quien es el garante del riesgo del paciente. También se hizo evidente la necesidad de un debate más profundo acerca de temas como las redes integradas e integrales, falta de articulación para responder a las necesidades de formación, contratación y distribución del talento humano, la delegación de la prestación de servicios de primer nivel en las Entidades Territoriales y mecanismos de articulación con los determinantes sociales que propone el gobierno.

En segundo lugar, es necesario destacar la percepción negativa sobre la actitud del gobierno y el Ministerio de Salud durante estos espacios de discusión. Aunque los representantes del gobierno estuvieron presentes en las discusiones, se criticó la falta de claridad y la aparente indiferencia hacia las preguntas y preocupaciones planteadas por los demás actores convocados. Estos actores sostienen que la actual Reforma a la Salud ignora los problemas actuales que enfrenta el Sistema de Salud colombiano. Enfatizando en la intervención de Gustavo Campillo, representante de la asociación de pacientes, se cuestiona la falta de disposición para el dialogo y colaboración por parte del gobierno que propone “líneas rojas” innegociables. Estas afirmaciones plantean un panorama complejo y retador, que resalta la necesidad de un enfoque mas inclusivo y colaborativo para abordar las diferentes aristas de la Reforma a la Salud.

Por otro lado, resultó interesante conocer qué elementos deberían tenerse en cuenta para construir una buena reforma. Entre estos, se resaltaron las afirmaciones de Marlon Tejedor, subdirector técnico de Así Vamos en Salud, quien explicó que los riesgos del Sistema de Salud son transversales y, por lo tanto, independientemente de la Reforma a la Salud que se implemente, estos aspectos no se pueden ignorar. Entre ellos se destacaron, la garantía de capacidades técnicas, la gestión del riesgo financiero del Sistema de Salud, la concentración de la gestión del riesgo en salud en un agente y la articulación del riesgo operativo.

A la anterior declaración se le sumó Diana Romero, miembro de la Corporación Transparencia por Colombia. Ella planteo un punto importante, al vislumbrar la ausencia de un estudio previo del sistema que consolide las necesidades de cada actor y la falta de claridad sobre el funcionamiento del Sistema de Salud colombiano. Estas perspectivas reflejan la necesidad de un análisis más profundo y participativo en la construcción de una Reforma a la Salud marcada por un enfoque integral.

Asimismo, otro punto de discusión surgió tras conocerse la ponencia positiva, la cual contiene cambios más preocupantes que los presentados en la Cámara de Representantes, ya que podría permitar una mayor posibilidad de actos de corrupción. Por lo tanto, los tres panelistas llegaron a la conclusión que la nueva reforma propone un esquema desarticulado en relación con los acuerdos de voluntades, lo que abre un riesgo inminente en la administración. Por un lado, tenemos la contratación pública y, por otro lado, compras centralizadas por el gobierno cuya ejecución es incierta y que han causado desabastecimientos de medicamentos en el país. Estos puntos de vista, permiten concluir que la Reforma a la Salud se ha visto permeada hasta el momento principalmente por intereses políticos más que técnicos, lo cual ha llevado a que los actores tradicionales del Sistema de Salud encuentren dificultades para comprenderla, ya que las propuestas no responden necesariamente a las necesidades del país.

 

Para ver el webinar completo: https://www.youtube.com/live/2AjMUg-s2mo?si=s38_izo1kgFHDATb

El concepto del Ministerio de Hacienda sobre el análisis impacto fiscal ¿Por qué es tan importante conocerlo?

El concepto del Ministerio de Hacienda sobre el análisis impacto fiscal ¿Por qué es tan importante conocerlo?

Desde el pasado mes de febrero de 2023, cuando la reforma inició su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, INNOS ha llevado a cabo un análisis riguroso sobre cada aspecto tratado en los diferentes documentos que se han modificado con cada discusión. Uno de los aspectos más importantes que han estado presentes es el tema de financiación de la reforma. En reiteradas ocasiones se han puesto en discusión los posibles escenarios a los que se enfrentaría el país, así como, las recomendaciones de los expertos.

Por consiguiente, más allá de las mesas técnicas y las audiencias públicas que se han llevado a cabo en los últimos días sobre la reforma a la salud, previo a la discusión que en las próximas semanas se dará en la Comisión Séptima de Senado, sorprende la respuesta, el día lunes 4 de marzo, de Min Hacienda sobre el costo y el impacto fiscal. Una situación que se ha repetido de manera reiterada durante las discusiones de esta iniciativa del gobierno desde que inició su trámite en la Cámara de representantes.

Al respecto, vale la pena mencionar la importancia del concepto de impacto fiscal, que cada uno de los proyectos que se discuten en Congreso debería tener, en especial, aquellos que ordenan gasto o en su defecto otorguen beneficios tributarios.

Así, la Sentencia C-502 de 2007 menciona lo siguiente:

El concepto de impacto fiscal de cualquier iniciativa legislativa es necesario porque se constituye en un instrumento cuyo objetivo es mejorar la labor legislativa, así, este se convierte en un parámetro de racionalidad de la actividad legislativa que les permite a los congresistas tomar decisiones basadas en evidencia, respetando el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes.

De esta manera, la función del Ministerio es ilustrar a los congresistas sobre las consecuencias económicas del proyecto, porque él cuenta con los datos, con el personal técnico y la experticia en materia económica, es decir, sobre Min Hacienda recae la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad o compatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Con los datos que se puedan aportar mediante el análisis de impacto fiscal los congresistas podrían hacer una evaluación y un análisis técnico sobre el impacto económico y financiero de cualquier iniciativa. Igualmente, presentar un análisis de impacto fiscal le permite al Congreso realizar el debate del proyecto con la suficiente ilustración acerca de sus implicaciones fiscales, cobrando importancia el principio de publicidad en el trámite legislativo.

Aunque, el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, hace referencia a la posibilidad de que el Min Hacienda presente su concepto durante el trámite de la iniciativa, la Sentencia C -170 de 2021, le recuerda al Ejecutivo que siempre se debe incluir un análisis de impacto fiscal el cual debe ser estudiado y debatido en fase legislativa. En caso de que el Min Hacienda no cumpla con dicho requisito, una vez aprobado el proyecto, se podría obviar el requisito de forma y la norma podría ser declarada inconstitucional.

Ahora bien, ¿qué sucede con la reforma a la salud y el concepto de Min Hacienda sobre el impacto fiscal? Aunque, el ministro de Hacienda presentó los costos fiscales en el informe de ponencia para el primer debate que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, sigue sin presentar datos actualizados y aun no es claro cuál sería el impacto fiscal. Por tal razón, algunos senadores hicieron un llamado para llevar a cabo una mesa técnica con el objetivo de que sea Min Hacienda quien aclare algunas inquietudes como, conocer cuáles serían las nuevas fuentes de financiamiento, si la reforma afecta o no el Marco Fiscal de Mediano y si ese nuevo diseño del sistema puede garantizar la prestación de los servicios de salud de manera adecuada.

Por lo tanto, para terminar esta nota es importante mencionar que, el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 presenta como elemento y principio del derecho a la salud, la sostenibilidad del sistema, con lo cual el Estado se compromete a disponer de los medios y los recursos suficientes para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud, en coherencia con el artículo 48 y 49 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir “presupuestos máximos” para financiar servicios de salud

La Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir “presupuestos máximos” para financiar servicios de salud

En 2008, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760. Esta Sentencia tuvo como objetivo, en su momento, analizar diferentes aspectos “Derecho a la Salud” con el fin de valorar las implicaciones que este tiene respecto a la garantía del goce universal equitativo y efectivo de este derecho.

A diferencia de otros pronunciamientos de la Corte, esta sentencia compiló situaciones en las cuales el derecho a la salud fue perjudicado. Los criterios para considerar estas situaciones fueron, por ejemplo, la negación en un procedimiento médico, la libertad de elección de la entidad encargada de prestar los servicios y los obstáculos que evitaron el acceso a ciertos médicos.

En ese entonces, la Corte hizo un llamado para que las entidades responsables corrigieran las diferentes fallas que presentaba el sistema de salud pública. En total para ese entonces, la corte acumuló alrededor de 22 acciones de tutela. En todas, los magistrados concluyeron que, cada uno de los casos tratados en ellas representaban violaciones originadas por problemas estructurales. De esta manera, la sentencia marcó un antes y un después para explicar las necesidades que debían solventarse en el sistema de salud. Algunos de los expedientes mencionados por la Sentencia son los siguientes:

  • Expediente T-1281247 (acceso de un menor a un servicio no incluido en el POS –implante coclear).
  • Expediente T-1310408 (acceso a un servicio de salud necesario para preservar la vida o la integridad personal no incluido en el POS, cuando no se tiene la capacidad económica para costearlo –Mamoplastia–).
  • Expediente T-1328235 (acceso a servicios de salud no incluidos en el POS –medicamentos para diabetes–, solicitud ante el Comité Técnico Científico).
  • Expediente T-1335279 (acceso a servicios de salud –exámenes diagnósticos– de persona vinculada al Sistema de salud).
  • Expediente T-1337845 (acceso a servicio de salud no incluido dentro del POSS – resonancia magnética de la columna)
  • Expediente T-1338650 (medios necesarios para que una persona vinculada acceda a un servicio de salud –trasplante de tráquea– en lugar distinto a su domicilio).

 

¿Quiénes interpusieron estas tutelas? Según la Corte Constitucional, 20 de las 22 tutelas interpuestas tuvieron como protagonistas usuarios del sistema, ciudadanos que consideraron que su derecho a la salud había sido vulnerado. Las dos restantes fueron interpuestas por Sanitas contra, por una parte, el consejo Superior de la Judicatura y, por la otra, del Ministerio de la Protección Social. La razón, Sanitas consideraba que ambas entidades no eran claras sobre las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS.

De esta manera, a medida que las tutelas eran interpuestas, la Corte decidió acumularlas por dos razones, la primera razón, lograr una muestra significativa sobre los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en el sistema de salud. En segundo lugar, la Corte buscó llevar a cabo un análisis profundo para entender los diferentes aspectos relacionados con el Derecho a la Salud. A través de este análisis la Corte evidenció tres tipos de problemas jurídicos, un problema en el cual las entidades encargadas de prestar los servicios de salud desconocen el derecho, porque el servicio no está incluido en el plan obligatorio o sencillamente, porque la persona no puede pagarlo. Un segundo problema, en el cual el la Corte reconoció que, en ocasiones, las entidades prestadoras de servicios no reconocen cuando un tratamiento o medicamente fue ordenado por un médico que no estaba adscrito a la entidad. El tercer problema jurídico es cuando las entidades niegan la prestación, porque la persona dejó de cotizar y ahora es desempleado.

Una vez analizados los tres problemas jurídicos mencionados con anterioridad, la Corte emitió 16 órdenes para que el Estado a través del sistema de salud no se constituyera en un obstáculo para la prestación de los servicios. Estas 16 órdenes quedaron compiladas en tres medidas: 1) medidas relacionadas con el plan de beneficios; 2) medidas con el derecho al recobro de servicios no POS; 3) medidas para la protección del derecho a la información en salud; carta de derechos y carta de desempeño.

En 2009, la Corte creó la Sala Especial de Seguimiento. Esta sala tiene como finalidad supervisar el cumplimiento de dicho fallo y desde su creación ha emitido un número importante de Autos, 16 Autos específicos y más de 100 Autos genéricos de seguimiento. Al respecto, el día primero de febrero de 2024 la Corte emitió el Auto 2881 de 2023. Este Auto ha centrado su atención en la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de servicios y tecnologías en salud, excluidos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), específicamente, en garantizar si se esta haciendo lo suficiente en cuanto a fijación, reajuste y pagos de los presupuestos, ya que no hacerlo como establece la normatividad afecta a las EPS y a la liquidez del sistema.

De esta manera, la Corte responsabiliza a MinSalud y lo obliga a cumplir con una serie de condiciones, entre esas, dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021, reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Igualmente, que MinSalud expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como, crear una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes.

 

Comentarios y conclusiones del debate de control político: Crisis en la gestión del INVIMA y sus posibles efectos en el desabastecimiento de medicamentos en el país

Comentarios y conclusiones del debate de control político: Crisis en la gestión del INVIMA y sus posibles efectos en el desabastecimiento de medicamentos en el país

El día 28 de noviembre de 2023 la Comisión Primera del Senado de la República, citó al Ministro de Salud, el director del INVIMA y el director de la ADRES a un debate de control político sobre la situación crítica de escases de medicamentos en el país.

En este debate el senador David Luna hizo una presentación sobre la situación que vive el país con respecto al desabastecimiento de medicamentos, donde señaló las responsabilidades de las tres entidades citadas. Primero, identificó las fallas que el INVIMA presenta y que son, a su juicio, las causantes principales de la falta de medicamentos necesarios para la atención en salud en el país. Dentro de estas falencias se destacan:

  • Un marco regulatorio desactualizado (de 1995) que no se armoniza con estándares internacionales y afecta el trámite ágil de los procesos de análisis y aprobación de medicamentos.
  • Tiempos de trámite para registros sanitarios que exceden hasta en 30 meses lo dispuesto en la norma vigente, lo cual es mucho más grave en casos como los medicamentos oncológicos.
  • Personal e infraestructuras insuficientes para la realización oportuna de estos trámites.
  • Agudización en el retraso de los trámites que ya venía de años anteriores, durante lo corrido de 2023 y durante 2022.
  • Interinidad en el cargo de dirección del Instituto desde el inicio del actual gobierno, en agosto de 2022, aunque se anunció un director en propiedad desde hace más de un mes.
  • Necesidad de que el INVIMA se articule con procesos más ágiles, modernos y acordes con entidades como la FDA y la EMA.
  • Marco regulatorio de medicamentos completamente desactualizado.

El senador formuló también una serie de recomendaciones para fortalecer la gestión del INVIMA. Entre ellas:

  • Armonización con estándares de agencias internacionales como FDA y EMA
  • Agilizar trámites para favorecer el acceso a nuevos medicamentos.
  • Tener en cuenta las guías de la OMS para nuevos medicamentos.
  • Generar guías de evaluación por parte de la sala especializada, para facilitar y hacer más transparentes los trámites.
  • No negar autorización a tratamientos que ya han sido autorizados en países de referencia.
  • Mejorar la colaboración con las entidades privadas para identificar amenazas y riesgos de situaciones como las que se está viviendo actualmente.
  • Fortalecer la seguridad informática del sector salud para evitar los ciberataques que ha sufrido el INVIMA y que han agravado la crisis sectorial.

A su turno el Ministro de Salud presentó sus respuestas. Algunas de ellas fueron las siguientes:

  • Hay un debate político e ideológico que está vinculado directamente con los temas de estas preguntas.
  • No confundir desabastecimiento con escases. Actualmente hay escases, pero no desabastecimiento.
  • Se han resuelto, al día de hoy, la mayor parte de los riesgos de desabastecimiento que se estaban presentando.
  • No es este un tema de Colombia exclusivamente ni es un asunto que haya comenzado este año. Hay antecedentes en el país desde 2004.
  • El ministerio tiene en efecto, la responsabilidad de regular la política farmacéutica; pero el gobierno no hace compra directa de medicamentos. Solo lo hace con algunas moléculas para patologías de interés en salud pública (Leishmaniasis, tuberculosis, malaria, entre otras).
  • El ministerio entonces no es un regulador del mercado.
  • La mayor parte de los medicamentos se financian actualmente mediante los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos.
  • El 66% de los medicamentos que se consumen en el país son importados. Se debe promover la seguridad farmacéutica y la producción nacional.
  • Se buscarán alternativas como la regulación de precios.
  • El ministerio no puede aprobar inmediatamente los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos o Europa. Esa presión no la puede manejar el ministerio ni el Instituto.

El ministro presentó una serie de actos administrativos que ha generado el gobierno para enfrentar las problemáticas de disponibilidad de medicamentos en el país. También defendió el nombramiento del nuevo director del INVIMA y aclaró que ni él, ni el gobierno son enemigos de la industria.

El director del INVIMA en funciones también tuvo una intervención en la que explicó la situación de la entidad que tiene a cargo muchas funciones que van más allá de las relacionadas con los medicamentos. Agregó que, en efecto, los ataques cibernéticos agravaron condiciones que ya venían ocurriendo desde hace varios años, retrasando procesos del Instituto y generando las preocupaciones actuales. Explicó también que se han resuelto la mayoría de los trámites urgentes para resolver los riesgos de desabastecimiento, siguiendo las orientaciones del ministerio.

Se acordó crear una subcomisión que acompañe el proceso de modernización y de mejoramiento de procesos del INVIMA. Esto surgió como uno de los acuerdos del debate y se espera que se ponga en marcha en el corto plazo. Igualmente, esta subcomisión deberá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el ministerio y por el INVIMA enfocando los esfuerzos específicamente en superar los riesgos de desabastecimiento de medicamentos en el país.

La discusión que se generó en medio del debate de control político debe servir para avanzar en la resolución de las condiciones adversas que están ocurriendo actualmente en el sistema. Más allá de las diferencias ideológicas que son comprensibles y que, de alguna forma hacen parte del proceso democrático, el sistema sanitario tiene la responsabilidad fundamental de garantizar el derecho a la salud y el acceso equitativo de todas las personas a los servicios que requieran. Por momentos queda la sensación de que se ha perdido de vista este propósito, en medio de las diferencias el interés principal que es el bienestar de la población.

Por ello, el llamado es nuevamente, a fortalecer los procesos de concertación, de diálogo y de construcción colectiva con todos los actores del sistema, buscando el equilibrio entre las distintas posiciones y los intereses legítimos que están vinculados con la atención en salud.