por INNOS | Ene 30, 2025 | Noticias
Varias asociaciones de pacientes convocaron a una manifestación pacífica ayer 29 de enero, para expresar sus preocupaciones ante la crisis que vive actualmente el sistema de salud. La convocatoria busca crear conciencia en el gobierno nacional y que se generen de forma inmediata los correctivos necesarios para:
- Evitar las muertes que están ocurriendo debido a la falta de recursos que el gobierno debe girar a aseguradores y prestadores.
- Las deficiencias en asignación de citas y entrega de insumos y medicamentos de forma completa y oportuna.
- Las barreras de acceso que los gremios de IPS y EPS están creando para limitar aún más la prestación de los servicios.
- La moratoria en el pago de los salarios al personal médico y de la salud en general, lo cual afecta profundamente la calidad y la oportunidad de la atención.
Esta convocatoria se produce poco tiempo después de conocer el Auto 007 de la Corte Constitucional que ordena corregir el déficit acumulado de la UPC, que viene afectando la sostenibilidad del sistema de salud desde hace varios años y que hoy en día, ha provocado una situación crítica que requiere acciones inmediatas. Este fallo de la Corte respalda los reclamos justificados de los pacientes y en este sentido, define una ruta clara y de corto plazo para el gobierno.
También se han unido a esta manifestación algunos gremios de profesionales quienes tienen más críticas a la gestión de la salud de este gobierno. Algunos consideran que se le está dando un manejo clientelista al sistema, con la conformación de los Equipos Básicos de Salud y que, esto además ha dejado desfinanciados los servicios que los pacientes requieren con mayor premura.
Desde INNOS respaldamos este llamado de la sociedad civil y consideramos que el gobierno debe atender la inconformidad de pacientes y trabajadores del sector salud, dando respuesta inmediata a lo dispuesto por la Corte y a los requerimientos que se le hacen desde todas las organizaciones del sistema de salud.
por INNOS | Ene 29, 2025 | Noticias
La crisis de salud que atraviesa Colombia ha sido el epicentro de debates nacionales por meses, reflejando profundas desigualdades en el acceso a servicios, mientras que las crisis económicas, sociales y políticas recientes han intensificado la presión sobre el sector salud, convirtiéndolo en un punto clave de preocupación nacional. Con una acumulación de desafíos en la prestación de servicios, acceso a servicios, medicamentos y sostenibilidad financiera, el sistema atraviesa uno de los momentos más retadores de las últimas dos décadas. En este contexto, las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, detonadas el 26 de enero de 2025, han añadido un nivel de incertidumbre que amenaza con agravar los problemas existentes y que pudo haber representado un punto crítico con consecuencias severas para la estabilidad del sistema.
La negativa del presidente Petro a aceptar la llegada de los primeros vuelos de colombianos deportados en este nuevo periodo Trump, escaló rápidamente las tensiones, resultando en la advertencia de imposición de aranceles del 25% a productos colombianos, así como en sanciones adicionales, incluyendo la suspensión de visas y mayores controles fronterizos y aduaneros. Aunque la mayoría de los impactos económicos derivados de estas medidas aún no se han terminado de dimensionar y quedaron en pausa, según lo han expresado ambos gobiernos, la imposición de aranceles habría disminuido la competitividad de las exportaciones colombianas en su mercado más importante, provocando una posible contracción en sectores estratégicos que emplean a miles de personas.
Más allá de los efectos en los sectores industriales y comerciales, las medidas anunciadas por el gobierno Trump habrían generado impactos directos e indirectos profundos en el corto y mediano plazo al sistema de salud del país. La pérdida de empleos y la reducción de ingresos fiscales habrían complicado aún más la situación de un sistema de salud ya debilitado, al reducir la disponibilidad de recursos para la financiación de servicios esenciales y la adquisición de insumos médicos.
Según datos del Banco de la República, Estados Unidos hoy es el principal inversor extranjero en Colombia, con un flujo de IED superior a los US$1,709.1 millones. Las compañías estadounidenses han sido actores fundamentales en la implementación de proyectos de innovación tecnológica y prestación de servicios médicos en Colombia. Un deterioro en las relaciones diplomáticas podría reducir la llegada de capital para nuevas iniciativas, afectando la expansión de clínicas, hospitales y programas de salud digital.
De hecho, según datos de la Organización Mundial del Comercio, el 25% de las importaciones que realiza Colombia en el sector farmacéutico provienen de Estados Unidos, lo que significa que cualquier interrupción en estas importaciones podría tener un efecto dominó en el acceso a tratamientos críticos para millones de pacientes. Dentro de los valores totales de estas importaciones, se destaca la importación de medicamentos, tecnologías sanitarias y dispositivos médicos provenientes de EE.UU. Además, las restricciones diplomáticas habrían limitado el acceso a cooperación técnica y científica, que es crucial para la innovación y el fortalecimiento del sistema. Por ejemplo, según datos de CVN en 2022 el 13,5% de los equipos médicos que se importaron en Colombia fueron adquirido en el país norteamericano. Colombia importa desde Estados Unidos principalmente equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, monitores de signos vitales, incubadoras y equipos de ventilación; todos ellos indispensables para la prestación de servicios de salud. Todo esto sin contar los más de USD 1.150 millones importados en tecnologías médicas.
Por su parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, entendido como un potencial efecto de la crisis diplomática, encarecería dicha importación de medicamentos, insumos médicos y dispositivos de última generación, provocando un gran impacto tanto del sector público, como del privado.
Al igual que otros países en América Latina, Colombia mantiene una estrecha cooperación con EE.UU. en el ámbito de la salud, por medio de diferentes programas financiados por agencias como USAID, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cabe mencionar que estos programas han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, especialmente en áreas como la vigilancia epidemiológica, la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la capacitación del personal médico. Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2016 y producto de la cooperación internacional, se han diversificado las áreas, los recursos y los equipos técnicos destinados para distintos proyectos de investigación y desarrollo.
Una crisis en la relación bilateral podría traducirse en la suspensión o reducción del financiamiento de iniciativas clave. Por ejemplo, el Plan de Emergencia del presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR) ha destinado más de $300 millones de dólares a Colombia en las últimas dos décadas, contribuyendo al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. De manera similar, programas orientados a la prevención de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria y la leishmaniasis han contado con apoyo financiero y técnico de instituciones estadounidenses, lo que ha permitido mejorar las capacidades de diagnóstico y respuesta del país, este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.
Además, la formación de personal médico y la cooperación en investigación son áreas sensibles de relación bilateral. Actualmente, hospitales universitarios y centros de investigación en Colombia tienen convenios con entidades estadounidenses que facilitan la transferencia de conocimiento y tecnología en áreas como la telemedicina, la genómica y la atención primaria en salud. La interrupción de estos intercambios limitaría el acceso a capacitaciones avanzadas y el desarrollo de nuevas estrategias para el manejo de enfermedades de alto impacto en la población.
Otras áreas del sector salud también podrían verse afectadas negativamente, como el turismo médico. En particular, esto impactaría a los pacientes colombianos que viajan a Estados Unidos para recibir tratamientos médicos especializados. Aunque el flujo de colombianos que acceden a procedimientos médicos en ese país no es significativo en términos absolutos, la situación es diferente si se analiza el ingreso de pacientes estadounidenses a Colombia. Según cifras de ProColombia, en 2022 más de 25.000 extranjeros —principalmente de EE. UU.— ingresaron al país con fines médicos, representando un mercado en crecimiento dentro del sector salud. Sin embargo, las recientes restricciones en materia de visados impuestas por el gobierno estadounidense podrían no solo limitar el acceso de colombianos a tratamientos en ese país, sino también afectar la llegada de pacientes internacionales, lo que tendría un impacto directo en la economía del turismo médico en Colombia.
Además, esta situación podría haber generado obstáculos adicionales en la movilidad de profesionales de la salud y en la realización de investigaciones conjuntas, reduciendo las oportunidades de cooperación científica y transferencia tecnológica y de conocimiento, frentes esenciales para fortalecer las capacidades del ciencia, tecnología, innovación e industria sanitaria del país.
En términos operativos, la reducción de la cooperación también afectaría la provisión de insumos médicos y el acceso a tratamientos innovadores, lo que podría incrementar las brechas en salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. La continuidad de estos programas es, por lo tanto, fundamental para garantizar el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad de los avances logrados en los últimos años.
A mediano plazo, las consecuencias habrían incluido aún mayores dificultades para la sostenibilidad del sistema, así como una presión adicional sobre los servicios de atención primaria y especializada, especialmente en las regiones más vulnerables. La inversión en desarrollo, renovación y reposición de tecnologías sanitarias tales como equipos radiológicos, de diagnóstico, quirúrgicos, de manejo hospitalario y rehabilitación; habría encontrado una barrera en la reducción de disponibilidad de insumos derivada del incremento en sus costos. Es claro que en la actualidad la industria colombiana no está en capacidad de suplir todas las demandas de este tipo de productos del sector salud en el corto ni en el mediano plazo. Así mismo, estas tensiones habrían evidenciado aún más la debilidad de los mecanismos y programas gubernamentales que han sido anunciados para impulsar el fortalecimiento de la industria de tecnologías sanitarias en el país.
Desde INNOS reconocemos esta situación como una oportunidad para reflexionar sobre la interdependencia entre las decisiones de política exterior y su impacto interno, particularmente sectores que, aunque aparentemente lejanos de las relaciones comerciales cotidianas, constituyen un eje central del bienestar y la calidad de vida de una nación, como es el caso de la salud. Es esencial que el gobierno analice cada decisión no solo desde una perspectiva económica o diplomática, sino también considerando su repercusión en la salud de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud. La protección de los sectores estratégicos, incluida la industria de tecnologías sanitarias, debe ser una prioridad en cualquier negociación futura.
En medio de la incertidumbre, esta es una oportunidad para que Colombia dé pasos firmes hacia un sistema de salud en el que sus actores participen en un ecosistema global de ciencia, tecnología, innovación, industria y servicios de salud que responda de manera más efectiva a las necesidades de su población y aporte al desarrollo humano y económico del país. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional trabajen de manera articulada, aportando recursos, experiencia y colaboración para garantizar un impacto significativo y sostenible que en ningún caso se hace viable si el país termina apartado de su principal aliado en materia comercial y de ciencia, tecnología e innovación.
por INNOS | Ene 3, 2025 | Noticias
El reciente anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha generado una fuerte controversia en el sector salud. Las expectativas previas al anuncio apuntaban a un aumento cercano al 16%, respaldado por gremios como la ANDI, la ANIF, y organizaciones como Pacientes Colombia, que enfatizaron la urgencia de ajustar la UPC en proporción a los crecientes costos operativos del sistema de salud. Sin embargo, la decisión del gobierno de establecer un aumento del 5,36%, claramente por debajo de estas recomendaciones, pone en evidencia una desconexión entre los análisis técnicos y las prioridades políticas que parecen haber guiado esta determinación.
El presidente Petro ha respondido a las críticas calificándolas de exageradas y afirmando que un aumento mayor beneficiaría principalmente a las EPS, a las que ha señalado reiteradamente por una presunta mala gestión de los recursos públicos. Sin embargo, estas declaraciones parecen priorizar un mensaje político sobre la eficiencia y transparencia del sistema, ignorando las recomendaciones técnicas y los aspectos humanitarios que deberían prevalecer en una decisión de esta magnitud. Este enfoque político no solo es cuestionable desde el punto de vista de la gestión pública, sino que también resulta alarmante en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta una crisis financiera que ha comenzado a restringir el acceso a servicios de salud y medicamentos. *Estas restricciones afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, exacerbando inequidades y poniendo en riesgo a millones de colombianos que dependen del sistema.*
El incremento del 5,36% no solo es insuficiente para cubrir el impacto de la inflación y el crecimiento de costos en el sector, sino que también resulta incongruente con el aumento decretado para el salario mínimo, fijado en 9,54% para 2025. Mientras los costos laborales y operativos del sector salud se ajustan a este mayor incremento, los recursos asignados mediante la UPC no logran compensar la brecha financiera histórica ni las necesidades del contexto actual. Esta decisión, si bien puede interpretarse como una forma de contener el gasto público en el corto plazo, inevitablemente intensificará las dificultades de las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), muchas de las cuales ya enfrentan serias limitaciones para mantener sus operaciones.
El 2024 ha sido descrito por muchos actores del sector como el año más complejo desde la instauración del sistema de salud colombiano. Las consecuencias de un incremento de la UPC tan limitado en medio de esta crisis presagian que el 2025 será incluso más desafiante. Las proyecciones indican que las barreras en el acceso a servicios de salud y medicamentos continuarán agravándose, afectando de manera directa la calidad de vida de los pacientes, en especial aquellos de menores recursos.
Desde INNOS, hacemos un llamado a analizar esta decisión con criterios estrictamente técnicos, desprendidos de cualquier sesgo ideológico o intención populista. Es fundamental que actores como el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, las cortes y la academia ejerzan una vigilancia activa sobre las implicaciones de esta política, promoviendo una discusión constructiva que coloque a la salud, los pacientes y a la sociedad en el centro de las decisiones. Así mismo, insistimos en que el gobierno debe abrir espacios de diálogo con los diferentes actores del sistema, pacientes, gremios y expertos del sector para encontrar soluciones viables que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y el derecho a la salud de los colombianos.
La sostenibilidad del sistema de salud no puede seguir siendo relegada en favor de mensajes políticos. Es imperativo construir una estrategia integral que priorice el bienestar de los pacientes y asegure la viabilidad de un sistema que, aunque enfrenta grandes retos, sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país.
por INNOS | Dic 19, 2024 | Noticias
En medio de una de las mayores crisis financieras que ha enfrentado el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta su Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 para comentarios en consulta pública. Este documento, aunque ambicioso en su alcance, se aleja de la compleja realidad que viven a diario tanto el sistema como el personal de salud en todo el país. El diagnóstico es claro: el déficit de talento humano, las brechas en su distribución territorial y las condiciones laborales precarias son problemas estructurales que requieren intervención urgente. Sin embargo, lanzar una política de esta magnitud en un contexto donde los recursos financieros son insuficientes y la gobernabilidad del sistema está en entredicho, resulta un acto que puede distraer la atención de la urgencia de la sostenibilidad del sistema.
Uno de los pilares de esta política es el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), un enfoque que compartimos y que ha sido ampliamente reconocido como la base para garantizar un sistema equitativo y eficiente. Se plantean estrategias como la formación de equipos interdisciplinarios, la atracción de talento humano hacia zonas rurales y la implementación de modelos de formación integral y continua. Pero aquí surge la primera gran contradicción: ¿cómo garantizar la implementación efectiva de estas líneas estratégicas si el sistema no tiene los recursos para asegurar la continuidad de los pagos a prestadores y profesionales de salud?
Además, a lo largo del documento se hace referencia constante a líneas estratégicas que se encuentran definidas en el anexo técnico: Documento de Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034. Esta fragmentación hace que sea difícil realizar un análisis profundo y completo de la propuesta, ya que el documento no es no describe en su cuerpo estrategias concretas y obliga a consultar múltiples documentos no estructurados en formato XL. La falta de acceso al anexo técnico mencionado impide evaluar las acciones concretas para cada línea estratégica, lo que debilita la transparencia y dificulta su comprensión para los actores involucrados en la formación y desarrollo del talento humano en salud.
Si bien el documento reconoce los desafíos estructurales del talento humano, no aborda con suficiente claridad cómo articular estas propuestas con la reforma a la salud que se debate en el Congreso. La reforma propone centralizar los servicios y recursos bajo un modelo estatizado, mientras que la política de talento humano parece depender de una articulación territorial y de alianzas con actores públicos y privados. La desconexión entre ambas iniciativas muchas inquietudes, por ejemplo: ¿cómo se financiarán las nuevas estrategias de formación y distribución si el modelo propuesto por la reforma compromete la sostenibilidad del sistema?
Por otro lado, la situación actual de las IPS y los profesionales que sostienen el sistema es crítica. Las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas superan cifras alarmantes, llevando a circunstancias críticas de sostenibilidad a muchas instituciones. Esta falta de liquidez amenaza la prestación de servicios y ha precarizado las condiciones laborales del talento humano en salud. Mientras el documento menciona con énfasis la necesidad de ofrecer trabajo digno y decente, en la práctica, el personal de salud enfrenta contratos temporales, bajos salarios y condiciones de trabajo poco seguras, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, situación agravada hoy por la incertidumbre que viven muchas de las instituciones del sistema de salud de diferente índole. Es aquí donde la política pierde contacto con la realidad: no se puede hablar de “condiciones dignas y equitativas” cuando el propio sistema no tiene la capacidad financiera para responder a sus compromisos actuales.
Un aspecto crítico que la Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 pasa por alto es la grave brecha en la disponibilidad de especialidades médico-quirúrgicas, un problema que impacta profundamente la atención en salud en todo el territorio nacional. El documento no menciona estrategias específicas para abordar el déficit en especialidades y otras áreas esenciales que presentan una baja cobertura, especialmente en regiones rurales y apartadas. Este vacío es relevante, pues las especialidades médico-quirúrgicas son pilares del sistema de salud y, sin un plan claro para incentivar su formación, redistribución y retención, la política queda incompleta. Una respuesta integral debería incluir incentivos financieros y logísticos para los médicos en formación, además de alianzas entre universidades y hospitales que garanticen la ampliación de cupos y la creación de nuevas plazas en especialidades críticas.
Además, el documento aborda una visión tradicional del talento humano en salud, centrándose principalmente en los roles clínicos convencionales mientras ignora los campos emergentes que están transformando la forma en que se presta la atención en salud. Profesionales como bioingenieros, analistas de datos en salud, especialistas en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica son cruciales para enfrentar los desafíos contemporáneos del sistema. La ausencia de estrategias dirigidas a promover y desarrollar estas áreas limita la capacidad del sistema de adaptarse a las exigencias del siglo XXI.
Por otro lado, el documento promueve la ampliación del Servicio Social Obligatorio (SSO) y su rediseño como herramienta estratégica. Aunque esto podría cerrar algunas brechas de disponibilidad, la implementación carece de incentivos que garanticen su efectividad. Atraer y retener talento en zonas rurales no puede limitarse a propuestas normativas; se requieren incentivos financieros, acceso a tecnologías que faciliten su trabajo, y programas de soporte emocional ante la presión de trabajar en contextos complejos.
Adicionalmente, la política resulta ajena a la crisis de la educación superior, particularmente en relación con las dificultades que atraviesa el ICETEX. Esta crisis afecta el acceso a la educación superior de miles de estudiantes, incluidos aquellos que buscan formación en áreas de la salud. Las universidades privadas, que juegan un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud en Colombia, no son mencionadas ni reconocidas como actores estratégicos. Desconocer esta realidad es contradictorio con el interés de fortalecer la formación del talento humano, especialmente cuando la educación superior privada representa una de las principales alternativas de acceso en regiones donde la oferta pública es insuficiente y donde la expansión de oferta por parte de las instituciones de alta calidad existentes es una de las oportunidades más obvias de atender el cierre de brechas que requiere la formación y oferta de talento humano en salud. En ese sentido, la universidades públicas también deben seguir fortaleciéndose en acceso, equidad, sostenimiento, calidad y sobre todo en el trabajo colaborativo con las universidades privadas.
Asimismo, en la política no se está abordando la ausencia de estrategias para la atracción del talento humano fugado del país. En los últimos años, la migración de profesionales altamente calificados ha aumentado debido a la falta de oportunidades, condiciones laborales inadecuadas y el contexto de incertidumbre económica. Recuperar este talento, así como posicionar a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales extranjeros, podría mejorar la disponibilidad de talento humano local y contribuir al desarrollo académico y tecnológico del país.
Por otra parte, la política no aborda un tema central: las condiciones de regulación de la docencia-servicio y los mecanismos de financiamiento asociados a ella en Colombia. La formación de profesionales de la salud depende de un modelo en el que la relación entre universidades e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) es clave. Sin embargo, este modelo enfrenta costos elevados, complejidad en los procesos de aprobación de cupos y trabas burocráticas impuestas por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, integrada por los Ministerios de Salud y Educación.
Otro aspecto que merece atención es la gobernanza. El documento insiste en la necesidad de planificación, rectoría y monitoreo del talento humano, lo cual resulta acertado. Pero el contexto político actual añade una capa de incertidumbre. Aún hoy el país carece de un observatorio cierto que sustente las brechas de oferta de talento humano en los diferentes territorios. De otra parte, el manejo de la crisis ha generado serios cuestionamientos hacia el Ministro de Salud, hasta el punto de que su continuidad en la cartera ha sido puesta en duda. Esto no es un detalle menor. La implementación de políticas públicas requiere estabilidad política, continuidad en la gestión y liderazgo sólido.
Asimismo, preocupa la ausencia de estrategias innovadoras para preparar al talento humano en competencias emergentes. La formación debe alinearse con la transformación tecnológica global, incorporando programas robustos de reentrenamiento en áreas como medicina personalizada, inteligencia artificial, biotecnología y analítica de grandes datos en salud. Ignorar estos avances pone en riesgo la pertinencia y calidad de los profesionales formados en el país frente a las exigencias de un entorno cada vez más tecnificado y digital, proyectándose entonces desaprovechar las oportunidades de transformación e innovación que hoy concentran las estrategias de “re-skilling” de los equipos profesionales de salud en muchos países del mundo.
En medio de esta complejidad, es necesario que una política pública sobre el talento humano del sector tenga en cuenta el estado crítico del sistema de salud. Los pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas sufren las consecuencias de un sistema que no puede garantizar tratamientos oportunos. Los hospitales están al borde del cierre, y el personal de salud, exhausto y subvalorado, continúa sosteniendo con sacrificio un sistema que cada vez le cuesta más sostenerse.
Así las cosas, la discusión de la Política Pública del Talento Humano en Salud debe aplazarse. Antes de hablar de estrategias a largo plazo, el gobierno debe priorizar la resolución de la crisis financiera que hoy amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y garantizar que exista una visión integral y realista del talento humano. Es necesario que esta política sea reformulada, incorporando estrategias que respondan a los desafíos de la educación superior, las nuevas tecnologías, y la movilidad internacional del talento humano, mientras aborda las barreras burocráticas y financieras que limitan el desarrollo de la docencia-servicio en el país.
Recomendaciones
La formulación de una Política Pública del Talento Humano en Salud debe partir de un proceso profundamente técnico, inclusivo y colaborativo, que permita integrar las múltiples perspectivas de los sectores académico, público y privado en todos los niveles de la educación terciaria. Es indispensable que esta política refleje las necesidades reales del sistema de salud colombiano y cuente con el respaldo de los actores clave para garantizar su implementación efectiva. A continuación, presentamos recomendaciones propositivas para guiar esta discusión:
- Articulación entre formación y necesidades del sistema de salud
Incorporar un análisis detallado del déficit de especialidades médico-quirúrgicas y diseñar estrategias específicas para cerrarlo, incluyendo incentivos financieros, logísticos y educativos para los profesionales en formación. Ampliar la oferta de especialidades debe ser una prioridad, especialmente en regiones donde la falta de especialistas limita la capacidad resolutiva del sistema.
- Ampliación de la perspectiva del talento humano
Reconocer y promover la importancia de los campos emergentes del talento humano en salud, como bioingenieros, analistas de datos en salud, expertos en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica. Estos perfiles son fundamentales para abordar los retos contemporáneos y deben ser incluidos como actores estratégicos en la política de talento humano.
- Fortalecimiento de la docencia-servicio y su financiamiento
Abordar las barreras estructurales relacionadas con la regulación de la docencia-servicio, incluyendo los costos asociados y los procesos burocráticos de aprobación de cupos. Es necesario establecer mecanismos de financiación sostenibles y ágiles que permitan a las universidades y a las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplir con su rol en la formación de talento humano.
- Alineación con la educación superior y sus desafíos actuales
Considerar las dificultades del ICETEX y su impacto en el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de áreas rurales y disciplinas de salud. La política debe incluir estrategias para mitigar estas barreras, reforzando el papel de las universidades privadas como actores clave en la formación de talento humano en salud.
- Estrategias para la atracción y retención de talento humano
Diseñar programas que promuevan el retorno del talento humano migrado y posicionen a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales de otros países. Esto no solo aumentaría la disponibilidad local de talento, sino que también fortalecería el sistema educativo y la capacidad tecnológica del país.
- Innovación en la formación y reentrenamiento
Incorporar tecnologías digitales y estrategias innovadoras en los programas de formación y educación continua, adaptando al talento humano a un sistema de salud híbrido que combine atención presencial y virtual. Esto incluye el reentrenamiento en áreas como inteligencia artificial, medicina personalizada, biotecnología y analítica de datos, esenciales para la modernización del sistema.
- Estructura accesible y autocontenida del documento de política
Garantizar que la política sea un documento autocontenido, evitando referencias fragmentadas a anexos técnicos no disponibles. Una estructura clara y completa facilitará su análisis, comprensión y discusión por parte de los actores involucrados.
- Un enfoque colaborativo y multisectorial
Convocar un espacio de diálogo amplio, técnico y participativo que incluya a las universidades, colegios profesionales, asociaciones científicas, IPS, EPS, gobiernos locales y actores internacionales. Este enfoque permitirá construir una política representativa, con base en evidencia y adaptada a las necesidades de todos los actores del sistema.
- Plan de implementación con priorización de acciones urgentes
Establecer un plan de implementación escalonado que priorice acciones inmediatas para responder a la crisis actual, mientras desarrolla estrategias a largo plazo. Esto incluye garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el fortalecimiento institucional necesario para implementar la política.
- Monitoreo y evaluación participativa
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación continua, con indicadores claros y acceso a información pública. Este sistema debe incluir la participación activa de la academia y los actores del sector para asegurar que los avances sean medibles, transparentes y alineados con los objetivos propuestos.
A manera de conclusión, resaltamos que la construcción de una política de talento humano en salud debe ser un proceso participativo e integral, donde la colaboración entre los sectores público, privado y académico asegure una política que no solo sea técnicamente sólida, sino también ampliamente representativa. Estas recomendaciones buscan orientar un debate profundo y propositivo, generando una política que responda a los desafíos actuales y proyecte un futuro sostenible y equitativo para el sistema de salud colombiano.
Colombia necesita una política de talento humano que sea más que un marco teórico. Debe ser una herramienta real, respaldada por recursos concretos, estabilidad institucional y un compromiso firme con la transformación estructural que el sistema de salud demanda. Mientras no se resuelvan las urgencias inmediatas, esta política corre el riesgo de ser un ejercicio estéril, desconectado de las prioridades que el país necesita enfrentar hoy.
por INNOS | Dic 13, 2024 | Noticias
Bogotá, 10 y 11 de diciembre de 2024 – Con el objetivo de diseñar soluciones concretas y colaborativas a los retos de sostenibilidad del sistema de salud colombiano, más de 60 actores clave del sector se reúnen en la Solveathon en Salud, una iniciativa impulsada por el Hub iEX de la Universidad El Bosque, INNOS, y la ANDI, con el apoyo de AFIDRO, el MIT, la Comunidad Healthtech Colombia, Innpulsa, AWS y Roche.
Durante estos dos días, líderes del sector público, privado y académico, junto a expertos en innovación, emprendedores y otros actores del sector salud, se encuentran trabajando en soluciones para los desafíos más urgentes del sistema. La agenda del evento se centra en dos áreas críticas: el diseño de modelos de riesgo compartido y la exploración de modelos innovadores de financiamiento que puedan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
El Solveathon en Salud se desarrolla en un contexto marcado por intensas discusiones sobre la reforma al sistema y los retos asociados a la actual crisis financiera y operativa que enfrenta el sector. Más allá de la crítica, esta iniciativa es una respuesta constructiva y propositiva multiactor que surge de la colaboración multisectorial para avanzar hacia alternativas de un sistema que pueda garantizar los derechos de los colombianos.
“Estamos convencidos de que iniciativas como la Solveathon son fundamentales para movilizar las capacidades y conocimientos del sector hacia la búsqueda de soluciones que impacten positivamente la vida de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud,” señaló el Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS y del HubiEX de la Universidad El Bosque.
Entre las propuestas destacadas que están emergiendo en este espacio se encuentra la idea de implementar Bonos Blancos para la Salud, una solución inspirada en los bonos verdes del sector ambiental, como un instrumento financiero innovador que permitiría atraer inversión hacia proyectos de alto impacto en salud, como programas de prevención, manejo de enfermedades crónicas y desarrollo de infraestructura sanitaria. Otras soluciones incluyen plataformas unificadas para la creación de Centros de Excelencia en enfermedades de alto costo, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar los desenlaces clínicos. También se proponen mecanismos de pago por resultados específicos para enfermedades huérfanas, apoyados en inteligencia artificial para garantizar su implementación efectiva.
Adicionalmente, se están explorando modelos de financiamiento innovadores, como fondos multilaterales autosostenibles y estrategias para alinear la asignación de recursos con las necesidades epidemiológicas cambiantes. Estas ideas se complementan con herramientas de monitoreo y transparencia que buscan fortalecer la confianza entre los actores del sistema, así como con iniciativas para la implementación de seguros especializados y el uso de inteligencia artificial y Big Data para optimizar la cooperación internacional en salud.
Estas soluciones, desarrolladas en un marco de colaboración y creatividad, representan un esfuerzo conjunto por transformar el sistema de salud colombiano en un modelo más resiliente y centrado en el bienestar de los ciudadanos. Al culminar la Solveathon, las propuestas serán refinadas y presentadas ante tomadores de decisión, como un aporte proactivo y fundamentado a las discusiones sobre la reforma y sostenibilidad del sector.
Para mayor información: coordinacion@innos.co
por INNOS | Dic 10, 2024 | Noticias
La situación financiera del sistema de salud colombiano continúa deteriorándose como consecuencia de fallas estructurales no resueltas y presiones emergentes. A los históricos problemas de deudas acumuladas y la falta de acuerdos entre el gobierno, las EPS y las IPS sobre los pasivos existentes, se suman decisiones gubernamentales recientes que han incrementado el déficit. Medidas relacionadas con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la asignación de Presupuestos Máximos (PM), en un contexto de incremento de los costos, han llevado al sistema a gastar más de lo que recibe.
Este panorama se da en un escenario marcado por un nuevo intento del gobierno de reformar el sistema de salud, después de que la primera propuesta fuera archivada por la comisión séptima del Senado en abril de 2024. Recientemente, se presentó un nuevo proyecto al Congreso que busca resolver las problemáticas del sistema, incluyendo las financieras. Sin embargo, varios analistas han señalado que las reformas propuestas no garantizan la solución de los problemas estructurales y, en algunos casos, podrían incluso agravarlos.
Desde INNOS, consideramos necesario aportar un análisis para enriquecer el debate. Es fundamental que los tomadores de decisiones y los actores clave cuenten con información suficiente que les permita orientar sus acciones hacia el beneficio colectivo. La sostenibilidad financiera no es solo un tema técnico; es un elemento fundamental de la equidad, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios. Cuando un sistema de salud no es sostenible financieramente, los más afectados son los usuarios y pacientes, quienes deben asumir mayores costos de su bolsillo o, en el peor de los casos, limitar el acceso a los servicios indispensables. Por ello, presentamos este análisis con el objetivo de contribuir a decisiones informadas que fortalezcan el sistema de salud y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
¿Cuál es la situación financiera del sistema de salud?
En primer lugar, es importante señalar que el sistema de salud colombiano enfrenta un déficit acumulado que amenaza la continuidad en la prestación de los servicios. Según un estudio realizado por ANIF y Afidro, entre 2022 y 2024 el sistema acumuló un desbalance de 19,7 billones de pesos, lo que representa un serio problema para garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, la adecuada prestación y acceso a los servicios de salud. Según ese mismo estudio, este panorama pone en especial riesgo a más de 15 millones de personas en situación de pobreza, quienes dependen directamente del régimen subsidiado para acceder a la atención. Esto, desde luego, supone un reto enorme en términos de equidad, la cual es considerada como uno de los principales logros del sistema en los últimos 30 años.
Una de las principales causas de este déficit es la subestimación de la UPC, que es el valor que el Gobierno colombiano paga a las EPS por la atención en salud de cada afiliado. Desde 2021, los aumentos decretados para la UPC han sido insuficientes para cubrir los costos reales de los servicios de salud. En 2024, por ejemplo, ésta debía incrementarse en un 15,6% para reflejar el aumento en los costos; sin embargo, el Gobierno solo autorizó un ajuste del 12%. Esta brecha genera un faltante de recursos para las EPS, limitando su capacidad de brindar una atención adecuada y aumentando, en consecuencia, las barreras de acceso a los servicios de salud.
Por supuesto, el déficit del sistema también está estrechamente relacionado con los problemas económicos de las EPS, cuyo patrimonio ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2023, varias EPS, incluidas algunas de las más grandes del país, experimentaron una marcada reducción en su patrimonio debido al incremento de las deudas acumuladas y a la creciente presión por la demanda de servicios. Esta situación ha llevado al Gobierno a intervenir algunas EPS con serios problemas financieros, llegando incluso a casos de liquidación. Estas intervenciones generan un impacto significativo en el sistema, ya que los usuarios deben ser trasladados a otras EPS, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre estas últimas. Además, la gestión ineficiente de los recursos por parte de algunas EPS ha agravado su situación económica, generando deudas acumuladas, problemas de liquidez y un deterioro patrimonial que repercute directamente en la calidad de la atención prestada. Esto genera incertidumbre, minando la confianza entre todos los actores involucrados.
Otro factor que ha afectado las finanzas es la insuficiencia de los PM, destinados a pagar la atención de enfermedades huérfanas y de alto costo, así como otros procedimientos y servicios no cargados a la UPC. Se estima que solo en 2024 hay un faltante de 1,9 billones de pesos, mientras que entre 2022 y 2024 el déficit acumulado asciende a 4,6 billones de pesos. Esta brecha limita el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades complejas, poniendo en riesgo su calidad de vida y, en muchos casos, su supervivencia.
De acuerdo con la revista Cambio, cerca de 90.000 pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia enfrentan serias dificultades debido a la falta de financiamiento y al desabastecimiento de medicamentos. Organizaciones como Fecoer y Enhu, que agrupan a 73 asociaciones de pacientes, han expresado una profunda preocupación por la crisis que atraviesa el sistema de salud. Esta crisis se refleja en el desfinanciamiento, el desabastecimiento y los obstáculos crecientes para que los pacientes con enfermedades accedan a tratamientos. Al final, la falta de recursos ha generado escasez de medicamentos, cancelación de citas y aumento en los tiempos de espera para la atención médica.
Hay que tener en cuenta que esta situación se da en un contexto de aumento de la demanda de servicios de salud. El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas provocan un incremento en la solicitud de atenciones en todos los niveles. Este aumento no ha sido acompañado por un incremento proporcional en los recursos del sistema, lo que ha generado presiones financieras adicionales. El estudio de ANIF menciona que la cobertura de la mayoría de los afiliados está a cargo de las EPS más grandes, que también son las que más usuarios reciben por traslados. Según el portal Sectorial, en 2023, la relación entre costos e ingresos en el aseguramiento arrojó una siniestralidad de 104,9% y, al analizar la siniestralidad combinada con los gastos, esta subió al 109,5% para todo el sistema. El comportamiento de la siniestralidad es una consecuencia de la insuficiencia de la Unidad del Pago de Capitación y de su pérdida de valor en términos reales.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta difícil situación?
Las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud pueden tener profundas repercusiones en la calidad y el acceso a los servicios. Además, el déficit ascendente podría desestabilizar el funcionamiento del sistema, afectando negativamente su organización y las capacidades desarrolladas por los diferentes actores en los últimos años. Si no se implementan medidas oportunas y específicas, las consecuencias podrían ser graves tanto para los pacientes como para los usuarios, minando la confianza en el sistema y ampliando las brechas de inequidad.
En primer lugar, la falta de recursos y la presión financiera sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden traducirse en un deterioro significativo de la calidad de atención. Esto se refleja, por ejemplo, en el aumento de la mortalidad hospitalaria, ya que la sobrecarga de trabajo y el cierre de servicios dificultan que los equipos médicos brinden una atención adecuada y oportuna. Asimismo, la reducción de la oferta de servicios limita la atención integral que los pacientes necesitan.
Por otro lado, el acceso a los servicios de salud también se ve gravemente afectado. Muchas personas, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables, podrían quedar sin acceso a servicios esenciales debido al cierre de prestadores de baja y media complejidad. La disminución de la capacidad del sistema genera tiempos de espera más prolongados; un ejemplo de esto es el caso de Medimás, donde los tiempos de espera aumentaron en un 14,4 % tras su intervención. Adicionalmente, los pacientes enfrentan mayores costos relacionados con el traslado hacia lugares alejados para recibir atención médica, lo que incrementa los gastos y desincentiva la prevención de enfermedades. Esto último puede llevar al agravamiento de condiciones crónicas que requieren un manejo continuo para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Otro problema que puede surgir de esta crisis es la concentración del mercado. La salida de varios prestadores reduce la competencia, lo que facilita que las pocas instituciones restantes incrementen los costos de la atención, haciendo el sistema menos accesible. También se puede presentar un desabastecimiento generalizado de medicamentos esenciales. En este sentido, el Invima reportó el desabastecimiento de 13 medicamentos de alto costo y el riesgo de desabastecimiento de otros 9.
Finalmente, la crisis financiera está llevando a la cancelación de servicios neurálgicos, como cirugías, las cuales han aumentado un 30,7% en cancelaciones por falta de recursos en las instituciones prestadoras. Esta situación pone en peligro la vida de pacientes que necesitan intervenciones inmediatas. Además las continuas dificultades en el acceso y la incertidumbre, está llevando a muchos usuarios a contratar planes de medicina prepagada y seguros de salud, una situación que incrementa el gasto de bolsillo y genera incentivos en los prestadores que pueden terminar afectando el sistema financiado con recursos públicos.
¿Cuáles son los principales retos para el 2025?
En el 2025, el sistema de salud colombiano enfrenta el reto de garantizar su sostenibilidad financiera frente a un creciente déficit acumulado. Para abordar este desafío, es fundamental ajustar el cálculo de la UPC, de tal manera que refleje los costos reales de los servicios, así como la demanda creciente. Además, es necesario incorporar mecanismos de ajuste por riesgo que aseguren una distribución equitativa de los recursos. Paralelamente, se deben explorar nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer las herramientas de información y auditoría para prevenir la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. En este sentido, mejorar la transparencia y desarrollar sistemas de información operativos permitirá a todos los actores del sistema monitorear su gestión de manera efectiva.
Sin embargo, inyectar más recursos no será suficiente si no se garantiza su uso eficiente e innovador. Esto requiere promover esquemas de pago basados en resultados, que incentiven un uso racional de los recursos. Asimismo, es indispensable mejorar la distribución del talento humano en salud para garantizar una atención oportuna y equitativa en todas las regiones del país. En el ámbito de los medicamentos, es deseable implementar estrategias para fortalecer la producción nacional, negociar precios más accesibles y establecer un sistema eficiente de monitoreo del abastecimiento.
Por último, tal como lo han señalado diversos analistas, es prioritario fortalecer las estrategias de atención primaria. Estas estrategias pueden contribuir con la reducción de la demanda de servicios de alta complejidad y permitir la detección temprana de enfermedades, lo que facilita intervenciones oportunas y más costo-efectivas. Estas acciones deben complementarse con modelos de financiamiento innovadores que involucren a todos los actores del sistema, alineando sus intereses mediante incentivos adecuados y promoviendo la generación de valor compartido.
Solo a través de una estrategia integral, que combine sostenibilidad financiera, eficiencia en el uso de recursos y fortalecimiento de la atención primaria, será posible enfrentar los desafíos actuales y construir un sistema de salud más sólido, equitativo y sostenible para todos los colombianos.
