La propiedad intelectuales la base sobre la cual se construyen ecosistemas sólidos de innovación en salud. Proteger las ideas no solo resguarda el conocimiento, sino que permite que las soluciones crezcan, se escalen y se integren a redes globales. En un entorno donde los desafíos sanitarios son cada vez más complejos, la gestión estratégica de la propiedad intelectual se convierte en una herramienta clave para garantizar que las innovaciones generadas en América Latina puedan trascender fronteras y generar impacto real en los sistemas de salud y en la vida de las personas.
En este contexto,Latam Health Champions (LHC)es la iniciativa impulsada por FIFARMA e INNOS que conecta a los innovadores de la región con las oportunidades necesarias para escalar sus soluciones y fortalecer la creación de ecosistemas dinámicos y sostenibles.
El próximo 11 de septiembre se llevará a cabo el lanzamiento oficial de Latam Health Champions 2026, una convocatoria regional que busca identificar, visibilizar y acompañar las soluciones más prometedoras en salud. En esta edición, la propiedad intelectual se consolida como el eje estratégico para proteger el conocimiento, fortalecer los ecosistemas de innovación y llevar las ideas más lejos.
Latam Health Champions 2026 está dirigida a startups, PYMEs/SMEs, universidades, centros de investigación, industrias farmacéuticas y actores del ecosistema de innovación en salud que cuenten con soluciones innovadoras y con una estrategia clara de propiedad intelectual. La convocatoria se enfoca en impulsar proyectos que combinen ciencia, tecnología y creatividad para generar un impacto sostenible en la sociedad y los sistemas de salud de la región.
El comité evaluará las propuestas con base en cuatro criterios principales: el grado de innovación del producto, servicio o modelo; la gestión de la propiedad intelectual y su estrategia de protección; el nivel de madurez hacia el mercado; y el impacto potencial o real de la solución en las comunidades. Los proyectos seleccionados no solo recibirán mentorías especializadas, sino que también accederán a espacios de visibilidad, networking y conexión con el ecosistema global de innovación.
En sus dos ediciones anteriores, Latam Health Champions ha consolidado una comunidad basada en un ecosistema dinámico y ha visibilizado proyectos con impacto real. Más de 230 soluciones se han postulado, representando a 11 países de la región. En total, 11 iniciativas ganadoras han sido seleccionadas por su potencial de transformar la salud, combinando ciencia, tecnología, creatividad y propiedad intelectual. Además, los ganadores de 2024 y 2025 participaron en la Misión Boston, una experiencia única donde visitaron instituciones de referencia global como MIT, Harvard y Broad Institute, y conectaron con líderes internacionales y potenciales aliados estratégicos.
Ser parte de LHC 2026 significa acceder a visibilidad regional y global a través de informes, medios y plataformas digitales, participar en mentorías personalizadas sobre propiedad intelectual y escalamiento, y establecer conexiones con redes internacionales que pueden abrir nuevas oportunidades para hacer crecer cada proyecto. La convocatoria es también una puerta de entrada para interactuar con uno de los ecosistemas de innovación en salud más importantes del mundo.
Con esta nueva edición, Latam Health Champions reafirma su compromiso con la innovación responsable y sostenible, promoviendo un entorno donde las ideas se protegen, las soluciones crecen y el talento de América Latina se conecta con el mundo. Las postulaciones estarán abiertas desde el 11 de septiembre de 2025 hasta el 16 de febrero de 2026. Si tienes una solución que puede transformar la salud, esta es tu oportunidad de llevarla al siguiente nivel.
Entender los desafíos actuales y proyectar las respuestas futuras.
Las transformaciones tecnológicas y las nuevas herramientas digitales constituyen, al mismo tiempo, recursos muy valiosos para fortalecer la atención en salud y, un gran reto para el talento humano en todas las áreas del conocimiento y la industria.
Por ello, han surgido nuevos modelos pedagógicos se están enriqueciendo a partir de estas nuevas tecnologías. Su integración fluida y armónica plantea el reto, por una parte, de adquirir competencias para interactuar de forma más integrada y eficaz con las herramientas disponibles y en constante evolución, y, por otra parte, un panorama novedoso que abre posibilidades hasta ahora ilimitadas, para avanzar en la formación técnica y profesional en todas las áreas, ampliando el acceso y la calidad de la educación.
Instancias globales como el Foro Económico Mundial, que desarrolló en 2020 una nueva plataforma denominada Reskilling Revolution, cuyo objetivo es brindar mejor educación, nuevas habilidades y mejor trabajo a mil millones de personas en todo el mundo para 2030; han abordado estos desafíos para enfocar esfuerzos y recursos en la renovación de capacidades, técnicas y conocimientos necesarios para lograr su uso adecuado y pertinente.
Para analizar el contexto actual y profundizar en la comprensión de los próximos escenarios, dialogamos con el Dr. Luis Carlos Ortiz Monsalve, experto colombiano en formación del talento humano en salud, quien nos explica que la IA y las tecnologías emergentes están transformando la formación, pero al mismo tiempo, que existe preocupación por su impacto en la humanización de la atención. “El reto es hacer que la tecnología apoye, no reemplace, la interacción humana”. Las innovaciones en la formación del talento humano en salud no solo abarcan las nuevas tecnologías, sino que enfrentan tensiones en los modelos pedagógicos. Una de estas tensiones es la que se plantean en las facultades de la salud, con respecto al contacto temprano de estudiantes con pacientes vs. las simulaciones clínicas para proteger derechos y seguridad.
Coincide en este análisis el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la Escuela Colombiana de Medicina, Universidad El Bosque; quien precisa que la incorporación de nuevas tecnologías implica la formación de los profesionales de la salud no solamente en su utilización, como usuarios finales de una herramienta o de un dispositivo, sino que sean participantes directos de la creación de las nuevas tecnologías, en su programación y en el diseño de procesos y procedimientos relacionados con su campo específico. Esto incluye la simulación clínica, como herramienta central en todos los procesos de educación en salud.
Sin lugar a dudas, este llamado abarca también a la fuerza laboral, profesional, técnica, auxiliar y especializada del campo de la salud. Las innovaciones tecnológicas exigen que los conocimientos del personal sanitario también avancen para conseguir el máximo provecho de las herramientas novedosas que, cada vez más, están disponibles, en múltiples áreas y especialidades médicas.
En este episodio del podcast Territorios de Innovación en Salud, hacemos una reflexión sobre el impacto actual y futuro de la incorporación de nuevas tecnologías a la atención sanitaria, en todos los niveles y desde el proceso mismo de formación. Acompáñanos a escuchar sus interesantes aportes que aportan pautas valiosas para los próximos años y para las entidades formadoras de quienes se dedican al cuidado de la salud en nuestro país y en el mundo. Encuentra nuestro podcast en este enlace.
En el marco del 31° Congreso Institucional de Investigación de la Universidad El Bosque, celebrado durante el Festival CTeI Reconocernos 2025, el Lab IAx abrió un espacio para reflexionar sobre el papel que juegan los datos, la inteligencia artificial y la genómica en la transformación de la investigación clínica. La charla, titulada “AWS Genómica e Inteligencia Artificial: nuevas fronteras de la investigación clínica”, estuvo a cargo de Gustavo Martínez Casanova, Healthcare Specialist for LATAM en Amazon Web Services (AWS), y reunió a grupos de ciencias de la salud y áreas clínicas de la Universidad.
La conversación abordó un desafío urgente: ¿cómo aprovechar la información que generamos para impulsar modelos de salud más precisos, eficientes y equitativos? Según Martínez, el paciente del futuro no puede ser un receptor pasivo, sino protagonista activo de su cuidado. Sin embargo, los altos costos, la fragmentación de los sistemas y la repetición innecesaria de exámenes siguen limitando la sostenibilidad de los modelos actuales. A esto se suma una brecha crítica en los datos genómico, ya que, la mayoría proviene de Europa y Estados Unidos, lo que subraya la necesidad de generar datos propios que respondan a las realidades sociales, ambientales y genéticas de América Latina.
El panel introdujo también el concepto de medicina profunda (deep medicine), que exige integrar múltiples capas de información —biológica, clínica, tecnológica y social— para ofrecer un abordaje más personalizado y predictivo. Esta transición enfrenta tres grandes retos:
Interoperabilidad real para conectar datos hoy atrapados en silos.
Seguridad robusta que garantice la protección de la información y el cumplimiento normativo.
Acceso equitativo para que la innovación tecnológica no amplíe las brechas en salud.
Las plataformas de AWS, como HealthLake y Omics, abren nuevas posibilidades para analizar datos genómicos a gran escala, descentralizar ensayos clínicos y acelerar el desarrollo de medicamentos. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente, se requiere un marco de colaboración interdisciplinaria entre médicos, ingenieros, bioinformáticos, reguladores y líderes del sistema de salud para convertir los datos en conocimiento accionable.
La inteligencia artificial (IA) aparece como un habilitador clave para el futuro de la investigación clínica. Desde la interpretación de imágenes médicas hasta la generación automatizada de reportes, la IA y el aprendizaje automático permiten ganar precisión, eficiencia y escalabilidad. No obstante, el avance trae consigo desafíos éticos y regulatorios, como la protección de datos sensibles, la ciberseguridad —en un panorama donde los ciberataques al sector salud aumentaron un 60% interanual a nivel global— y la necesidad de marcos normativos claros, como el Habeas Data en Colombia.
Para INNOS, estos espacios son esenciales para impulsar la conversación pública sobre el ecosistema de innovación en salud y traducirla en impacto real. Nuestro propósito es producir conocimiento que incida en las políticas públicas y crear encuentros que conecten a la academia, la industria, el gobierno y la sociedad civil. La charla evidenció que la convergencia entre inteligencia artificial, genómica y datos transforma la investigación científica y abre nuevas oportunidades para garantizar un acceso equitativo a la salud, avanzar hacia una prevención más personalizada y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de atención en Colombia y América Latina.
La salud del futuro no se construye únicamente con tecnología, sino con la capacidad de convertir datos en decisiones y decisiones en equidad. El reto está en transformar la información en impacto real, generando sistemas más humanos, eficientes y sostenibles.
El 20 de agosto de 2025, la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI – reunió a líderes del sector, aseguradores, prestadores, industria y expertos internacionales para discutir un tema que hoy marca la agenda global, cómo migrar hacia modelos de salud basados en valor y estrategias de compras que prioricen resultados y experiencia del paciente. Más que revisar definiciones, las conversaciones permitieron un espacio de discusión profunda sobre hacia dónde debe avanzar Colombia para consolidar un sistema sostenible, equitativo e innovador.
El cambio de paradigma: del precio al valor
Uno de los consensos fue que el modelo tradicional, basado en negociar precios unitarios, no es suficiente para garantizar mejores resultados clínicos ni sostenibilidad financiera. Las experiencias internacionales, como el modelo MEAT de la Unión Europea o el NHS británico, muestran que el costo total del ciclo de atención —incluyendo seguimiento, interoperabilidad y experiencia del paciente— debe estar en el centro de la toma de decisiones.
El concepto de valor también se amplió, medirlo no solo es cuestión de indicadores clínicos, sino de incorporar la voz del paciente, reconocer la diversidad territorial y entender los determinantes sociales que condicionan la salud.
Compras basadas en valor: desafíos y aprendizajes
El taller dejó en evidencia que las compras basadas en valor (VBP) no son solo una estrategia de adquisición, sino una palanca para transformar el sistema de salud. Entre las principales barreras identificadas se mencionaron:
Marcos normativos rígidos que limitan la implementación de esquemas innovadores.
Infraestructura de datos insuficiente para medir resultados clínicos y de experiencia.
Desalineación entre áreas clínicas, financieras y de adquisiciones, lo que dificulta la toma de decisiones integrales.
A pesar de los retos, también se compartieron casos inspiradores. Experiencias como la del Hospital Sant Pau en España, que implementó contratos basados en resultados para marcapasos con monitoreo remoto, evidencian que estos modelos mejoran la trazabilidad del paciente y reducen las visitas innecesarias, logrando mayor eficiencia y calidad.
Datos, interoperabilidad e inteligencia artificial: piezas clave
Uno de los puntos más discutidos fue la necesidad de mejorar la calidad y gobernanza de los datos. La interoperabilidad sigue siendo un reto crítico, sobre todo en zonas rurales, y limita la capacidad de medir resultados comparables. Se presentaron ideas sobre inteligencia artificial aplicada al análisis de datos clínicos y operativos. Por ejemplo, el uso de reconocimiento de voz para medir tiempos en salas de cirugía, o plataformas que permitan capturar información en tiempo real para fortalecer la trazabilidad y evaluar resultados clínicos de manera objetiva. Colombia ya cuenta con iniciativas que demuestran el potencial de los modelos basados en valor. Entre ellas:
Compensar, que logró reducir en un 25 % las hospitalizaciones por EPOC mediante estrategias de atención integral.
Capital Salud, que implementó monitoreo remoto para pacientes con diabetes en zonas rurales, acercando la tecnología a poblaciones históricamente excluidas.
Mederi, que desarrolló un modelo cardiovascular con indicadores centrados en el beneficio real para el paciente.
Estos casos muestran que la transición hacia un sistema basado en valor no es una apuesta futura, sino una realidad en marcha. Este espacio deja abierta la conversación sobre la urgencia de articular esfuerzos entre reguladores, aseguradores, prestadores, industria y pacientes para generar un marco común que impulse la adopción de modelos de valor.
El desafío no es menor, implica diseñar métricas comparables, habilitar pilotos regulados de compras basadas en valor, invertir en interoperabilidad de datos y formar equipos clínicos y administrativos con nuevas competencias.
Este escenario deja en evidencia que no se trata de adoptar modelos internacionales “de manual”, sino de adaptarlos al contexto colombiano, teniendo en cuenta las desigualdades territoriales, las capacidades reales de los actores y, sobre todo, el impacto en la vida de los pacientes. La conversación sobre salud basada en valor ya no es opcional, demostrando que el país está comenzando a construir consensos estratégicos que conectan innovación, sostenibilidad y equidad.
El reto radica en pasar de la teoría a la práctica: transformar aprendizajes en políticas, contratos, tecnologías y métricas que reflejen lo que verdaderamente importa, el valor generado para las personas y para el sistema en su conjunto.
Desde INNOS, el HUB iEX de la Universidad El Bosque, asumimos el compromiso de impulsar conversaciones estratégicas y generar conocimiento aplicado que conecte a la academia, la industria y las instituciones de salud. Nuestro propósito es acompañar la evolución del ecosistema mediante análisis, investigación y articulación de actores, contribuyendo a que estas discusiones se traduzcan en decisiones informadas que mejoren la vida de los pacientes.
¿Qué funciones cumple la propiedad intelectual en la innovación en salud?
¿Cuál es la situación actual de nuestro país en este sector tan importante?
¿Qué desafíos y oportunidades tenemos en Colombia con respecto a la protección de la propiedad intelectual?
La propiedad intelectual en salud no solo protege a quienes investigan, desarrollan e innovan, sino que, además, promueve la creación de un entorno favorable mediante un conjunto de incentivos de orden legales, económico y de reconocimiento público; con el fin de dinamizar las transformaciones que el sistema sanitario necesita y con ello, generar soluciones reales. Las patentes para fármacos innovadores, la protección de diseños industriales para nuevos dispositivos médicos y salvaguardar los derechos de autor de desarrollos novedosos en los sistemas de información en salud; constituyen una muestra de los alcances que tiene el campo de la propiedad intelectual en salud. Según la OMPI (2023), el 65% de las patentes relacionadas con biotecnología en América Latina entre 2018 y 2022 se concentraron en áreas como terapias génicas y nanomedicina, reflejando la relevancia de la PI en tecnologías disruptivas (World Intellectual Property Organization, 2023)
Para Colombia, un país de economía media que enfrenta desafíos en términos de acceso a servicios de salud y brechas tecnológicas, el fortalecimiento del sistema de PI representa una prioridad estratégica. Un marco regulatorio sólido en materia de PI no solo incentivaría la innovación a nivel local, sino que también atraería inversiones extranjeras y facilitaría la transferencia y adopción de tecnologías avanzadas, contribuyendo así a reducir las disparidades existentes en el sistema de salud.
Las voces de los expertos.
En nuestra serie de Podcast Territorios de Innovación en Salud, la doctora Ana María Castro, abogada con posgrados en Derecho Comercial y Derecho y nuevas tecnologías de la Vida, nos explica que Colombia todavía tiene un amplio campo de oportunidades en este sector porque ha tenido históricamente, una dependencia de las innovaciones tecnológicas que se producen en el extranjero, especialmente en el desarrollo de medicamentos y de algunos dispositivos médicos.
En su concepto, los avances más significativos del país están en el desarrollo de software y aplicaciones de salud (Apps), centradas en el paciente, que viene acompañado de un crecimiento más reciente en la generación de dispositivos médicos innovadores, de los cuales ya existen procesos de protección con patentes o modelos de utilidad.
Así mismo, el experto Andrés Rincón nos proporcionó datos muy ilustrativos sobre la dinámica de la innovación en salud en el país. En su concepto, la innovación va por buen camino, al compararla con países de desarrollo similar y ha mantenido una tendencia más o menos estable, aunque con una reducción en 2024 cuando se registraron solo 1,800 solicitudes de patentes (la cifra más baja históricamente), con un 86% presentadas por no residentes en Colombia. Resaltó, por ejemplo, que una elevada proporción de las patentes solicitadas en Colombia y en Latinoamérica en el sector sanitario, provienen de personas u organizaciones no residentes (internacionales), lo cual confirma un nivel todavía alto de dependencia de las innovaciones desarrolladas por industrias que no tienen origen local.
Los dos expertos coinciden en que el ecosistema de innovación en salud en Colombia presenta fortalezas significativas que han permitido avances notables en los últimos años. Entre estas, destacan los centros de investigación y clústeres de salud, que han emergido como nodos de innovación en regiones como Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. De igual manera, señalan algunas debilidades y barreras que limitan su potencial de crecimiento y consolidación. Estas barreras pueden clasificarse en cuatro categorías principales: legales, económicas, culturales y de acceso.
Entre otros aspectos se subraya la insuficiente inversión de Colombia que destina solo el 0.29% de su PIB a actividades de ciencia, tecnología e innovación, una cifra significativamente inferior al promedio de los países de la OCDE, que ronda el 2.5%. Esta brecha limita la capacidad del país para generar conocimiento y tecnologías disruptivas en el sector salud.
Todos estos datos y otros aspectos muy interesantes, los desarrollamos a fondo con nuestros invitados en este episodio del podcast: Territorios de Innovación en Salud. Cada dos semanas una nueva temática con expertos y expertas que nos ayudan a entender la situación actual, los desafíos y las oportunidades para la innovación en salud en Colombia. Te invitamos a seguirnos en nuestro podcast.
Como lo hemos anunciado reiteradamente desde INNOS, el gobierno ha venido construyendo su “plan B” para reformar el sistema de salud. Ante las reiteradas dificultades para que sus proyectos de reforma estructural tengan éxito en el Congreso, la opción que tiene a su alcance es la vía de los decretos y resoluciones.
En este caso el Ministerio de Salud y Protección Social avanzó en el que puede ser uno de los pilares de la reforma: la definición y puesta en marcha del anunciado Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que está en el Artículo 4 del proyecto de Ley 410 Senado, recientemente presentado con ponencia positiva para tercer debate en comisión 7ª.
El Decreto 0858, expedido el 30 de julio de 2025, establece oficialmente el Modelo de Salud llevándolo a convertirse en una política pública con fuerza normativa. Esta se articula y se justifica, además, con la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Así mismo, el decreto se fundamenta en varias leyes como la 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, entre otras.
El nuevo decreto entra a derogar en parte el Decreto único del sector salud, es decir, el Decreto 780 de 2016, mediante la reorientación del sistema de salud colombiano hacia el enfoque centrado en la prevención y la atención primaria. Será aplicable a todos los actores del sistema, incluyendo los que hacen parte de regímenes especiales y exceptuados y a las Administradoras de Riesgos Laborales, en lo concerniente a acciones de prevención y promoción de la salud.
Los cambios que introduce el decreto:
La adopción e implementación del Modelo de atención primaria, preventivo y territorial: Se adopta un esquema enfocado en la atención primaria en salud (APS), con énfasis en promoción y prevención en la comunidad. El decreto ordena la territorialización del sistema: las autoridades departamentales, distritales y municipales asumen un rol protagónico en la planificación y coordinación de la prestación de servicios en sus regiones. En cada territorio se crearán Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos, que articularán los distintos niveles de atención para garantizar continuidad, calidad y equidad en los servicios. Estas redes tendrán un nivel primario (incluye hospitales e IPS de primer nivel, profesionales independientes, sistemas de transporte de pacientes y los nuevos Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS) y un nivel complementario (servicios de mediana y alta complejidad, articulados a nivel regional y nacional cuando se requiera). En particular, el decreto impulsa la creación de CAPS en todo el país: todas las instituciones prestadoras (públicas y privadas) deberán organizarse progresivamente como centros de atención primaria que actúen como puerta de entrada obligatoria al sistema. Esto busca acercar la oferta de servicios básicos a la comunidad y resolver la mayoría de las necesidades en el primer nivel antes de remitir a niveles superiores.
Este modelo de atención se sustenta en tres pilares, que son sus características más relevantes:
– Preventivo: Se prioriza la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mediante intervenciones anticipadas y territoriales.
– Predictivo: Se utilizarán datos históricos y análisis de información en salud para anticipar necesidades, identificar patrones y reorganizar servicios.
– Resolutivo: Se busca que el sistema responda de forma integral, efectiva y continua a las necesidades de salud, evitando derivaciones innecesarias y garantizando continuidad.
¿Qué cambios implica el nuevo modelo en el sistema?
El decreto redefine profundamente sus funciones dentro del sistema. Las EPS dejan de ser intermediarias financieras; es decir, pierden la administración del recurso económico de la salud. La ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema) pasa a encargarse exclusivamente de la gestión financiera, centralizando los pagos a prestadores, la auditoría de cuentas y la administración de fondos públicos de salud
La operación del modelo preventivo, predictivo y resolutivo estará a cargo de los Equipos de Salud Territorial (EST), compuestos por profesionales y técnicos del sector, que estarán directamente en contacto con las comunidades, aplicando los postulados de la APS, con el fin de anticipar la ocurrencia de las enfermedades. El modelo se desarrollará mediante la conformación de regiones y subregiones de salud, que será definida por el Ministerio en un plazo de 6 meses. En estas regiones y subregiones operarán las Redes Integrales e Integradas de Salud.
El proceso de autorización para niveles superiores cambia: ahora la Superintendencia Nacional de Salud intervendrá como garante central de la referencia, de modo que el acceso a servicios especializados de alta complejidad “dependerá de autorización directa y centralizada” a través de la Superintendencia, según lo interpretado del decreto
La dirección del modelo tendrá, según lo plantea el Decreto, una gobernanza multinivel con mayores niveles de participación ciudadana. Para ello, el Ministerio de Salud será la cabeza a nivel nacional, junto con la Comisión Intersectorial de Salud Pública, mientras las entidades territoriales tendrán un rol activo en su implementación, con el acompañamiento de los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud y Comités de Participación Comunitaria (COPACOS).
El modelo se financiará con recursos públicos: principalmente los manejados por la ADRES, junto con partidas del Sistema General de Participaciones (recursos que la Nación gira a entes territoriales para salud pública y prestación de servicios no POS), el Presupuesto General de la Nación, eventuales regalías y cooperación internacional, sin crear nuevas fuentes de ingresos por ahora[27][28]. La ADRES asume el rol de “pagador único”a todos los prestadores
El decreto incluye una sección sobre trabajo digno y decente para el talento humano en salud. Define allí procesos de formalización laboral, gestión y formación integral del THS, estandarización del listado de ocupaciones del sector y prevención de violencias contra el personal de salud.
Este nuevo dispone un periodo de transición de un año, dejando, para que las ET, EPS, IPS, autoridades locales y actores comunitarios se preparen para su implementación. En este plazo se deben constituir los Equipos de Salud Territorial y al tiempo, se deberán fortalecer las capacidades locales para asumir el nuevo enfoque. Esto constituye un gran reto para todo el sistema de salud, más aún si tenemos en cuenta el contexto de crisis que se vive día a día, desde hace ya varios meses.
El gobierno toma riesgos con esta decisión.
Como era de esperarse, no ha sido bien recibido este decreto por todos los actores del sistema de salud. Muchos ven en este tipo de normas una intención de pasar por encima del Congreso, que es la institución que debería debatir a fondo una reforma al sistema de salud. Incluso algunos afirman que este decreto carece de legitimidad, justamente porque excede las competencias normativas del ejecutivo.
Técnicamente, es una apuesta de alto riesgo cuyo éxito del modelo dependerá de múltiples factores como la coordinación entre niveles de gobierno, la participación comunitaria real y efectiva y, desde luego, la disponibilidad de recursos humanos y financieros tan comprometidos en la actual crisis.
Según ha anunciado el propio gobierno, este decreto no significa que vaya a retirar el proyecto de Ley 410 que está próximo a continuar su trámite en el Senado. Para algunos analistas y gremios de la salud, lo que ha hecho el Ministerio es una extralimitación de sus funciones, quitándole al Congreso su potestad legislativa.
Muchos aspectos del decreto se consideran controversiales y preocupantes. Por ejemplo, implica un trabajo de coordinación vertical y horizontal que es muy exigente para todos los implicados. Entre ellos, las EPS, quienes deben ahora asumir un rol de articuladores con las Redes Integradas e Integrales, los centros de atención primaria, las Empresas Sociales del Estado, las Entidades Territoriales y las diversas instancias de participación ciudadana.
En medio de la crisis más profunda que ha tenido el sistema durante los últimos años, existe el riesgo de profundizar aún más esta situación, sin que sean claras las fuentes de financiación del nuevo modelo, así como de los Equipos Territoriales y de las mismas instancias de gobernanza que propone. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la suficiencia de la UPC y sobre lo que va a ocurrir con los atrasos en los pagos a prestadores de servicios, proveedores, gestores farmacéuticos y profesionales del sector.
Se han anunciado demandas por parte de ACEMI a este nuevo decreto, por considerarlo ilegal e inconstitucional. Así mismo otros sectores han reaccionado en rechazo al decreto y han reiterado la necesidad de crear consensos para avanzar en la resolución de los problemas sectoriales. La ANDI ha expresado sus preocupaciones porque considera que el decreto puede conducir a un “inmenso desorden” en el sistema de salud. Ha cuestionado al gobierno porque considera que no ha previsto las consecuencias financieras y operativas de su implementación. Otros sectores políticos han señalado los riesgos jurídicos de esta vía. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo destacó que el decreto modifica aspectos que son materia de ley (Ley 100 de 1993 y Ley Estatutaria 1751 de 2015), lo cual vulnera la jerarquía normativa y genera gran incertidumbre legal.
Para hospitales y clínicas tampoco hay suficiente claridad en lo que implica para la red de prestadores de servicios, que tendrán que asumir procesos de reorganización en medio de la crisis. La mayor debilidad de estas instituciones está en las zonas rurales, donde escasean los recursos y donde existen mayores necesidades de la población.
La asociación de Pacientes Colombia también ha rechazado el decreto 0858 por considerar que va a profundizar la crisis del sistema, al crear una norma de espaldas al Congreso y sin los apoyos y consensos que requiere. Alertan sobre la politización de la salud y sobre el riesgo en la integralidad de la atención. De igual manera han puesto como ejemplo las problemáticas actuales del sistema de atención del Fomag y de la situación que tienen las EPS intervenidas por el gobierno, donde tampoco se han resuelto los problemas de capacidad logística y de desabastecimiento de medicamentos e insumos.
Analistas en salud pública y académicos han aportado visiones técnicas sobre el Decreto 0858, en su mayoría señalando dudas serias sobre su viabilidad y posibles efectos no deseados. El investigador Andrés Vecino, experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, resume el decreto como “30 páginas con mucho contenido que, aunque suena bien, es irrelevante en algunos aspectos y dañino en otros”[63]. Según Vecino, más allá del discurso de mejorar el modelo, “de fondo este decreto trata sobre el uso de los recursos de la salud”, transfiriendo su control al Estado, pero “se implementa sin condiciones institucionales, técnicas ni fiscales suficientes para sostenerlo”
El decreto genera también reacciones políticas de los partidos de oposición que lo rechazan totalmente y consideran que es parte de una estrategia del gobierno anticipando el archivo del PL 410 en la comisión séptima del Senado, donde no tiene mayoría.
Retos para su implementación real.
Retos legales y gobernanza: Existe una alta probabilidad de judicialización del decreto. Actores con legitimidad (congresistas, gremios) ya anunciaron demandas de nulidad e inconstitucionalidad. Si los tribunales aceptan esas demandas, podrían suspender provisionalmente partes del decreto en pocos meses. Incluso si no ocurre de inmediato, la sombra de una posible caída jurídica genera incertidumbre en los implementadores locales
Disponibilidad presupuestal inmediata: Aunque el decreto menciona fuentes de recursos existentes, en la práctica la implementación requiere inversión inicial: montar CAPS implica adecuar instalaciones, dotarlas de equipos médicos y personal; formalizar trabajadores implicará costos laborales adicionales (prestaciones, estabilidad); fortalecer hospitales demanda dinero para infraestructura y saldar deudas para que queden operativos.
Capacidades operativas en territorio: Un pilar del decreto es delegar en departamentos y municipios la gestión de redes integradas. Sin embargo, la capacidad técnica y administrativa de las secretarías de salud territoriales es muy desigual en Colombia. Las grandes ciudades cuentan con experiencia en redes integradas (sus redes públicas de hospitales y centros de salud) y podrían avanzar con relativa rapidez en la creación de CAPS y coordinación con clínicas privadas. Pero muchos departamentos más pequeños y municipios rurales carecen de personal técnico suficiente, sistemas de información robustos o siquiera un hospital adecuado de primer nivel.
Tiempo y transición electoral: El Gobierno dispone, en la práctica, de menos de un año para mostrar avances significativos antes de finalizar su mandato en agosto de 2026. En realidad, la ventana es aún más corta: desde finales de enero de 2026 entrará en vigor la Ley de Garantías Electorales previa a los comicios presidenciales, que limita la celebración de contratos y nuevas inversiones con recursos públicos.
Coexistencia con el sistema actual durante la transición: Mientras el decreto se implementa progresivamente, el sistema de salud seguirá operando bajo las reglas vigentes en muchos aspectos.
Con el debate a punto de comenzar y ad-portas de iniciar el último año del periodo presidencial, es una apuesta arriesgada del gobierno, que insiste en su empeño de reformar el sistema de salud, sin construir una propuesta consensuada y, en gran medida, de espaldas a los actores del sistema quienes observan cómo se deterioran las condiciones de operación día tras día, sin obtener respuestas efectivas de parte de las autoridades.
