por INNOS | Feb 5, 2024 | Blog, Blog Electoral, Noticias
En 2008, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760. Esta Sentencia tuvo como objetivo, en su momento, analizar diferentes aspectos “Derecho a la Salud” con el fin de valorar las implicaciones que este tiene respecto a la garantía del goce universal equitativo y efectivo de este derecho.
A diferencia de otros pronunciamientos de la Corte, esta sentencia compiló situaciones en las cuales el derecho a la salud fue perjudicado. Los criterios para considerar estas situaciones fueron, por ejemplo, la negación en un procedimiento médico, la libertad de elección de la entidad encargada de prestar los servicios y los obstáculos que evitaron el acceso a ciertos médicos.
En ese entonces, la Corte hizo un llamado para que las entidades responsables corrigieran las diferentes fallas que presentaba el sistema de salud pública. En total para ese entonces, la corte acumuló alrededor de 22 acciones de tutela. En todas, los magistrados concluyeron que, cada uno de los casos tratados en ellas representaban violaciones originadas por problemas estructurales. De esta manera, la sentencia marcó un antes y un después para explicar las necesidades que debían solventarse en el sistema de salud. Algunos de los expedientes mencionados por la Sentencia son los siguientes:
- Expediente T-1281247 (acceso de un menor a un servicio no incluido en el POS –implante coclear).
- Expediente T-1310408 (acceso a un servicio de salud necesario para preservar la vida o la integridad personal no incluido en el POS, cuando no se tiene la capacidad económica para costearlo –Mamoplastia–).
- Expediente T-1328235 (acceso a servicios de salud no incluidos en el POS –medicamentos para diabetes–, solicitud ante el Comité Técnico Científico).
- Expediente T-1335279 (acceso a servicios de salud –exámenes diagnósticos– de persona vinculada al Sistema de salud).
- Expediente T-1337845 (acceso a servicio de salud no incluido dentro del POSS – resonancia magnética de la columna)
- Expediente T-1338650 (medios necesarios para que una persona vinculada acceda a un servicio de salud –trasplante de tráquea– en lugar distinto a su domicilio).
¿Quiénes interpusieron estas tutelas? Según la Corte Constitucional, 20 de las 22 tutelas interpuestas tuvieron como protagonistas usuarios del sistema, ciudadanos que consideraron que su derecho a la salud había sido vulnerado. Las dos restantes fueron interpuestas por Sanitas contra, por una parte, el consejo Superior de la Judicatura y, por la otra, del Ministerio de la Protección Social. La razón, Sanitas consideraba que ambas entidades no eran claras sobre las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS.
De esta manera, a medida que las tutelas eran interpuestas, la Corte decidió acumularlas por dos razones, la primera razón, lograr una muestra significativa sobre los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en el sistema de salud. En segundo lugar, la Corte buscó llevar a cabo un análisis profundo para entender los diferentes aspectos relacionados con el Derecho a la Salud. A través de este análisis la Corte evidenció tres tipos de problemas jurídicos, un problema en el cual las entidades encargadas de prestar los servicios de salud desconocen el derecho, porque el servicio no está incluido en el plan obligatorio o sencillamente, porque la persona no puede pagarlo. Un segundo problema, en el cual el la Corte reconoció que, en ocasiones, las entidades prestadoras de servicios no reconocen cuando un tratamiento o medicamente fue ordenado por un médico que no estaba adscrito a la entidad. El tercer problema jurídico es cuando las entidades niegan la prestación, porque la persona dejó de cotizar y ahora es desempleado.
Una vez analizados los tres problemas jurídicos mencionados con anterioridad, la Corte emitió 16 órdenes para que el Estado a través del sistema de salud no se constituyera en un obstáculo para la prestación de los servicios. Estas 16 órdenes quedaron compiladas en tres medidas: 1) medidas relacionadas con el plan de beneficios; 2) medidas con el derecho al recobro de servicios no POS; 3) medidas para la protección del derecho a la información en salud; carta de derechos y carta de desempeño.
En 2009, la Corte creó la Sala Especial de Seguimiento. Esta sala tiene como finalidad supervisar el cumplimiento de dicho fallo y desde su creación ha emitido un número importante de Autos, 16 Autos específicos y más de 100 Autos genéricos de seguimiento. Al respecto, el día primero de febrero de 2024 la Corte emitió el Auto 2881 de 2023. Este Auto ha centrado su atención en la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de servicios y tecnologías en salud, excluidos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), específicamente, en garantizar si se esta haciendo lo suficiente en cuanto a fijación, reajuste y pagos de los presupuestos, ya que no hacerlo como establece la normatividad afecta a las EPS y a la liquidez del sistema.
De esta manera, la Corte responsabiliza a MinSalud y lo obliga a cumplir con una serie de condiciones, entre esas, dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021, reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Igualmente, que MinSalud expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como, crear una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes.
por INNOS | Feb 5, 2024 | Blog, Noticias
La Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al Ministerio de Salud un reporte detallado del inventario actual de vacunas con que cuenta esa entidad, informando detalles como el laboratorio fabricante y la fecha de vencimiento de cada lote de vacunas.
Además de estos datos la PGN le pide al ministerio que informe los costos, presupuesto asignando y presupuesto aprobado para 2023 para la compra de vacunas contra Covid-19. El mismo ministerio de salud y protección social había informado que en su almacén tenía un inventario de más de 6 millones de vacunas de 3 laboratorios farmacéuticos, todas con fechas de vencimiento entre junio y noviembre de 2023.
El ministerio deberá informarle a la PGN cómo ha sido el proceso de distribución de estas vacunas por territorio y de igual forma, que precise cómo está el inventario para la vigencia 2024 y los planes de compra de nuevas vacunas.
Resultaría muy grave que, un gobierno que ha sustentado la reforma al sistema de salud en fortalecer las acciones preventivas y predictivas por encima de los tratamientos curativos deje vencer en sus bodegas un número tan grande de vacunas contra la más reciente pandemia. Esto se agudiza aún más si tenemos en cuenta que durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, se reportó por las autoridades de salud pública un incremento en el número de casos de Covid-19 en varias zonas del país.
Más allá del discurso de la prevención y de que se promuevan acciones para evitar que ocurran las enfermedades, hay que ejecutar las acciones de forma oportuna y hacerlo con base en una planificación organizada que utilice con transparencia el dinero público. En este caso, sería desastroso para la imagen del ministerio y para su credibilidad, que las autoridades competentes encuentren que hubo un detrimento patrimonial y que con ello, se puso en riesgo la salud de millones de personas que requieren esta vacuna.
Recordemos que un par de semanas atrás el mismo ministerio confirmó que se vencieron más de un millón de vacunas pediátricas contra Covid-19 que, según el comunicado, no fueron utilizadas por las entidades territoriales. El ministerio dice allí que 1’121.000 dosis de vacunas se entregaron a cada territorio y que la responsabilidad por no haberlas aplicado y por su vencimiento, recae en las secretarías de salud respectivas. En ese momento la cifra que se publicó de detrimento de recursos públicos fue de cerca de 18 millones de dólares.
Nuevamente preocupa no solo el mensaje contradictorio que esto le envía al país, cuando se defiende la prevención y se pierden vacunas que son una de las medidas más efectivas desarrolladas en salud pública, para evitar enfermedades tan graves como Covid-19.
Defender los recursos públicos y en especial los que se requieren para proteger la salud de las personas es un deber de todas las instituciones del Estado. Es inaceptable que ocurran estas situaciones y que no exista una responsabilidad política ni técnica clara para asumir la gestión con mayor sentido técnico y con mayor transparencia. El llamado al gobierno es a que le dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios a la salud pública, que, como lo hemos advertido en otros análisis, se relegado a un segundo plano, como consecuencia del énfasis del ministerio en la defensa del proyecto de reforma al sistema de salud.
por INNOS | Ene 16, 2024 | Blog, Noticias
¿Tienes una solución innovadora en salud con el potencial de impactar a gran escala en LATAM?
Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de Latam Health Champions 2025, una oportunidad única para destacar y apoyar soluciones innovadoras en el sector de la salud en América Latina. Esta convocatoria, impulsada por Fifarma e INNOS, brinda a startups, PYMES y distintos actores del sector salud la posibilidad de participar en un proceso que busca reconocer su impacto en la región.
Para postularte a esta convocatoria y conocer todas las fechas y detalles de la misma, visite: Latam Health Champions 2025
por INNOS | Dic 4, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
El día 28 de noviembre de 2023 la Comisión Primera del Senado de la República, citó al Ministro de Salud, el director del INVIMA y el director de la ADRES a un debate de control político sobre la situación crítica de escases de medicamentos en el país.
En este debate el senador David Luna hizo una presentación sobre la situación que vive el país con respecto al desabastecimiento de medicamentos, donde señaló las responsabilidades de las tres entidades citadas. Primero, identificó las fallas que el INVIMA presenta y que son, a su juicio, las causantes principales de la falta de medicamentos necesarios para la atención en salud en el país. Dentro de estas falencias se destacan:
- Un marco regulatorio desactualizado (de 1995) que no se armoniza con estándares internacionales y afecta el trámite ágil de los procesos de análisis y aprobación de medicamentos.
- Tiempos de trámite para registros sanitarios que exceden hasta en 30 meses lo dispuesto en la norma vigente, lo cual es mucho más grave en casos como los medicamentos oncológicos.
- Personal e infraestructuras insuficientes para la realización oportuna de estos trámites.
- Agudización en el retraso de los trámites que ya venía de años anteriores, durante lo corrido de 2023 y durante 2022.
- Interinidad en el cargo de dirección del Instituto desde el inicio del actual gobierno, en agosto de 2022, aunque se anunció un director en propiedad desde hace más de un mes.
- Necesidad de que el INVIMA se articule con procesos más ágiles, modernos y acordes con entidades como la FDA y la EMA.
- Marco regulatorio de medicamentos completamente desactualizado.
El senador formuló también una serie de recomendaciones para fortalecer la gestión del INVIMA. Entre ellas:
- Armonización con estándares de agencias internacionales como FDA y EMA
- Agilizar trámites para favorecer el acceso a nuevos medicamentos.
- Tener en cuenta las guías de la OMS para nuevos medicamentos.
- Generar guías de evaluación por parte de la sala especializada, para facilitar y hacer más transparentes los trámites.
- No negar autorización a tratamientos que ya han sido autorizados en países de referencia.
- Mejorar la colaboración con las entidades privadas para identificar amenazas y riesgos de situaciones como las que se está viviendo actualmente.
- Fortalecer la seguridad informática del sector salud para evitar los ciberataques que ha sufrido el INVIMA y que han agravado la crisis sectorial.
A su turno el Ministro de Salud presentó sus respuestas. Algunas de ellas fueron las siguientes:
- Hay un debate político e ideológico que está vinculado directamente con los temas de estas preguntas.
- No confundir desabastecimiento con escases. Actualmente hay escases, pero no desabastecimiento.
- Se han resuelto, al día de hoy, la mayor parte de los riesgos de desabastecimiento que se estaban presentando.
- No es este un tema de Colombia exclusivamente ni es un asunto que haya comenzado este año. Hay antecedentes en el país desde 2004.
- El ministerio tiene en efecto, la responsabilidad de regular la política farmacéutica; pero el gobierno no hace compra directa de medicamentos. Solo lo hace con algunas moléculas para patologías de interés en salud pública (Leishmaniasis, tuberculosis, malaria, entre otras).
- El ministerio entonces no es un regulador del mercado.
- La mayor parte de los medicamentos se financian actualmente mediante los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos.
- El 66% de los medicamentos que se consumen en el país son importados. Se debe promover la seguridad farmacéutica y la producción nacional.
- Se buscarán alternativas como la regulación de precios.
- El ministerio no puede aprobar inmediatamente los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos o Europa. Esa presión no la puede manejar el ministerio ni el Instituto.
El ministro presentó una serie de actos administrativos que ha generado el gobierno para enfrentar las problemáticas de disponibilidad de medicamentos en el país. También defendió el nombramiento del nuevo director del INVIMA y aclaró que ni él, ni el gobierno son enemigos de la industria.
El director del INVIMA en funciones también tuvo una intervención en la que explicó la situación de la entidad que tiene a cargo muchas funciones que van más allá de las relacionadas con los medicamentos. Agregó que, en efecto, los ataques cibernéticos agravaron condiciones que ya venían ocurriendo desde hace varios años, retrasando procesos del Instituto y generando las preocupaciones actuales. Explicó también que se han resuelto la mayoría de los trámites urgentes para resolver los riesgos de desabastecimiento, siguiendo las orientaciones del ministerio.
Se acordó crear una subcomisión que acompañe el proceso de modernización y de mejoramiento de procesos del INVIMA. Esto surgió como uno de los acuerdos del debate y se espera que se ponga en marcha en el corto plazo. Igualmente, esta subcomisión deberá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el ministerio y por el INVIMA enfocando los esfuerzos específicamente en superar los riesgos de desabastecimiento de medicamentos en el país.
La discusión que se generó en medio del debate de control político debe servir para avanzar en la resolución de las condiciones adversas que están ocurriendo actualmente en el sistema. Más allá de las diferencias ideológicas que son comprensibles y que, de alguna forma hacen parte del proceso democrático, el sistema sanitario tiene la responsabilidad fundamental de garantizar el derecho a la salud y el acceso equitativo de todas las personas a los servicios que requieran. Por momentos queda la sensación de que se ha perdido de vista este propósito, en medio de las diferencias el interés principal que es el bienestar de la población.
Por ello, el llamado es nuevamente, a fortalecer los procesos de concertación, de diálogo y de construcción colectiva con todos los actores del sistema, buscando el equilibrio entre las distintas posiciones y los intereses legítimos que están vinculados con la atención en salud.
por INNOS | Oct 31, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
El pasado 29 de octubre el país eligió nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales. Para muchos el resultado puede interpretarse como un mensaje claro de rechazo a las políticas nacionales que el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno vienen proponiendo desde agosto del año pasado. El partido del presidente no ganó en alcaldías y gobernaciones de ciudades principales ni de departamentos grandes. Los triunfos más llamativos de opositores al partido de gobierno son los de Galán, Gutiérrez, Eder y Char en las alcaldías de las 4 principales ciudades del país.
¿Cuáles son los posibles efectos de estos resultados sobre el trámite de las principales reformas que ha emprendido el gobierno en el legislativo? La respuesta no es simple ni tampoco obvia. Una primera posibilidad es que, en efecto, el precario respaldo hacia los candidatos del Pacto Histórico signifique un debilitamiento del poder del gobierno para conseguir las mayorías necesarias en Cámara y Senado, que le permitan seguir adelante con su agenda legislativa con la que pretende modificar asuntos tan profundos y relevantes como la salud, el empleo y las pensiones. Recordemos en todo caso, que el gobierno ha contado con respaldo a estas iniciativas, específicamente a la reforma a la salud, de otros partidos políticos para que continúen su avance hasta el momento. Si esta primera posibilidad se materializa, estaríamos ante una posible tendencia hacia la reformulación o incluso, el retiro de algunas de estas iniciativas, porque podrían convertirse en inviables en su discusión y dejarían con muy bajas probabilidades su aprobación.
Pero también podría darse un escenario en el que el gobierno, sin renunciar a sus propósitos reformistas, se abra mucho más al diálogo y al consenso, y de esta manera, reorganice sus proyectos de Ley para que recojan las posturas críticas que se han hecho visibles durante lo corrido de su primer año en el poder y que, especialmente para el caso de la reforma a la salud, han puesto sobre la mesa muchas opiniones contrarias que una y otra vez han llamado no solo a cambiar lo que se pretende con el proyecto sino también, han solicitado su retiro del trámite que cursa actualmente en la Cámara de Representantes. Esta posibilidad daría pie a que la reforma a la salud tenga un segundo aire, si es que logra reconstruirse a partir de los consensos con los demás sectores y consigue recoger las críticas que permanentemente ha recibido.
Un tercer escenario sería el más inconveniente de todos, porque supondría un giro contrario a la apertura y al consenso. En esta situación hipotética, el gobierno se encerraría y sería más radical e impositivo en el avance de sus reformas, cerrando todavía más la puerta al diálogo y a la concertación. De esta forma, haría ver sus propósitos como un mandato popular que está siendo atacado por la oposición y por las fuerzas que no quieren ver materializados los cambios con los que ganó la presidencia el año pasado. Sería esta una ruta tortuosa y lamentable, que además afectaría profundamente al país y la gobernabilidad, así como la gobernanza del actual presidente y su equipo.
Vienen días y semanas de reflexiones para el gobierno en las que no debemos olvidar que, en lo concerniente al sector salud, ya hay alertas que atender y procesos que no dan espera porque muchas situaciones que vienen ocurriendo podrían tener también efectos a largo plazo en la sostenibilidad del sistema de salud y en los indicadores de acceso, oportunidad y calidad de la atención. Desde luego el llamado sigue siendo al diálogo y al fortalecimiento de los procesos democráticos, participativos y de construcción de consensos para el beneficio común y para que se avance positivamente en resolver las dificultades del sistema de salud, partiendo de los logros que se han conseguido y enfocando los esfuerzos en superar las situaciones adversas que vive hoy el sistema.
