Existen grandes retos y oportunidades para posicionar a Colombia como líder en ciencia, tecnología e innovación en la región

Existen grandes retos y oportunidades para posicionar a Colombia como líder en ciencia, tecnología e innovación en la región

En Colombia, los avances en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) son una prioridad del gobierno. Por tal motivo el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional De Planeación han dado a conocer la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estará vigente entre 2022 y 2030. Su objetivo es incrementar la contribución de la CTI al desarrollo social, económico, ambiental, y sostenible, del país, con un enfoque diferencial, territorial, y participativo. Para ello, se consideran tres ejes principales: la generación de nuevo conocimiento, fomentar la productividad y la competitividad, y lograr la equidad social y el desarrollo sostenible.

Conseguir los avances propuestos requerirá, por supuesto, grandes esfuerzos, por lo que se han invertido 1,15 billones de pesos y se han presupuestado otros 30 billones para la próxima década.

A pesar de los esfuerzos realizados, y como era de esperar, existen grandes necesidades que requieren especial atención. Esto con el fin de implementar exitosamente la política propuesta, lograr los objetivos planteados en ella de manera más efectiva y rápida, y acelerar el desarrollo y la competitividad en el campo de la CTI. En este sentido, cabe destacar que las inversiones realizadas en Colombia en CTeI son del 0,3 % del PIB, cifra que contrasta con la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es del 2 % del PIB. Frente a estas cifras, llama la atención que la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tenga como una de sus metas lograr para el 2031 una inversión del 1 % del PIB en temas relacionados con las CTeI, un porcentaje 50 % inferior al actual de los países de la OCDE, pese a que Colombia busca consolidarse como un país líder en la región en este aspecto.

Dadas las oportunidades que se presentan y la situación sanitaria actual debido a la pandemia de COVID-19, así como el momento actual en la escena política, el momento no podría ser mejor para la búsqueda de innovación y avances en el campo de la CTeI. En este sentido, las agendas de los programas de los candidatos presidenciales abordan cuestiones que merecen especial atención de cara al futuro.

Sergio Fajardo: la CTeI debe ser un verdadero motor de desarrollo

El candidato Sergio Fajardo plantea diversos temas relacionados con la CTI en su programa de gobierno. Entre ellos, la baja inversión en comparación con países similares a Colombia, el déficit de investigadores, normatividad, institucionalidad y gobernabilidad sólida en estos temas, los obstáculos del sector privado para elevar la productividad y la innovación, y la mejora que la CTI puede aportar a las oportunidades de empleo. Estos aspectos están en consonancia con lo que se plantea en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con los problemas que identifica en su programa, propone soluciones que merecen atención. La primera es el aumento de la financiación de la CTI, hasta alcanzar el objetivo del 1 % del PIB. Aunque cabe reconocer que esto supone una mejora, esta cifra es inferior al objetivo establecido en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La segunda es la creación de una nueva política de CTeI. Ella debe incluir: i) un acuerdo nacional para la financiación de la CTI, que incluye los sectores público y privado, y esté sujeto a vigilancia a través de mecanismos periódicos de evaluación y rendición de cuentas para evaluar el éxito de los mecanismos planteados. ii) un plan de formación y vinculación de capital humano altamente calificado. Por supuesto, la formación, atracción, vinculación y retención del talento humano calificado es un tema que se destaca en este plan de gobierno y está en línea con las políticas nacionales. Sin embargo, aunque se busca que esta tarea sea inclusiva a todos los sectores de la sociedad, no se menciona cuáles serán los mecanismos que se emplearán para lograr esta ambiciosa tarea en un período de 4 años. iii) una reforma institucional al sector CTeI, que en cabeza de MinCiencias, articule los procesos de investigación originados en todos los ministerios.

Es destacable la apuesta para la creación de centros orientados a la misión en los sectores agrícola, manufacturero y de servicios, energía y cambio climático, salud, y bioeconomía. Se trata, sin duda, de una apuesta ambiciosa que merece ser destacada, aunque al mismo tiempo evaluada en cuanto a su posibilidad de ser llevada a cabo en un contexto de baja financiación y en un periodo corto de tiempo.

Si bien se menciona la importancia de reforzar la normativa que rodea a la CTI, a la vez que se reducen las barreras que la rodean, se eleva el rigor del impacto y se promueve la generación de iniciativas por parte de universidades, industrias, institutos y centros de investigación, conviene mencionar hasta qué punto se puede contar con el apoyo financiero de la empresa privada, puesto que su capacidad de inversión, algo que puede fortalecerse con el planteamiento de la creación de programas de apoyo a la innovación empresarial, un gran beneficio que la CTeI puede brindar al sector privado.

En términos generales, las propuestas de Sergio Fajardo están en línea con las propuestas de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aún así, algunas de sus metas son menos ambiciosas que aquellas de dicha política. En este sentido, conviene profundizar en la forma en que se podrían ampliar sus metas, de manera que Colombia se posicione como un país líder y también profundizar al respecto de los mecanismos que se utilizarán para lograr lo propuesto.

Federico Gutiérrez: se fortalecerá la financiación e inversión en CTeI

En el programa de gobierno de Federico Gutiérrez se plantea de forma amplia la importancia de construir sobre lo construido. Esto, por supuesto, resulta ser un punto clave en términos de CTeI. Y es que se ha documentado la necesidad sentida de aumentar la inversión en CTI, para posicionar a Colombia como líder en la región. Esto concuerda con su afirmación de que es necesario abordar la problemática del crecimiento insuficiente, la baja productividad y el desempleo, por supuesto algo que se puede mejorar gracias a los resultados del trabajo de CTeI. No obstante, dicha necesidad contrasta con el planteamiento del programa del candidato Gutiérrez, en el sentido de que Colombia es un país protagonista en la economía de la región, cuando el punto de referencia, más allá de la región, deben ser los países de la OCDE.

Cabe destacar que el candidato dedica una parte importante de su programa a la CTeI y se alinea en gran medida con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad de generar y utilizar conocimientos para promover el desarrollo. Así mismo en este programa se plantea un punto de especial interés y es el de estimular el emprendimiento y la propiedad intelectual, así como de mantener los beneficios tributarios para y las PYME, a pesar de este tipo de empresas afronta grandes retos para subsistir. No obstante, aunque el candidato se esfuerza por reforzar los mecanismos e instrumentos de financiación de la CTI, sus objetivos de asignación de recursos difieren de la política, ya que son inferiores a los establecidos en ésta.

En materia de desarrollo, si bien el programa de Federico Gutiérrez propone la independencia en aspectos como la producción de medicamentos y vacunas, simultáneamente propone que Colombia sea un centro internacional para probar tecnologías de punta, algo que en cierta medida podría resultar incompatible.

En cuanto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, el candidato busca que en su gobierno se mejore la conectividad en Colombia, hasta el punto de convertir a este país en un centro regional de alojamiento de datos. Asimismo, propone la implementación de planes de transformación digital, promoción del uso y apropiación de la tecnología y fortalecimiento de estrategias de alfabetización digital. Si bien estos aspectos no inciden directamente en la CTeI, sí facilitan su avance.

Resulta interesante que este candidato plantee la necesidad de realizar acciones concretas en estrategias sectoriales y temáticas en todas las áreas relevantes para el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del país. Ello está en consonancia con la necesidad de hacer inclusivas las tareas de CTeI, conforme lo establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En términos generales, conviene profundizar en cómo el apalancamiento de la CTeI se convertirá en un elemento fuerte para enfrentar la pobreza, fortalecer el desarrollo agrícola y rural, siendo estos algunos de los problemas profundos de Colombia mencionados por este candidato en su programa de gobierno. Adicionalmente, en cuanto al crecimiento del PIB, tal y como se propone en el programa del candidato, cuya meta es de 5 % a 2026, es importante concretar en qué medida se pretende aumentar los recursos asignados a la CTeI, tal y como propone en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Rodolfo Hernandez

El programa de gobierno de Rodolfo Hernández dedica un espacio importante a la CTeI. En este sentido, reconoce la importancia de la inversión en este ámbito, con el objetivo de innovar para resolver problemas, mejorar el bienestar de la población y posicionar a Colombia como un país líder.

En este sentido, reconoce que la inversión en este campo es baja, hecho que es consistente con las cifras mencionadas por la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al respecto, agrega que de este porcentaje, la mayor parte está a cargo de la empresa privada.

Así, el candidato propone establecer una estrategia que oriente la inversión multisectorial en CTeI en Colombia. Su enfoque debe ser vocacional, regional y tener un alcance a mediano y largo plazo. En este sentido, menciona que es importante fortalecer la investigación en el propio contexto y, así, generar conocimiento que pueda ser aplicado localmente de modo que esto permita evitar la importación de soluciones que son exitosas en otros países y dar prioridad al desarrollo de aquellas que se requieren en Colombia.

En el ámbito de las ciencias de la salud, señala aspectos clave como el estímulo y fortalecimiento de la competitividad de la industria farmacéutica, así como la recuperación de la producción de vacunas. Esto ante posibles nuevas pandemias o situaciones ambientales que generen profundos problemas, tales como el cambio climático. 

Sin duda, la propuesta de Rodolfo Hernández merece destacar otros aspectos. Por un lado, los planes de CTeI de su propuesta se centran en llegar a las poblaciones más vulnerables. Además, ella menciona la necesidad de incentivar la creatividad y aumentar las patentes de invención y la creación de modelos de utilidad. También pretende dar una orientación e impulso privilegiado a la investigación científica universitaria. Por último, se menciona la necesidad de fortalecer el emprendimiento de proyectos de base tecnológica.

Aunque las propuestas anteriores son relevantes, el origen de los fondos para este proyecto es un aspecto que merece ser considerado. En este sentido, su programa destaca de manera muy especial la meta del 5 % en términos de inversión en CTeI. Sin duda, se trata de una tarea ardua, y cabe preguntarse qué mecanismos se aplicarán para conseguirlo y de dónde saldrán los fondos para ello y cuáles serán las líneas de tiempo en las cuales se pretende alcanzar dicha meta.

Gustavo Petro: la tarea de fortalecer la CTeI y la investigación estará a cargo del estado

Al igual que los programas de gobierno de los demás candidatos presidenciales, el programa de Gustavo Petro hace referencia a la CTeI. Sin embargo, su programa se diferencia de los demás en que no dedica un espacio definido a este aspecto, aunque sí menciona la CTeI en diferentes apartados de su documento programático, de tal manera que se cubren aspectos clave de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En términos generales, el programa de gobierno de Gustavo Petro propone fortalecer la CTeI y la investigación, aspectos para los cuales se destinará una robusta financiación a cargo del Estado. Esto busca potenciar la innovación tecnológica en el sector productivo y en la sociedad en su conjunto, así como promover el trabajo creativo y colaborativo entre las comunidades, las instituciones de educación superior y los institutos de investigación, de manera culturalmente incluyente, reconociendo los conocimientos tradicionales y ancestrales para fortalecer la relación entre la sociedad y la naturaleza. La propuesta es fortalecer el conocimiento tradicional con asistencia científica y tecnológica.

Si bien lo anterior es de gran importancia, y cabe destacar que se plantea de manera incluyente, se contemplan aspectos que abarcan el ordenamiento territorial en torno al agua (ríos, costas y mares), la protección de los recursos naturales, la creación de pactos para la protección de nuestros bosques y selvas, la transición a un sistema energético basado en energías renovables, la migración a un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsable, la creación de un sistema nacional de innovación agrícola y el reconocimiento del contexto y las potencialidades territoriales para fortalecer y consolidar los Sistemas Regionales de Innovación.

Conseguir esto, por supuesto, requiere el fortalecimiento de la CTeI. Y el programa de gobierno señala que esto requiere de una robusta inversión para fortalecer la formación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado, así como en la capacitación de la mano de obra, para impulsar la innovación y aumentar la productividad de acuerdo a las necesidades del proceso de industrialización nacional. Con este fin, se creará el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) el cual, bajo el control operativo y financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitirá la articulación local y regional entre universidades, empresarios, comunidades y entidades públicas, con el fin de aumentar la productividad.

En general, si bien la propuesta de la campaña resulta interesante en términos de generación de talento humano, conviene reconocer que plantea una gran cantidad de acciones cuyo éxito implica enormes desafíos, especialmente si se pretende alcanzarlos en un período de gobierno y un contexto que exige una amplia voluntad política y el compromiso de múltiples sectores de la sociedad. Además, conviene señalar que la robusta financiación mencionada requiere un aumento de la asignación de fondos del PIB, tal y como se plantea en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A este respecto, es conveniente establecer qué mecanismos y procesos se utilizarán para destinar estos fondos a tareas relacionadas con la CTeI.

En palabras finales…

En Colombia existe un amplio camino por recorrer en materia de progreso en el contexto de la CTeI. Ello requiere la asignación de enormes recursos y el cumplimiento de metas ambiciosas en el periodo 2022-2031. En este sentido, si bien las propuestas de los candidatos Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro hacen amplia mención a la CTI, y están alineadas en algunos aspectos con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, resulta conveniente aclarar múltiples aspectos. Para esto, proponemos las siguientes 10 preguntas a todos los candidatos y sus equipos:

  • ¿Qué pasos debe dar el próximo gobierno en materia de CTeI y qué acciones va a implementar y priorizar para lograrlos? Esto incluye, por supuesto, el avance de la educación en este aspecto, así como la planeación y ejecución de acciones que promuevan el progreso en este campo. Todo ello debe considerarse especialmente en el contexto de la diversidad cultural y los problemas sociales de Colombia.
  • ¿Cómo aumentar la meta de inversión del PIB en el campo de la CTI? Esto con el fin de superar el 2 % invertido por los países de la OCDE, para que Colombia se posicione como país líder en su región.
  • ¿Cómo se consolidarán las contribuciones al desarrollo de la CTeI en un país con insuficiente desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica, en el cual se destinan pocos recursos y se cuenta con bajos incentivos para ello? Esto a pesar de que, en primer lugar, se busca un mayor desarrollo y sostenibilidad en aspectos tanto sociales como económicos y medioambientales y en segundo lugar, el Pacto por la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación establece un conjunto de acciones para lograr que la inversión en actividades de CTeI sea del 1,5 % del PIB.
  • Dado que el proceso de innovación de la política de CTeI se contempla como un proceso dinámico, no lineal e iterativo, en el que múltiples actores interactúan en procesos de negociación para identificar rutas alternativas con potencial para generar cambios sistémicos, y que el objetivo es dotar a la Política de herramientas para abordar problemas complejos, ¿qué acciones se propondrán para que la innovación en CTI se ajuste a un paradigma de razonamiento no lineal, dinámico y sistémico, o cuál difiere del paradigma de pensamiento lineal y reduccionista aplicado por el gobierno en la actualidad?
  • ¿Cómo se abordará el déficit de talento humano en CTeI, así como el rezago y la debilidad en la generación y uso del conocimiento (en términos de volumen e impacto) en el país?
  • ¿Cómo se fortalecerá el rol y las capacidades de las instituciones generadoras de conocimiento para cumplir su misión?
  • ¿Qué acciones se implementarán para fortalecer las capacidades y condiciones para la innovación y el emprendimiento?
  • ¿Qué acciones se implementarán para fortalecer el desarrollo, la transferencia y la apropiación social del conocimiento y tecnología hacia el sector productivo, así como para disminuir el rezago en la adopción de tecnologías?
  • ¿Cómo se disminuirá la alta exclusión social en el desarrollo de CTeI y se fomentará la participación, el impacto y la cultura en este ámbito?
  • ¿Qué fuentes e instrumentos de financiación se crearán para fortalecer la misión de las tareas de CTeI tanto en el corto, como el mediano y el largo plazo en el sector salud?

 

¿Qué tenemos y qué necesitamos? Las propuestas de los candidatos frente a los datos del sistema de salud

¿Qué tenemos y qué necesitamos? Las propuestas de los candidatos frente a los datos del sistema de salud

El debate electoral en curso ha reeditado la discusión alrededor de las reformas y ajustes que requiere el sistema de salud colombiano. Los programas de gobierno difundidos por los candidatos, y sus declaraciones públicas orientadas a tratar los temas de salud, muestran una diversidad de enfoques y propuestas que ofrecen desde reformas estructurales hasta ajustes menores. Como es habitual en estos escenarios, las diversas campañas sugieren la puesta en marcha de cambios efectivos que aspiran mejorar las condiciones actuales del sistema de salud, buscando así atraer la atención y simpatía del público. 

Sin embargo, cabe cuestionar si la dinámica electoral resulta suficiente para comprender las necesidades y desafíos que actualmente tiene el sistema de salud en Colombia. Si bien esta coyuntura constituye un escenario natural para la deliberación y el contraste de propuestas, enfoques y visiones alrededor de los asuntos públicos, también es cierto que las elecciones favorecen la proliferación de discursos orientados a satisfacer las expectativas de la población, en detrimento de la formulación de propuestas concretas que se correspondan con la realidad política, económica y social del país. Por esta razón, es conveniente presentar un análisis que formule un diagnóstico de los logros y dificultades que actualmente tiene el país en materia de salud, y que lo contraste con las propuestas más destacadas de los candidatos que aspiran ejercer la presidencia de la República por los próximos cuatro años. En este ejercicio, por cuestiones de espacio, se analizan las propuestas de los dos candidatos más opcionados, lo que no significa que los demás no tengan aportes valiosos que también puedan ser recogidos por análisis posteriores (mira aquí los análisis de programas de los candidatos).

¿Qué sistema tenemos hoy?

En la actualidad no existe un diagnóstico unánime sobre las bondades y dificultades del sistema de salud colombiano. Algunas posturas señalan que los avances del país en materia de aseguramiento, cobertura e indicadores de morbimortalidad son atribuibles a la reforma de 1993; otras, por el contrario, afirman que el modelo actual ha conllevado ineficiencias y pérdidas de recursos innecesarias, las cuales impiden el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia. Frente a este escenario de contrastes, vale la pena trazar una línea de base que establezca algunas certezas sobre el contexto dentro del cual ha surgido esta discusión, y que permita observar el panorama sobre el cual se fundan las propuestas programáticas de los candidatos.

En primer lugar, cabe reconocer que el país ha logrado avances significativos en términos de equidad en el acceso a los servicios de salud. Hay estudios que muestran que Colombia es uno de los países de América Latina con mayor índice de cobertura efectiva (74%), lo que implica que los servicios de salud tienen la calidad suficiente para generar ganancias en salud a un porcentaje mayoritario de la población. Así mismo, el país ha conseguido establecer mecanismos de protección financiera eficaces (e.g. la cuenta de alto costo), orientados a mitigar el impacto económico de las enfermedades catastróficas en la población y a desestimular fenómenos de selección adversa; esto ha llevado, por ejemplo, a que Colombia sea uno de los países de la región que más disminuyó su gasto de bolsillo en los últimos 20 años, pasando de 38% en 1995 a 15% en 2020. De la misma manera, vale destacar que la ley 100 definió un plan de beneficios en salud (PBS) que, a pesar de varias dificultades, ha sido actualizado de manera gradual para incluir tecnologías, servicios y tratamientos novedosos, y cuya existencia permite que los afiliados tengan derecho a acceder a un mismo “paquete de beneficios”, más allá de su capacidad de pago; igualmente, la definición de un PBS le brinda certezas a los actores del sistema, en tanto define aspectos centrales para la gestión del riesgo financiero y el goce efectivo del derecho a la salud.  Adicional a lo ya mencionado, según un estudio publicado recientemente por el MinSalud, el 78 % de los usuarios valoraron positivamente su experiencia en el uso de los servicios, mientras que el 62 % estimó que resultaba fácil acceder a ellos. También cabe resaltar una disminución constante en indicadores sensibles de salud pública, como la mortalidad infantil y la desnutrición.

Este panorama optimista contrasta con las dificultades que aún no logra resolver el sistema de salud. Por un lado, se mantienen las barreras para que los usuarios accedan a los servicios incluidos en el PBS; de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2019 se interpusieron más de 200.000 acciones de tutela relacionadas con el derecho fundamental a la salud, lo que representó un 33 % del total de tutelas impuestas en el país, de éstas el 79.9 % fueron resueltas a favor de los accionantes, lo que indica un alto grado de pertinencia. Por otro lado, están sin zanjar las brechas territoriales que promueven la concentración de la oferta (en particular la especializada) en los grandes centros urbanos, afectando el acceso de los usuarios que habitan áreas rurales y, en consecuencia, vulnerando su derecho a la salud. En el diseño actual del sistema, los incentivos están puestos donde existen más afiliados con mayor capacidad de pago, lo que conlleva a un descuido de las poblaciones dispersas y con menos recursos económicos. Así mismo, persiste la billonaria deuda que tienen algunas EPS (varias ya liquidadas) con prestadores y proveedores, la cual, no sólo perjudica el acceso a los servicios, sino que mina la confianza sobre la adecuada administración de los recursos públicos de la salud; si bien el gobierno actual ha avanzado en un acuerdo de punto final para mitigar los efectos de la deuda, se cuestiona que sea el Estado quien finalmente asuma el riesgo financiero dentro del sistema.

Este panorama, que sin duda comprende más matices y complejidades que las que aquí se han relacionado, ofrece una línea de base para contrastar las principales propuestas de los dos candidatos más opcionados a llegar a segunda vuelta en las elecciones que se avecinan: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Por ello, vale la pena considerar algunas de sus propuestas, buscando establecer si resultan coherentes con las necesidades que actualmente tiene el sistema de salud colombiano.

Hacia un sistema único de salud: Gustavo Petro

El núcleo de la propuesta de Gustavo Petro apunta a la creación de un sistema único, público y universal en el cual las redes de servicios sean conformadas a través de Consejos Territoriales de Salud (CTS) y los recursos financieros manejados por un Fondo Único de Salud (FUS) con capítulos territoriales (vea aquí el análisis de la propuesta). En la práctica, este modelo implica apartar a las EPS de su función actual, para que el FUS y los CTS asuman los pagos y la articulación entre usuarios y prestadores. Estos cambios, que requieren una reforma de la ley 100, estarían acompañados por el reforzamiento de la atención primaria, el énfasis en la prevención y la predicción, y el incremento de los recursos de la red pública.

Ante esta propuesta surge el interrogante sobre su pertinencia frente a los retos que actualmente tiene el sistema. Por un lado, no hay certezas sobre cómo el desmonte de las capacidades instaladas en las EPS puede contribuir a superar las barreras de acceso que existen actualmente; si bien estas entidades son responsables de los trámites administrativos que muchas veces impiden el acceso de los usuarios a los servicios a que tienen derecho, nada asegura que esas barreras desaparecerán con un sistema coordinado por unas nuevas instituciones públicas. De hecho, una de las advertencias que se han formulado a propósito de esta iniciativa, es que los CTS podrían tener dificultades para articular nuevas redes de servicios, lo cual generaría otro tipo de barreras relacionadas con la oportunidad en la prestación. Ahora bien, a favor de la propuesta, podría pensarse que la desaparición de un “intermediario” contribuye a reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud y agilizar el pago de las cuentas; sin embargo, para que esto se concrete se requiere la construcción de una nueva institucionalidad en las entidades territoriales (llamadas a liderar los CTS), con la capacidad técnica y administrativa para gestionar todos los procesos que hoy hacen las EPS. Frente a esa necesidad, surge la pregunta si resulta conveniente construir esa nueva capacidad institucional, desmontando la que ya existe. Por otro lado, cabe destacar la apuesta de la campaña por enfocar el sistema de salud en la prevención y por destinar más recursos a la red pública, aunque esto debería acompañarse de precisiones alrededor de las fuentes de financiación y definir los mecanismos para darle un uso adecuado a los recursos.

El énfasis en la eficiencia: Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez se ha enfocado en proponer acciones de corte gerencial para mejorar la atención y experiencia de los usuarios, conservando la arquitectura actual del sistema y los mecanismos dispuestos por la ley 100. Su apuesta está orientada a establecer indicadores de desempeño y metas que mejoren la eficiencia, buscando con esto que los actores reciban incentivos de acuerdo con los resultados que obtienen; así mismo, su programa se centra en la introducción de instrumentos digitales y telemedicina, con el propósito de reducir costos, permitir la interoperabilidad del sistema y reducir las brechas en el acceso. Además, menciona la necesidad de crear alianzas entre prestadores, aseguradores y entidades territoriales, estableciendo metas de servicio (vea aquí el análisis de la propuesta).

El énfasis de la propuesta de Gutiérrez es la eficiencia: un elemento que puede resultar necesario, aunque no suficiente, para enfrentar los desafíos que hoy tiene el sistema de salud. Por un lado, es claro que mejorar la eficiencia puede contribuir a agilizar la prestación de los servicios y, en consecuencia, a reducir las barreras de acceso; igualmente, la introducción de procesos de compra mediados por la tecnología ayuda a que las transacciones sean más transparentes, facilitando el manejo de los recursos financieros. Sin embargo, llama la atención que la propuesta no menciona el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control, lo cual genera inquietudes sobre la capacidad de los actores de autorregularse. En este sentido, cabe recordar que uno de los problemas que tiene el sistema es que los procesos de vigilancia y sanción no son eficaces, razón por la cual muchos de los actores incumplen sus obligaciones sin mayores consecuencias. Por ello, sorprende que la propuesta se centre en afinar ciertos procesos y en establecer nuevas reglas para los actores del sistema, pero se olvide de los mecanismos para garantizar que se cumplan. De hecho, resulta inquietante que Gutiérrez propone unificar los enfoques de control por ineficientes (incluidas las superintendencias), lo cual podría restarles capacidades a las instituciones que actualmente se encargan de vigilar y sancionar a los actores que no cumplen. Un punto a favor de la propuesta es la idea de crear alianzas entre aseguradores, prestadores y entes territoriales para la provisión de servicios, alrededor de metas y estándares de calidad, lo cual podría contribuir a reducir las brechas en los territorios. Sin embargo, falta que la propuesta puntualice cómo constituir y financiar esas alianzas, pues su implementación no dependerá, exclusivamente, de la voluntad de los actores.

¿Cómo avanzar?

Ciertamente, las dos propuestas analizadas hacen contribuciones que apuntan a mejorar el sistema de salud y, a través suyo, a promover el bienestar de la población colombiana. Así mismo, ambas generan interrogantes sobre su viabilidad y su coherencia con los desafíos que actualmente tiene el país. Las complejidades propias de los sistemas de salud impiden que sus problemas sean resueltos con fórmulas milagrosas, por el contrario, es necesario acometer ajustes constantes y progresivos que sean evaluados y afinados con regularidad. Ante esto, vale la pena señalar algunos elementos para enriquecer las propuestas programáticas, entendiendo que estas se construyen en el debate público y en función de realidades puntuales que también son dinámicas. En primer lugar, vale la pena insistir en la pertinencia de reconocer y potenciar las capacidades instaladas en el sistema, y en particular, aquellas que emergen de los actores y sus interacciones. No parece coherente que la ruta para mejorar el funcionamiento y resultados del sistema de salud sea el desmonte de aquello que funciona como estrategia para corregir lo que no funciona. Segundo, es importante identificar y reconocer los avances y aprendizajes que nos proporciona el sistema actual, buscando que las propuestas que buscan hacer cambios estén alineadas con las necesidades identificadas; esto, desde luego, implica tener la voluntad de emprender transformaciones, pero también, la prudencia de conservar aquello que ofrece buenos resultados. Finalmente, es importante que las propuestas identifiquen fórmulas novedosas que permitan mejoras en el sistema de salud y que sean consecuentes con sus complejidades; sin embargo, es deseable que estas fórmulas dialoguen con las realidades sociales, políticas y financieras del país, para que no terminen siendo promesas incumplidas que afectan la confianza de la sociedad sus instituciones.

Foto de National Cancer Institute en Unsplash

El aborto es un problema multidimensional de salud pública

El aborto es un problema multidimensional de salud pública

Después de dos años de discusión, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-055 de 2022, dio luz verde a la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo. En términos llanos, esto implica que las mujeres que interrumpan voluntariamente el embarazo (IVE) durante ese término de la gestación, no incurrirán en un delito. La decisión generó polémica y agitó un debate en la sociedad colombiana, en parte por la incertidumbre que se abre con esta decisión judicial. Incertidumbre parcialmente generada al no haberse publicado la decisión completa. Así, lejos de ayudar a generar consensos, la decisión judicial abrió un escenario de posiciones a favor y en contra por parte de  los distintos aspirantes, algunos hoy candidatos, a la Presidencia de la República. Distintas posiciones que, además, se producen por el carácter multidimensional que rodea la IVE.

En esta entrada se resalta el carácter multidimensional que rodea la IVE y la necesidad de buscar alternativas que permitan alcanzar decisiones balanceadas entre las diversas dimensiones de este desafío. El carácter multidimensional se puede analizar desde la perspectiva biopsicosocial de la ciencias de la salud, la cual integra los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de los pacientes, en lugar de atender sólo los físicos.

Si bien falta por conocer en profundidad los argumentos esgrimidos por la sentencia C-055 de 2022, es posible realizar un análisis preliminar para, en primer lugar, visualizar el panorama político y jurídico que estará presente durante el próximo gobierno y legislaturas; y, en segundo lugar, tener mayor consciencia de las posiciones a favor y en contra de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo.

  • El panorama político durante la campaña electoral

Después de conocer la decisión de la Corte Constitucional, varias fueron las reacciones favorables en el contexto de la campaña electoral. El candidato del Pacto histórico Gustavo Petro, declaró que “las libertades son el mejor camino para proteger la vida”, aunque meses antes también había afirmado que para llegar a “cero abortos” se debe implementar una política centrada en la educación sexual y medidas tecnologicas. Similarmente, el excandidato Camilo Romero señaló que la decisión era un paso importante para que las mujeres pudieran decidir legalmente sobre sus cuerpos. En la misma línea, Francia Márquez estableció que la decisión era un acierto para que las mujeres pudieran decidir libremente. Alfredo Saade, encontró pertinente la decisión de la Corte porque permite que la mujer tenga la opción de abortar bajo cuidado médico. En esa misma sintonía están los ex candidatos de la coalición Centro Esperanza. Juan Manuel Galán celebró el pronunciamiento reconociendo la autonomía absoluta de las mujeres sobre su cuerpo. Igualmente, Alejandro Gaviria reconoció que esto era un triunfo para la salud pública.

Por otro lado, entre quienes no estuvieron a favor del pronunciamiento de la Corte Constitucional se encuentra el precandidato David Barguil, quien invitó a liderar una reforma constitucional para restarle algunas funciones a la Corte, en caso de ser elegido como presidente. Consideró que lo correcto es mantener sólo las tres causales de sentencia C-355 de 2006. El candidato Federico Gutiérrez afirmó que se deben respetar las decisiones de la Corte, pero que siempre debe existir un espacio para el debate, puntualizando, además, que estos temas deben llamar a la reflexión, añadiendo que respeta las tres causales, pero no comparte el lapso de 24 semanas. Una opinión parecida fue la del excandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, quien manifestó estar de acuerdo con la sentencia C – 355 de 2006, pero no con la actual decisión.

De este modo, no parece haber mayor desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional del año 2006 (sentencia C – 355) que despenalizó el aborto en tres situaciones: 1) cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, 2) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina o 3) cuando exista acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Al contrario, los desacuerdos surgen con la nueva decisión que despenaliza el aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo (sentencia C-055 de 2022), de ahí la incertidumbre que se abre hacia el futuro.

  • En debate futuro: entre la implementación de la sentencia y la búsqueda de su modificación

A partir de las reacciones, tanto a favor como en contra, sobre la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo, es posible advertir que la discusión continuará, y que lo hará por dos caminos: (i) por la ruta del diseño de una política integral que dé cumplimiento a la sentencia (ii) la búsqueda de alternativas para cambiar la decisión de la Corte Constitucional. Más allá de las posiciones ideológicas, estos caminos muestran una discusión más amplia acerca de qué tan conveniente, en términos de legitimidad democrática y de evidencia científica, es que la Corte Constitucional haya fijado el número de semanas, en lugar, por ejemplo, de establecer algunos criterios con base en los cuales el legislador, u otro mecanismo democrático, pudieran hacerlo.

(i) El diseño de una política integral que proteja la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación.

A pesar de los desacuerdos que pueda tener el próximo gobierno y de los caminos que inicie para modificar esta decisión, se impone la obligación constitucional de dar cumplimiento a la sentencia C-055 de 2022. Recordemos que mediante esta, la Corte Constitucional tomó dos decisiones que buscan proteger el bien jurídico de la vida en gestación, así como proteger las garantías de los cargos estudiados (libertad de conciencia, a igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular, la prevención general de la pena, derecho a la salud y derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y personas gestantes). Así, para otorgar la que consideró la mejor protección constitucional, la Corte decidió: primero, despenalizar el aborto hasta la semana 24 y declaró la exequibilidad condicionada del delito de aborto consentido, estableciendo que dicho límite temporal no se aplica a los tres supuestos a los que se refiere la sentencia C-355 de 2006, esto es, que con independencia del tiempo de gestación no se incurrirá en el delito de aborto. Segundo, dio varias órdenes, tanto al Congreso como al Gobierno Nacional para que diseñen una política pública integral que proteja la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación.

En este sentido, la Corte señaló los contenidos mínimos que deberá tener esta política, así:

(i) la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo,

(ii) la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia,

(iii) la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación,

(iv) el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas,

(v) medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras y

(vi) medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.

De este modo, sería de esperar que una parte de la agenda del próximo gobierno esté destinada al diseño e implementación de esta política, para lo cual será importante medir las necesidades en términos de recursos económicos, técnicos y administrativos, ya que esta política impactará diferentes recursos del sistema de salud. Así, uno de los desafíos de la implementación de la decisión de la Corte Constitucional será poder establecer su impacto en el sistema de salud y en la protección de los derechos que la misma espera garantizar. No debe olvidarse que la sentencia sólo establece unos mínimos, por lo que el legislador y el gobierno tendrán autonomía para decidir las políticas y regulaciones que, a partir de esos mínimos, garanticen la vida en gestación, los derechos a la salud, los derechos reproductivos de las mujeres, entre otros.

Ahora bien, la implementación de esta política no lleva implícito el estar de acuerdo con la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Seguramente se establecerán, como ocurría bajo la sentencia del año 2006, los reglamentos y protocolos para ejercer la objeción de conciencia. Sobre esta última, la jurisprudencia ha establecido varias reglas: solamente las personas naturales son titulares de la objeción de conciencia, y ésta sólo puede ser solicitada por el personal médico que participa directamente en la intervención. Además, cuando se solicite, debe hacerse por medio escrito con una indicación precisa de “i) las razones por las cuales está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento tendente a interrumpir el embarazo en ese específico caso, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a quien ejerce la objeción de conciencia y; ii) el profesional médico al cual remite a la paciente que necesita ser atendida. Esto teniendo siempre como presupuesto que se tenga certeza sobre la existencia de dicho profesional, sobre su pericia para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo y de su disponibilidad en el momento en que es requerido”.

(ii) La búsqueda de la modificación de la decisión de la Corte Constitucional

Otro de los efectos de esta decisión será la búsqueda de alternativas para modificar la decisión de la Corte Constitucional, en especial, en lo que tiene que ver con la despenalización del aborto hasta la semana 24. Así, al conocer el fallo de la Corte, diferentes miembros del Partido Conservador y del Centro democrático plantearon la necesidad de realizar un referendo. Igualmente, las candidatas al Congreso del Partido Liberal, Sara Castellanos y Clara Lucía Sandoval, fueron más allá y radicaron ante la Registraduría Nacional una solicitud de referendo en virtud del cual se modificaría el artículo 11 de la Constitución Política que establece la inviolabilidad de la vida, a fin de que quede establecido que el “derecho a la vida desde la concepción es inviolable”. Otros, en cambio, sostienen que lo conveniente es volver a las tres causales de la sentencia del año 2006.

En este sentido, se observan dos motivos principales de desacuerdo con la sentencia C-055 de 2022. El primer motivo, de contenido sustantivo, observa que existe un detrimento del cuidado de la vida. El segundo motivo, de tipo procedimental, cuestiona la autoridad de la Corte Constitucional para tomar este tipo de decisiones, de ahí que las propuestas presentadas hasta el momento van en la línea de que sea el Congreso o el pueblo mediante referendo, quienes puedan tomar este tipo de decisiones. La viabilidad jurídica de realizar un referendo no está del todo clara. Realizar un referendo constitucional requiere que el Congreso apruebe una ley que lo convoque, la cual además deberá ser declarada constitucional por la Corte Constitucional. Y, de llegar a obtener la votación ciudadana requerida para aprobar la reforma constitucional, la Corte nuevamente podrá examinar la constitucionalidad de la reforma aprobada. En este sentido, importará el sentido de la reforma: si pretende penalizar el aborto en todos los casos, si pretende volver solo a las tres causales o si propone algo diferente, dado el principio de no regresión de los derechos. Esto es importante pues de ello dependerá la declaratoria de constitucionalidad o no por parte de la Corte Constitucional. Otra alternativa para cambiar la decisión de la Corte es que el Congreso mismo decida llevar a cabo una reforma constitucional. Esto debe hacerse mediante acto legislativo, requiere pasar por 8 debates y, nuevamente, de llegar a aprobarse, es posible que dicha reforma pueda volver a demandarse ante la Corte Constitucional.

Lo que muestra este escenario de reformas futuras es la dificultad de alcanzar consensos y un alto grado de polarización alrededor del tema. Y es de esperar que esto suceda en los Estados Constitucionales, cuando son las cortes quienes tienen la última palabra, de ahí que, más allá de afirmar si estamos o no de acuerdo con la decisión judicial actual, la pregunta que puede dejarse planteada es, si como sociedad deberíamos construir otras formas de toma de decisión, en donde más y diversos actores sociales puedan entrar a dialogar y en donde, por lo menos, se pongan de acuerdo en sus desacuerdos. Así, por ejemplo, valdría la pena explorar si, así como ha ocurrido en otras partes del mundo, Colombia puede desarrollar capacidades para innovar e implementar mecanismos de democracia deliberativa que puedan formar parte de procesos de decisión sobre temas complejos como el aborto, que de algún modo superen los modelos de decisión que solo dejan ganadores vs. perdedores.

Finalmente, como se ha venido señalando, la dificultad de lograr consensos frente a cómo abordar el problema del aborto está relacionado con su carácter multidimensional. Por esto, resulta útil la perspectiva biopsicosocial, que permite ver distintas caras de las diversas dimensiones del problema.

  • La perspectiva biopsicosocial del aborto: un problema complejo que dificulta alcanzar consensos

El problema del aborto no debe ser visto únicamente como un procedimiento médico o quirúrgico. Son muchas las variables que intervienen en esta cuestión, las cuales trascienden el ámbito físico y no pueden ser ignoradas. Es preciso, además de lo médico, tener en cuenta la salud mental y la situación social.

 

El aborto considerado desde la dimensión biológica

Desde una mirada médica, el aborto puede producirse de forma espontánea o ser de carácter médico, debido a una enfermedad de la madre o a una decisión de ella de interrumpir su embarazo. Dentro de las situaciones a tener en cuenta debe considerarse el embarazo molar. Esta es una complicación poco usual del embarazo, en la cual hay un crecimiento anormal las células que se convierten en la placenta y puede haber o no crecimiento de tejido fetal, pero no hay posibilidades de que el feto sobreviva y, por lo general, se produce un aborto temprano. Dadas sus complicaciones, el embarazo molar requiere un tratamiento temprano para prevenir complicaciones.

De acuerdo con una consulta realizada a los cubos de datos de SISPRO obtenidos en marzo de 2022, la problemática mencionada a nivel mundial se asemeja, en cierta forma, a la realidad de Colombia. En el periodo 2017 – 2021, en relación con el embarazo molar se registraron 35.032 atenciones. En ese mismo periodo, sin tener en cuenta los abortos espontáneos o relacionados con embarazo molar, se registraron 318.734 atenciones por abortos. De ellas, 277.681 (87.11%) no presentaron complicaciones y 41.053 (12.88%) sí las presentaron.

Ahora bien, desde la perspectiva biológica también existe otra mirada al problema, como la compartida por la Academia Nacional de Medicina (ANM), según la cual, hablar de aborto a las 24 semanas genera complicaciones técnicas y éticas, en cuanto “la viabilidad fetal se alcanza cuando se supera la semana 22 de gestación o los 500 gramos de peso, según lo definido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia”; pero, incluso, aunque se hable de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), los problemas éticos y técnicos son relevantes, ya que “se trata de una gestación avanzada, con feto vivo, sano, que responde al dolor, que tiene expresión facial, que es capaz de escuchar, bostezar y patear, y que posee los reflejos de prensión y succión. La interrupción del embarazo en esta circunstancia obligaría a paralizar farmacológicamente el corazón fetal, lo que equivale a provocar la muerte de un ser que podría vivir independiente de la madre con adecuada asistencia médica.”

De este modo, biológicamente existen distintas consideraciones, pues uno es el caso del embarazo molar, otro es el caso del embarazo que, sin que existan condiciones médicas que lo afecten, decide ser interrumpido por la gestante, caso en el cual surgen cuestionamientos como los planteados por la Academia Nacional de Medicina.

El aborto desde la dimensión de la salud mental

La ANM, en su pronunciamiento sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, también contempla la dimensión de la salud mental y propone la asistencia psicológica antes y después de la interrupción del embarazo. Esto es relevante, en cuanto una política pública de este tipo requiere establecer toda una ruta de atención integral en salud mental para la mujer, tanto en el momento previo a la decisión como con posterioridad al aborto. Adquiere particular relevancia la atención previa, pues puede cumplir una función preventiva que facilite la toma de decisión a la mujer.  

La atención en la etapa previa es clave, entre otras cosas porque, como algunos estudios han determinado, la salud mental de las mujeres gestantes puede afectarse con posterioridad al aborto, esto es, que existe una asociación entre este procedimiento y las afecciones de salud mental. En efecto, las mujeres que han abortado tienen un 81% más de riesgo de presentar problemas de salud mental en comparación con aquellas que no lo han tenido y, además, cerca del 10% del surgimiento de problemas de la esféra mental pueden deberse al aborto. Dicho de otro modo, existe un riesgo de medio a muy alto de aparición de trastornos mentales después de un aborto.

La problemática considerada desde la dimensión social: ¿aborto seguro o inseguro?

Desde la dimensión social, generalmente la problemática del aborto suele asociarse con el aborto inseguro. Desde 1967 la OMS se considera el aborto inseguro como un problema de salud pública a nivel mundial. En el periodo 2010 – 2014, en todo el mundo se produjeron aproximadamente 56 millones de abortos inducidos cada año; de ellos, solo el 55% fueron considerados seguros, es decir, aproximadamente 25 millones se estimaron como inseguros. Esto merece especial atención, ya que en entornos más restrictivos la seguridad de este procedimiento fue menor. Adicionalmente, en el mundo, del 4,7 al 13,2% de todas las muertes maternas pueden atribuirse a complicaciones relacionadas con el aborto inseguro. Además, cabe advertir que en estos entornos la mortalidad y la discapacidad relacionadas con el aborto inseguro están subestimadas. Ahora bien, en el caso de América Latina y el Caribe las cifras también son importantes: alrededor de 760,000 mujeres terminan hospitalizadas para ser tratadas por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Igualmente, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro

Sin embargo, no puede obviarse que la calificación de un aborto como seguro puede llegar a resultar engañosa, si por seguro entendemos “sin riesgos”. Todo procedimiento genera riesgos, incluidos los partos que se caracterizan como seguros. Ahora bien, otra cuestión distinta es que los abortos inseguros, según muestra la evidencia, suponen desigualdades sociales y violencia de género, y por ende, la dimensión social del IVE ha puesto en el centro de sus preocupaciones la protección de los derechos de la mujer y de las niñas.

Pero la pregunta que puede surgir acá es cuál es la mejor forma de garantizar esta protección. Abordado como un problema de salud pública, los altos costos y consecuencias catastróficas del aborto inseguro pueden evitarse a través de intervenciones rentables de salud pública. Estas intervenciones incluyen, desde la educación sexual, información sobre el uso de métodos anticonceptivos efectivos, la prestación de servicios de aborto inducido legal y seguro, así como, una atención humana y de calidad después de realizado el procedimiento. Por ello, las propuestas de campañas de información sobre opciones de embarazo y crianza, alternativas de adopción, educación sexual y uso de métodos anticonceptivos son una propuesta a tener en cuenta. Asimismo, se hace necesario activar rutas de atención para la consulta preconcepcional, la planificación familiar y la información acerca de los derechos de la mujer. Una política pública integral debería poder determinar sobre cuál de estos aspectos se priorizará o cómo los articulará.

El pronunciamiento de la ANM también hace mención expresa a la dimensión social. Considera como aspectos relevantes la necesidad de informar de la existencia de alternativas de conservación del embarazo y de asumir la crianza o adopción del recién nacido. Considerando lo anterior, y con el fin de controlar un problema de salud pública como es éste, la ANM recomienda el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el embarazo no deseado a través de programas de educación sexual, el fácil acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, la activación de rutas de atención para la consulta preconcepcional, la planificación familiar, la atención prenatal temprana y la información sobre el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

Conclusión

La despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional ha suscitado una gran polémica. Aunque este es un tema de muchos matices, se trata también de un problema de salud pública, por lo que debe ser abordado con una visión amplia que vaya más allá del procedimiento médico o quirúrgico. En este sentido, es importante ver esta problemática bajo la lupa de los aspectos biológicos, sociales y de salud mental, de modo que las intervenciones que se realicen en estos contextos busquen, por un lado, reducir el número de mujeres que acuden a solicitar este procedimiento, y por otro, mejorar la seguridad de las intervenciones educativas, preventivas y de asistencia médica que se les realizan, con el fin de prevenir casos de embarazos no deseados y los desenlaces negativos que pueden darse con esta práctica. Además, como se señaló al inicio, también queda abierta la cuestión acerca de diseñar el mejor procedimiento político para tomar decisiones en asuntos altamente complejos como el del aborto consentido. Finalmente, y a pesar de los desacuerdos, un punto de acuerdo debe estar en la necesidad de reconocer la importancia de la formación, información y acompañamiento a la mujer. Para esto pueden tomarse experiencias exitosas de otros países que puedan replicarse en Colombia. Así, aunque subsistan los desacuerdos y, a pesar de la incertidumbre que abre esta decisión judicial, será fundamental garantizar el apoyo a la mujer e hijo que afrontan esta situación.

 

Conclusiones Webinar Producción de Vacunas en Colombia

Conclusiones Webinar Producción de Vacunas en Colombia

Los retos y oportunidades de la producción de vacunas contra el Covid-19 en Colombia

Tras dos años de pandemia, cerca de 450 millones de contagios y más de seis millones de muertes en el mundo, el COVID-19 puso a prueba la capacidad y la agilidad de la industria farmacéutica a nivel global para el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas.

En este sentido, los diferentes aportes recogidos en el pasado webinar realizado desde INNOS, comprenden los avances, logros y desafíos de la producción de vacunas en Colombia teniendo en cuenta la coyuntura electoral del país; con el objetivo de atraer la atención de los diferentes candidatos presidenciales y sus equipos programáticos sobre este tema que ha sido y continuará siendo fundamental en la agenda de salud.

El director general de INNOS, Carlos Felipe Escobar, planteó que este contexto generó retos inmensos para todos los frentes involucrados, pero al tiempo significó grandes logros por la respuesta que se le dio a la humanidad para atender de forma oportuna y efectiva la crisis.

En ese sentido, Carlos Felipe Escobar invitó a reconocer los avances y desafíos que la industria ha enfrentado en el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y producción de vacunas, una tarea que involucra a todas las partes en la búsqueda de que se asegura un acceso a la salud más equitativo y con calidad, que en el caso de países como Colombia facilite la llegada y el desarrollo de la innovación.

La estrategia para el desarrollo y la producción local de vacunas

Diana Calderón, asesora de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, expuso los avances de la estrategia para el desarrollo y la producción local de vacunas que lidera dicho despacho. En su concepto este es un proyecto necesario para que el país pueda transitar los pasos que se requieren para volver a producir biológicos. Esta implica la articulación de tres actores: la industria, el Gobierno y la academia, en la que todos los esfuerzos deben ir encaminados hacia una meta común: lograr una visión de seguridad y soberanía sanitaria.

Las metas de la estrategia son que Colombia cuente con infraestructura para hacer el llenado y el terminado de vacunas, que produzca sus propios biológicos mediante transferencia tecnológica y que posea las unidades de investigación, desarrollo e innovación necesarias para este propósito.

Para ello se ha propuesto la creación de una comisión intersectorial para el desarrollo y la producción de tecnologías estratégicas en salud que sirva de sombrilla para que más tecnologías de este tipo tengan la estructura de gobernanza desde la cual se imparten las instrucciones para que tengan vida y un buen trasegar, y que el país obtenga lo que requiere en el marco de la seguridad y soberanía sanitaria.

También se elaborará un CONPES de seguridad sanitaria, con el concurso del Departamento Nacional de Planeación, que sea el soporte que impulse todos los proyectos asociados de los cuales den línea los ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La estrategia recoge algunas preguntas clave que orientarán las acciones a desarrollar, tales como ¿qué vacunas se deben priorizar?, ¿Colombia se debe especializar en desarrollo y producción de alguna tecnología en particular?, o ¿qué capacidades debe fomentar el Gobierno?, entre otras.

Dos ejemplos de la capacidad nacional

Vecol y VaxThera, compañías colombianas enfocadas en la producción y el desarrollo de vacunas, expusieron cada una sus capacidades para este objetivo.

Juan Aurelio Moncada, presidente de Vecol, y Zulma Suárez, directora de Investigación y Desarrollo, comentaron que la compañía cuenta con las competencias técnicas para producir la vacuna antirrábica humana (de la cual recibió la autorización en 1999) y otros biológicos de bacterias toxoides para soporte del Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI–, así como la capacidad regulatoria para gestionar las transferencias tecnológicas que permitan la producción de nuevas vacunas en el país.

La infraestructura actual con la que cuenta la empresa les permite producir también la vacuna antiaftosa, en cantidades hasta de 52 millones de dosis anuales, y su larga trayectoria en bioprocesos, formulación de vacunas y control de calidad y productos farmacéuticos avalan su experiencia en este campo.

Por su parte, Jorge Emilio Osorio, presidente y fundador de VaxThera, comentó que dirige una empresa colombiana de investigación y desarrollo de biológicos para la prevención y tratamiento de enfermedades que instalará su planta de producción de 35 mil metros cuadrados en el Oriente de Antioquia. Ya tienen licencia de urbanismo y diseño arquitectónico, y esperan ponerla en funcionamiento en 2023.

Su objetivo es contribuir a la independencia de biológicos y garantizar la seguridad sanitaria en Latinoamérica. Esta es una iniciativa privada que en su primera fase considera una inversión proyectada de 54 millones de dólares con el respaldo de Seguros Sura, una empresa sólida y confiable que tiene presencia en once países de la región.

Para cumplir este sueño de tener vacunas en el medio local, Osorio indicó que el apoyo del Gobierno nacional ha sido clave, a través del ecosistema conformado por los ministerios de Salud; de Comercio, Industria y Turismo, y de Ciencia, Tecnología e Investigación.

VaxThera tiene como propósito el desarrollo de la vacuna universal contra el COVID-19, que está en fase preclínica con resultados positivos hasta el momento, y están empezando con la generación de lotes clínicos. Este año el directivo prevé que se realicen los estudios de las fases 1, 2 y 2, para buscar la aprobación del biológico en 2023. Además, continuarán en el proceso de elaboración de vacunas contra el dengue, el zika, el chikungunya, y la fiebre amarilla.

Trabajo previo

Yaneth Giha, presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia –Afidro–, dejó algunos mensajes clave respecto al tema en discusión.

El principal es que Colombia cuenta con capacidades y experiencias adquiridas previamente que sirven como base para la producción y el desarrollo de vacunas. Sostiene que el foco debe estar en fortalecerlas luego de tener muy claros los objetivos que se pretenden alcanzar.

La investigación es una de las capacidades más sólidas. Con 884 grupos de investigación –de un total de 5.207 que son reconocidos en el país– y 2.903 investigadores en las áreas de las ciencias médicas y la salud, es posible conseguir los propósitos deseados.

Hay experiencias y modelos implementados en otros países que pueden ser adaptados al plano local y retomar los casos de éxito que puedan ayudar a construir capacidades con mayor rapidez. Estos han sido fruto de visiones sólidas a largo plazo con enfoque en investigación y generación de conocimiento que vale la pena replicar.

Otro mensaje que compartió Giha es que el trabajo colaborativo es clave para avanzar. La ciencia es de alianzas, dijo, y cuando hay unión se hace la diferencia. Su llamado es a pasar a la acción y centrarse en los elementos esenciales que se requieren para trabajar en innovación y atraer y desarrollar transferencia de tecnología.

Eso se logra a través de facilitadores como la institucionalidad, la investigación, el capital humano, la infraestructura, la sofisticación del mercado y la Propiedad Intelectual, que contrario a lo que algunos mencionan es una facilitadora y no una barrera en la apropiación del conocimiento.

Al final, la directiva resaltó que el respeto de los estándares internacionales y las buenas prácticas permitirá contar una investigación que conduzca al desarrollo de mejores productos, que redunde en beneficios para la salud de las personas y en la promoción del país como un destino fértil en esta materia.

¿Cómo avanza la hoja de ruta para la producción de vacunas?

Felipe Guillén, líder del Centro de Investigaciones Clínicas y Trasnacional del Minciencias, explicó en qué va la hoja de ruta de la fase 3 de investigación y desarrollo para la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias. Antes explicó que la fase 1 consistió en el proceso de terminado y envasado; la fase 2 de producción local de vacunas desarrolladas por fuera del país y la fase 3 se remite al desarrollo de nuevas vacunas.

Las tres tienen una articulación intersectorial en el que entra a actuar la comisión de la cual habló en la intervención inicial Diana Calderón, de Minsalud, que se encarga de la toma de decisiones y requiere de una capacidad importante en diferentes aspectos para poder que los productos que se dispongan en el mercado tengan un efecto directo en la salud humana.

Las fases 1 y 2 estaban en cabeza del Minsalud y otras instituciones que acompañan a esa entidad, y la 3, que absorberá a las dos iniciales, la lidera el Minciencias, ya que para el proceso de tener disponible las vacunas y las tecnologías sanitarias en el mercado se necesita del apoyo de investigación y desarrollo, razón por la cual la Misión Internacional de Sabios le recomendó fortalecer esas áreas.

Dicho fortalecimiento comprende recursos financieros, infraestructura y tecnología, talento humano y especialización, políticas públicas, regulación y propiedad intelectual, y alianzas estratégicas.

Lo anterior está enmarcado en cinco líneas estratégicas: descubrimiento, preclínica, clínica, regulatorio y monitoreo, en un proceso clásico donde se relacionan con un esquema que comprende el ciclo de vida; actividades, planes y programas; manufactura y comercio; construcción de capacidades y asesoramiento, y perspectiva.

Para concluir, resulta pertinente recalcar la importancia de la seguridad sanitaria en el país centrándose en los temas de la producción local de vacunas como punto clave en la salud de los colombianos. De este modo, se plantea entonces la necesidad de trabajar en es este frente y construir nuevas iniciativas por parte de los diferentes actores del sistema de salud en colaboración con los agentes de Ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades identificadas que contribuyan a la garantía de los derechos de los colombianos y así mismo ha ser reconocido como un actor influyente en Latinoamérica en temas de producción de vacunas y medicamentos esenciales.

Preguntas para los candidatos

¿Qué iniciativas propone su agenda en materia de seguridad sanitaria?

¿De qué manera pretende incentivar a los diferentes sectores participantes en la producción local de vacunas en Colombia?

¿Cómo impulsaría el liderazgo regional de Colombia como productor de vacunas?

¿En qué aspectos considera que existe un déficit para los procesos que implican la producción local de vacunas?  ¿Cómo lo afrontaría?

Economía circular en salud, una oportunidad para la agenda del próximo gobierno

Economía circular en salud, una oportunidad para la agenda del próximo gobierno

En el marco de las discusiones sobre las actuales oportunidades y desafíos de Economía circular en el país, el Instituto de Prospectiva e Innovación de Salud (INNOS), realizó el webinar Economía circular en salud que contó con la participación del Doctor Carlos Felipe Escobar, director de INNOS, quien realizó una introducción al concepto de circularidad y expuso algunos datos actuales que afectan la sostenibilidad en el sector. Así mismo, Carolina Montes, investigadora de la Universidad Externado de Colombia, en su intervención, expuso los diferentes instrumentos en los se plantea la Economía circular en la jurisdicción colombiana. Finalizando, Valentina Guevara, gerente general de Circle Core y Carlos Pinillos, gerente regional de Emporium Partners, expusieron las diferentes oportunidades de la circularidad en Colombia y plantearon algunos desafíos que, desde su experiencia profesional, se han detectado en el sector salud en Colombia.

En este espacio, los diferentes expertos en las áreas de salud, economía e innovación, compartieron sus puntos de vista acerca de circularidad y establecieron la importancia de la Economía circular en el sector salud teniendo en cuenta el contexto electoral en el que se encuentra el país. De este modo, la discusión inicia a partir de la idea de que los diferentes actores del sistema de salud y en particular aquellos que se encuentran en el proceso de construcción de políticas públicas, tienen un rol fundamental para entender el contexto y los desafíos que implica la sostenibilidad e innovación del sistema.

Así pues, se entiende el concepto de Economía circular como el modelo económico a partir del cual se atiende a los desafíos de la eficiencia del uso de materiales, el uso de agua y energía, los precios elevados de productos básicos, residuos, impacto ambiental, conciencia del sobreuso de la tierra y escasez de recursos. En términos generales, aquellos hitos importantes que traen consigo beneficios económicos, ambientales y sociales a nivel global. Dichas demandas son evaluadas desde los principios de la circularidad con el objetivo de brindar y dar mayor atención a las oportunidades en el marco de gestión.

La Economía circular presenta entonces un enfoque de restaurar y regenerar relativamente nuevo, aún más en el sistema de salud y la formación de los profesionales en salud que implica la búsqueda de nuevas herramientas capaces de contrarrestar las barreras que a lo largo del tiempo han obstaculizado la circularidad en el sector. A continuación, expondremos un numero de paradigmas que la Economía circular ha ido revaluando a partir de demostraciones y metodologías efectiva de reúso, restauración y reciclaje:

En primer lugar, en los sistemas de salud se tiene una mentalidad de uso único: es más seguro tirar los dispositivos médicos una vez utilizados. La percepción es que, si tiramos los dispositivos usados, reducimos el riesgo de infección: cuanto menos reutilicemos, más seguro será. En este momento una gran cantidad de dispositivos están siendo ya diseñados bajo directrices de ecodiseño y reutilización. La FDA (Invima USA) ha aprobado prácticas de reutilización para el 45% de los dispositivos registrados. Para el año 2030 el 90% de los dispositivos de clase 1 y 2 contendrán instrucciones y procedimiento de reúso estandarizados y aceptados por las entidades regulatorias y los fabricantes originales.

En segundo lugar, es difícil reutilizar los dispositivos. Hay que recogerlos, transportarlos, limpiarlos, probarlos y, a veces, esterilizarlos antes de reutilizarlos. Es mucho más fácil tirar el dispositivo después de un solo uso y coger otro. Las logísticas inversas y de recuperación están garantizando la optimización de recursos y la coordinación entre la frecuencia de uso y disposición final, reintegrando en lo posible materiales al fabricante original, directamente en sus cadenas de suministro ya sea como materia prima o producto terminado-recuperado.

En tercer lugar, muchos dispositivos son tan baratos y la inversión necesaria para su reutilización es tan alta que no es económicamente rentable dedicarse a la reutilización. El bajo costo de los dispositivos en la actualidad es prácticamente inviable por la escasez exponencial de materias primas y por la laxitud de distintas regulaciones, que no promueven la reutilización y reparación o el reprocesamiento, término establecido en el argot médico cuando hablamos de reutilización. La obligación de almacenar repuestos y garantizar un flujo constante de partes y componentes para el recambio, impactará en los costos de producción y llevará a los fabricantes a repensar sus modelos de distribución y segmentos de clientes.

En cuarto lugar, la industria que fabrica los dispositivos ha descubierto que el uso único significa que el hospital compra más, por lo que, al diseñar los dispositivos para un solo uso, el fabricante maximiza sus beneficios. Los fabricantes se encuentran hoy en día en una encrucijada ya que las cadenas de suministro no han podido maximizar sus utilidades y producir siempre desde cero encarece mucho sus costos. Un cuerpo de regulaciones adoptadas a nivel internacional, tales como la taxonomía EU, la ley de la cadena de suministro en países como Alemania o la incorporación de ciclos de vida de uso a la responsabilidad extendida del productor, son factores definitivos que cambiarán el modelo de vender siempre nuevo, disminuyendo la producción unitaria de productos.

Lo anterior, evidencia el gran impacto ambiental que tiene el sector salud y los posibles cambios de paradigma que propone la Economía circular. A nivel global, las cifras señalan que el 4,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector, porcentaje del cual además se registra que el 65% es a causa de la producción de dispositivos médicos. Algunos otros datos resaltan:

  • En Estados Unidos, 614.000 decesos fueron causados por la polución de la industria médica (años de vida ajustados por discapacidad).
  • En 2018, compañías de reacondicionamiento redujeron 7100 toneladas de residuo traducidas en el ahorro de 420 millones dólares.
  • Los hospitales producen 13Kg de residuos por cama diarios, del 15 al 25% son materiales peligrosos.

 

Economía circular en Colombia

Por su parte, a nivel nacional, la regulación colombiana ha evidenciado la creación de múltiples instrumentos en los cuales las dinámicas de la circularidad han generado iniciativas significativas para el país. En el año 1997, por primera vez se estableció la Política de Gestión Integral de Residuos a partir de la cual se definió el cambio drástico del modelo de prestación de servicio de aseo y gestión de residuos, dando además una nueva posibilidad de negocio para recicladores bajo el Principio Internacional de Responsabilidad extendida del productor, limitada a residuos peligrosos.

Posteriormente, en el año 2016 se publicaría sin lugar a duda, el instrumento más relevante sobre el tema en el cual apareció por primera vez el concepto de Economía circular, el documento CONPES 3874/16, fortalecido además por la Política RAEE en 2017.

Finalmente, bajo este contexto normativo en el año 2019, se generó una nueva estrategia de Economía circular con el objetivo de identificar motores de impulso, analizar el metabolismo de los principales flujos de materiales, agua y energía utilizados en la economía colombiana; y plantear mecanismos que facilitaran la transformación productiva. A partir de esto se desarrolla que el modelo de Economía circular en Colombia debe priorizar los materiales y no los sectores, garantizando esta circularidad de los residuos orgánicos, peligrosos y de gestión diferenciada.

 

Modelos e iniciativas

Entendiendo que en Colombia muchos de los agentes componentes de la circularidad aún se encuentran en fases tempranas, se propone un cambio de paradigma que compone cinco modelos de negocio:

Valorización de residuos: entender el principio de que los residuos tienen un valor. Se compone de dos iniciativas:

  1. Valorización energética en cadenas de incineración de residuos con riesgo biológico.
  2. Valorización energética de residuos orgánicos (metalización seca, compostaje).

Un concepto importante bajo este aspecto es la revalorización de materiales o el Upcycling. La alternativa aquí es explorar cómo sin degradar el material podemos aumentar su valor y funcionalidad.

Suministros circulares: a partir de la sustitución de suministros se pretende garantizar la incorporación de energías alternativas, principios de reúso del agua, eco-diseño que permita establecer una ruta en la cual se llegue a la reutilización o reacondicionamiento de los recursos. De otra manera, los resultados podrían ser ineficientes sino se piensa desde el inicio dicha ruta de acción.

  1. Materiales de construcción – Energías renovables.
  2. Adquisiciones ecoeficientes y circulares – Depuración y recuperación de aguas residuales.
  3. Captación y almacenamiento de aguas pluviales “in situ”.

Productos como servicios: repensar el acceso a los productos ya no como clientes de renta de modelo de productos por servicio sino como generador de un modelo de productos por servicio (pasar de propietario a usuario).

  1. Alquiler / renting de equipos.
  2. Uso compartido e intercambio de equipo en instalaciones.
  3. Centrales de compra compartidos con multiproveedores.

Plataformas colaborativas: garantizar el intercambio del uso de los productos compartiendo empleo, acceso y propiedad. Materiales funcionales que requieren pensar colaborativamente para darles mayor uso garantizando que se mantenga dentro del ciclo productivo.

  1. Uso compartido de equipos y recursos médicos entre instituciones prestadoras y usuarios del sistema de salud.

Extensión de vida útil: ampliar el ciclo de vida por medio de la reparación, actualización, re manufactura o re comercialización de productos.

  1. Lograr que el equipo biomédico a través de mantenimiento predictivo dure mas distribuyéndolo a un segundo usuario.
  2. La extensión de vida útil garantiza el fortalecimiento de las capacidades instaladas en reparación, remanufactura y reutilización. Es importante que los dispositivos intervenidos puedan ser mantenidos y/o reparados localmente, impidiendo el retorno a las casas matrices para su tratamiento.

Ahora bien, este modelo de circularidad se define por un sinnúmero de ventajas y desafíos entre los que se plantean como esenciales el uso de la innovación, ciencia y tecnología en el proceso de búsqueda de una mejor distribución cantidad/calidad para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad desde la logística de recuperación y logística inversa.

En este sentido es primordial entender como en una cadena de suministro se conectan los diferentes procesos de producción, almacenamiento y distribución de dispositivos médicos mediante un enfoque de gestión de suministros, convirtiendo esas cadenas de suministros en cadenas de valor. Es decir, categorizando el concepto de Economía circular en gestión de valor. Precisamente, en lo que respecta a la gestión tecnológica en salud desde la circularidad se pretende lograr dicho objetivo mediante la descarbonización de la industria de los dispositivos médicos. De este modo, lo más importante es entender que la manera en como se busca cerrar esa brecha tecnológica tiene que enfocarse no en utilizar productos de segunda, sino en viabilizar las compras ecoeficientes de los agentes de salud y tener un enfoque de modernización.

Esta descarbonización impulsaría definitivamente proyectos de colaboración para el ensamblaje y la producción local de dispositivos de diferentes complejidades. El nearshoring (traslado de estaciones de producción cercanas a los usuarios finales) como estrategia para la instalación de centros de innovación y producción cercanos a los usuarios finales, podría ser una alternativa que beneficie a los diferentes grupos de interés. Además, la descarbonización impactará positivamente los costos de producción para los fabricantes, disminuyendo sus dependencias de materias primas, lo cual también beneficiaria al cubrimiento de los sistemas de salud, con tecnologías y tratamientos de punta para las poblaciones más escazas de recursos.

Recomendaciones

Resulta pertinente cambiar el esquema de adquisición tecnológica de los hospitales partiendo de la planeación estratégica que establezca la complementariedad entre la planeación a corto, mediano y largo plazo de la empresa con respecto a su nivel de servicio pronosticado y su posicionamiento en el mercado.

Para una transformación se debe generar un paquete de desincentivos con el objetivo de desestimular algunos patrones de consumo e incentivos para generar la responsabilidad extendida del productor como mecanismo para eliminar el consumo o producción irresponsable.

Construcción de infraestructura y capacitación de personal que pueda agruparse a partir de los parques ambientales y tecnológicos que garanticen investigación a temas como la valorización de residuos provenientes de dispositivos médicos.

Concluimos con algunas reflexiones para los actuales candidatos a la presidencia de Colombia:

¿De qué manera incorporaría la sostenibilidad en el sector salud?

¿Cómo disminuiría la huella ambiental que produce anualmente el sector salud?

¿De que manera podría mitigar el impacto ambiental, económico y social que las barreras del sector salud aún posee en términos de circularidad?

¿Qué iniciativas establecería para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en circulación durante el mayor tiempo posible?

¿Qué incentivos ofrecería a los proyectos de Tecnología, Ciencia e Innovación en Salud bajo el enfoque de Economía circular?

¿Cómo promovería a Colombia como un centro mundialmente reconocido y avalado de remanufactura tecnológica para dispositivos médicos?

Conozca el webinar sobre Economia Circular en Salud del pasado 17 febrero

Webinar «Economía Circular en Salud»

Entre ajustes, correcciones y reformas estructurales ¿Cómo construir un mejor sistema de salud para el contexto actual?

Entre ajustes, correcciones y reformas estructurales ¿Cómo construir un mejor sistema de salud para el contexto actual?

Las modificaciones y reformas al sistema de salud colombiano se han convertido en uno de los temas que concentra el interés del debate electoral en curso. En días recientes, algunos de los precandidatos que aspiran ocupar la presidencia, hicieron públicas sus propuestas para abordar los desafíos que actualmente enfrenta el sector. Como resultado de este ejercicio, surgieron varias controversias que permiten vislumbrar el horizonte de acción que dichos precandidatos proyectan y reconocer las principales similitudes y matices entre cada uno de sus planteamientos.

En primer lugar, cabe señalar que las diferentes propuestas contienen puntos convergentes y divergentes. Para la mayoría, por ejemplo, es clara la necesidad de emprender acciones que dignifiquen la labor del talento humano en salud: un sector que se vio particularmente golpeado durante la pandemia, pero que desde hace largo tiempo viene mostrando señales de un deterioro en sus condiciones laborales. Así mismo, todos parecen coincidir en la necesidad de fortalecer los mecanismos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; asegurar el flujo de recursos para sanear la deuda histórica con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS); y tomar medidas concretas para garantizar la oferta de atención en lugares tradicionalmente aislados, lo cual supone, además, la construcción de nueva infraestructura pública y el mejoramiento de la existente en las distintas regiones del país. Desde luego, la existencia de estos puntos en común marca un ambicioso horizonte de acción que podría orientar la dirección de los cambios y las reformas que requiere el sistema de salud.

Ahora bien, cuando se observan los medios propuestos para alcanzar tales propósitos, se reconoce la concurrencia de estrategias distintas. Es justo allí donde emergen las principales divergencias. Para Alejandro Gaviria, por ejemplo, la arquitectura del sistema actual brinda cobertura bajo un esquema solidario que, por un lado, ofrece atención médica a la población más vulnerable a través del régimen subsidiado, y por el otro, garantiza la protección financiera de los usuarios con enfermedades de alto costo. Para Gaviria, la ley 100 consiguió que se aumentara el gasto público en salud y la inversión privada, y condujo a que se redujera la brecha social en el acceso a los servicios. Aunque reconoce problemas persistentes en materia de financiamiento, corrupción y pérdida de legitimidad, sus propuestas se orientan más al fortalecimiento de los mecanismos contemplados en el sistema, al ensanchamiento de la red pública, a la reducción de costos a través del fomento de la producción local de biosimilares y la regulación de precios de los medicamentos.

En la misma línea, candidatos como Oscar Ivan Zuluaga y Sergio Fajardo, plantean la necesidad de acometer modificaciones y ajustes enmarcados en las reglas y los lineamientos establecidos por el sistema de salud vigente. Zuluaga, por ejemplo, ha indicado que resulta urgente mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, aunque no ha sido explícito en propuestas que expliquen cómo hacerlo. Fajardo, entretanto, ha puesto el énfasis de su propuesta en mejorar la articulación de los actores que concurren actualmente en el sistema, destacando la necesidad de que el aseguramiento esté acompañado por una rectoría fortalecida a nivel nacional y local; también propone transitar hacía un modelo con enfoque territorial, que permita una mejor organización de las secretarías, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las IPS.

Por su parte, Gustavo Petro ha mostrado una postura que se distancia de las propuestas mencionadas. El precandidato del Pacto Histórico ha insistido en la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud, que elimine o reduzca sustancialmente la función que actualmente tienen las EPS. Para Petro, resulta mucho más conveniente construir un modelo preventivo y predictivo universal financiado con recursos públicos, dentro del cual las aseguradoras asuman la tarea de ofrecer pólizas a los pacientes de alto costo. Según ha manifestado, las EPS han hecho un mal manejo -incluso corrupto- de los recursos financieros del sistema, y han sido ineficientes en la transferencia de esos recursos a las IPS.

¿Cuál es el panorama al que se enfrentan los precandidatos?

Las convergencias y divergencias mencionadas sugieren que el debate alrededor de los cambios que requiere el sistema de salud colombiano está lejos de agotarse. Incluso, podría afirmarse que esta discusión trasciende la coyuntura del debate electoral actual, lo cual hace necesario información y evidencia suficientes que permitan valorar si las propuestas de los candidatos resultan coherentes con los avances y problemáticas del sistema. Por ejemplo: hoy el sistema de salud cubre a un poco más de 50 millones de personas, de los cuales, 24 millones hacen parte del régimen subsidiado y 24,6 del régimen contributivo; existe un plan de beneficios unificado que cubre un portafolio amplio de tecnologías y procedimientos, gracias al cual los usuarios gozan de protección financiera frente a enfermedades catastróficas y de alto costo. Así mismo, se estima que en la actualidad el porcentaje de gasto de bolsillo frente al total del gasto en salud en Colombia está alrededor del 15 %, casi la mitad del promedio de América Latina y el Caribe.

Ahora bien, también es patente que el sistema ha mostrado numerosos problemas, muchos de los cuales han sido atribuidos a la arquitectura dispuesta por el legislador en la ley 100 de 1993. Muchas EPS, por ejemplo, no han logrado realizar un manejo adecuado de los recursos fiscales y parafiscales, lo cual ha derivado en sonados casos de corrupción, en la liquidación de varias de ellas, y en una deuda con las IPS (públicas y privadas) que, según varios cálculos, supera los 20 billones de pesos. Así mismo, el modelo de libre elección y subsidio a la demanda ha provocado una concentración de los servicios en los lugares más densamente poblados, generando una desprotección de los territorios aislados y de las poblaciones dispersas y más vulnerables. Así mismo, persisten barreras de acceso a tecnologías y procedimientos incluidos en el plan de beneficios que le corresponde cubrir a las EPS con el dinero que reciben por sus afiliados (la UPC), y existen deficiencias en la oportunidad para acceder a los servicios dentro de un tiempo que resulte prudente. Ciertamente, estos hechos van en contravía del principio que establece la salud como un derecho y desdibuja muchos de los logros alcanzados por el sistema de salud en los últimos 30 años.

Estos contrastes exigen un análisis riguroso que considere el estado actual del sistema de salud, sus principales desafíos y sus logros más destacados. De entrada, se podría afirmar que las propuestas de los precandidatos a la presidencia deberían partir de reconocer este escenario delineado por claroscuros, buscando con ello identificar alternativas concretas y viables que le permitan a los colombianos contar con el mejor sistema de salud posible. Es comprensible que todas estas propuestas suponen el despliegue de posturas ideológicas, muy propias del debate público y político; sin embargo, más allá de las diferencias que le son inherentes a la contienda electoral, sería deseable la búsqueda de convergencias y acuerdos que permitan establecer horizontes claros, puntuales, posibles y evaluables en el tiempo. Cualquier cambio, ya sea cosmético o estructural, debe considerar las particularidades territoriales, demográficas y financieras del país; así mismo, debe hacerse en el marco de las reglas y normativas vigentes y contando con la concurrencia de los diversos actores que actualmente configuran el sector salud. Ciertamente, los últimos 30 años han dejado enormes enseñanzas y han permitido el planteamiento de nuevos desafíos, los cuales deberían ser reconocidos como punto de partida para pensar las transformaciones que requiere el sistema. No hay que olvidar que los sistemas de salud operan en contextos dinámicos, moldeados por las transiciones demográficas y epidemiológicas, la innovación tecnológica y las demandas crecientes de la población, entre otros; ello supone, por un lado, que dichos sistemas deben ser capaces de atender las problemáticas estructurales, pero también, de adaptarse a las necesidades de un entorno cambiante.

Ante ese desafío, vale la pena plantearle a los precandidatos algunos interrogantes, que pueden servir como punto de partida para pensar el futuro del sistema de salud colombiano. Por ejemplo: ¿Es posible mantener el principio de solidaridad y la protección financiera sin la presencia de aseguradores? ¿Tiene el Estado la capacidad técnica y administrativa de asumir las funciones que hoy desempeñan las EPS? ¿Es posible pensar la corrupción como un problema exclusivo del sector público o privado? ¿Existen mecanismos concretos que permitan optimizar los recursos disponibles o aumentarlos para hacer un uso más eficiente? Estas preguntas no tienen una respuesta única y sencilla, sin embargo, pueden servir de punto de partida para enriquecer y orientar el debate alrededor de los cambios y reformas que necesita el sistema de salud colombiano.