por INNOS | Feb 24, 2025 | Noticias
Bogotá, febrero de 2025 – La reciente publicación del estudio sobre los “Territorios Tricolor”, liderado por la Universidad El Bosque, marca un hito en la comprensión de la longevidad y el bienestar en Colombia. Desde INNOS, como tanque de pensamiento en innovación en salud, destacamos la relevancia de estos hallazgos para el diseño de estrategias de salud pública y la formulación de políticas basadas en evidencia.
La investigación identifica regiones del país donde la población supera los 95 años con tasas significativamente más altas que el promedio nacional. Estos territorios, que incluyen zonas de Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia y Magdalena, han demostrado factores clave que favorecen la longevidad, como la cohesión social, una alimentación basada en productos naturales, la actividad física cotidiana y un entorno ambiental favorable.
Desde una perspectiva de innovación en salud, este estudio brinda información valiosa para el fortalecimiento de modelos preventivos y el desarrollo de estrategias de atención primaria adaptadas a la realidad colombiana. Todo esto, sobretodo, en un contexto donde el envejecimiento poblacional supone un reto para la sostenibilidad del sistema de salud. No obstante, contar con evidencia sobre los factores que contribuyen a una vejez saludable permite orientar iniciativas que promuevan el bienestar y reduzcan la carga de enfermedades crónicas.
Entre los hallazgos más relevantes destacan:
- Cohesión social como factor protector: La investigación evidencia que las comunidades longevas cuentan con redes de apoyo fuertes, donde los adultos mayores desempeñan un rol activo en la transmisión de conocimientos y tradiciones. Este sentido de pertenencia y propósito incide positivamente en su bienestar emocional y psicológico.
- Impacto de la alimentación y el entorno natural: Las dietas basadas en alimentos mínimamente procesados, ricos en fibra y proteínas naturales, han demostrado su efecto positivo en la prevención de enfermedades crónicas. Adicionalmente, la cercanía con la naturaleza y la baja contaminación contribuyen a la calidad de vida de estas poblaciones.
- Lecciones para el diseño de políticas públicas: Los “Territorios Tricolor” representan modelos de bienestar que pueden servir de referencia para la formulación de estrategias que fortalezcan la prevención en salud y el envejecimiento activo en Colombia.
Desde INNOS reconocemos la importancia de generar espacios de diálogo en torno a estos hallazgos, promoviendo la interacción entre la academia, el sector salud y los tomadores de decisión. La identificación de estos territorios abre la puerta a nuevas investigaciones y plantea la oportunidad de desarrollar pilotos de intervención que repliquen los factores identificados en otras regiones del país. El envejecimiento de la población es un desafío global, pero Colombia tiene la oportunidad de desarrollar estrategias basadas en evidencia para garantizar una vejez digna.
por INNOS | Feb 24, 2025 | Noticias
Un nuevo giro dentro de la secuencia de acontecimientos en esta crisis del sistema de salud ha ocurrido hace un par de días. Primero, y luego de controversias, discusiones y solicitudes de aclaración de los Autos emitidos por la Corte; el ministerio de salud y protección social informó que daría cumplimiento a lo dispuesto en los Autos 2049 y 007, referentes al pago de los presupuestos máximos (PM) y a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024.
Argumentando errores de forma en el Auto 2049, que se ocupa del ajuste requerido en los PM, el ministerio presentó una solicitud de aclaraciones que la Corte respondió y resolvió debidamente, pero enfatizó en la competencia del ministerio para resolver los problemas de flujo de recursos derivados de las fallas ya documentadas en el giro de los PM y su impacto negativo en la sostenibilidad financiera del sistema, así como en la calidad de vida de todos los pacientes y sus familias.
Sobre el Auto 007, que se enfocó en el análisis de la suficiencia de la UPC del año pasado, la Corte ratificó que el ministerio debe modificar el procedimiento y los mecanismos para su cálculo, con el fin de corregir las deficiencias acumuladas que han generado gran parte de las problemáticas actuales del sistema de salud. (Ver: https://www.innos.co/se-profundiza-la-crisis-en-el-sistema-de-salud-al-inicio-de-2025)
En un primer momento, el comunicado del ministerio dejaba ver que se acogían de forma positiva las aclaraciones de la Corte, en donde, de paso, el tribunal insiste en las ordenes impartidas previamente y le hace observaciones adicionales al ministerio, por las deficiencias que observó en la información enviada y porque, a su juicio, el ministerio en su solicitud de aclaraciones también emitió observaciones sobre las competencias de la Corte para analizar y fallar sobre estos asuntos del sistema de salud.
En las aclaraciones enviadas por la Corte, se ratificó que es el MSPS la entidad del gobierno nacional responsable de elaborar las políticas públicas en salud, los estudios técnicos y demás acciones relacionadas con la función de rectoría del sistema, según lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. Lo mismo ocurre con respecto a la conformación de mesas de actores que ordenó la Corte para resolver los problemas de suficiencia de la UPC. A manera de síntesis, las órdenes impartidas en el Auto 007 son:
- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024, teniendo en cuenta: El rezago acumulado de la UPC desde 2021, los cambios en las frecuencias de uso, el impacto de las inclusiones en el Plan Básico de Salud, los cambios en el riesgo en salud y criterios de ajustes ex post.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC mediante un proceso particpativo y transparente, que incluya todos los criterios anteriores, así como otros contenidos en el Auto. (Ver: https://www.innos.co/nuevo-pronunciamiento-de-la-corte-constitucional-intenta-corregir-la-crisis-del-sistema-de-salud)
En un primer momento, el MSPS publicó un comunicado en el que afirmaba que dispondría los recursos necesarios para cumplir con las órdenes que contienen los dos Autos de la Corte Constitucional.
No obstante, horas después, se ha conocido un nuevo pronunciamiento del ministerio en el que presentan una solicitud de nulidad del Auto 007. Según lo publicado, el ministerio justifica esta solicitud en una supuesta falta de competencia de la Corte para determinar la UPC y sus condiciones de suficiencia y, con ello, plantea una posible extralimitación de funciones. En la solicitud de nulidad fechada el 18 de febrero, el ministerio además argumenta que la Corte no siguió el debido proceso y que no se le dio la oportunidad de conocer los datos en los que se basó el Auto y, por tanto, de controvertirlos.
Este hecho no avanza en la resolución de las situaciones críticas que el sistema atraviesa actualmente y, por el contrario, genera aún más ruido y confusión a las relaciones entre los actores del sistema, sumando ahora un episodio de conflicto entre el ministerio y la Corte Constitucional. Desde luego, hacemos un llamado urgente desde INNOS para que haya un acuerdo rápido, para que se enfoquen los esfuerzos en el sentido correcto, y para que, sin más aplazamientos, se resuelva uno de los aspectos más importantes que han generado las condiciones actuales de detrimento de la atención en salud en el país, como lo es la incertidumbre sobre la suficiencia de la UPC. Esperamos que en los próximos días el ministerio asuma completamente estas responsabilidades y que le dé una respuesta eficaz y transparente a todas las personas que tienen derecho a atención sanitaria oportuna y con calidad.
por INNOS | Feb 13, 2025 | Noticias
En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite. Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado. Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno. Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
por INNOS | Feb 5, 2025 | Noticias
La incertidumbre política en Colombia cada día se alimenta de nuevas noticias y nuevas decisiones que se dan en las altas esferas del poder. La reciente transmisión del Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro dejó en evidencia un gabinete fragmentado, con poca capacidad de ejecución y con una preocupante ausencia de liderazgo en decisiones importantes. No se trata solo de problemas administrativos o disputas internas del gobierno; esta crisis de gobernabilidad tiene implicaciones directas y devastadoras sobre la vida de millones de colombianos. Y en este contexto, el sistema de salud se encuentra en un punto crítico, sin que el gobierno parezca reconocer la magnitud del problema.
De hecho, anoche, en más de dos horas de transmisión, no hubo una sola mención a la crisis del sistema de salud. No se habló del desfinanciamiento de los hospitales, de los retrasos en los pagos a prestadores, de la escasez de medicamentos o de la incertidumbre que enfrentan los pacientes. Es inaceptable que un tema que afecta la vida de todos los ciudadanos no sea una prioridad en la agenda gubernamental.
A esto se suma la incertidumbre generada por la tensión diplomática con Estados Unidos. La salud no solo depende de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras; el acceso a medicamentos, tecnologías médicas y equipos esenciales está intrínsecamente ligado a nuestras relaciones internacionales. La posibilidad de restricciones comerciales y sanciones económicas pone en riesgo el abastecimiento de tratamientos críticos para enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades huérfanas. ¿Dónde está la estrategia del gobierno para garantizar que los colombianos no se queden sin estos insumos?
A pesar de este panorama, en los últimos meses han surgido medidas desde el Congreso y la Rama Judicial para corregir algunos de los problemas estructurales del sistema. La Corte Constitucional, en una decisión clave, ha emitido fallos sobre los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismos que definen cómo se financia la atención de los pacientes en el país. Estas decisiones podrían significar un alivio para la estabilidad del sistema. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Salud ha sido lenta y ambigua, postergando la implementación de estos cambios y dilatando el proceso. Cada día que se retrasa una decisión, hay pacientes que dejan de recibir sus tratamientos. Cada mes que pasa sin que se desembolsen los recursos adeudados, hay hospitales que cierran servicios. La inacción tiene consecuencias reales, y es precisamente en momentos de crisis cuando se necesita un liderazgo con decisión.
El país no puede darse el lujo de permitir que la salud de sus ciudadanos quede atrapada en disputas políticas o luchas de poder dentro del gobierno. La crisis de gobernabilidad no puede convertirse en una excusa para la parálisis institucional. La salud no espera, las enfermedades no esperan, los pacientes no pueden esperar. Por su lado, el Congreso y la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones necesarias se tomen y se implementen sin dilaciones. Los actores del sector salud, tanto públicos como privados, deben seguir aportando soluciones y denunciando los vacíos de gestión. Y la sociedad civil no puede perder el impulso por la defensa del derecho a la salud. El sistema en Colombia ha demostrado resiliencia en múltiples crisis, pero cada vez está más cerca de puntos de no retorno. No se puede seguir postergando lo impostergable. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad, escuche a los actores del sistema y actúe con la urgencia que esta crisis exige.
por INNOS | Ene 30, 2025 | Noticias
Transcurridas apenas dos semanas del nuevo año, se percibe en el sector salud del país un estado de crisis continuada que amenaza con empeorar con el paso de los días. Recibimos el año con un anuncio que ha dejado muchas inquietudes, por lo que muchos consideran un aumento a todas luces, insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación para este año. Se han generado por cuenta del anuncio del gobierno, toda serie de reacciones en contra del porcentaje que se decretó para incrementar los recursos que se pagan por cada afiliado al sistema, con el fin de garantizar su acceso en condiciones óptimas de calidad, a los servicios de salud que requiera.
Recordemos que con la UPC se cubre la totalidad de los servicios que demanda la población durante todo el año, desde las acciones individuales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, hasta el tratamiento, rehabilitación y paliación de aquellas patologías que así lo requieran. Por ello, la posible desfinanciación del plan de beneficios (PBS) constituye un enorme problema de salud pública para todo el país, con consecuencias muy graves en términos de incremento de morbilidad, crecimiento de la carga de enfermedad e incluso, posibles aumentos de las tasas de mortalidad; en los casos en que se afecte el acceso oportuno y eficaz a medicamentos, insumos y tratamientos.
Desde el año pasado, diversos centros de pensamiento e investigación han advertido sobre la necesidad de que el gobierno adopte medidas urgentes para mitigar la crisis financiera del sistema de salud. En este contexto, el presupuesto del sistema inició con un déficit estimado en aproximadamente $9,2 billones, mientras que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue del 5,36 %, muy por debajo del 16,9 % requerido para cubrir los costos proyectados. Adicionalmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron pérdidas operativas acumuladas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, siendo el régimen contributivo el principal factor de este déficit, con una participación del 64 %. Igualmente, El presupuesto máximo asignado para 2025 se establece en $502.000 millones, lo que representa una reducción significativa en comparación con los $2,3 billones ejecutados en 2024. Esta disminución supone un recorte del 78,2 %, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sistema en el corto y mediano plazo.
Así lo ha advertido la propia Superintendencia Nacional de Salud, que en un reporte publicado dos días atrás, ha alertado sobre un incremento de las quejas y reclamos de los usuarios por fallas en los procesos de atención en salud en el país. Las quejas aumentaron cerca de un 18% entre 2023 y 2024 (Tasa por 10.000 afiliados). Estos datos muestran que, en efecto, la percepción que los colombianos tienen sobre el desempeño del sistema de salud, está seriamente deteriorada, especialmente, porque han aumentado los casos de negación de citas médicas con especialistas, así como un incremento significativo de los tiempos de asignación de citas tanto de medicina general como de especialidades médicas y por una reducción palpable de la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, especialmente las crónicas y las raras.
Más allá de la discusión que se ha generado entorno al aumento de la UPC, los hechos recientes muestran que hay un deterioro real de la calidad de la atención en salud y que los mayores afectados son los pacientes y sus familias, que han tenido que asumir costos adicionales para proveer los medicamentos que no les son entregados, y con ello evitar un mayor deterioro en la condición clínica de sus allegados. Es el caso de los pacientes con enfermedades huérfanas, quienes no solo dependen de los recursos que el gobierno asigna mediante la UPC, sino que, además, han manifestado su preocupación por el descenso de los recursos de los presupuestos máximos, que justamente deben cubrir los gastos de la atención de estas patologías de baja frecuencia y alto impacto en la calidad de vida de pacientes y familiares. En 2024 fue permanente la denuncia del retraso en el giro de los presupuestos máximos por parte del gobierno, lo cual ha llevado a la pérdida de continuidad en los tratamientos y, en muchos casos, al abandono de estos por parte de los pacientes, según lo han reportado los grupos de expertos.
En este sentido se han expresado algunas asociaciones de pacientes e incluso, de profesionales de la salud, que han advertido sobre los efectos negativos que pueden derivarse de generar brechas de continuidad en la atención de patologías huérfanas y crónicas. De una parte, en el corto plazo, los pacientes podrían sufrir un deterioro de su situación personal que, de no ser resuelto adecuadamente, podría afectarles de forma irreversible. En el mediano y en el largo plazo, los pacientes que no reciben oportunamente su tratamiento quedan descompensados porque no acceden a los procedimientos y terapias que necesitan, lo cual va a producir, entre otros efectos, un aumento sobre los costos del sistema de salud y, lo que es más grave, un gran problema de salud pública para todo el país.
Son estos gremios los que han alertado reiteradamente sobre el deterioro generalizado en los procesos de atención, en la continuidad de los tratamientos y en la integralidad que requieren los pacientes con patologías más complejas. Según lo han expresado, no hay bases de datos confiables y accesibles que hagan posible acceder al diagnóstico temprano, a los medios diagnósticos más adecuados y a un seguimiento directo a los pacientes para que no queden aislados y cuenten con el apoyo médico y de salud mental que necesitan. Estas limitaciones se acentúan en los territorios periféricos de las grandes ciudades y en municipios y zonas dispersas.
Casos tan graves como la muerte en 2024 de dos pacientes en Bogotá, uno con enfermedad de Gaucher tipo 2 y otro con Epilepsia, debido a la falta de sus medicamentos; son un llamado de alerta y un recordatorio de que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental. De igual manera, los pacientes trasplantados se encuentran en grave riesgo por el desabastecimiento y no entrega de medicamentos esenciales para mantenerse con vida.
Reconocemos la importancia del debate político y de la reflexión sobre los ajustes que el sistema requiere en cuanto a su diseño y su estructura. No obstante, es claro que no se podrá avanzar si no se cuenta con información confiable y oportuna sobre el desempeño y la sostenibilidad de todas y cada una de las instituciones que lo componen. Este es un llamado para que las autoridades, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, hagan visibles los datos que están utilizando para tomar las decisiones que tienen efectos sobre todos los colombianos. Además, como se ha venido mencionando desde INNOS, es importante que los cálculos, por ejemplo, de la UPC se hagan de manera responsable, respondiendo no sólo a los factores propios del sistema de salud, sino también, de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana, teniendo en cuenta, el envejecimiento progresivo de la población y efecto postpandemia que produjo el resurgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles. Es preocupante que sean las personas más vulnerables y con mayores necesidades en salud, quienes sufran de forma más rigurosa el impacto de la insuficiencia en los recursos y de las fallas administrativas que el sistema viene experimentando desde hace meses.
No es, por todo lo anterior, un panorama optimista el que se observa en este inicio del nuevo año. Ante una de las crisis más profundas que ha vivido el sistema de salud colombiano, se requieren respuestas eficaces y urgentes de parte del gobierno nacional, que reviertan la tendencia negativa de estos indicadores y que devuelvan la confianza de los actores, protegiendo de forma prioritaria a quienes más lo necesitan.
por INNOS | Ene 30, 2025 | Noticias
La semana pasada la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, emitió el Auto 007 de 2025 (23 de enero) por medio del cual hace una evaluación del cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia, en particular las órdenes 21 y 22, relativas al cálculo y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual se financia el Plan Básico de Salud (PBS). Algunas semanas atrás la Corte había declarado el incumplimiento general respecto a la suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abrió un incidente de desacato al ministro de salud, al tiempo que le ordenó al Ministerio pagar los presupuestos máximos pendientes de 2024 y 2025.
Este nuevo Auto de la Corte se produce como consecuencia de las expresiones de preocupación y de las demandas de muchos actores del sector salud, quienes han aportado análisis y documentos que fueron tenidos en cuenta para sus conclusiones y para emitir una serie de órdenes que se presentan a continuación:
Antecedentes:
- En 2023 la Sala Especial declaró que continuaban las debilidades del sistema de información y baja calidad de los datos reportados por las EPS. Estos sistemas no registran ni actualizan fielmente las necesidades de la población. Los registros de frecuencias de uso de servicios son deficientes. Minsalud no demostraba la suficiencia de la UPC ni que la UPC del Régimen Subsidiado llegara al 95% de la del Régimen Contributivo.
- En la evaluación de los Presupuestos Máximos la Corte también declaró bajo cumplimiento de lo referente a este componente.
- La Corte le solicitó al MSPS la metodología de cálculo de la UPC en marzo de 2024.
- Con base en estos y otros documentos y fuentes de información la Sala Especial hizo un análisis al cumplimiento de sus órdenes y una valoración integral sobre el cálculo y la suficiencia de la UPC, así como la equiparación de la UPC-S al 95% de la UPC-C.
- La Corte considera que, aunque se ha reportado que existen falencias en las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de la prima desde 2011, no se han desarrollado correctivos suficientes que resuelvan esta situación y que no hay medidas adecuadas al respecto.
- La inclusión de servicios y tecnologías en el Plan Básico de Salud cubierto por la UPC, que previamente se financiaban por medio de los PM, ha generado un nuevo déficit en la prima. Estas inclusiones se han hecho por varios años y se resalta en el Auto, la realizada en enero de 2022 cuando se aumentó el número de principios activos financiados por la UPC en un 130%.
- El Ministerio ha reportado, junto con la Supersalud, casos de desviación de recursos de la UPC, que también han sido puestos en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. Al respecto, la Corte tiene en cuenta estos reportes, pero considera que no se ha logrado demostrar la magnitud e impacto de estas conductas.
Conclusiones de la Sala:
- La metodología utilizada para calcular al UPC debe ser actualizada de forma permanente, incluyendo los cambios y necesidades del sistema de salud y de la población a la que atiende. Debe ampliarse la participación a otros sectores.
- La metodología que viene aplicándose debe complementarse también con mecanismos ex post.
- La información suministrada por el MSPS no deja claro de qué forma se incorporan mecanismos de ajuste por el aumento en la siniestralidad. Los datos del sistema muestran que esta ha aumentado, llegando en 2022 al 105% en el régimen contributivo y al 106% en el subsidiado.
- El análisis del aumento de la UPC en 2024 que hizo la Sala Especial muestra que no hubo un incremento real de los recursos, que era lo esperado dadas las dinámicas de siniestralidad, costos de operación e inflación específica del sector salud; lo cual afectó a todos los actores del sistema.
- A este déficit se sumó la destinación que hizo el MSPS del 5% de la UPC para el desarrollo de los Equipos Básicos de Salud (EBS). La Corte considera que no es válido desfinanciar la UPC con el argumento de fortalecer la promoción y la prevención. Más aún, la Corte considera que “esta es una disposición abiertamente inconstitucional”
- De acuerdo con la Corte, los EBS no deben cubrirse con la UPC y no podrán desarrollar funciones ni prestar servicios cubiertos por esta prima.
- Existe evidencia de un rezago en la información que se utiliza para el cálculo de la UPC que afecta la viabilidad financiera del sistema de salud. Esto se advierte, entre otros aspectos, debido a las inclusiones de procedimientos, intervenciones, tecnologías y medicamentos que son cubiertos por la UPC. Por ello el MSPS deberá ajustarla, partiendo de un análisis de suficiencia desde el año 2021.
- El Ministerio deberá definir un periodo de transición para que las EPS restablezcan sus reseras técnicas, una vez se hagan los ajustes ordenados a la UPC.
Decisiones de la Corte:
- Declara el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes.
- Declara la insuficiencia de la UPC de 2024.
- Ordena al MSPS:
-
- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. Lo anterior, considerando aspectos mencionados previamente como:
- El rezago de la UPC desde 2021
- El aumento de la siniestralidad y de las frecuencias de uso
- El impacto de las inclusiones en el PBS-UPC
- Las variables de ajuste de riesgo
- La definición de criterios para realizar los ajustes ex post y el reconocimiento del ajuste de la UPC 2024 a las EPS, con porcentajes y fechas máximas de pago.
- La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024.
- Esta mesa será orientada por el MSPS quien presentará informe mensual a la Sala Especial, sobre el desarrollo de sus funciones.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC, teniendo en cuenta todos los criterios mencionados en el Auto 007. Lo anterior deberá además considerar:
- Un proceso participativo y transparente
- Tener en cuenta el IPC proyectado para la vigencia y la inflación
- Las nuevas inclusiones
- El rezago existente en la prima
- No fraccionar ni realizar destinaciones diferentes de la UPC.
- Incluir ajustadores ex ante y ex post.
- Equiparar al 95% el valor de la UPC del RS con respecto a la del RC.
- También ordena a la SNS, la CGR y la Fiscalía que desplieguen las investigaciones para establecer responsabilidades en el posible uso indebido de la UPC. Para ello le ordena a fiscalía y Contraloría que conformen un equipo de trabajo destinado a investigar los malos manejos de la UPC en el sistema de salud.
- La Corte le ordena al Ministerio de Hacienda que disponga y garantice los recursos necesarios para cumplir los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, a los que hace alusión el presente Auto.
Si bien es cierto que este Auto no aborda la problemática de la UPC del año 2025, las órdenes que emite deberían tener efectos posteriores en su reajuste, luego de resolver las inconsistencias que vienen desde hace más de 10 años atrás y que se han agudizado recientemente. La decisión del alto tribunal constituye un paso importante para encontrar soluciones al problema de la suficiencia de la UPC, la cual se destina a cubrir los costos de los servicios y tecnologías en salud.
Sin lugar a duda, este pronunciamiento de la Corte muestra con claridad que es urgente una acción correctiva de parte del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, coordinada con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Ministerio de Hacienda; así como de los organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía en lo de sus competencias.
El mensaje de transparencia en la gestión de los recursos que hace la Corte es fundamental para que el gobierno asuma su rol de rectoría del sistema de una manera más clara y participativa y, para que todos los demás actores contribuyan activamente a resolver una gama de problemáticas acumuladas que actualmente tienen al sistema de salud en una de sus peores crisis. No obstante, todo ello requiere el fortalecimiento de los sistemas de información disponibles, que también hace parte de las órdenes de emitidas en la Sentencia T-760 de 2008. No se puede pasar por alto que la sostenibilidad del sistema de salud depende en gran medida de un cálculo adecuado de la UPC, el cual debe hacerse bajo metodologías claras que reduzcan la incertidumbre de los actores y permitan tomar decisiones que beneficien el sistema de salud y a sus usuarios.
¿Cómo se entienden las intervenciones a las EPS luego de este fallo de la Corte?
Es evidente que las órdenes impartidas por la Corte constituyen un paso decisivo para resolver la crisis actual, pero los desafíos del sistema exigen también un gran trabajo de parte de las EPS quienes deben garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y salvaguardar el derecho a la atención en salud. Si bien las aseguradoras tienen autonomía en el manejo de los recursos, la misma Corte ha establecido que esta autonomía debe estar sujeta a controles para garantizar que los recursos no se destinen a finalidades distintas de la prestación de los servicios de salud. El aumento de la UPC que ha ordenado la Corte contribuye a estos mismos objetivos y, es una medida absolutamente necesaria pero no suficiente, ya que el sistema depende de la operación responsable y transparente de muchos actores para proteger el bienestar de todos los ciudadanos.
