por INNOS | Nov 7, 2024 | Noticias
La intervención estatal en EPS como Sanitas, Nueva EPS y Asmet Salud, actualmente bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud, pone de relieve una problemática seria y que desde INNOS hemos advertido con frecuencia: en países con altos niveles de corrupción, como Colombia, concentrar el poder y los recursos de la salud en pocos actores, sean públicos o privados, genera un alto riesgo de mal manejo y corrupción. Las recientes denuncias sobre presuntos sobrecostos, tráfico de influencias y desvío de fondos en estas EPS intervenidas confirman los peligros de confiar en modelos que concentran los recursos y la toma de decisiones en un número limitado de entidades, sin contar con los mecanismos necesarios de supervisión y transparencia.
A lo largo de 2024, la Superintendencia ha ejercido medidas de intervención en ocho EPS. Sin embargo, las denuncias de irregularidades persisten y han generado tal nivel de cuestionamientos que incluso resultaron en la salida del Superintendente de Salud. Estas intervenciones, en teoría, deberían mejorar la administración de recursos y la calidad de los servicios de salud. No obstante, los reportes sobre la persistencia de fallas en la gestión de recursos públicos y en la calidad del servicio demuestran que la intervención estatal sin herramientas de transparencia no solo no resuelve los problemas, sino que en algunos casos los agrava.
Para que cualquier modelo de gestión de salud sea efectivo, es indispensable contar con sistemas de información robustos y en tiempo real que permitan un seguimiento constante del flujo de recursos en cada nivel del sistema. La ausencia de estos mecanismos de trazabilidad es un riesgo que compromete directamente la transparencia y la efectividad en la administración de los fondos, dejando el sistema vulnerable a desvíos y mal manejo de recursos que deberían destinarse a la atención de los pacientes. Estos sistemas de información aún no están disponibles a la escala necesaria en el sistema de salud colombiano, lo que refuerza las preocupaciones de múltiples actores y aumenta la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente estos fondos.
La implementación de un sistema de información interoperable y accesible, que garantice trazabilidad en los contratos, los pagos y el uso final de los recursos de salud, es una necesidad urgente. Esta infraestructura permitiría verificar en tiempo real el destino de los fondos, reduciendo las oportunidades de corrupción y mal manejo y fortaleciendo la transparencia del sistema en su conjunto. En ausencia de esta herramienta, el riesgo de concentración de poder en pocos actores sin un monitoreo adecuado seguirá comprometiendo la estabilidad y confiabilidad del sistema de salud.
Una reforma que priorice la transparencia y un control riguroso
La discusión en el Congreso sobre la reforma a la salud debe considerar que el principal problema no es únicamente quién controla los recursos, sino cómo se garantiza la transparencia y el control efectivo de su uso. Más que incrementar el rol estatal sin una infraestructura adecuada de seguimiento, una reforma responsable debe enfocarse en implementar sistemas de control y rendición de cuentas que aseguren que cada peso destinado a la salud cumpla su propósito. La concentración de poder en pocos actores, sin la presencia de estas herramientas, no solo es una apuesta de alto riesgo, sino una amenaza directa al bienestar de los pacientes.
Desde INNOS, hacemos un llamado a priorizar la implementación de sistemas de información y transparencia, asegurando que el sistema de salud colombiano pueda operar con la confianza y eficacia que los ciudadanos merecen. Estos mecanismos son esenciales para evitar que los recursos se pierdan en malos manejos y para garantizar que el sistema de salud cumpla su objetivo: mejorar la calidad de vida de los colombianos.
por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
En agosto de este año, se radicó para segundo debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 166c de 2023, que busca reformar el Código Sustantivo del Trabajo y otras leyes que regulan las relaciones laborales en Colombia. El 17 de octubre, tras seis semanas de discusión, la Cámara aprobó el proyecto con 93 votos a favor y 13 en contra; ahora, el proyecto deberá pasar al Senado para su discusión final.
Como sucede con toda reforma, el proyecto ha generado debate en todos los sectores. Por un lado, se argumenta que la reforma mejorará las condiciones laborales y brindará estabilidad a los trabajadores. Por otro, hay quienes señalan que la reforma aumentará las cargas para los empleadores, afectando así el empleo formal. En el sector salud, esta discusión es particularmente relevante, ya que la reforma podría impactarlo de diversas maneras. Aunque tiene el potencial de mejorar las condiciones laborales del personal de salud, también podría elevar los costos del sistema, agravando el problema de sostenibilidad existente. Desde INNOS, se propone el siguiente análisis para contextualizar y plantear algunos interrogantes de cara a las próximas discusiones.
¿Qué está buscando el gobierno colombiano con la reforma laboral?
El gobierno colombiano argumenta que la reforma laboral es un paso necesario para actualizar la legislación vigente y adaptarla a las condiciones actuales del mercado de trabajo, al tiempo que se mejoran las condiciones de los trabajadores y se garantiza su estabilidad laboral.
Uno de los pilares de esta reforma es la regulación de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y las actividades realizadas a través de plataformas digitales. En un contexto donde estas modalidades han ganado importancia, el gobierno busca crear mecanismos que aseguren que los trabajadores en estos sectores no vean comprometidos sus derechos. La intención es establecer modalidades de contratación que sean flexibles y adaptadas a la economía digital sin sacrificar la protección social.
La reforma también tiene como objetivo reducir la informalidad y el desempleo, especialmente en sectores vulnerables. Según el gobierno, la flexibilización laboral introducida por la Ley 789 de 2002 no logró su propósito de generar empleo formal; en cambio, incrementó la precarización laboral. Por ello, la propuesta actual busca fomentar la formalización laboral mediante el fortalecimiento de la estabilidad en el empleo y el combate a la subcontratación.
Otra justificación importante es la protección de los derechos de los trabajadores. La reforma contempla el aumento de las indemnizaciones por despido injustificado, el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales, y medidas más estrictas contra la tercerización laboral injustificada. Para el gobierno, estas acciones son esenciales para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y proporcionar condiciones más justas para los trabajadores, especialmente aquellos que laboran en horarios nocturnos.
Además, la reforma busca cerrar las brechas de género y promover la inclusión social. Incluye medidas específicas para garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y para formalizar sectores desprotegidos, como el trabajo doméstico remunerado. También prevé protecciones adicionales para el trabajo comunitario y familiar, con un enfoque diferencial que considera las necesidades de diversos grupos poblacionales.
¿Cuáles son los posibles efectos de esta reforma en el sector salud?
El sector salud podría tener impactos importantes si la reforma es finalmente aprobada. Hay que tener en cuenta que ya desde la ley 2101 de 2021 se estableció la reducción gradual de la jornada laboral semanal a 42 horas. Esta modificación tiene efectos sobre hospitales, clínicas y centros de salud, pues obliga a muchas instituciones a reorganizar los horarios o contratar más personal, lo cual, aunque podría beneficiar a los trabajadores al ofrecerles un equilibrio laboral y mayor ingreso, representa un desafío financiero por mayores costos operativos.
Si a esto se le suma el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales -contemplados en el texto de la reforma-, los cuales aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 100% en 2026, las cargas financieras para las instituciones prestadoras de servicios de salud serían aun mayores. Esta medida, que beneficia a los trabajadores del sector salud que laboran en estos horarios, implica, sin embargo, un aumento en los costos para las instituciones, que deberán ajustar sus presupuestos para cumplir con estas obligaciones.
Finalmente, la reforma incluye medidas contra el acoso y la violencia laboral, con protecciones específicas para mujeres y otros grupos vulnerables. En el ámbito de la salud, donde el trabajo puede ser emocional y físicamente exigente, estas medidas son esenciales para garantizar un entorno laboral seguro y saludable.
¿Fue inclusivo el proceso de discusión de la reforma?
La discusión de la reforma en la Cámara de Representantes contó con la participación de diversos sectores de la sociedad, con aproximadamente 3,000 propuestas presentadas. Esto refleja una alta participación ciudadana e interés general en el tema. El gobierno se reunió con gremios, empresarios y trabajadores, y estableció canales para recibir opiniones y sugerencias de la ciudadanía. Sin embargo, no queda claro si las asociaciones y gremios del sector salud tuvieron una participación en estas discusiones. Esto plantea dudas sobre si se consideraron adecuadamente las particularidades de este sector tan complejo en el proceso de redacción y aprobación inicial.
Es fundamental que las necesidades del sector salud sean tenidas en cuenta, ya que las características del empleo en este ámbito podrían verse afectadas de manera significativa por los cambios en la normativa laboral.
¿Qué se espera del próximo debate en el Senado?
Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto de ley ahora se dirigirá al Senado, donde será debatido en la Comisión Séptima. En esta fase, los senadores revisarán el contenido del proyecto y analizarán si es necesario realizar modificaciones que se ajusten mejor a las necesidades de sectores específicos. Este será un momento clave para que el sector salud exprese sus preocupaciones y proponga ajustes que le permitan adaptarse a los posibles cambios.
El debate en el Senado también ofrecerá una oportunidad para evaluar si algunas disposiciones de la reforma podrían afectar la sostenibilidad financiera de ciertas instituciones, especialmente las pequeñas clínicas y emprendimientos que no tienen la capacidad económica para realizar grandes ajustes.
¿Qué preguntas surgen a partir de esta reforma para el sector salud?
Conforme la reforma avanza en el Congreso, surgen interrogantes sobre su impacto en el sector salud: ¿Podrán las instituciones de salud ajustar sus presupuestos para asumir los nuevos costos laborales sin afectar la calidad del servicio? ¿Cómo se evitará que el aumento de costos laborales impulse una mayor informalidad, que es precisamente lo que esta reforma intenta reducir? ¿Se adapta esta reforma a las necesidades específicas del sector salud? ¿Afecta la reforma la sostenibilidad financiera del sistema de salud?
El proyecto de reforma laboral puede representar un paso adelante hacia la mejora de los derechos laborales en Colombia. No obstante, en sectores sensibles como el de la salud, los cambios deben implementarse considerando tanto el bienestar de los trabajadores como la sostenibilidad de las instituciones que los emplean. La reforma promete cambios importantes, pero también plantea desafíos que solo podrán superarse mediante un diálogo amplio y una planificación cuidadosa.
por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
Como lo habíamos anunciado y analizado hace algunas semanas (Propuestas de reforma a la salud 2024) el gobierno radicó el 13 de septiembre nuevamente un proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
En esta ocasión, el proyecto del gobierno que es el No. 312 se unificó con el proyecto No. 135 que había sido presentado por el partido Alianza Verde y que, en su momento, también se incluyó en el análisis que desarrollamos desde INNOS. Según el documento radicado en la comisión séptima de la Cámara de Representantes el 25 de octubre, este proyecto es producto de la acumulación de los dos mencionados, que se hizo por resolución de la mesa directiva de la comisión, el 15 de octubre pasado. Para llegar al texto final se desarrollaron mesas técnicas y audiencias públicas entre el 2 y el 23 de octubre, que tuvieron la participación de agremiaciones y asociaciones del sector salud, sindicatos, EPS, IPS y usuarios del sistema.
Si bien en nuestro análisis previo se habían mostrado las coincidencias entre ambos proyectos, es importante precisar qué modificaciones sufrió el articulado que será discutido con respecto a las primeras versiones y, especialmente, con respecto a los aportes de las mesas técnicas y de las audiencias públicas.
Cambios principales:
- Gobernanza y rectoría.
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- Se agregaron precisiones sobre las responsabilidades en la gestión de riesgos, que serán compartidos entre los actores del sistema y el Estado, que asume directamente el riesgo financiero.
- En la conformación del Consejo Nacional de Salud se incorporan instituciones como el DNP, la ADRES, las Gestoras de Salud y Vida y las IPS que no aparecían en el proyecto inicial. También participarán el director del INVIMA y del INS con voz, pero sin voto.
- Se eliminó el artículo 7 que modificaba los trámites ante el INVIMA: Seguramente, la decisión de eliminarlo se justifica por dos razones. La primera, porque no hubo un acuerdo general sobre los requisitos de simplificación de trámites y los alivios financieros propuestos inicialmente. En este artículo se había sugerido medidas para agilizar la aceptación de documentos internacionales sin apostilla y ofrecía descuentos en intereses sobre sanciones pecuniarias pendientes. La segunda razón, para eliminarlo es el enfoque administrativo y financiero que se propone en el proyecto acumulado. Posiblemente, lo establecido en el artículo 7 del proyecto 132 requería un tratamiento separado de índole regulatorio.
- Además, la ponencia acumulada podría haber priorizado temas estructurales de gobernanza y acceso universal, limitando los artículos dedicados a temas de operación administrativa en entidades de control y vigilancia. Al respecto, el proyecto de ley 132 se complementa con la información del proyecto presentado por el Partido Verde (proyecto de Ley 135), así, este sistema permitirá que el CNS y otras entidades monitoreen y coordinen la información sanitaria en tiempo real. Como se sabe, esta centralización de datos es clave para garantizar la transparencia en el uso de recursos, simplificar trámites para los usuarios, y permitir una gestión sanitaria que priorice la prevención y atención primaria, con un enfoque de cobertura total, especialmente en zonas rurales.
2. Recursos financieros del sistema de salud:
- Se modificaron algunas funciones de la ADRES referentes al pago de servicios de salud de mediana y alta complejidad, pago de incentivos y remuneraciones a las gestoras, constitución de un fondo para atención de emergencias y acuerdos con prestadores de servicios y gestores farmacéuticos.
- En cuanto a las fuentes de recursos, se eliminó como fuente los recursos del FONPET por tener destinación específica.
- Se adicionaron los recursos provenientes del recaudo de los impuestos saludables incluidos en la ley 2277 y se propuso destinar el 0,5% del IVA social. Para esto, se agregó un artículo nuevo (artículo 11) que se refiere a los impuestos saludables.
- Aunque hay consenso sobre la necesidad de ampliar las fuentes de financiación del sistema de salud, en este proyecto no se incluyen otras fuentes, más allá de lo expuesto previamente. Esta es una de las mayores debilidades del proyecto de Ley.
- En cuanto a los usos de los recursos, se aclaró el mecanismo de financiación del nivel primario y de los CAPS y se eliminó la prohibición a que las cuentas del Fondo único Público de Salud hagan unidad de caja para permitir traslados de recursos entre estas cuentas independientes. Para ello se agregó un nuevo artículo (artículo 14).
- Las fuentes para la Atención primaria se aclararon en el nuevo texto. Estos son: recursos del SGP de prestación de servicios de salud y del régimen subsidiado, recursos de explotación de juegos de suerte y azar, recursos propios de los municipios que se giran a la ADRES, recursos del aporte de solidaridad de regímenes exceptuados y recursos fiscales y parafiscales que se destinen para la APS.
- En cuanto a la UPC, se precisan aspectos del cálculo, suficiencia y financiación por recursos de oferta, de los CAPS.
- El pago de los servicios se hará con un giro inicial del 85% de la factura en los 30 días siguientes a su presentación y luego habrá un proceso de verificación de cuentas por parte de las Gestoras en un periodo de 60 días (antes eran 90 días).
En este proyecto se incluyeron algunos artículos enfocados en fuentes nuevas de financiamiento del sistema. En este mismo sentido, se conoció hace pocos días un proyecto de Ley radicado en el Senado que busca fortalecer el flujo de recursos del SGSSS. Varias propuestas de este nuevo proyecto coinciden con nuevos artículos en el proyecto de reforma a la salud. Entre estos resaltamos los siguientes:
- Se incluyó un artículo nuevo que permitirá el uso de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para sanear cuentas de servicios de afiliados a Cajas de Compensación Familiar que presten servicios de salud.
- También se incluyó un artículo (25) que permite el uso de recursos de saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado para pago se servicios a población pobre no asegurada, pasivos de las ESE, Saneamiento fiscal, cofinanciación del régimen subsidiado e inversión y mejoramiento de la red pública de prestación de servicios.
- El artículo 26 (nuevo) modifica la destinación de excedentes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y el SGP, para pagos de deuda por servicios y tecnologías en salud para población migrante no afiliada, población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda y otras necesidades de las ESE.
- De igual forma, se incluye un artículo para utilizar saldos y excedentes de recursos de oferta del SGP y recursos de la estampilla pro-salud (Ley 669); para cubrir pagos pendientes de prestación de servicios de salud de población migrante no afiliada y pasivos de las ESE.
3. Gestoras de Salud y Vida.
- Se modificaron algunas funciones de las GSV para dejar más clara su responsabilidad como representante del usuario del sistema y su relación con las entidades territoriales.
- Se amplió el plazo de 2 a 3 meses para que las actuales EPS manifiesten su intención de transformarse en GSV.
- Se redujo el tiempo para el saneamiento de pasivos de las EPS de 48 a 18 meses.
- Se aclaran las condiciones de las EPS para su transformación, en términos de responsabilidades, manifestación expresa de su intención de transformarse en GSV y condiciones de su operación en el periodo de transición.
- Sobre la remuneración de las GSV, será con recursos de la UPC (5%).
- En el texto acumulado no se mantuvo la propuesta PL 135 de mantener algunas funciones en cabeza de las EPS como aseguradoras al mantener el control y manejo de los recursos públicos del sistema de salud. De esta manera, estas diferencias con el proyecto archivado en abril intentan que las Gestoras cumplan un rol de acompañamiento sanitario, mientras el Estado retoma el control financiero y la rectoría sobre el sistema.
- Auditoría y regulación más estrictas para las Gestoras, ya que estas estarán sujetas a auditorías regulares de la ADRES y del CNS. Esta estructura de supervisión busca reducir los problemas de corrupción y asegurar que el enfoque de las Gestoras permanezca en la calidad y continuidad de la atención.
- En este proyecto acumulado se menciona que, una vez se transformen en GSV, estas “nuevas entidades” deberán escindir la operación comercial relacionada con los Planes Voluntarios en Salud (Medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud).
4. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
- Las GSV se incluyeron en los procesos de celebración de los acuerdos de desempeño con los CAPS.
- Se incluyen algunos incentivos que podrán tener las RIITS por resultados en salud, eficiencia y satisfacción de los usuarios.
- Modificado el plazo para reglamentar el funcionamiento de los CAPS de un año a 6 meses.
- Se incluyó la libre elección de CAPS dentro de la oferta territorial.
- Los CAPS tendrán una asignación per cápita que se ajustará con base en diversos criterios y variables.
5. Personal de salud
- Se incluyó y se definió el examen único nacional para especialidades médico-quirúrgicas.
- Los procesos de identificación del talento humano en salud se harán por medio del ReTHUS y se precisan los costos de verificación e inscripción en este registro.
6. Fondo Único Público de Salud
- El Fondo Único Público de Salud se compone de tres cuentas: dos son independientes y una es general. Originalmente, antes de la acumulación el artículo establecía que los recursos no se unificarán en una sola caja, sin embargo, se ha eliminado el último inciso del artículo para permitir el traslado de los excedentes presupuestarios.
Así, al analizar en conjunto el texto de la ponencia y del PL 312 de 2024, se observan algunos elementos que ilustran las principales coincidencias de los dos proyectos acumulados y que dan una idea de cuál es el perfil de la reforma que quiere proponer el gobierno. En primer lugar se observa un consenso alrededor de una transformación que ponga en el centro la Atención Primaria en Salud (APS) y que fortalezca la red pública hospitalaria. Esto desde luego implica garantizar el flujo de recursos necesarios sin afectar la sostenibilidad del sistema de salud.
En segundo lugar, se mantiene la propuesta de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, redefiniendo las funciones que tienen actualmente y dándoles un enfoque territorial. Una de las coincidencias es que se debe garantizar su saneamiento financiero otorgándoles plazos prudentes para la transición. En este sentido, se puede decir que, hubo un consenso general sobre la necesidad de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y de fortalecer el nivel primario de atención mediante los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto refleja un respaldo amplio a algunos cambios estructurales, que van en línea con el objetivo del proyecto acumulado de crear un sistema de salud más inclusivo y enfocado en lo territorial.
El proyecto también consolida la propuesta del giro directo desde la ADRES hacia los prestadores de servicios, eliminando el modelo de aseguramiento tal y como está estructurado en la actualidad. Así mismo se crea la Cuenta de Atención Primaria para la financiación de las estrategias de APS, incluyendo los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los equipos territoriales.
Otro elemento destacado que resulta de la unificación de ambas propuestas es la definición de criterios para el cálculo de la UPC, buscando así qué esta sea suficiente para financiar los servicios de salud. Para ello se tendrán en cuenta factores como variables geográficas, de dispersión, patologías prevalentes, costos de operación y otros criterios ajustados por riesgo.
Igualmente, se destacó la importancia de garantizar transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Único Público de Salud, especialmente en los aspectos de trazabilidad y auditoría. La inclusión de mecanismos de seguimiento y la publicación de transacciones en el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud fueron temas que recibieron consenso y enriquecen la propuesta en cuanto a transparencia, algo que ya se había mencionado en la versión archivada pero que ahora tiene un enfoque más robusto.
A manera de conclusión, resulta claro que el gobierno persiste en su propósito de reformar estructuralmente el sistema de salud que opera actualmente en el país. Muchos de los cambios que se plantean en este nuevo intento de reforma, se pueden encontrar en el proyecto presentado en febrero de 2023, que tuvo discusión en la Cámara durante el año anterior y que finalmente fue archivado en el Senado en abril de este año.
Dentro de las propuestas e iniciativas que recoge el documento que acompaña al articulado del proyecto de Ley, se resalta la posición de algunos actores como la ANDI que ha sido crítica de esta propuesta y que formuló cuestionamientos de fondo y de forma en sus participaciones. No obstante, estas observaciones no fueron recogidas en el texto final. La participación de ACEMI, gremio que representa a las ESP tuvo mayor impacto en los cambios que se incorporaron a la propuesta, dejando ver su interés en transformarse en Gestoras de Salud y Vida, en el nuevo sistema que resultará de ser aprobada esta Ley.
La integración con el PL 135 del partido Alianza Verde era previsible y aportó mayor claridad a varios aspectos de la propuesta del gobierno. Por ello también se puede prever que tendrá apoyo de esta bancada, lo que haría más fácil su trámite legislativo. No obstante, para algunos este proyecto acumulado acogió mayoritariamente las líneas, acciones e ideas del proyecto presentado por el gobierno el pasado mes de septiembre.
por INNOS | Oct 31, 2024 | Noticias
Comunicado de Prensa
Bogotá, Colombia (31 de Octubre del 2024) – Frente a las dificultades que el INVIMA ha enfrentado en los últimos meses, INNOS manifiesta su preocupación por la situación actual de la entidad y subraya la importancia de asegurar su funcionamiento en condiciones óptimas. En respuesta a una orden judicial, el INVIMA había implementado un plan de choque para abordar el desabastecimiento de medicamentos, con medidas como la contratación de personal y el fortalecimiento de sus procesos internos. Sin embargo, esta semana se conocieron dos decisiones adversas: el Ministerio de Hacienda no aprobó una adición presupuestal necesaria para contratar más personal y el Consejo de Estado revocó la orden judicial que priorizaba la resolución de trámites pendientes. Estas decisiones representan un obstáculo significativo para que el INVIMA cumpla con su rol fundamental en el sistema de salud.
Es inaceptable que una entidad tan esencial para la salud pública en Colombia esté en situación de desfinanciamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre sus 11 Funciones Esenciales de la Salud Pública la inspección, vigilancia y control de riesgos para la salud, así como la garantía del acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias seguras y eficaces. Estas funciones son una parte crucial de la misión del INVIMA y afectan directamente la salud y el bienestar de la población.
El rol del INVIMA va más allá de la aprobación de registros sanitarios de medicamentos; también abarca la regulación y vigilancia de alimentos, bebidas, dispositivos médicos, plaguicidas, cosméticos y productos de aseo. El país no puede permitirse una interrupción en estas actividades, que son fundamentales para el equilibrio del sistema de salud.
Desde INNOS, hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que asigne de forma inmediata los recursos necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del INVIMA. La continuidad de esta institución es esencial para evitar situaciones críticas y preservar la salud pública en Colombia.
por INNOS | Oct 24, 2024 | Noticias
En el Innovation Seminar 2024, el panel titulado Innovación y Acceso reunió a expertos de alto nivel para debatir sobre las licencias obligatorias (LO) y voluntarias en la región. La discusión, que contó con la participación de Corey Salsberg (VP de Asuntos Globales en PI de Novartis), Raquel Sorza (Directora de Operaciones de Fifarma), Anjam Aziz (sector farmacéutico) y el juez Iñigo Crespo (Presidente del Tribunal de Justicia de la CAN), destacó las complejidades y desafíos asociados al uso de las LO y su impacto en la innovación y el acceso a medicamentos en América Latina.
Raquel Sorza abrió el panel señalando que los derechos de propiedad intelectual (PI) no son absolutos y que las licencias obligatorias, aunque esenciales en ciertas situaciones, se han utilizado crecientemente como mecanismos para regular el gasto en salud, desviándose de su intención original. Según Sorza, se ha observado una preocupante tendencia a otorgar licencias durante todo el período de la patente, lo que desvirtúa su propósito limitado y específico. Además, los sectores que han motivado la mayoría de estas licencias, siendo el VIH el principal con un 58% de las otorgadas, seguido por la hepatitis C y oncología. A pesar del uso creciente de las LO, destacó que los avances en tratamientos para el VIH han transformado el panorama de esta enfermedad, subrayando la importancia de la innovación.
La pandemia de COVID-19 reavivó el debate sobre la producción local de vacunas y la autosuficiencia sanitaria, empujando la idea de las LO como herramientas para fortalecer la industria local. Sin embargo, Sorza advirtió que, en algunos casos, estas licencias han promovido más la importación de medicamentos que la fabricación nacional, lo que revela una desconexión entre los objetivos y los resultados.
Por otro lado, el juez Iñigo Crespo aportó una visión jurídica sobre las licencias obligatorias en el contexto de la Comunidad Andina (CAN). Explicó cómo la Decisión 486 de 2000 regula las LO, estableciendo que estas solo deben aplicarse cuando hay un interés público claro, como la seguridad sanitaria o alimentaria. Citó el caso clave del Proceso 144-IP-2019, donde se reafirmó que las LO son medidas excepcionales que requieren un equilibrio cuidadoso entre el derecho del titular de la patente y las necesidades públicas. El equilibrio se evalúa a través de un test de razonabilidad, donde se considera si la medida es idónea, necesaria y proporcional. Esto garantiza que las licencias obligatorias no se utilicen de manera indiscriminada y solo se apliquen cuando no existen otras soluciones viables.
Licencias voluntarias: ¿Un camino más eficiente?
Corey Salsberg planteó una alternativa a las licencias obligatorias: las licencias voluntarias. Según su experiencia, la mayoría de las solicitudes de LO son impulsadas por la sociedad civil o industrias locales, no por los gobiernos. Citó el emblemático caso de Glivec en Colombia en 2014, donde una licencia obligatoria complicó más de lo que resolvió. Salsberg abogó por un mayor diálogo y cooperación entre la industria y los gobiernos, sugiriendo que las licencias voluntarias pueden ofrecer soluciones más sostenibles, sin debilitar la estructura de PI.
Por su parte, Anjam Aziz ofreció una visión crítica sobre el impacto a largo plazo de las licencias obligatorias. Citó el caso de Zimbabue, donde la declaración de interés público para medicamentos relacionados con el VIH resultó en un aumento de precios y acceso limitado a los medicamentos. Según Aziz, el uso frecuente de LO puede desalentar la innovación, ya que los desarrolladores de medicamentos evitan invertir en mercados con regulaciones impredecibles. Además, enfatizó que, si bien las LO pueden ser una herramienta valiosa en ciertas circunstancias, su mal uso puede obstaculizar el acceso a medicamentos innovadores, afectando tanto a los pacientes como a los sistemas de salud.
El panel concluyó con una reflexión sobre el futuro de la innovación y el acceso a medicamentos en la región. Se discutió un informe reciente del Banco Mundial, que subraya la importancia de fortalecer los ecosistemas de innovación y crear un entorno colaborativo que involucre a gobiernos, industria, academia y sociedad civil. Esta cooperación, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento del valor de la PI, es clave para promover el crecimiento económico y la transferencia de tecnología.
Desde la perspectiva de INNOS, el camino hacia un sistema de salud más innovador en Colombia y América Latina depende de la educación de las nuevas generaciones sobre la importancia de la PI. Solo con un sistema de PI robusto se pueden crear las condiciones necesarias para acelerar la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y facilitar la transferencia de conocimiento, contribuyendo así a soluciones efectivas en el ámbito sanitario.
por INNOS | Oct 23, 2024 | Noticias
El panel Perspectivas Globales en PI en América Latina durante el Innovation Seminar 2024 reunió a destacados expertos para debatir los principales retos y oportunidades de la propiedad intelectual (PI) en la región. En un entorno cada vez más globalizado, la PI juega un papel clave en el desarrollo de ecosistemas de innovación y competitividad, pero su adopción en América Latina sigue siendo un desafío complejo.
Fernando Portugal, Director de PI de la AMIIF, ofreció una visión panorámica sobre la situación actual de la PI en la región. Subrayó la heterogeneidad en la implementación de políticas de PI, donde los tratados de libre comercio han impulsado el avance en países como México, mientras que en el Cono Sur, las iniciativas regionales, como Mercosur, han cobrado mayor relevancia. Destacó también cómo países con agendas comerciales orientadas hacia China tienden a priorizar menos el fortalecimiento de la PI, en contraste con Costa Rica, que se posiciona como un referente con un régimen avanzado en esta materia.
María Vázquez, Decana de Derecho de la Universidad de San Andrés, aportó la perspectiva académica. Explicó que en ciertos sectores de América Latina, la PI aún es percibida negativamente, lo cual afecta su desarrollo. Aunque su universidad ha lanzado una maestría en PI con el apoyo del INPI, Vázquez resaltó un problema crítico: la falta de transferencia de la investigación estatal al mercado. Muchas innovaciones originadas en la región terminan beneficiando a otros países. Para superar este obstáculo, Vázquez propuso la adopción de la innovación abierta, que facilite la complementariedad de capacidades locales y regionales.
Érica Leite, Jefa de la División de Relaciones Multilaterales del INPI, abogó por el fortalecimiento de la educación en PI desde la infancia. En Brasil, el programa “PI en la Escuela” es un ejemplo exitoso de cómo inculcar estos conceptos desde etapas tempranas. Además, Leite enfatizó la necesidad de incluir a poblaciones históricamente excluidas, como las mujeres y otras minorías, en el registro de patentes, asegurando que el sistema de PI sea inclusivo y representativo de toda la sociedad.
Desde una perspectiva legislativa, el Diputado Nacional Martín Yeza (Argentina) expuso cómo la apertura económica del gobierno de Mauricio Macri impulsó el debate en torno a la PI en su país. Sin embargo, señaló que la inestabilidad política y regulatoria sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de ecosistemas de innovación. Yeza sugirió la necesidad de ampliar la discusión, incorporando a sectores emergentes, como la industria musical, que enfrenta nuevos desafíos derivados del avance de la inteligencia artificial y la propiedad de la voz.
Fernando Portugal cerró el panel señalando la importancia de desarrollar clusters y ecosistemas de innovación, especialmente en sectores clave como el de la salud. Aunque Sao Paulo lidera el Índice Global de Innovación (GII) en América Latina, el resto de la región enfrenta retos importantes para mejorar su posición global. Portugal y los demás panelistas coincidieron en que se deben promover narrativas positivas sobre la PI para combatir percepciones erróneas y que las políticas inclusivas serán esenciales para el progreso de la innovación en la región.
El panel dejó claro que, para avanzar en la consolidación de la PI en América Latina, será esencial reforzar la colaboración público-privada, mejorar la educación en PI desde las etapas más tempranas, y adaptar los marcos regulatorios a las necesidades emergentes. La PI no solo debe ser vista como un conjunto de normas, sino como un motor que impulse la innovación y el desarrollo económico de la región.
