by INNOS | May 23, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
Por: María Margarita Martinez Garbiras
En la última semana hemos visto que en la Comisión Séptima se desbloqueó la discusión de la reforma a la salud. La llegada del nuevo Ministro Guillermo Jaramillo pareció darle un nuevo aire. Así, en menos de cinco días se han aprobado 117 artículos de los 139, e incluso, los reparos de los partidos tradicionales y del partido de la U pasaron a un segundo plano. Igualmente, congelar la discusión durante dos semanas fue un punto acertado por parte de la Comisión Séptima de la Cámara. Por lo tanto, el objetivo de esta nota es describir el nuevo rumbo de la reforma a la salud a través de algunas de las estrategias utilizadas por el gobierno y por el Congreso que demuestran celeridad, pero sin discusiones profundas sobre lo que se está votando.
Estrategias del gobierno
El nombramiento de un nuevo Ministro fue acertado. En primer lugar, el nuevo ministro ya había trabajado con el presidente Gustavo Petro cuando éste ejerció como burgomaestre de la capital. Entre 2012 y 2013 fue secretario de salud para después asumir como secretario de gobierno, por lo tanto, conoce al mandatario y su forma de gobernar, compartiendo, seguramente, la visión del sistema de salud que se quiere implementar. En segundo lugar, en tres ocasiones se desempeñó en el Congreso de la República, primero como Representante (1982-1986) durante un sólo período y como Senador dos veces en diferentes momentos. Por consiguiente, el nuevo ministro conoce cómo funciona el Congreso y lo que conlleva la denominada mecánica legislativa en la cual la negociación es importante. En ese sentido, logró en dos semanas lo que la exministra Carolina Corcho no pudo hacer: poner andar la reforma a la salud. Así, la estrategia del nuevo Ministro se está centrando en hacer ciertas concesiones a las propuestas de los partidos tradicionales y al de la U: administración y gestión de los recursos y el papel o rol de las EPS en la reforma.
Su primera intervención en la Comisión mostró ese tono conciliador cuando se refirió a la autonomía legislativa y la importancia de los consensos para llegar a acuerdos.
Estrategias de los representantes
Cabe recordar que durante las semanas posteriores a la radicación de la reforma presentada por el gobierno se observó un clima desfavorable en el legislativo, incluso, se pensó que la reforma terminaría hundiéndose por dos razones: la posición inamovible de la ministra Carolina Corcho y los reparos sobre algunas proposiciones por parte de los partidos tradicionales y el partido de la U. Por lo tanto, los representantes de la bancada de gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara también han implementado unas estrategias que hasta la fecha han rendido frutos. Estas estrategias entran en la mecánica propia del legislativo. Así, la primera estrategia fue congelar las discusiones durante casi dos semanas. Esto, ocurrió durante la crisis ministerial. El tiempo les sirvió a las congresistas para idearse ptras estrategias con el fin de destrabar la reforma.
Con el nuevo ministro posicionado las discusiones se reiniciaron. Por lo tanto, con la ponencia positiva aprobada el siguiente paso fue crear una subcomisión o comisión accidentada (segunda estrategia). Esta subcomisión fue propuesta por Alfredo Mondragón representante del Pacto Histórico. El objetivo de esta subcomisión sirvió para estudiar las proposiciones radicadas y reorganizar el texto o la ponencia positiva con el fin de debatirlo. A diferencia de otros momentos, en esta subcomisión se diálogo con los representantes de la Comisión y no con los directivos del partido Liberal, el partido Conservador y el partido de la U. Más sencillo negociar con quienes conforman la comisión y no sobre quiénes han realizado reparos a la misma.
En tercer lugar, como se ha venido observando en los últimos días, la mesa directiva de la Comisión tomó la decisión de votar en grandes bloques el articulado de la reforma, es decir, unificó por grupos los artículos que no tienen proposición. Esto con el fin de generarle celeridad al trámite, pero implica que no necesariamente se discutan a profundidad las propuestas más sensibles, como, por ejemplo, el artículo 123 del proyecto que menciona la responsabilidad del profesional de salud en términos de resultados y no de medios. Igualmente, el artículo 49 el cual menciona cómo sería la transición de las EPS en gestoras de salud y vida. Así mismo, el artículo 66 en el cual se le otorgan nuevas funciones a la ADRES, entre otros.
Frente a este tercer aspecto, algunos representantes de la oposición, que son miembros de la Comisión, sienten que los congresistas de la bancada de gobierno han utilizado la famosa táctica del “pupitrazo”, es decir, aprobar el articulado sin una deliberación real y sin hacer un análisis a profundidad de lo propuesto en cada uno, colando en esas votaciones por bloque los artículos polémicos, algunos de ellos mencionados con anterioridad. E incluso, abriendo la posibilidad para que aparezcan los famosos micos.
Al respecto, vale la pena mencionar que el texto original ha sufrido cambios significativos, incluso, el número de los artículos no es el mismo, con lo cual se hace un llamado para que los congresistas se tomen el tiempo y hagan su trabajo de manera adecuada. Votar las propuestas en bloque puede generar incertidumbre y más si se hace uso de la táctica del pupitrazo, ¿de qué sirve la celeridad si no hay calidad? Como dice el dicho, del afán solo queda el cansancio.
by INNOS | Abr 19, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
Por: María Margarita Martínez Garbiras
Desde la campaña presidencial de 2022 el entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente de la república, propuso impulsar una serie de reformas en varios frentes. Uno de esos frentes fue la salud. De esta manera, el 13 de febrero de 2023 el gobierno nacional en cabeza de la ministra de salud, Carolina Corcho presentó una propuesta importante del sistema de salud. Al ser uno de los sectores más sensibles, el proyecto no ha estado exento de debates, en especial, uno que estuvo presente durante los primeros días de haberse radicado en la Cámara de Representantes, el trámite que debería dársele en el Congreso como ley ordinaria o ley estatutaria. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es poner en conocimiento las dos posiciones que durante este primer semestre del año han abarcado los debates académicos y técnicos.
Dos posiciones sobre el trámite de la reforma a la salud
Aunque pareciera claro el trámite que deberían seguir los proyectos de ley en Colombia, para el caso de la reforma a la salud se ha generado un debate interesante por una razón puntual, desde la Ley 1751 de 2015 la salud es considerada un derecho fundamental y la Constitución Política de 1991 establece que la regulación de este tipo de derechos se debe hacer por medio de una Ley Estatutaria, en especial, lo relativo a los procedimientos y los recursos para la protección de estos.
Una ley estatutaria requiere de una serie de condiciones que vale la pena señalar, en primer lugar, solo pueden expedirse en una sola legislatura. En segundo lugar, deberá ser revisada por la Corte Constitucional y, por último, aunque no menos importante, este tipo de leyes no puede tramitarse a través de facultades extraordinarias del presidente de la república. En este sentido, las leyes de este tipo tienen un trámite riguroso que incluye puntos que no necesitan las leyes ordinarias.
Al respecto, el gobierno nacional ha insistido en varias ocasiones que considera que el trámite de la reforma debe hacerse bajo las características de las leyes ordinarias. Una posición basada en varios argumentos:
- Si bien la salud es un derecho fundamental, el proyecto de reforma presentado por el gobierno busca modificar una ley ordinaria. En su momento la Ley 100 de 1993 fue tramitada como ley ordinaria, ya que la salud no era considerada como un derecho fundamental, es hasta la sentencia T-760 de 2008 y la Ley 1751 de 2015 que adquiere dicho estatus.
- El proyecto de reforma del gobierno centra su atención en el cómo se debería garantizar el derecho a la salud, es decir, sienta las bases para reorganizar el sistema a través de las competencias con el fin de darle alcance a los objetivos de la Ley 1751 de 2015.
- Y, aunque este proyecto de ley centra su atención en la salud, no necesariamente requiere un trámite como ley estatutaria. Al respecto, la Corte Constitucional ha mencionado en la sentencia C-756 de 2008:
que el trámite de ley estatutaria es de aplicación limitada y restrictiva, pues de lo contrario se produciría la petrificación del derecho. En este sentido, sólo aquellas disposiciones que tocan la estructura general del derecho, los principios sustanciales o el procedimiento específico de los derechos fundamentales, deben tramitarse a través de una ley estatutaria.
Asimismo, esa misma sentencia establece que la Corte Constitucional ha señalado cinco reglas interpretativas:
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La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es excepcional, en tanto que la regla general se mantiene a favor del legislador ordinario.
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La regulación estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el legislador, sino por su contenido material. Al respecto, esta Corporación ha aclarado que el “criterio nominal relativo a la denominación que el legislador le da a una ley es insuficiente. El legislador no podría, por ejemplo, dictar una ley que regule los principales derechos fundamentales y establezca reglas para su interpretación como si fuera una ley ordinaria, simplemente porque optó por llamarla “Código de Derechos Fundamentales”. Por eso, esta Corte ha señalado criterios adicionales al meramente nominal para determinar cuáles son las materias reservadas al legislador estatutario… De la jurisprudencia de la Corte sobre leyes estatutarias se observa una prelación de los criterios materiales sobre los puramente formales o nominales”. En consecuencia, el trámite legislativo ordinario o estatutario será definido por el contenido del asunto a regular y no por el nombre que el legislador designe.
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Mediante ley estatutaria se regula únicamente el núcleo esencial del derecho fundamental, de tal forma que, si un derecho tiene mayor margen de configuración legal, será menor la reglamentación por ley estatutaria.
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Las regulaciones integrales de los derechos fundamentales deben realizarse mediante ley cualificada.
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Los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse mediante ley estatutaria. De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador ordinario.
Por consiguiente, el gobierno argumenta que esta reforma no busca regular el derecho a la salud, pues esa fue la finalidad de la Ley Estatutaria de 2015, esta reforma centra su atención en la implementación de mecanismos de carácter técnico, financiero e institucional. Según, Gabriel Bustamante, director jurídico del Ministerio de Salud, la mayoría de las leyes que han modificado al sistema de salud en Colombia se han tramitado como leyes ordinarias y en Colombia desde 2015 tenemos la ley que regula a la salud como un derecho.
No obstante, están también quienes argumentan que el proyecto de ley debería tramitarse como una ley estatutaria basándose en argumentos que vale la pena tener en cuenta, ya que, desde su radicación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el texto ha tenido algunas modificaciones. Los expertos quienes consideran que el trámite debe hacerse como una ley estatutaria se basan en cuestiones constitucionales y legales, algunas observaciones llevadas a cabo a propósito del modelo de prestación de servicios que se propone y la importancia del flujo y la gestión de los recursos financieros.
- En la reforma se plantea una transformación importante del modelo que se ha implementado desde la Ley 100 de 1993. De esta manera, al cambiar el rol actual de las EPS, las funciones de aseguramiento (administración, articulación y gestión del riesgo de la salud y financiero) pasarían, por ejemplo, a las Secretarías de Salud, los Centros de Atención Primaria en Salud, las Redes Integradas e Integrales de salud, las clínicas y hospitales, entre otros.
Este punto es importante por varias razones. La primera razón, tiene que ver con la libertad de escogencia y de movilidad entre EPS, la cual quedó consagrada en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, modificado a través del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011. Este último ratificado en el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015. Para lo expertos se vulnera la libertad de elección, ya que, tal y como lo plantea la reforma a la salud, los usuarios deberían inscribirse a los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS) en función de su lugar de residencia. De esta manera, con el nuevo sistema de salud se pasaría según Rodrigo Uprimny Yepes (Dejusticia, 2023) “de un modelo de múltiples entradas posibles a la atención en salud, en donde el usuario puede escoger entre diversas EPS”, a un modelo único representado en los CAPIRS.
De esta manera, se elimina la posibilidad que los usuarios elijan su asegurador de preferencia y es un tema que debe analizarse con detenimiento, ya que en varias ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a libre escogencia de la EPS (sentencia T 010 de 2004 y sentencia C-313 de 2014), ya que considera “la libre escogencia como manifestación de la garantía de los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas” (Sentencia C-313 de 2014).
En segundo lugar, aunque el proyecto le permite a las actuales EPS transformase en Gestoras de Salud, estas no tendrían las mismas funciones que hoy tienen, por ejemplo, en lo referente a los aportes y los recaudos. De esta manera, el proyecto de reforma modifica el proceso de afiliación y recaudo y el proceso de gestión integral del riesgo en salud. Asimismo, se modifica la destinación de parte de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), es decir, el proyecto si podría llegar a cambiar el ejercicio y la formas en la cual los usuarios acceden a los servicios de salud.
Al respecto, el artículo 152 de la Constitución Política establece que, por medio de las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará no sólo lo relativo a los derechos y deberes fundamentales, sino también, se encargará de hacerlo sobre los procedimientos y los recursos para garantizar su protección.
- La reforma también modifica la Ley 715 de 2001 a través de los artículos 75,76, 88, 89 y 90. Al respecto, es importante tener en cuenta que según los expertos se pretende reformar una ley orgánica mediante el trámite ordinario. Vale la pena recordar que según la Constitución Política de 1991 se debe tener en cuenta:
- Si bien las leyes orgánicas no son normas constitucionales, si son “de naturaleza jerárquica superior a las demás leyes, cuando se refieren al mismo contenido material” (Sentencia C-337 de 1993). Igualmente, al ser “superiores” requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara (artículo 151, Constitución Política de 1991).
- Igualmente, en el Fallo No. 5242 de 2010 del Consejo de Estado se estableció que “la Ley 715 de 2001 es una ley orgánica, lo que significa que es únicamente al legislador ordinario al que le corresponde por otra ley de igual categoría realizar dicha modificación”.
Ahora bien, teniendo en cuenta estas consideraciones y el análisis que se ha presentado, es claro que el gobierno nacional tendrá que revisar profundamente cuál es la ruta legislativa que va acorde con las características del proyecto de ley.
Al incidir sobre la libre escogencia y sobre la garantía del derecho fundamental, muchos analistas han alertado sobre la inconveniencia de continuar su trámite, como se ha iniciado, por la ruta de la ley ordinaria. En caso de persistir en este procedimiento, la ley podría ser declarada inconstitucional por la Corte, si se comprueba que el trámite ha estado viciado por las consideraciones que ya hemos expuesto.
A manera de recomendación, es fundamental que los ajustes que se van haciendo al articulado del proyecto 339 sean consecuentes también con los alcances que la ley tendrá en la garantía del derecho a la salud en sus diversos aspectos y que se reconsideren y se hagan coherentes con el trámite que deberá surtir en el legislativo. Sería muy grave que se incurra en un desgaste institucional que derive en la declaratoria de inconstitucionalidad por no escuchar las voces que desde distintos escenarios han llamado la atención sobre este asunto y, además, esto afectaría aún más las relaciones entre ejecutivo y legislativo y, lo que es peor, pondría en riesgo el acceso de los colombianos a los servicios de salud.
by INNOS | Jun 17, 2022 | Blog Electoral, Elecciones 2022, Noticias
En esta campaña electoral se han discutido un número importante de temas relacionados con la salud. Hace un par de meses el tema de debate que enfrentó a los candidatos fue la interrupción voluntaria del embarazo, a propósito de un fallo de la Corte Constitucional que aumentó, por un lado, los meses para llevar a cabo este procedimiento, por el otro, la ampliación más allá de las tres condiciones previstas con la Sentencia C 355 de 2006. En esa discusión surgió el tema del embarazo adolescente, aunque no fue tan amplia como la relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo, se pudo evidenciar que en Colombia dicho fenómeno merece un análisis, no sólo porque el país cuenta con una tasa importante, sino porque internamente este problema tiene resultados variados por departamento, e, inclusive algunos determinantes sociales explican la prevalencia. De esta manera, para la OMS los embarazos adolescentes son considerados como un problema de salud pública por los riesgos sobre la salud física en cuanto a morbilidad y mortalidad materna, e incluso, se constituyen en un factor importante al momento de formular acciones y estrategias para la reducción de la pobreza por varias razones, entre las que se destacan los efectos socioeconómicos y psicológicos sobre las niñas y las adolescentes.
Entre estadísticas y contextos
En un informe de la OCDE de agosto de 2020 se estableció que en los países en desarrollo la niñas y adolescentes tienen mayor riesgo, no sólo de contraer matrimonio a temprana edad, sino también de sufrir embarazos adolescentes, de 21 millones de adolescentes en el mundo que quedan embarazadas, alrededor de 12 millones dan a luz en dichos países. De estas, 770 mil son menores de 15 años, así, por ejemplo, con el último brote de Ébola en Sierra Leona, el número de niñas en estado de embarazo se incrementó. Este es el mismo panorama tras la pandemia de COVID 19. Si bien, desde finales de la última década del siglo XX se ha observado una disminución en la tasa mundial de fecundidad específica de los adolescentes (sólo el 11% de los nacimientos se da entre las edades de 15 a 19 años), el cierre de las escuelas, el confinamiento, la falta de acceso a anticonceptivos y a centros de salud, la violencia de género, el aplazamiento de acciones públicas para implementar programas de educación sexual, así como, el aumento de la pobreza, son factores que incidieron para que en muchas regiones y en algunos países la tasa se mantuviera o aumentara. Al respecto, la OMS señala que las regiones con el mayor número de embarazos adolescentes continúan siendo África Subsahariana y África Oriental seguida de la región de América Latina y el Caribe.
En el caso de esta última región, según datos de la ONU la tasa de embarazos en adolescentes para 2020 fue de 60 embarazos por cada mil mujeres. Y, aunque este fenómeno se presenta en menor medida en los países miembros de la OCDE (11.8 nacimientos por cada 1.000 mujeres jóvenes de 15 a 19 años), la tasa sorprende en Colombia y México porque están por encima del promedio de los países miembros de la organización internacional.
Colombia y el embarazo adolescente
Para el caso de Colombia el fenómeno de los embarazos en adolescentes se clasifica como multicausal. De esta manera, la prevalencia de la situación se debe, por un lado, a factores contextuales, tales, como la situación de pobreza, los imaginarios sociales sobre la mujer y sus proyectos de vida centrados en la maternidad y asociados con algunas tradiciones como las uniones tempranas, así como, las violencias de género. Por el otro, a factores como la falta de acceso e información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva. Según el DANE la tasa acumulada para 2020 fue de 54 nacimientos por cada 1.000 adolescentes (15 y los 19 años) y 2,2 nacimientos por cada 1.000 niñas. En ese sentido, desde 2015 la tasa para ambos rangos de edad se ha venido disminuyendo con una variación del -6,9 y el -0,9 respectivamente. No obstante, si se mira por departamento, la tasa especifica de fecundidad en el rango de edades entre los 10 y 14 años se sitúa en niveles muy altos, sobresaliendo cinco departamentos, Guaviare, Guainía, Arauca, Caquetá y Vichada con tasas por encima de los 4 nacimientos por cada 1.000 niñas. Para el caso del rango de edad entre los 15 y los 19 años las entidades territoriales del orden departamental con las mayores tasas fueron Magdalena, La Guajira, Cesar, Guainía y Caquetá. En estos las tasas son igual o superiores a los 75 nacimientos por cada 1.000 adolescentes. Igualmente, si se toman datos como el nivel educativo de la madre, los niveles más altos se presentan en básica secundaria, media académica, y media técnica. La proporción es del 55,5%. Le siguen las madres que se encuentran cursando preescolar o primaria. Acá la proporción es del 12,6% de los nacimientos.
Ahora bien, si se comparan los datos de 2020 con los registrados durante el segundo trimestre de 2021, se puede observar un aumento en el número de nacimientos en niñas menores de 14 años. La variación según los mismos datos del DANE se ubicó en 24,1%, es decir, en ese período se reportaron 210 nacimientos más que en el período anterior. Esto también se observa en los rangos de edad entre los 15 y 19 años. Para el segundo trimestre del año se estableció un incremento de 1.559 nacimientos. Así mismo, en lo corrido de 2022, el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años aumentó un 20,3%. Estos datos tan diferentes a los reportados en 2020 se pueden deber a los efectos de la pandemia.
Afectaciones del embarazo adolescente
En el informe presentado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el DANE se señaló que este fenómeno trae una serie de afectaciones en la vida de las niñas y adolescentes. En primer lugar, un número importante de niñas y adolescentes ven interrumpidos sus estudios, ya que, una vez que se convierten en madres, éstas deben encargarse del cuidado de los niños y llevar a cabo actividades domésticas. Esta situación tiene consecuencias en el corto y largo plazo en los indicadores sobre capital humano. En Colombia el 33,7% de las niñas entre los 10 y 14 años no asisten a la escuela. En el caso de las adolescentes ese porcentaje alcanzó un 40% en 2020.
La segunda afectación en la incidencia de dicho fenómeno es la mortalidad materna la cual se explica por factores como el embarazo interrumpido voluntariamente, edema, proteinuria, trastornos hipertensivos en el embarazo parto y puerperio, la falta de una atención adecuada materna, e, incluso el suicidio. Para el año 2020 en Colombia la Razón de Mortalidad Materna (RMM) aumentó en las niñas y adolescentes embarazadas. En este año por cada 100.000 nacidos vivos, murieron 46,9 niñas entre los 10 y 14 años. En el caso de las adolescentes (15 a 19 años) por cada 100.000 nacidos fallecieron 74,7.
Estrategias y acciones contra el embarazo adolescente
En 2012 se elaboró el Conpes Social No. 147 con el cual se establecieron los lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Este Conpes tiene como objetivo diseñar e implementar proyectos para que las niñas y adolescentes permanezcan escolarizadas y logren culminar sus estudios. Igualmente, en Colombia existe una normatividad, como, por ejemplo, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y adolescencia), la Ley 1146 de 20079 (Ley de Prevención y Atención de Violencia y Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes), el Decreto 3039 de 2007 (Plan Nacional de Salud Pública), la Ley 1257 de 2008 (Ley de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres) y el Decreto 2968 de 2010 (Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos). Asimismo, se han emitido tres sentencias, la sentencia T-926 de 1999, la sentencia T-605 de 2007 y la sentencia T-440 de 1992. El contenido de estas se reforzó mediante la Resolución 3353 de 1993 promulgada por el MEN la cual estableció la educación sexual como obligatoria en instituciones educativas.
Fuentes:
Foto de prueba de embarazo creado por jcomp – www.freepik.es
by INNOS | May 19, 2022 | Blog Electoral, Elecciones 2022, Noticias
En Colombia, los avances en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) son una prioridad del gobierno. Por tal motivo el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional De Planeación han dado a conocer la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estará vigente entre 2022 y 2030. Su objetivo es incrementar la contribución de la CTI al desarrollo social, económico, ambiental, y sostenible, del país, con un enfoque diferencial, territorial, y participativo. Para ello, se consideran tres ejes principales: la generación de nuevo conocimiento, fomentar la productividad y la competitividad, y lograr la equidad social y el desarrollo sostenible.
Conseguir los avances propuestos requerirá, por supuesto, grandes esfuerzos, por lo que se han invertido 1,15 billones de pesos y se han presupuestado otros 30 billones para la próxima década.
A pesar de los esfuerzos realizados, y como era de esperar, existen grandes necesidades que requieren especial atención. Esto con el fin de implementar exitosamente la política propuesta, lograr los objetivos planteados en ella de manera más efectiva y rápida, y acelerar el desarrollo y la competitividad en el campo de la CTI. En este sentido, cabe destacar que las inversiones realizadas en Colombia en CTeI son del 0,3 % del PIB, cifra que contrasta con la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es del 2 % del PIB. Frente a estas cifras, llama la atención que la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tenga como una de sus metas lograr para el 2031 una inversión del 1 % del PIB en temas relacionados con las CTeI, un porcentaje 50 % inferior al actual de los países de la OCDE, pese a que Colombia busca consolidarse como un país líder en la región en este aspecto.
Dadas las oportunidades que se presentan y la situación sanitaria actual debido a la pandemia de COVID-19, así como el momento actual en la escena política, el momento no podría ser mejor para la búsqueda de innovación y avances en el campo de la CTeI. En este sentido, las agendas de los programas de los candidatos presidenciales abordan cuestiones que merecen especial atención de cara al futuro.
Sergio Fajardo: la CTeI debe ser un verdadero motor de desarrollo
El candidato Sergio Fajardo plantea diversos temas relacionados con la CTI en su programa de gobierno. Entre ellos, la baja inversión en comparación con países similares a Colombia, el déficit de investigadores, normatividad, institucionalidad y gobernabilidad sólida en estos temas, los obstáculos del sector privado para elevar la productividad y la innovación, y la mejora que la CTI puede aportar a las oportunidades de empleo. Estos aspectos están en consonancia con lo que se plantea en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
De acuerdo con los problemas que identifica en su programa, propone soluciones que merecen atención. La primera es el aumento de la financiación de la CTI, hasta alcanzar el objetivo del 1 % del PIB. Aunque cabe reconocer que esto supone una mejora, esta cifra es inferior al objetivo establecido en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La segunda es la creación de una nueva política de CTeI. Ella debe incluir: i) un acuerdo nacional para la financiación de la CTI, que incluye los sectores público y privado, y esté sujeto a vigilancia a través de mecanismos periódicos de evaluación y rendición de cuentas para evaluar el éxito de los mecanismos planteados. ii) un plan de formación y vinculación de capital humano altamente calificado. Por supuesto, la formación, atracción, vinculación y retención del talento humano calificado es un tema que se destaca en este plan de gobierno y está en línea con las políticas nacionales. Sin embargo, aunque se busca que esta tarea sea inclusiva a todos los sectores de la sociedad, no se menciona cuáles serán los mecanismos que se emplearán para lograr esta ambiciosa tarea en un período de 4 años. iii) una reforma institucional al sector CTeI, que en cabeza de MinCiencias, articule los procesos de investigación originados en todos los ministerios.
Es destacable la apuesta para la creación de centros orientados a la misión en los sectores agrícola, manufacturero y de servicios, energía y cambio climático, salud, y bioeconomía. Se trata, sin duda, de una apuesta ambiciosa que merece ser destacada, aunque al mismo tiempo evaluada en cuanto a su posibilidad de ser llevada a cabo en un contexto de baja financiación y en un periodo corto de tiempo.
Si bien se menciona la importancia de reforzar la normativa que rodea a la CTI, a la vez que se reducen las barreras que la rodean, se eleva el rigor del impacto y se promueve la generación de iniciativas por parte de universidades, industrias, institutos y centros de investigación, conviene mencionar hasta qué punto se puede contar con el apoyo financiero de la empresa privada, puesto que su capacidad de inversión, algo que puede fortalecerse con el planteamiento de la creación de programas de apoyo a la innovación empresarial, un gran beneficio que la CTeI puede brindar al sector privado.
En términos generales, las propuestas de Sergio Fajardo están en línea con las propuestas de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aún así, algunas de sus metas son menos ambiciosas que aquellas de dicha política. En este sentido, conviene profundizar en la forma en que se podrían ampliar sus metas, de manera que Colombia se posicione como un país líder y también profundizar al respecto de los mecanismos que se utilizarán para lograr lo propuesto.
Federico Gutiérrez: se fortalecerá la financiación e inversión en CTeI
En el programa de gobierno de Federico Gutiérrez se plantea de forma amplia la importancia de construir sobre lo construido. Esto, por supuesto, resulta ser un punto clave en términos de CTeI. Y es que se ha documentado la necesidad sentida de aumentar la inversión en CTI, para posicionar a Colombia como líder en la región. Esto concuerda con su afirmación de que es necesario abordar la problemática del crecimiento insuficiente, la baja productividad y el desempleo, por supuesto algo que se puede mejorar gracias a los resultados del trabajo de CTeI. No obstante, dicha necesidad contrasta con el planteamiento del programa del candidato Gutiérrez, en el sentido de que Colombia es un país protagonista en la economía de la región, cuando el punto de referencia, más allá de la región, deben ser los países de la OCDE.
Cabe destacar que el candidato dedica una parte importante de su programa a la CTeI y se alinea en gran medida con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad de generar y utilizar conocimientos para promover el desarrollo. Así mismo en este programa se plantea un punto de especial interés y es el de estimular el emprendimiento y la propiedad intelectual, así como de mantener los beneficios tributarios para y las PYME, a pesar de este tipo de empresas afronta grandes retos para subsistir. No obstante, aunque el candidato se esfuerza por reforzar los mecanismos e instrumentos de financiación de la CTI, sus objetivos de asignación de recursos difieren de la política, ya que son inferiores a los establecidos en ésta.
En materia de desarrollo, si bien el programa de Federico Gutiérrez propone la independencia en aspectos como la producción de medicamentos y vacunas, simultáneamente propone que Colombia sea un centro internacional para probar tecnologías de punta, algo que en cierta medida podría resultar incompatible.
En cuanto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, el candidato busca que en su gobierno se mejore la conectividad en Colombia, hasta el punto de convertir a este país en un centro regional de alojamiento de datos. Asimismo, propone la implementación de planes de transformación digital, promoción del uso y apropiación de la tecnología y fortalecimiento de estrategias de alfabetización digital. Si bien estos aspectos no inciden directamente en la CTeI, sí facilitan su avance.
Resulta interesante que este candidato plantee la necesidad de realizar acciones concretas en estrategias sectoriales y temáticas en todas las áreas relevantes para el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del país. Ello está en consonancia con la necesidad de hacer inclusivas las tareas de CTeI, conforme lo establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En términos generales, conviene profundizar en cómo el apalancamiento de la CTeI se convertirá en un elemento fuerte para enfrentar la pobreza, fortalecer el desarrollo agrícola y rural, siendo estos algunos de los problemas profundos de Colombia mencionados por este candidato en su programa de gobierno. Adicionalmente, en cuanto al crecimiento del PIB, tal y como se propone en el programa del candidato, cuya meta es de 5 % a 2026, es importante concretar en qué medida se pretende aumentar los recursos asignados a la CTeI, tal y como propone en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Rodolfo Hernandez
El programa de gobierno de Rodolfo Hernández dedica un espacio importante a la CTeI. En este sentido, reconoce la importancia de la inversión en este ámbito, con el objetivo de innovar para resolver problemas, mejorar el bienestar de la población y posicionar a Colombia como un país líder.
En este sentido, reconoce que la inversión en este campo es baja, hecho que es consistente con las cifras mencionadas por la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al respecto, agrega que de este porcentaje, la mayor parte está a cargo de la empresa privada.
Así, el candidato propone establecer una estrategia que oriente la inversión multisectorial en CTeI en Colombia. Su enfoque debe ser vocacional, regional y tener un alcance a mediano y largo plazo. En este sentido, menciona que es importante fortalecer la investigación en el propio contexto y, así, generar conocimiento que pueda ser aplicado localmente de modo que esto permita evitar la importación de soluciones que son exitosas en otros países y dar prioridad al desarrollo de aquellas que se requieren en Colombia.
En el ámbito de las ciencias de la salud, señala aspectos clave como el estímulo y fortalecimiento de la competitividad de la industria farmacéutica, así como la recuperación de la producción de vacunas. Esto ante posibles nuevas pandemias o situaciones ambientales que generen profundos problemas, tales como el cambio climático.
Sin duda, la propuesta de Rodolfo Hernández merece destacar otros aspectos. Por un lado, los planes de CTeI de su propuesta se centran en llegar a las poblaciones más vulnerables. Además, ella menciona la necesidad de incentivar la creatividad y aumentar las patentes de invención y la creación de modelos de utilidad. También pretende dar una orientación e impulso privilegiado a la investigación científica universitaria. Por último, se menciona la necesidad de fortalecer el emprendimiento de proyectos de base tecnológica.
Aunque las propuestas anteriores son relevantes, el origen de los fondos para este proyecto es un aspecto que merece ser considerado. En este sentido, su programa destaca de manera muy especial la meta del 5 % en términos de inversión en CTeI. Sin duda, se trata de una tarea ardua, y cabe preguntarse qué mecanismos se aplicarán para conseguirlo y de dónde saldrán los fondos para ello y cuáles serán las líneas de tiempo en las cuales se pretende alcanzar dicha meta.
Gustavo Petro: la tarea de fortalecer la CTeI y la investigación estará a cargo del estado
Al igual que los programas de gobierno de los demás candidatos presidenciales, el programa de Gustavo Petro hace referencia a la CTeI. Sin embargo, su programa se diferencia de los demás en que no dedica un espacio definido a este aspecto, aunque sí menciona la CTeI en diferentes apartados de su documento programático, de tal manera que se cubren aspectos clave de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En términos generales, el programa de gobierno de Gustavo Petro propone fortalecer la CTeI y la investigación, aspectos para los cuales se destinará una robusta financiación a cargo del Estado. Esto busca potenciar la innovación tecnológica en el sector productivo y en la sociedad en su conjunto, así como promover el trabajo creativo y colaborativo entre las comunidades, las instituciones de educación superior y los institutos de investigación, de manera culturalmente incluyente, reconociendo los conocimientos tradicionales y ancestrales para fortalecer la relación entre la sociedad y la naturaleza. La propuesta es fortalecer el conocimiento tradicional con asistencia científica y tecnológica.
Si bien lo anterior es de gran importancia, y cabe destacar que se plantea de manera incluyente, se contemplan aspectos que abarcan el ordenamiento territorial en torno al agua (ríos, costas y mares), la protección de los recursos naturales, la creación de pactos para la protección de nuestros bosques y selvas, la transición a un sistema energético basado en energías renovables, la migración a un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsable, la creación de un sistema nacional de innovación agrícola y el reconocimiento del contexto y las potencialidades territoriales para fortalecer y consolidar los Sistemas Regionales de Innovación.
Conseguir esto, por supuesto, requiere el fortalecimiento de la CTeI. Y el programa de gobierno señala que esto requiere de una robusta inversión para fortalecer la formación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado, así como en la capacitación de la mano de obra, para impulsar la innovación y aumentar la productividad de acuerdo a las necesidades del proceso de industrialización nacional. Con este fin, se creará el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) el cual, bajo el control operativo y financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitirá la articulación local y regional entre universidades, empresarios, comunidades y entidades públicas, con el fin de aumentar la productividad.
En general, si bien la propuesta de la campaña resulta interesante en términos de generación de talento humano, conviene reconocer que plantea una gran cantidad de acciones cuyo éxito implica enormes desafíos, especialmente si se pretende alcanzarlos en un período de gobierno y un contexto que exige una amplia voluntad política y el compromiso de múltiples sectores de la sociedad. Además, conviene señalar que la robusta financiación mencionada requiere un aumento de la asignación de fondos del PIB, tal y como se plantea en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A este respecto, es conveniente establecer qué mecanismos y procesos se utilizarán para destinar estos fondos a tareas relacionadas con la CTeI.
En palabras finales…
En Colombia existe un amplio camino por recorrer en materia de progreso en el contexto de la CTeI. Ello requiere la asignación de enormes recursos y el cumplimiento de metas ambiciosas en el periodo 2022-2031. En este sentido, si bien las propuestas de los candidatos Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro hacen amplia mención a la CTI, y están alineadas en algunos aspectos con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, resulta conveniente aclarar múltiples aspectos. Para esto, proponemos las siguientes 10 preguntas a todos los candidatos y sus equipos:
- ¿Qué pasos debe dar el próximo gobierno en materia de CTeI y qué acciones va a implementar y priorizar para lograrlos? Esto incluye, por supuesto, el avance de la educación en este aspecto, así como la planeación y ejecución de acciones que promuevan el progreso en este campo. Todo ello debe considerarse especialmente en el contexto de la diversidad cultural y los problemas sociales de Colombia.
- ¿Cómo aumentar la meta de inversión del PIB en el campo de la CTI? Esto con el fin de superar el 2 % invertido por los países de la OCDE, para que Colombia se posicione como país líder en su región.
- ¿Cómo se consolidarán las contribuciones al desarrollo de la CTeI en un país con insuficiente desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica, en el cual se destinan pocos recursos y se cuenta con bajos incentivos para ello? Esto a pesar de que, en primer lugar, se busca un mayor desarrollo y sostenibilidad en aspectos tanto sociales como económicos y medioambientales y en segundo lugar, el Pacto por la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación establece un conjunto de acciones para lograr que la inversión en actividades de CTeI sea del 1,5 % del PIB.
- Dado que el proceso de innovación de la política de CTeI se contempla como un proceso dinámico, no lineal e iterativo, en el que múltiples actores interactúan en procesos de negociación para identificar rutas alternativas con potencial para generar cambios sistémicos, y que el objetivo es dotar a la Política de herramientas para abordar problemas complejos, ¿qué acciones se propondrán para que la innovación en CTI se ajuste a un paradigma de razonamiento no lineal, dinámico y sistémico, o cuál difiere del paradigma de pensamiento lineal y reduccionista aplicado por el gobierno en la actualidad?
- ¿Cómo se abordará el déficit de talento humano en CTeI, así como el rezago y la debilidad en la generación y uso del conocimiento (en términos de volumen e impacto) en el país?
- ¿Cómo se fortalecerá el rol y las capacidades de las instituciones generadoras de conocimiento para cumplir su misión?
- ¿Qué acciones se implementarán para fortalecer las capacidades y condiciones para la innovación y el emprendimiento?
- ¿Qué acciones se implementarán para fortalecer el desarrollo, la transferencia y la apropiación social del conocimiento y tecnología hacia el sector productivo, así como para disminuir el rezago en la adopción de tecnologías?
- ¿Cómo se disminuirá la alta exclusión social en el desarrollo de CTeI y se fomentará la participación, el impacto y la cultura en este ámbito?
- ¿Qué fuentes e instrumentos de financiación se crearán para fortalecer la misión de las tareas de CTeI tanto en el corto, como el mediano y el largo plazo en el sector salud?
by INNOS | Abr 5, 2022 | Blog Electoral
Después de dos años de discusión, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-055 de 2022, dio luz verde a la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo. En términos llanos, esto implica que las mujeres que interrumpan voluntariamente el embarazo (IVE) durante ese término de la gestación, no incurrirán en un delito. La decisión generó polémica y agitó un debate en la sociedad colombiana, en parte por la incertidumbre que se abre con esta decisión judicial. Incertidumbre parcialmente generada al no haberse publicado la decisión completa. Así, lejos de ayudar a generar consensos, la decisión judicial abrió un escenario de posiciones a favor y en contra por parte de los distintos aspirantes, algunos hoy candidatos, a la Presidencia de la República. Distintas posiciones que, además, se producen por el carácter multidimensional que rodea la IVE.
En esta entrada se resalta el carácter multidimensional que rodea la IVE y la necesidad de buscar alternativas que permitan alcanzar decisiones balanceadas entre las diversas dimensiones de este desafío. El carácter multidimensional se puede analizar desde la perspectiva biopsicosocial de la ciencias de la salud, la cual integra los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de los pacientes, en lugar de atender sólo los físicos.
Si bien falta por conocer en profundidad los argumentos esgrimidos por la sentencia C-055 de 2022, es posible realizar un análisis preliminar para, en primer lugar, visualizar el panorama político y jurídico que estará presente durante el próximo gobierno y legislaturas; y, en segundo lugar, tener mayor consciencia de las posiciones a favor y en contra de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo.
- El panorama político durante la campaña electoral
Después de conocer la decisión de la Corte Constitucional, varias fueron las reacciones favorables en el contexto de la campaña electoral. El candidato del Pacto histórico Gustavo Petro, declaró que “las libertades son el mejor camino para proteger la vida”, aunque meses antes también había afirmado que para llegar a “cero abortos” se debe implementar una política centrada en la educación sexual y medidas tecnologicas. Similarmente, el excandidato Camilo Romero señaló que la decisión era un paso importante para que las mujeres pudieran decidir legalmente sobre sus cuerpos. En la misma línea, Francia Márquez estableció que la decisión era un acierto para que las mujeres pudieran decidir libremente. Alfredo Saade, encontró pertinente la decisión de la Corte porque permite que la mujer tenga la opción de abortar bajo cuidado médico. En esa misma sintonía están los ex candidatos de la coalición Centro Esperanza. Juan Manuel Galán celebró el pronunciamiento reconociendo la autonomía absoluta de las mujeres sobre su cuerpo. Igualmente, Alejandro Gaviria reconoció que esto era un triunfo para la salud pública.
Por otro lado, entre quienes no estuvieron a favor del pronunciamiento de la Corte Constitucional se encuentra el precandidato David Barguil, quien invitó a liderar una reforma constitucional para restarle algunas funciones a la Corte, en caso de ser elegido como presidente. Consideró que lo correcto es mantener sólo las tres causales de sentencia C-355 de 2006. El candidato Federico Gutiérrez afirmó que se deben respetar las decisiones de la Corte, pero que siempre debe existir un espacio para el debate, puntualizando, además, que estos temas deben llamar a la reflexión, añadiendo que respeta las tres causales, pero no comparte el lapso de 24 semanas. Una opinión parecida fue la del excandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, quien manifestó estar de acuerdo con la sentencia C – 355 de 2006, pero no con la actual decisión.
De este modo, no parece haber mayor desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional del año 2006 (sentencia C – 355) que despenalizó el aborto en tres situaciones: 1) cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, 2) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina o 3) cuando exista acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Al contrario, los desacuerdos surgen con la nueva decisión que despenaliza el aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo (sentencia C-055 de 2022), de ahí la incertidumbre que se abre hacia el futuro.
- En debate futuro: entre la implementación de la sentencia y la búsqueda de su modificación
A partir de las reacciones, tanto a favor como en contra, sobre la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo, es posible advertir que la discusión continuará, y que lo hará por dos caminos: (i) por la ruta del diseño de una política integral que dé cumplimiento a la sentencia (ii) la búsqueda de alternativas para cambiar la decisión de la Corte Constitucional. Más allá de las posiciones ideológicas, estos caminos muestran una discusión más amplia acerca de qué tan conveniente, en términos de legitimidad democrática y de evidencia científica, es que la Corte Constitucional haya fijado el número de semanas, en lugar, por ejemplo, de establecer algunos criterios con base en los cuales el legislador, u otro mecanismo democrático, pudieran hacerlo.
(i) El diseño de una política integral que proteja la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación.
A pesar de los desacuerdos que pueda tener el próximo gobierno y de los caminos que inicie para modificar esta decisión, se impone la obligación constitucional de dar cumplimiento a la sentencia C-055 de 2022. Recordemos que mediante esta, la Corte Constitucional tomó dos decisiones que buscan proteger el bien jurídico de la vida en gestación, así como proteger las garantías de los cargos estudiados (libertad de conciencia, a igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular, la prevención general de la pena, derecho a la salud y derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y personas gestantes). Así, para otorgar la que consideró la mejor protección constitucional, la Corte decidió: primero, despenalizar el aborto hasta la semana 24 y declaró la exequibilidad condicionada del delito de aborto consentido, estableciendo que dicho límite temporal no se aplica a los tres supuestos a los que se refiere la sentencia C-355 de 2006, esto es, que con independencia del tiempo de gestación no se incurrirá en el delito de aborto. Segundo, dio varias órdenes, tanto al Congreso como al Gobierno Nacional para que diseñen una política pública integral que proteja la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación.
En este sentido, la Corte señaló los contenidos mínimos que deberá tener esta política, así:
(i) la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo,
(ii) la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia,
(iii) la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación,
(iv) el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas,
(v) medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras y
(vi) medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.
De este modo, sería de esperar que una parte de la agenda del próximo gobierno esté destinada al diseño e implementación de esta política, para lo cual será importante medir las necesidades en términos de recursos económicos, técnicos y administrativos, ya que esta política impactará diferentes recursos del sistema de salud. Así, uno de los desafíos de la implementación de la decisión de la Corte Constitucional será poder establecer su impacto en el sistema de salud y en la protección de los derechos que la misma espera garantizar. No debe olvidarse que la sentencia sólo establece unos mínimos, por lo que el legislador y el gobierno tendrán autonomía para decidir las políticas y regulaciones que, a partir de esos mínimos, garanticen la vida en gestación, los derechos a la salud, los derechos reproductivos de las mujeres, entre otros.
Ahora bien, la implementación de esta política no lleva implícito el estar de acuerdo con la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Seguramente se establecerán, como ocurría bajo la sentencia del año 2006, los reglamentos y protocolos para ejercer la objeción de conciencia. Sobre esta última, la jurisprudencia ha establecido varias reglas: solamente las personas naturales son titulares de la objeción de conciencia, y ésta sólo puede ser solicitada por el personal médico que participa directamente en la intervención. Además, cuando se solicite, debe hacerse por medio escrito con una indicación precisa de “i) las razones por las cuales está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento tendente a interrumpir el embarazo en ese específico caso, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a quien ejerce la objeción de conciencia y; ii) el profesional médico al cual remite a la paciente que necesita ser atendida. Esto teniendo siempre como presupuesto que se tenga certeza sobre la existencia de dicho profesional, sobre su pericia para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo y de su disponibilidad en el momento en que es requerido”.
(ii) La búsqueda de la modificación de la decisión de la Corte Constitucional
Otro de los efectos de esta decisión será la búsqueda de alternativas para modificar la decisión de la Corte Constitucional, en especial, en lo que tiene que ver con la despenalización del aborto hasta la semana 24. Así, al conocer el fallo de la Corte, diferentes miembros del Partido Conservador y del Centro democrático plantearon la necesidad de realizar un referendo. Igualmente, las candidatas al Congreso del Partido Liberal, Sara Castellanos y Clara Lucía Sandoval, fueron más allá y radicaron ante la Registraduría Nacional una solicitud de referendo en virtud del cual se modificaría el artículo 11 de la Constitución Política que establece la inviolabilidad de la vida, a fin de que quede establecido que el “derecho a la vida desde la concepción es inviolable”. Otros, en cambio, sostienen que lo conveniente es volver a las tres causales de la sentencia del año 2006.
En este sentido, se observan dos motivos principales de desacuerdo con la sentencia C-055 de 2022. El primer motivo, de contenido sustantivo, observa que existe un detrimento del cuidado de la vida. El segundo motivo, de tipo procedimental, cuestiona la autoridad de la Corte Constitucional para tomar este tipo de decisiones, de ahí que las propuestas presentadas hasta el momento van en la línea de que sea el Congreso o el pueblo mediante referendo, quienes puedan tomar este tipo de decisiones. La viabilidad jurídica de realizar un referendo no está del todo clara. Realizar un referendo constitucional requiere que el Congreso apruebe una ley que lo convoque, la cual además deberá ser declarada constitucional por la Corte Constitucional. Y, de llegar a obtener la votación ciudadana requerida para aprobar la reforma constitucional, la Corte nuevamente podrá examinar la constitucionalidad de la reforma aprobada. En este sentido, importará el sentido de la reforma: si pretende penalizar el aborto en todos los casos, si pretende volver solo a las tres causales o si propone algo diferente, dado el principio de no regresión de los derechos. Esto es importante pues de ello dependerá la declaratoria de constitucionalidad o no por parte de la Corte Constitucional. Otra alternativa para cambiar la decisión de la Corte es que el Congreso mismo decida llevar a cabo una reforma constitucional. Esto debe hacerse mediante acto legislativo, requiere pasar por 8 debates y, nuevamente, de llegar a aprobarse, es posible que dicha reforma pueda volver a demandarse ante la Corte Constitucional.
Lo que muestra este escenario de reformas futuras es la dificultad de alcanzar consensos y un alto grado de polarización alrededor del tema. Y es de esperar que esto suceda en los Estados Constitucionales, cuando son las cortes quienes tienen la última palabra, de ahí que, más allá de afirmar si estamos o no de acuerdo con la decisión judicial actual, la pregunta que puede dejarse planteada es, si como sociedad deberíamos construir otras formas de toma de decisión, en donde más y diversos actores sociales puedan entrar a dialogar y en donde, por lo menos, se pongan de acuerdo en sus desacuerdos. Así, por ejemplo, valdría la pena explorar si, así como ha ocurrido en otras partes del mundo, Colombia puede desarrollar capacidades para innovar e implementar mecanismos de democracia deliberativa que puedan formar parte de procesos de decisión sobre temas complejos como el aborto, que de algún modo superen los modelos de decisión que solo dejan ganadores vs. perdedores.
Finalmente, como se ha venido señalando, la dificultad de lograr consensos frente a cómo abordar el problema del aborto está relacionado con su carácter multidimensional. Por esto, resulta útil la perspectiva biopsicosocial, que permite ver distintas caras de las diversas dimensiones del problema.
- La perspectiva biopsicosocial del aborto: un problema complejo que dificulta alcanzar consensos
El problema del aborto no debe ser visto únicamente como un procedimiento médico o quirúrgico. Son muchas las variables que intervienen en esta cuestión, las cuales trascienden el ámbito físico y no pueden ser ignoradas. Es preciso, además de lo médico, tener en cuenta la salud mental y la situación social.
El aborto considerado desde la dimensión biológica
Desde una mirada médica, el aborto puede producirse de forma espontánea o ser de carácter médico, debido a una enfermedad de la madre o a una decisión de ella de interrumpir su embarazo. Dentro de las situaciones a tener en cuenta debe considerarse el embarazo molar. Esta es una complicación poco usual del embarazo, en la cual hay un crecimiento anormal las células que se convierten en la placenta y puede haber o no crecimiento de tejido fetal, pero no hay posibilidades de que el feto sobreviva y, por lo general, se produce un aborto temprano. Dadas sus complicaciones, el embarazo molar requiere un tratamiento temprano para prevenir complicaciones.
De acuerdo con una consulta realizada a los cubos de datos de SISPRO obtenidos en marzo de 2022, la problemática mencionada a nivel mundial se asemeja, en cierta forma, a la realidad de Colombia. En el periodo 2017 – 2021, en relación con el embarazo molar se registraron 35.032 atenciones. En ese mismo periodo, sin tener en cuenta los abortos espontáneos o relacionados con embarazo molar, se registraron 318.734 atenciones por abortos. De ellas, 277.681 (87.11%) no presentaron complicaciones y 41.053 (12.88%) sí las presentaron.
Ahora bien, desde la perspectiva biológica también existe otra mirada al problema, como la compartida por la Academia Nacional de Medicina (ANM), según la cual, hablar de aborto a las 24 semanas genera complicaciones técnicas y éticas, en cuanto “la viabilidad fetal se alcanza cuando se supera la semana 22 de gestación o los 500 gramos de peso, según lo definido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia”; pero, incluso, aunque se hable de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), los problemas éticos y técnicos son relevantes, ya que “se trata de una gestación avanzada, con feto vivo, sano, que responde al dolor, que tiene expresión facial, que es capaz de escuchar, bostezar y patear, y que posee los reflejos de prensión y succión. La interrupción del embarazo en esta circunstancia obligaría a paralizar farmacológicamente el corazón fetal, lo que equivale a provocar la muerte de un ser que podría vivir independiente de la madre con adecuada asistencia médica.”
De este modo, biológicamente existen distintas consideraciones, pues uno es el caso del embarazo molar, otro es el caso del embarazo que, sin que existan condiciones médicas que lo afecten, decide ser interrumpido por la gestante, caso en el cual surgen cuestionamientos como los planteados por la Academia Nacional de Medicina.
El aborto desde la dimensión de la salud mental
La ANM, en su pronunciamiento sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, también contempla la dimensión de la salud mental y propone la asistencia psicológica antes y después de la interrupción del embarazo. Esto es relevante, en cuanto una política pública de este tipo requiere establecer toda una ruta de atención integral en salud mental para la mujer, tanto en el momento previo a la decisión como con posterioridad al aborto. Adquiere particular relevancia la atención previa, pues puede cumplir una función preventiva que facilite la toma de decisión a la mujer.
La atención en la etapa previa es clave, entre otras cosas porque, como algunos estudios han determinado, la salud mental de las mujeres gestantes puede afectarse con posterioridad al aborto, esto es, que existe una asociación entre este procedimiento y las afecciones de salud mental. En efecto, las mujeres que han abortado tienen un 81% más de riesgo de presentar problemas de salud mental en comparación con aquellas que no lo han tenido y, además, cerca del 10% del surgimiento de problemas de la esféra mental pueden deberse al aborto. Dicho de otro modo, existe un riesgo de medio a muy alto de aparición de trastornos mentales después de un aborto.
La problemática considerada desde la dimensión social: ¿aborto seguro o inseguro?
Desde la dimensión social, generalmente la problemática del aborto suele asociarse con el aborto inseguro. Desde 1967 la OMS se considera el aborto inseguro como un problema de salud pública a nivel mundial. En el periodo 2010 – 2014, en todo el mundo se produjeron aproximadamente 56 millones de abortos inducidos cada año; de ellos, solo el 55% fueron considerados seguros, es decir, aproximadamente 25 millones se estimaron como inseguros. Esto merece especial atención, ya que en entornos más restrictivos la seguridad de este procedimiento fue menor. Adicionalmente, en el mundo, del 4,7 al 13,2% de todas las muertes maternas pueden atribuirse a complicaciones relacionadas con el aborto inseguro. Además, cabe advertir que en estos entornos la mortalidad y la discapacidad relacionadas con el aborto inseguro están subestimadas. Ahora bien, en el caso de América Latina y el Caribe las cifras también son importantes: alrededor de 760,000 mujeres terminan hospitalizadas para ser tratadas por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Igualmente, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro.
Sin embargo, no puede obviarse que la calificación de un aborto como seguro puede llegar a resultar engañosa, si por seguro entendemos “sin riesgos”. Todo procedimiento genera riesgos, incluidos los partos que se caracterizan como seguros. Ahora bien, otra cuestión distinta es que los abortos inseguros, según muestra la evidencia, suponen desigualdades sociales y violencia de género, y por ende, la dimensión social del IVE ha puesto en el centro de sus preocupaciones la protección de los derechos de la mujer y de las niñas.
Pero la pregunta que puede surgir acá es cuál es la mejor forma de garantizar esta protección. Abordado como un problema de salud pública, los altos costos y consecuencias catastróficas del aborto inseguro pueden evitarse a través de intervenciones rentables de salud pública. Estas intervenciones incluyen, desde la educación sexual, información sobre el uso de métodos anticonceptivos efectivos, la prestación de servicios de aborto inducido legal y seguro, así como, una atención humana y de calidad después de realizado el procedimiento. Por ello, las propuestas de campañas de información sobre opciones de embarazo y crianza, alternativas de adopción, educación sexual y uso de métodos anticonceptivos son una propuesta a tener en cuenta. Asimismo, se hace necesario activar rutas de atención para la consulta preconcepcional, la planificación familiar y la información acerca de los derechos de la mujer. Una política pública integral debería poder determinar sobre cuál de estos aspectos se priorizará o cómo los articulará.
El pronunciamiento de la ANM también hace mención expresa a la dimensión social. Considera como aspectos relevantes la necesidad de informar de la existencia de alternativas de conservación del embarazo y de asumir la crianza o adopción del recién nacido. Considerando lo anterior, y con el fin de controlar un problema de salud pública como es éste, la ANM recomienda el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el embarazo no deseado a través de programas de educación sexual, el fácil acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, la activación de rutas de atención para la consulta preconcepcional, la planificación familiar, la atención prenatal temprana y la información sobre el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
Conclusión
La despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional ha suscitado una gran polémica. Aunque este es un tema de muchos matices, se trata también de un problema de salud pública, por lo que debe ser abordado con una visión amplia que vaya más allá del procedimiento médico o quirúrgico. En este sentido, es importante ver esta problemática bajo la lupa de los aspectos biológicos, sociales y de salud mental, de modo que las intervenciones que se realicen en estos contextos busquen, por un lado, reducir el número de mujeres que acuden a solicitar este procedimiento, y por otro, mejorar la seguridad de las intervenciones educativas, preventivas y de asistencia médica que se les realizan, con el fin de prevenir casos de embarazos no deseados y los desenlaces negativos que pueden darse con esta práctica. Además, como se señaló al inicio, también queda abierta la cuestión acerca de diseñar el mejor procedimiento político para tomar decisiones en asuntos altamente complejos como el del aborto consentido. Finalmente, y a pesar de los desacuerdos, un punto de acuerdo debe estar en la necesidad de reconocer la importancia de la formación, información y acompañamiento a la mujer. Para esto pueden tomarse experiencias exitosas de otros países que puedan replicarse en Colombia. Así, aunque subsistan los desacuerdos y, a pesar de la incertidumbre que abre esta decisión judicial, será fundamental garantizar el apoyo a la mujer e hijo que afrontan esta situación.
by INNOS | Mar 23, 2022 | Blog Electoral
Los retos y oportunidades de la producción de vacunas contra el Covid-19 en Colombia
Tras dos años de pandemia, cerca de 450 millones de contagios y más de seis millones de muertes en el mundo, el COVID-19 puso a prueba la capacidad y la agilidad de la industria farmacéutica a nivel global para el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas.
En este sentido, los diferentes aportes recogidos en el pasado webinar realizado desde INNOS, comprenden los avances, logros y desafíos de la producción de vacunas en Colombia teniendo en cuenta la coyuntura electoral del país; con el objetivo de atraer la atención de los diferentes candidatos presidenciales y sus equipos programáticos sobre este tema que ha sido y continuará siendo fundamental en la agenda de salud.
El director general de INNOS, Carlos Felipe Escobar, planteó que este contexto generó retos inmensos para todos los frentes involucrados, pero al tiempo significó grandes logros por la respuesta que se le dio a la humanidad para atender de forma oportuna y efectiva la crisis.
En ese sentido, Carlos Felipe Escobar invitó a reconocer los avances y desafíos que la industria ha enfrentado en el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y producción de vacunas, una tarea que involucra a todas las partes en la búsqueda de que se asegura un acceso a la salud más equitativo y con calidad, que en el caso de países como Colombia facilite la llegada y el desarrollo de la innovación.
La estrategia para el desarrollo y la producción local de vacunas
Diana Calderón, asesora de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, expuso los avances de la estrategia para el desarrollo y la producción local de vacunas que lidera dicho despacho. En su concepto este es un proyecto necesario para que el país pueda transitar los pasos que se requieren para volver a producir biológicos. Esta implica la articulación de tres actores: la industria, el Gobierno y la academia, en la que todos los esfuerzos deben ir encaminados hacia una meta común: lograr una visión de seguridad y soberanía sanitaria.
Las metas de la estrategia son que Colombia cuente con infraestructura para hacer el llenado y el terminado de vacunas, que produzca sus propios biológicos mediante transferencia tecnológica y que posea las unidades de investigación, desarrollo e innovación necesarias para este propósito.
Para ello se ha propuesto la creación de una comisión intersectorial para el desarrollo y la producción de tecnologías estratégicas en salud que sirva de sombrilla para que más tecnologías de este tipo tengan la estructura de gobernanza desde la cual se imparten las instrucciones para que tengan vida y un buen trasegar, y que el país obtenga lo que requiere en el marco de la seguridad y soberanía sanitaria.
También se elaborará un CONPES de seguridad sanitaria, con el concurso del Departamento Nacional de Planeación, que sea el soporte que impulse todos los proyectos asociados de los cuales den línea los ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La estrategia recoge algunas preguntas clave que orientarán las acciones a desarrollar, tales como ¿qué vacunas se deben priorizar?, ¿Colombia se debe especializar en desarrollo y producción de alguna tecnología en particular?, o ¿qué capacidades debe fomentar el Gobierno?, entre otras.
Dos ejemplos de la capacidad nacional
Vecol y VaxThera, compañías colombianas enfocadas en la producción y el desarrollo de vacunas, expusieron cada una sus capacidades para este objetivo.
Juan Aurelio Moncada, presidente de Vecol, y Zulma Suárez, directora de Investigación y Desarrollo, comentaron que la compañía cuenta con las competencias técnicas para producir la vacuna antirrábica humana (de la cual recibió la autorización en 1999) y otros biológicos de bacterias toxoides para soporte del Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI–, así como la capacidad regulatoria para gestionar las transferencias tecnológicas que permitan la producción de nuevas vacunas en el país.
La infraestructura actual con la que cuenta la empresa les permite producir también la vacuna antiaftosa, en cantidades hasta de 52 millones de dosis anuales, y su larga trayectoria en bioprocesos, formulación de vacunas y control de calidad y productos farmacéuticos avalan su experiencia en este campo.
Por su parte, Jorge Emilio Osorio, presidente y fundador de VaxThera, comentó que dirige una empresa colombiana de investigación y desarrollo de biológicos para la prevención y tratamiento de enfermedades que instalará su planta de producción de 35 mil metros cuadrados en el Oriente de Antioquia. Ya tienen licencia de urbanismo y diseño arquitectónico, y esperan ponerla en funcionamiento en 2023.
Su objetivo es contribuir a la independencia de biológicos y garantizar la seguridad sanitaria en Latinoamérica. Esta es una iniciativa privada que en su primera fase considera una inversión proyectada de 54 millones de dólares con el respaldo de Seguros Sura, una empresa sólida y confiable que tiene presencia en once países de la región.
Para cumplir este sueño de tener vacunas en el medio local, Osorio indicó que el apoyo del Gobierno nacional ha sido clave, a través del ecosistema conformado por los ministerios de Salud; de Comercio, Industria y Turismo, y de Ciencia, Tecnología e Investigación.
VaxThera tiene como propósito el desarrollo de la vacuna universal contra el COVID-19, que está en fase preclínica con resultados positivos hasta el momento, y están empezando con la generación de lotes clínicos. Este año el directivo prevé que se realicen los estudios de las fases 1, 2 y 2, para buscar la aprobación del biológico en 2023. Además, continuarán en el proceso de elaboración de vacunas contra el dengue, el zika, el chikungunya, y la fiebre amarilla.
Trabajo previo
Yaneth Giha, presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia –Afidro–, dejó algunos mensajes clave respecto al tema en discusión.
El principal es que Colombia cuenta con capacidades y experiencias adquiridas previamente que sirven como base para la producción y el desarrollo de vacunas. Sostiene que el foco debe estar en fortalecerlas luego de tener muy claros los objetivos que se pretenden alcanzar.
La investigación es una de las capacidades más sólidas. Con 884 grupos de investigación –de un total de 5.207 que son reconocidos en el país– y 2.903 investigadores en las áreas de las ciencias médicas y la salud, es posible conseguir los propósitos deseados.
Hay experiencias y modelos implementados en otros países que pueden ser adaptados al plano local y retomar los casos de éxito que puedan ayudar a construir capacidades con mayor rapidez. Estos han sido fruto de visiones sólidas a largo plazo con enfoque en investigación y generación de conocimiento que vale la pena replicar.
Otro mensaje que compartió Giha es que el trabajo colaborativo es clave para avanzar. La ciencia es de alianzas, dijo, y cuando hay unión se hace la diferencia. Su llamado es a pasar a la acción y centrarse en los elementos esenciales que se requieren para trabajar en innovación y atraer y desarrollar transferencia de tecnología.
Eso se logra a través de facilitadores como la institucionalidad, la investigación, el capital humano, la infraestructura, la sofisticación del mercado y la Propiedad Intelectual, que contrario a lo que algunos mencionan es una facilitadora y no una barrera en la apropiación del conocimiento.
Al final, la directiva resaltó que el respeto de los estándares internacionales y las buenas prácticas permitirá contar una investigación que conduzca al desarrollo de mejores productos, que redunde en beneficios para la salud de las personas y en la promoción del país como un destino fértil en esta materia.
¿Cómo avanza la hoja de ruta para la producción de vacunas?
Felipe Guillén, líder del Centro de Investigaciones Clínicas y Trasnacional del Minciencias, explicó en qué va la hoja de ruta de la fase 3 de investigación y desarrollo para la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias. Antes explicó que la fase 1 consistió en el proceso de terminado y envasado; la fase 2 de producción local de vacunas desarrolladas por fuera del país y la fase 3 se remite al desarrollo de nuevas vacunas.
Las tres tienen una articulación intersectorial en el que entra a actuar la comisión de la cual habló en la intervención inicial Diana Calderón, de Minsalud, que se encarga de la toma de decisiones y requiere de una capacidad importante en diferentes aspectos para poder que los productos que se dispongan en el mercado tengan un efecto directo en la salud humana.
Las fases 1 y 2 estaban en cabeza del Minsalud y otras instituciones que acompañan a esa entidad, y la 3, que absorberá a las dos iniciales, la lidera el Minciencias, ya que para el proceso de tener disponible las vacunas y las tecnologías sanitarias en el mercado se necesita del apoyo de investigación y desarrollo, razón por la cual la Misión Internacional de Sabios le recomendó fortalecer esas áreas.
Dicho fortalecimiento comprende recursos financieros, infraestructura y tecnología, talento humano y especialización, políticas públicas, regulación y propiedad intelectual, y alianzas estratégicas.
Lo anterior está enmarcado en cinco líneas estratégicas: descubrimiento, preclínica, clínica, regulatorio y monitoreo, en un proceso clásico donde se relacionan con un esquema que comprende el ciclo de vida; actividades, planes y programas; manufactura y comercio; construcción de capacidades y asesoramiento, y perspectiva.
Para concluir, resulta pertinente recalcar la importancia de la seguridad sanitaria en el país centrándose en los temas de la producción local de vacunas como punto clave en la salud de los colombianos. De este modo, se plantea entonces la necesidad de trabajar en es este frente y construir nuevas iniciativas por parte de los diferentes actores del sistema de salud en colaboración con los agentes de Ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades identificadas que contribuyan a la garantía de los derechos de los colombianos y así mismo ha ser reconocido como un actor influyente en Latinoamérica en temas de producción de vacunas y medicamentos esenciales.
Preguntas para los candidatos
¿Qué iniciativas propone su agenda en materia de seguridad sanitaria?
¿De qué manera pretende incentivar a los diferentes sectores participantes en la producción local de vacunas en Colombia?
¿Cómo impulsaría el liderazgo regional de Colombia como productor de vacunas?
¿En qué aspectos considera que existe un déficit para los procesos que implican la producción local de vacunas? ¿Cómo lo afrontaría?
