por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
Entre el 22 y el 25 de julio se celebra la Semana de la Industria organizada por ProChile en Santiago. Desde su inicio, el evento ha destacado la visión y estrategias del gobierno chileno para fomentar el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad. Las intervenciones de Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño; Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales; e Ignacio Fernández, Director General de ProChile, subrayaron los avances y desafíos en estos ámbitos. Estos son algunos de los elementos clave que desde INNOS, invitado al evento por los organizadores, queremos resaltar especialmente.
La subsecretaria Javiera Petersen destacó el compromiso del gobierno con la facilitación del desarrollo de emprendimientos y la expansión empresarial. Este enfoque se materializa a través de políticas que buscan derribar barreras regulatorias y crear un entorno favorable para los negocios. Petersen subrayó que “las diferentes instancias gubernamentales están trabajando de manera articulada para aportar a este fin”, asegurando así que las políticas de desarrollo económico sean coherentes y efectivas a largo plazo.
Un componente central de la agenda económica del presidente Gabriel Boric es el desarrollo de la Industria 4.0. Este enfoque incluye la incorporación de tecnologías avanzadas en todos los sectores industriales para mejorar la eficiencia y la competitividad. Petersen mencionó que hay un énfasis particular en fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación para agregar valor a todos los sectores industriales.
Petersen también destacó el compromiso del gobierno con la sostenibilidad y la transformación del aparato productivo hacia modelos más sostenibles y tecnológicamente avanzados. Se han generado nuevos mecanismos de financiamiento para apoyar estas iniciativas, incluyendo una asignación de 12.500 millones de pesos chilenos en 2023 para proyectos de innovación en salud.
El sector de la salud ha recibido atención especial, con importantes inversiones en proyectos de innovación. Estos esfuerzos no solo buscan mejorar la atención sanitaria, sino también posicionar a Chile como un líder en la industria de Healthtech y biotecnología. La articulación de los esfuerzos gubernamentales con la academia y el sector privado es clave para lograr estos objetivos.
Independientemente de los cambios ideológicos, Chile mantiene un hilo conductor en su política de desarrollo económico que valora la innovación y el emprendimiento. Petersen destacó que “el desarrollo no se declara, sino que se construye” y que el gobierno actual está comprometido con políticas que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible, reconociendo al sector empresarial como el motor del desarrollo humano del país.
Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, destacó los logros y desafíos del sector exportador chileno. En 1960, las exportaciones de Chile sumaban 460 millones de dólares, principalmente provenientes del sector minero. La industria representaba apenas el 8% de estas exportaciones. Hoy, la industria genera exportaciones por 34.000 millones de dólares y representa el 37% de las exportaciones del país. Reconoció que este crecimiento es el resultado del esfuerzo de innovadores y emprendedores en todos los campos del conocimiento y la industria. En 2023, las exportaciones industriales llegaron a más de 180 países, apoyadas por acuerdos internacionales que facilitan el comercio. La subsecretaria Sanhueza también abordó los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria chilena en el contexto global actual. El renovado proteccionismo de las grandes economías, la relocalización y reorganización de las cadenas productivas y de suministros exigen repensar las redes de relacionamiento empresarial y de la industria chilena.
Para acelerar el proceso de internacionalización de la industria chilena, es fundamental la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 en los diferentes sectores industriales y una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Además, es clave la adopción de buenas prácticas de sostenibilidad y economía circular. Sanhueza subrayó que es esencial que los beneficios de la expansión industrial al mundo se traduzcan en beneficios para todos los sectores sociales del país, generando mayores oportunidades y respondiendo a las inequidades sociales.
Ignacio Fernández, Director General de ProChile, celebró los 50 años de la organización destacando la diversidad y el alcance global de las exportaciones chilenas. Con 4300 km de longitud, 7 climas distintos y presencia en 3 continentes, Chile es catalogado como un país con excelentes condiciones para hacer negocios, ocupando el segundo lugar entre 32 países de las Américas después de Canadá. Este posicionamiento favorable no se ve significativamente afectado por los cambios de gobierno.
El Director de ProChile resaltó los logros en diversas industrias, desde la producción de yogures con monobacterias hasta implantes 3D craneofaciales, aviones de entrenamiento y tecnologías inteligentes para el manejo de recursos hídricos. Estas innovaciones reflejan el compromiso de Chile con la Industria 4.0, con exportaciones destacadas en sectores como la salud (249 millones de dólares), envases (132 millones de dólares), metalmecánica y electromecánica (4077 millones de dólares) y forestal (1500 millones de dólares). Fernández también subrayó las oportunidades para las empresas chilenas en América Latina, especialmente en el suministro de insumos de salud y fármacos a países como Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay y Colombia, donde las reformas de salud fortalecerán las compras centralizadas.
Las intervenciones de Javiera Petersen, Claudia Sanhueza e Ignacio Fernández en el evento de ProChile refuerzan el compromiso del gobierno chileno con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Las políticas presentadas apuntan a un futuro donde la ciencia, innovación, tecnología y la sostenibilidad juegan roles centrales en la transformación de la economía chilena, asegurando así un crecimiento inclusivo y equitativo para todos los ciudadanos.
por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
En abril del presente año, el Ministerio de Salud interpuso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda contra 21 entidades prestadoras de salud, entre las que se encontraban Compensar EPS, Sanitas EPS, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS y SURA entre otras. Entre los argumentos del Ministerio sobresalieron dos, la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como, exigir a las entidades que tomen medidas inmediatas para asegurar el cálculo adecuado, la creación y la actualización mensual de las reservas técnicas. Como dato adicional, en marzo la cartera de salud ya había presentado una demanda, pero esta fue negada. En el concepto negativo, en ese momento, el Tribunal le pidió unas correcciones respecto a las autoridades judiciales que podrían dar estudio a dicha petición.
Ahora bien, el pasado 3 de julio el Tribunal de Cundinamarca respondió al nuevo pedido de medidas cautelares, negándolo, argumentando, que las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud no eran suficientes para demostrar una vulneración de los derechos de los usuarios. Al respecto, vale la pena mencionar que, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, son requisitos para decretar las medidas cautelares en lo referente al control de protección de los derechos e intereses colectivos:
- Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
- Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
- Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
Igualmente, según la providencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2011, para decretar las medidas cautelares, el juez debe justificar la decisión basándose en elementos de prueba válidos que, además, puedan comprobarse, de ahí la importancia que sean idóneos. También, como se mencionó en la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2015, otro criterio para aceptar las medidas cautelares se fundamenta en el buen derecho, en la existencia del perjuicio de la mora, así como, estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Por consiguiente, el Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares porque, por un lado, aunque el Ministerio de Salud presentó los argumentos basándose en el “informe sobre las deudas de 26 EPS”, presentado por la Contraloría, no llevó a cabo un análisis comparado con el cual se demostrará la violación de los derechos, es decir, sólo citó o se limitó a citar el informe, pero no presentó los argumentos para sustentar el pedido, sin poder demostrar el riesgo. Por el otro, el Tribunal considera que, si bien el Ministerio de Salud cumple con los requisitos de titularidad de las acciones, según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, éste no logró comprobar una vulneración de un derecho colectivo como es el derecho a la salud, pues los informes citados no se constituyen en evidencia sumaria, es decir, mencionó los hechos, pero no realizó un análisis.
De esta manera, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos para decretar medidas cautelares, pues no se logró demostrar si existen normas superiores que hayan sido señaladas como vulneradas, concluye el Tribunal de Cundinamarca “el debate propuesto es meramente legal y requiere confrontación con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y será la Sala de decisión quien contemplará la totalidad de los elementos que se aporten al proceso y será la sentencia en donde se decidirá el problema jurídico objeto del litigio”.
Este fallo constituye un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social, profundice en el análisis de las causas que han llevado a las situaciones críticas que atraviesa actualmente el sistema de salud y que, asuma más directamente su función como rector de este. Las problemáticas que hoy viven los pacientes, familiares y ciudadanos en general, requieren intervenciones prontas y decididas de la autoridad competente, más allá de llevarlas a las instancias judiciales, con lo cual pueden generarse efectos contraproducentes que aumentan la desconfianza y la polarización entre los actores públicos y privados.
por INNOS | Jun 24, 2024 | Noticias
El sistema de salud colombiano continúa enfrentando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse cada vez más. Aunque esta situación puede explicarse por una combinación de problemas estructurales, un intento fallido de reforma, falta de consenso entre los actores del sector y decisiones administrativas, sus efectos están comenzando a afectar la atención de los usuarios y la continuidad del tratamiento de los pacientes. A pesar de que en los últimos meses se ha discutido ampliamente sobre las causas de la crisis y se han propuesto soluciones, un nuevo llamado de varios actores respecto a la crisis financiera de las IPS plantea un difícil escenario que merece la atención inmediata de todo el sector de la salud.
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda acumulada de las EPS y las entidades territoriales con las IPS supera los 16 billones de pesos a cierre de 2023, poniendo en peligro la sostenibilidad y el funcionamiento de 221 hospitales y clínicas en el país. Lo más preocupante es que, si no se corrigen los faltantes históricos y se ajusta el financiamiento según las necesidades reales del sistema, este déficit podría llegar a 26 billones en 2024. Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, manifestó que las EPS del régimen contributivo concentran algo más del 50% de la deuda, las EPS del régimen subsidiado alrededor del 23%, mientras que el sector estatal y las aseguradoras del SOAT deben alrededor del 10%.
El impacto de esta deuda no solo se limita a los usuarios y pacientes, sino que también puede afectar a los trabajadores de la salud. En caso de que las IPS vean reducidos sus ingresos y se afecte su sostenibilidad financiera, los trabajadores deberán enfrentar retrasos en el pago de sus salarios. Además, proveedores de insumos médicos y farmacéuticos también se ven afectados, ya que los hospitales y clínicas tienen dificultades para pagar sus deudas, lo que puede llevar a una interrupción en el suministro de medicamentos y otros productos esenciales.
Las EPS han señalado que, si bien la crisis no es nueva, esta se ha agravado en los últimos años. En primer lugar, indican que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para cubrir los costos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según un informe del portal Sectorial, la UPC debió incrementarse en un 20.5%, considerando la ampliación del PBS, la inflación real, que no fue igual a la inflación proyectada, y un aumento de la siniestralidad que se calcula en un 109.5% para 2023. Además, el mismo estudio señala que los giros de presupuestos máximos no se han realizado puntualmente y que aún hay pagos pendientes del Acuerdo de Punto Final establecido en el gobierno anterior.
A esto se suma el problema de la falta de transparencia y la mala gestión de recursos dentro del sistema de salud, que agravan aún más la situación. Casos de cuentas ocultas como las reportadas por la Supersalud en la Nueva EPS, o la sospecha de uso de fondos en tareas distintas a las definidas en la ley, son ejemplos de prácticas que afectan la eficiencia del sistema y minan la confianza de la población.
De esta manera, la crisis financiera del sector salud no es resultado de una sola decisión, sino que responde a una compleja interacción de factores, incluyendo la acumulación de deudas por parte de las EPS, la falta de pago por entidades gubernamentales, un cálculo inadecuado de la UPC por parte del gobierno, ineficiencias, problemas de corrupción no resueltos y mala gestión. Esto pone en peligro la viabilidad financiera de las IPS, afectando no sólo a los usuarios y pacientes, sino también al talento humano en salud, a los proveedores de servicios y demás actores de la cadena de valor del sistema. Este impacto compromete la capacidad de brindar servicios de calidad y cumplir con los tratamientos, además de abrir la puerta para que se incremente el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables y atentando contra los principios de equidad y calidad que deben ser centrales en cualquier sistema de salud.
Ante esta situación, se proponen varias acciones para contribuir a detener la crisis. Es necesario ajustar la UPC a los costos reales, ya que presenta un déficit desde 2022, lo que implica aumentar los recursos destinados al sistema de salud para garantizar su sostenibilidad. Se estima que para 2024 se requerirían casi 100 billones de pesos, pero sólo se presupuestaron alrededor de 90 billones, lo cual es particularmente preocupante ante los últimos resultados de recaudo presentados por el gobierno. También es crucial llegar a acuerdos entre todos los actores para saldar las deudas pendientes y acordar mecanismos de pago realizables que brinden certidumbre para la toma de decisiones. Adicionalmente, el gobierno debe explorar medidas administrativas que permitan el flujo adecuado de los recursos hacia las IPS.
Además, se debe implementar una estrategia que permita mejoras en el sector salud, fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría, y promoviendo la transparencia en la administración de los recursos. También es fundamental fomentar la participación de la sociedad civil y los usuarios en la vigilancia y control de los recursos del sistema de salud, asegurando que estos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
La figura de las IPS
Al igual que otros actores que componen el sistema de salud colombiano, antes de la crisis actual, las IPS también venían sufriendo los efectos de las presiones fiscales relacionadas con los recursos limitados, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, los avances técnicos en el sector y el crecimiento de la demanda de servicios médicos en el país. Estas instituciones cumplen un rol esencial, haciendo posible que las EPS garanticen el acceso al plan de beneficios de todos los colombianos. En este sentido, realizan dos funciones: se encargan de la atención primaria en salud y prestan servicios hospitalarios especializados y de alta complejidad. Su naturaleza puede ser pública, privada y mixta.
Problemas de las IPS
Existen investigaciones que abordan los problemas de las IPS desde tres perspectivas. Una de ellas se relaciona con factores externos al funcionamiento propio de estas instituciones. Así, Bernal (2011), citado por Castro Figueroa (2020), menciona cuatro factores principales:
- Un sistema financiero negligente ante las necesidades de liquidez de las IPS.
- El manejo deficiente de los sistemas de información por parte de los entes que vigilan el sector.
- Infraestructura deficiente.
- Un entorno económico que trata al sector salud como cualquier otro de la economía nacional.
Otra perspectiva se enfoca en las causas de carácter normativo. Según Suárez y García (2014), las normas que regulan el funcionamiento y financiamiento de las IPS son complejas. En algunas ocasiones, la falta de claridad lleva a que este tipo de instituciones incurran en sobrecostos por endeudamiento.
Un tercer punto de vista se centra en el tema financiero, según el Observatorio de Cartera de la SNS, las IPS enfrentaban tres tipos de problemas, algunos relacionados con corrupción, manejo inadecuado de recursos e insuficiencia en los sistemas de control y vigilancia (Crispin et al., 2023). Al respecto, en agosto de 2023 el Banco de la República en la Revista Borradores de Economía presentó un análisis sobre la solidez financiera de las IPS a través de una evaluación del desempeño financiero a través del modelo CAMEL, en el cual se tuvieron en cuanta los siguientes indicadores: Capital (C), calidad del activo (A), administración (M), rentabilidad (E), y liquidez (L). Los investigadores hallaron lo siguiente (Crispin et al., 2023):
- Las IPS privadas tienen un mejor desempeño en rentabilidad.
- Las IPS públicas tienen la mejor calificación en la calidad del activo.
- En los indicadores asociados a la administración (gerencia), capital y liquidez los resultados tanto para las IPS públicas como privadas es similar.
En marzo de este año, la Superintendencia de Salud, a solicitud de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, envió un informe sobre la situación financiera del sistema de salud colombiano, con un enfoque especial en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). El informe abordó el estado actual de la deuda del sistema de salud colombiano, las causas y factores que han contribuido a la acumulación de la deuda, y el impacto de esta deuda en la prestación de servicios de salud a la población colombiana.
Respecto a las cifras proporcionadas por el informe, se puede decir lo siguiente:
- Las cifras de cuentas por pagar totales a IPS varían considerablemente entre las diferentes EPS que la Superintendencia reporta en el informe. De esta manera, las EPS con las mayores cuentas por pagar son:
- Famisanar: 2.144.062.597
- Nueva EPS: 1.779.421.694
- Emssanar S.A.S.: 1.469.885.629
- Las cifras también presentan algunas diferencias importantes dependiendo de la naturaleza de las EPS, así:
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones públicas las tiene la Nueva EPS con 365.158.851.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones privadas las tiene SANITAS con 1.321.042.937.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones mixtas las tiene FAMISANAR con 2.084.995.
- Si se observa por EPS, el resultado es el siguiente:
- Las mayores cuentas por pagar en la EPS SURA son a proveedores de servicios y tecnología en salud (18.856.416) y a instituciones públicas (16.993.038).
- En el caso de Salud Total las mayores cuentas por pagar se concentran en las instituciones públicas (21.574.901) y privadas (372.183.309).
- Las mayores cuentas por pagar en Sanitas son a instituciones privadas (1.321.042.937) y a proveedores de servicios y tecnología en salud (416.981.280).
- Para el caso de Famisanar, las mayores cuentas por pagar son a instituciones privadas (1.749.814.890) y a instituciones públicas (330.997.249).
El informe de la Superintendencia de Salud revela una situación de deuda significativa entre las EPS y las IPS en Colombia, con variaciones notables según el tipo de institución y la naturaleza de los proveedores. Esta deuda acumulada afecta la capacidad de las IPS para ofrecer servicios de salud de manera eficiente y oportuna, lo que repercute en la calidad y el acceso a la atención médica para la población colombiana en general.
Asimismo, las IPS, especialmente las privadas y mixtas, podrían reducir su oferta de servicios o simplemente podrían restringir la cobertura de ciertos tratamientos, medicamentos o procedimientos costosos, como, por ejemplo, ya se ha observado en la entrega de ciertos medicamentos.
Por todo lo anterior, urge que el gobierno asuma su responsabilidad ante la situación crítica que se está viviendo en el sector y que, de manera inmediata, convoque a todos los actores para resolver las problemáticas descritas, para evitar que se produzcan situaciones de negación de servicios o de cierre masivo IPS tanto públicas como privadas, debidas a la desfinanciación de clínicas y hospitales. Es el momento para que los gremios de profesionales de la salud participen más directamente y aporten a las soluciones que el sistema requiere, teniendo en cuenta que son otro eslabón de la cadena, que será perjudicado si las tendencias actuales continúan su curso.
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
Durante los días 12 y 14 de junio de 2024, se llevó a cabo el 30º Foro de Salud de la ANDI. Dos países que se destacan por vivir situaciones complejas en sus sistemas de salud, quizás desde temporalidades distintas, son México y Colombia. Aunque ambos enfrentan desafíos significativos, la respuesta de sus gobiernos y los resultados obtenidos reflejan enfoques y problemáticas que vale la pena comparar.
Javier Potes, fundador y director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, presentó un panorama alarmante del sistema de salud en México durante este evento de la ANDI. En los últimos años, el país ha experimentado un deterioro notable en sus indicadores de salud. La promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de tener “un sistema de salud mejor que el de Dinamarca” parece cada vez más lejana.
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud, que para 2023 alcanzó los 50.3 millones, un aumento del 151% respecto a 2018. Este incremento se debe, en gran medida, a la creación del INSABI, que sustituyó al Seguro Popular. Aunque su objetivo era brindar seguridad social gratuita, la falta de medicamentos y recursos ha sido una constante crítica. Esta situación ha llevado a una migración hacia la atención médica privada, que aumentó del 46% al 60% entre 2018 y 2022.
El sector privado, aunque complementario, enfrenta sus propios desafíos. No forma parte de un sistema integral y articulado, lo que impide una mejora a largo plazo en la salud de la población mexicana. Además, el gasto directo de las familias en salud ha aumentado considerablemente, representando un 38.8% del gasto total en salud, lo que pone una carga pesada sobre los segmentos más vulnerables de la población.
Otro dato preocupante es la reducción de la esperanza de vida, que ha disminuido de 75 años a 71 años, situándose muy por debajo del promedio de 81 años de los países de la OCDE. Además, el número de defunciones entre 2020 y 2021 superó la tendencia previa a la pandemia, con un aumento notable en la mortalidad materna y en la ineficacia de los programas de vacunación.
Durante el mandato de López Obrador, la inversión en salud osciló entre el 2.5% y el 2.9% del PIB anual, una cifra insuficiente para enfrentar estos desafíos. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, parece seguir una línea similar, priorizando otras áreas como seguridad e inversión social sobre la salud. Asimismo, es clave mencionar que durante la reciente campaña electoral, se denunció que el gobierno utilizó subsidios directos y cheques a la población como una estrategia para ganar apoyo, evidenciando un enfoque más populista que estructural en la resolución de los problemas del sistema de salud
Por otro lado, Colombia enfrenta una crisis en su sistema de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro. Con una agenda centrada en reformas significativas, Petro prometió transformar el sistema de salud del país. Sin embargo, estas reformas han generado más controversias que soluciones.
La implementación de licencias obligatorias para medicamentos, una medida que busca reducir costos y aumentar el acceso, ha sido ampliamente criticada. Aunque teóricamente puede parecer una solución viable, en la práctica, países como Malasia y Brasil han demostrado que sin la infraestructura adecuada, estas medidas pueden fallar. En Colombia, la falta de inversión en infraestructura y sistemas de producción e innovación pone en riesgo la efectividad de estas licencias.
La administración de Petro ha enfrentado críticas por su manejo del sector salud. La promesa de reindustrialización del país y el enfoque en la salud preventiva han sido vistas como esfuerzos insuficientes para resolver problemas estructurales. Además, la falta de protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual ha desalentado la inversión extranjera directa, crucial para el desarrollo y la innovación en el sector salud. Hoy el país atraviesa una crisis de sostenibilidad en el sistema que se ve traducida en las últimas solicitudes voluntarias de liquidación de las EPS.
Ambos países muestran cómo las políticas de salud pueden tener impactos profundos en la población. En México, la transición del Seguro Popular al INSABI ha dejado a millones sin acceso a servicios básicos de salud, mientras que en Colombia, las conversaciones de reforma al sistema no son amplias, técnicas ni dan garantías de construir sobre lo construido, sino que por el contrario se abre la puerta a una demolición a décadas de avance en la cobertura e indicadores en salud. Para abordar estos problemas, es fundamental que ambos gobiernos reconsideren sus estrategias. En México, se necesita una mayor inversión en salud pública y una mejor integración del sector privado. En Colombia, es crucial fomentar la inversión en infraestructura y protección de la propiedad intelectual para atraer inversión extranjera y mejorar el acceso a medicamentos.
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El reciente webinar “Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual en Colombia” reunió a destacados expertos internacionales para discutir el papel crucial de la propiedad intelectual en la innovación y desarrollo del sector salud en Colombia. Entre los participantes estuvieron Emily Michiko Morris, Stephen Ezell, Mark Schultz, Juan Carlos Suárez, Carlos Felipe Escobar, quienes ofrecieron una visión profunda sobre las regulaciones y desafíos actuales en el país.
Juan Carlos Suárez abrió el debate destacando los recientes cambios en la normativa del sector salud en Colombia. Resaltó cómo actores tanto públicos como privados están promoviendo la innovación en salud. El Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, ofreció una visión amplia de la situación actual en Colombia, destacando que el país tiene ahora un gobierno de izquierda, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este gobernante anunció, durante su campaña electoral, en primer lugar, la necesidad de reformas significativas en áreas como salud, pensiones, trabajo, educación, y ciencia, tecnología e innovación. Además, de una reindustrialización del país, especialmente sobre investigación en ciencia, innovación y tecnología, por medio de una iniciativa denominada “Serenidad Nacional de Salud”, que plantea generar más conocimiento y soluciones para el país, permitiéndole ser más autosuficiente en términos de tecnologías sanitarias y hacer la industria local más capaz para producir los recursos y tecnologías que la salud podría necesitar para salir adelante.
Emily Michiko Morris, investigadora principal en la Universidad de Akron, abordó la implementación de la licencia obligatoria en Colombia. Explicó que esta es una herramienta que permite a los países exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual que otorguen licencias a cambio de una compensación razonable, permitiendo la producción local de tecnologías patentadas. Sin embargo, Morris advirtió que la licencia obligatoria no solo implica la obtención de la patente, sino también la inversión en infraestructura y sistemas de fabricación. Países como Malasia y Brasil han otorgado licencias obligatorias sobre medicamentos patentados, pero luego enfrentaron dificultades para producir estos medicamentos de manera eficiente.
Los desafíos de implementar licencias obligatorias en Colombia fueron otro punto crucial del debate. Morris subrayó la importancia de considerar el uso a largo plazo de estas licencias, especialmente si se convierten en una práctica habitual. Mark Schultz, otro de los panelistas, agregó que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual puede disuadir a las empresas de hacer negocios en el país, lo que resultaría probablemente en una menor disponibilidad de medicamentos y otros productos esenciales.
Por su parte, Stephen Ezell destacó que los países tienen dos opciones en una economía global competitiva: adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica crear un ambiente fuerte y atractivo para los inversores globales, mientras que las licencias obligatorias pueden llevar a que los inversores solo inviertan lo mínimo indispensable, excluyendo al país de mayores oportunidades de inversión. Para lograr un equilibrio entre la propiedad intelectual y el acceso a la innovación en salud, Morris recomendó explorar nuevas tecnologías para desarrollar terapias sanitarias y reducir los costos de desarrollo. Schultz añadió que es fundamental no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. En cambio, se debe construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria.
A continuación, se planteó la cuestión de los desafíos que enfrenta un país como Colombia al tratar de implementar este tipo de licencias. Emily respondió que es importante considerar la utilización a largo plazo de una licencia obligatoria, especialmente si se hace de manera habitual. Mark agregó que, si los derechos de propiedad intelectual de las empresas no están protegidos, estas pueden evitar hacer negocios donde saben que pueden perder su dinero, donde pueden perder sus inversiones. En el caso de los productos farmacéuticos, cuando una empresa farmacéutica decide no hacer negocios, los medicamentos no llegan al país. Estos aportes reflejan que el abuso del uso de licencias obligatorias puede desalentar esta inversión extranjera directa y, como resultado, puede perjudicar seriamente a las industrias nacionales.
A esto, Stephen señaló que los países tienen probablemente dos opciones para competir en una economía global altamente competitiva: pueden adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica presentar a los inversores globales un ambiente fuerte y atractivo para invertir en industrias de tecnología avanzada. Por otro lado, las licencias obligatorias esencialmente logran con esta estrategia es que los inversores globales solo inviertan el mínimo indispensable requerido en ese país, haciendo que el país se excluya a sí mismo.
Asimismo, se planteó una nueva pregunta, sobre diferentes recomendaciones para el país que puedan generar un balance entre la Propiedad Intelectual y el acceso a la innovación en salud, a esto Michiko respondió que es necesario explorar nuevas formas, en particular nuevas tecnologías, para desarrollar terapias sanitarias, pero reduciendo los costos de desarrollo de estos productos. Mark añadió que la mejor manera de desarrollar un sistema de atención sanitaria es no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. Por tanto, debemos romper con la tendencia a buscar respuestas fáciles y debemos salir al campo, construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria. Por último, Stephen concluyó que, para compartir tecnologías a nivel global, se deben promover las licencias voluntarias, un ejemplo de esto es el proyecto de Mark “Innovar para la Salud que destacan cómo los empresarios y países en desarrollo están trabajando para resolver los problemas de salud global.
Finalmente, en los últimos aportes de la conversación se resaltó la intervención de Emily, en tanto señaló como las personas que no trabajan en el ámbito jurídico y tramitan una patente para obtener derechos de autor no conocen realmente las distinciones entre los tres tipos de derechos de propiedad. Sin embargo, recomendó no estar constantemente a la defensiva, sino tratar de explicar por qué esta industria hace lo que hace, o por qué utiliza su propiedad intelectual de una manera particular, brindando soluciones competitivas. Por otro lado, Stephen presentó otro enfoque, señalando que una cosa es que los responsables políticos se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual de una gran corporación sin rostro como las grandes farmacéuticas, y otra muy distinta es que vean las especificaciones de los verdaderos empresarios e innovadores colombianos. A estos últimos es necesario incentivarlos a crear soluciones para el beneficio y la salud a largo plazo.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
En el contexto global actual, la propiedad intelectual se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo económico y la innovación. Aunque a menudo se malinterpreta como un conjunto de normas que favorecen únicamente a las grandes corporaciones extranjeras, la realidad es mucho más compleja y beneficiosa, especialmente para las economías emergentes como la de Colombia.
Mark Schultz, experto en derecho de propiedad intelectual y miembro senior de Geneva Network, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la verdadera función de la propiedad intelectual. Según Schultz, la propiedad intelectual es mucho más que un simple derecho exclusivo para utilizar o vender una invención. Representa un conjunto de etapas fundamentales que abarcan desde la creación hasta la comercialización de una invención, facilitando su acceso a los consumidores y recompensando a los innovadores.
Uno de los grandes malentendidos acerca de la propiedad intelectual es que su objetivo principal es frenar la competencia y recompensar la invención. Esta visión simplista no considera que la propiedad intelectual es, en realidad, una herramienta poderosa para el desarrollo económico. Schultz destaca que las leyes de propiedad intelectual deben verse como una política esencial para el desarrollo nacional. Protegen las inversiones, fomentan la creación de empresas y apoyan la fabricación y distribución de productos innovadores.
El iPhone de Apple y Coca-Cola son ejemplos perfectos de cómo la propiedad intelectual impulsa la innovación y el desarrollo. Aunque la tecnología del iPhone existía desde 2007, fue necesaria una inversión considerable para desarrollar un producto atractivo para los consumidores. De manera similar, Coca-Cola ha logrado una presencia global gracias a inversiones en fabricación local, marketing y cumplimiento normativo. Estas inversiones solo son posibles en un entorno donde la propiedad intelectual está protegida, proporcionando la seguridad necesaria para que las empresas arriesguen su capital.
La industria farmacéutica es otro sector donde la propiedad intelectual juega un papel crucial. El desarrollo y producción de medicamentos requiere una inversión enorme no solo en plantas de producción, sino también en la educación de médicos y pacientes sobre su uso. En un mundo donde la industria farmacéutica está fuertemente regulada, la propiedad intelectual garantiza que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y continuar desarrollando nuevos tratamientos.
Es esencial que los países protejan la inversión y fomenten un entorno seguro para las empresas. Cuando las empresas confían en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, están más dispuestas a compartir conocimientos y tecnología, beneficiando así a los socios locales y al desarrollo económico del país. Por ejemplo, los países con derechos de propiedad intelectual fuertes ven mejores alianzas internacionales, ya que los inversores extranjeros confían en la protección de estos derechos y están más dispuestos a colaborar con pequeñas empresas locales.
Además, las licencias voluntarias, donde los innovadores trabajan con empresas locales para fabricar productos de manera eficiente, ofrecen precios más bajos y benefician a todas las partes involucradas. Este enfoque cooperativo es mucho más efectivo que las licencias obligatorias, que pueden aumentar los costos y desalentar la inversión. En el caso de los medicamentos, la propiedad intelectual asegura que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y seguir desarrollando nuevos tratamientos esenciales. Esto no solo beneficia a las empresas, sino también a los pacientes que necesitan acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad. Para Colombia, adoptar políticas sólidas de propiedad intelectual puede significar un futuro más próspero, con mayores inversiones, más innovación y un mejor bienestar para su población.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
