por INNOS | Mar 6, 2024 | publicaciones_categoria
Reseña: La relación entre la protección de la propiedad intelectual, la salud pública y el acceso a medicamentos y dispositivos médicos, históricamente ha sido objeto de importantes consideraciones, discusiones y, también, posiciones encontradas. La generación de resultados de I+D+i en el sector salud ha tenido un rol protagónico en la humanidad, y recientemente con ocasión a la pandemia generada por el COVID-19, ha sido mucho más pronunciada, a tal punto, que evidenciamos un hito histórico al lograr producción intelectual representada en vacunas en tiempo récord. El rol de la propiedad intelectual ha sido determinante al lograr dar respaldo a los generadores de soluciones tecnológicas como medicamentos y dispositivos médicos, y permitir el ejercicio de derechos tanto para recuperar inversiones realizadas como para activar escenarios de relacionamiento con terceros para que actúen como fabricantes, ensambladores y distribuidores en otros lugares. Asimismo, se han generado posiciones controversiales en las que se presenta la propiedad intelectual como un limitante a la generación de innovación en salud y, a su vez, a la utilización de dicha innovación.
Autor: Juan Carlos Suárez D, María Camila Duque D.
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Fuente: Innos.co
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por INNOS | Mar 6, 2024 | publicaciones_categoria
Reseña: En América Latina el mercado de los dispositivos médicos ha crecido en las últimas dos décadas. Esta es una de las áreas que terminan teniendo un impacto significativo en los sistemas de salud, puesto que, permiten no solo tratar, sino también diagnosticar, rehabilitar y prevenir enfermedades a través del uso de tecnologías.
Autor: Juan Carlos Suárez D, María Camila Duque D.
DOI:
Fuente: Innos.co
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por INNOS | Dic 4, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
El día 28 de noviembre de 2023 la Comisión Primera del Senado de la República, citó al Ministro de Salud, el director del INVIMA y el director de la ADRES a un debate de control político sobre la situación crítica de escases de medicamentos en el país.
En este debate el senador David Luna hizo una presentación sobre la situación que vive el país con respecto al desabastecimiento de medicamentos, donde señaló las responsabilidades de las tres entidades citadas. Primero, identificó las fallas que el INVIMA presenta y que son, a su juicio, las causantes principales de la falta de medicamentos necesarios para la atención en salud en el país. Dentro de estas falencias se destacan:
- Un marco regulatorio desactualizado (de 1995) que no se armoniza con estándares internacionales y afecta el trámite ágil de los procesos de análisis y aprobación de medicamentos.
- Tiempos de trámite para registros sanitarios que exceden hasta en 30 meses lo dispuesto en la norma vigente, lo cual es mucho más grave en casos como los medicamentos oncológicos.
- Personal e infraestructuras insuficientes para la realización oportuna de estos trámites.
- Agudización en el retraso de los trámites que ya venía de años anteriores, durante lo corrido de 2023 y durante 2022.
- Interinidad en el cargo de dirección del Instituto desde el inicio del actual gobierno, en agosto de 2022, aunque se anunció un director en propiedad desde hace más de un mes.
- Necesidad de que el INVIMA se articule con procesos más ágiles, modernos y acordes con entidades como la FDA y la EMA.
- Marco regulatorio de medicamentos completamente desactualizado.
El senador formuló también una serie de recomendaciones para fortalecer la gestión del INVIMA. Entre ellas:
- Armonización con estándares de agencias internacionales como FDA y EMA
- Agilizar trámites para favorecer el acceso a nuevos medicamentos.
- Tener en cuenta las guías de la OMS para nuevos medicamentos.
- Generar guías de evaluación por parte de la sala especializada, para facilitar y hacer más transparentes los trámites.
- No negar autorización a tratamientos que ya han sido autorizados en países de referencia.
- Mejorar la colaboración con las entidades privadas para identificar amenazas y riesgos de situaciones como las que se está viviendo actualmente.
- Fortalecer la seguridad informática del sector salud para evitar los ciberataques que ha sufrido el INVIMA y que han agravado la crisis sectorial.
A su turno el Ministro de Salud presentó sus respuestas. Algunas de ellas fueron las siguientes:
- Hay un debate político e ideológico que está vinculado directamente con los temas de estas preguntas.
- No confundir desabastecimiento con escases. Actualmente hay escases, pero no desabastecimiento.
- Se han resuelto, al día de hoy, la mayor parte de los riesgos de desabastecimiento que se estaban presentando.
- No es este un tema de Colombia exclusivamente ni es un asunto que haya comenzado este año. Hay antecedentes en el país desde 2004.
- El ministerio tiene en efecto, la responsabilidad de regular la política farmacéutica; pero el gobierno no hace compra directa de medicamentos. Solo lo hace con algunas moléculas para patologías de interés en salud pública (Leishmaniasis, tuberculosis, malaria, entre otras).
- El ministerio entonces no es un regulador del mercado.
- La mayor parte de los medicamentos se financian actualmente mediante los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos.
- El 66% de los medicamentos que se consumen en el país son importados. Se debe promover la seguridad farmacéutica y la producción nacional.
- Se buscarán alternativas como la regulación de precios.
- El ministerio no puede aprobar inmediatamente los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos o Europa. Esa presión no la puede manejar el ministerio ni el Instituto.
El ministro presentó una serie de actos administrativos que ha generado el gobierno para enfrentar las problemáticas de disponibilidad de medicamentos en el país. También defendió el nombramiento del nuevo director del INVIMA y aclaró que ni él, ni el gobierno son enemigos de la industria.
El director del INVIMA en funciones también tuvo una intervención en la que explicó la situación de la entidad que tiene a cargo muchas funciones que van más allá de las relacionadas con los medicamentos. Agregó que, en efecto, los ataques cibernéticos agravaron condiciones que ya venían ocurriendo desde hace varios años, retrasando procesos del Instituto y generando las preocupaciones actuales. Explicó también que se han resuelto la mayoría de los trámites urgentes para resolver los riesgos de desabastecimiento, siguiendo las orientaciones del ministerio.
Se acordó crear una subcomisión que acompañe el proceso de modernización y de mejoramiento de procesos del INVIMA. Esto surgió como uno de los acuerdos del debate y se espera que se ponga en marcha en el corto plazo. Igualmente, esta subcomisión deberá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el ministerio y por el INVIMA enfocando los esfuerzos específicamente en superar los riesgos de desabastecimiento de medicamentos en el país.
La discusión que se generó en medio del debate de control político debe servir para avanzar en la resolución de las condiciones adversas que están ocurriendo actualmente en el sistema. Más allá de las diferencias ideológicas que son comprensibles y que, de alguna forma hacen parte del proceso democrático, el sistema sanitario tiene la responsabilidad fundamental de garantizar el derecho a la salud y el acceso equitativo de todas las personas a los servicios que requieran. Por momentos queda la sensación de que se ha perdido de vista este propósito, en medio de las diferencias el interés principal que es el bienestar de la población.
Por ello, el llamado es nuevamente, a fortalecer los procesos de concertación, de diálogo y de construcción colectiva con todos los actores del sistema, buscando el equilibrio entre las distintas posiciones y los intereses legítimos que están vinculados con la atención en salud.
por INNOS | Oct 23, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
Hace algunos días se conoció en los medios de comunicación un documento firmado por rectores y rectoras de 6 universidades y un vicerrector de otra universidad, en el que presentan sus observaciones e inquietudes relacionadas con la propuesta del gobierno nacional que cursa actualmente en el congreso de la república. Desde el Instituto de Innovación y Prospectiva en Salud INNOS, hacemos una lectura y un análisis de los puntos principales del comunicado, dada su importancia en el momento actual del trámite de la reforma en el legislativo.
El documento parte por el reconocimiento de la salud como derecho fundamental, establecido de esta manera en la Ley 1751 de 2015. Prosigue con la preocupación sobre la situación actual del sistema de salud, que, según se ha manifestado por distintos actores, experimenta problemas de liquidez y de flujo de recursos que ponen en riesgo la prestación de los servicios y, por tanto, la garantía del derecho.
Reconocen los rectores que es responsabilidad del Estado la definición de las políticas públicas que orienten las relaciones entre los distintos actores del sistema, siempre enfocadas en garantizar el acceso a los servicios, en condiciones óptimas de oportunidad y calidad.
Los avances del sistema en los 30 años desde su creación son subrayados en esta comunicación y entre ellos se resalta la cobertura casi universal, los efectos en la esperanza de vida al nacer, la eficiencia en el gasto, el reducido gasto de bolsillo y otros relacionados; con los cuales hacen visibles los logros conseguidos. De igual manera, los rectores reconocen retos del sistema en su gobernanza, en acciones e indicadores de salud pública, en cuanto a brechas entre zonas urbanas y rurales relacionadas con el talento humano y el flujo de recursos para la atención preventiva.
Este comunicado se enfoca en su parte final en cuatro aspectos que resumimos a continuación:
- Advierten que la situación actual de liquidez del sistema es crítica y que podría afectar la oportunidad y la calidad de la atención. Según dicen, esto tiene como causas la insuficiencia de la UPC y el cálculo errado de los costos de las atenciones no cubiertas por los recursos del Plan Básico de Salud. Advierten también una deficiencia en los pagos a los administradores por parte de la ADRES.
- Un retroceso que podría causarse por causa de la reforma, impactando cobertura y costo para los usuarios. Este punto lo relacionan con el anterior y avanzan en su análisis planteando que las presiones sobre el gasto que generan el envejecimiento poblacional, el aumento en la demanda de algunos servicios, la combinación de enfermedades transmisibles y no transmisibles persistente en la actualidad y la ampliación del plan de beneficios.
- Hacen los rectores un llamado al gobierno para que garantice la financiación del sistema de salud, partiendo por el flujo oportuno y suficiente de los recursos en la actualidad.
- Coinciden las universidades en la necesidad y en la importancia de acometer una reforma al sistema de salud, pero garantizando la gestión profesional del riesgo, con sistemas de contratación adecuados y un conjunto de incentivos que promuevan la eficiencia en sentido amplio. Les preocupa en este punto, quién asumirá las funciones de articulación de las redes de prestación de servicios y ampliando la gobernanza con la participación de las instituciones del sistema.
Hay finalmente un llamado a resolver las dificultades actuales en el flujo de recursos que según se ha dicho, han generado pérdidas cercanas a 5,6 billones de pesos en las EPS y aumento de cartera en las IPS.
Los rectores ponen a disposición del gobierno nacional, los conocimientos y capacidades de sus instituciones para fortalecer los espacios de concertación con miras a mejorar el sistema de salud y aportar en las soluciones que se requieran.
Pocos días después de la publicación de este comunicado se conoce otro proveniente esta vez, del doctorado interfacultades en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, en el que plantean una postura distinta de la expresada por los rectores de las universidades antioqueñas. Para el DSP-UN hay una visión completamente opuesta a lo que el comunicado de rectores de Antioquia plantea con respecto a la reforma que cursa en el congreso.
Hay elementos tanto ideológicos como políticos y técnicos que resaltan en su argumentación, para avalar la necesidad de introducir cambios estructurales al sistema de salud que se creó en 1993. Debaten cada uno de los 4 puntos centrales del comunicado, con datos y con reflexiones sustentadas en ellos, que refuerzan la necesidad de ampliar el debate sobre las condiciones del sistema de salud y no dejarse llevar por presiones de medios de comunicación o de actores del sistema, como las EPS, que juegan un rol fundamental en su operación diaria.
Con respecto a la iliquidez actual del sistema, presentan los estudios del Ministerio de Salud y varios comunicados de la ADRES para señalar que desde 2008, se han hecho los ajustes anuales a la UPC para garantizar su suficiencia, con los criterios que están definidos para tal propósito. También que la ADRES ha auditado las cuentas presentadas con cargo a los presupuestos máximos y que estas cuentas requieren una revisión profunda dados los altos niveles de glosa y anulación que harían pensar en que muchos de estos recursos no se cobran con la justificación necesaria.
Se cuestiona el argumento sobre un posible retroceso en cobertura y costos para los usuarios, de ser aprobada la reforma en el congreso. Allí el Doctorado refuerza la necesidad de la promoción y la prevención de la salud de personas y comunidades, retomando datos de coberturas insuficientes en controles prenatales en lugares apartados del país, especialmente. Para ello plantean un modelo basado en APS en el territorio, que cambie las prioridades de lo curativo a lo preventivo. Al tiempo se explica que el modelo de prestación de servicios concentra sus acciones en un número reducido de IPS en grandes ciudades y que una gran parte de los recursos van a unas pocas IPS que tienen la capacidad de ofertar las atenciones de mayor complejidad. Esto sucede al tiempo que la red pública se deteriora y se declara en riesgo fiscal y financiero.
Sobre la preocupación de las universidades antioqueñas por la sostenibilidad financiera y la administración del riesgo, el DSP-UN insiste en que el sistema actual se sustenta en la intermediación y para ello requiere la definición de un plan de beneficios que, de lo contrario, no sería necesario. La Ley 1751 de 2015 avanzó en este sentido y planteó la definición del sistema desde las exclusiones, cuando se afirmó en su momento que “todo lo que no estaba explícitamente excluido quedaría implícitamente incluido”. En contraste apoya el comunicado del doctorado, el fortalecimiento de ADRES como administrado y pagador único del sistema, organizador de las RIISS territoriales y de esta forma fortalecer la promoción, prevención y atención integrales.
Sumado a estos puntos, se resaltan aspectos como la falta de transparencia en el flujo de recursos que se giran a las EPS, la constitución y garantía de las reservas técnicas, los procesos de integración vertical y comercial que existen desde las EPS con otras empresas del sector salud, la naturaleza pública de los recursos de la UPC que limita su utilización a la prestación de servicios de salud y las interrelaciones entre los recursos de esta UPC y los que se generan por los planes de medicina prepagada y otras pólizas.
Desde INNOS saludamos este tipo de expresiones diversas desde la academia y que siempre se hagan de manera crítica, así como constructiva, aportando los recursos que cada institución tiene para beneficio común. El debate que ha suscitado esta reforma es muy significativo y ha llegado hasta todos los sectores de la sociedad colombiana. Es evidente que no es un asunto simple y que la complejidad misma del sistema requiere de múltiples análisis y de una apertura total para que gobierno, empresarios, académicos, gremios, pacientes, sociedad civil, medios de comunicación y todos los ciudadanos; tengan una voz para aportar en la construcción del mejor sistema posible para todos los colombianos.
Hay que pensar la salud en sentido más amplio que la prestación de servicios que frecuentemente se asocia solo con la curación y con la rehabilitación del daño que producen las enfermedades. Es por ello que se requiere un debate que va más allá de lo puramente técnico y atraviesa lo político y a la vez, muchas posturas ideológicas que también son válidas en una sociedad democrática como la nuestra.
Vemos estos comunicados de sectores académicos altamente reconocidos, como una expresión de esa diversidad y de la fortaleza de las instituciones democráticas del país. De igual manera, como un llamado al gobierno para que la discusión sea incluyente y recoja realmente las posturas de los todos los sectores, para lograr consensos que redunden en beneficios colectivos.
Luis Alejandro Gómez Barrera- Coordinador Académico INNOS
por INNOS | Oct 5, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
El país conoció hace algunas semanas que, en el desarrollo del debate del proyecto de Ley 339 que pretende reformar el sistema de salud colombiano, se decidió el día 30 de agosto, por parte de la presidencia de la cámara de representantes, conformar una Comisión Accidental que ampliara el debate a este proyecto tan relevante, abriendo de esta forma un espacio de discusión con actores sociales, académicos, gremiales, políticos y de todos los sectores que quisieran aportar sus opiniones y presentar propuestas al articulado que se encuentra en discusión.
La comisión accidental fue convocada por la mesa directiva de la plenaria de la Cámara y se conformó con 23 congresistas, con representación de todas las tendencias políticas que allí se encuentran. La finalidad de la comisión accidental, según se observa en la proposición aprobada por la mesa directiva, era: “…la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de las mesas de diálogo nacional que estarán abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados…”
Entre el 25 y el 27 de septiembre pasados, esta comisión convocó a 5 mesas de diálogo nacional. Las mesas y sus temáticas fueron:
- Gestoras y ADRES
- Disposiciones generales y transitorias
- Políticas y régimen laboral
- Sistema de información, participación social e IVC
- Modelo de salud, organización del sistema e ISE.
Cada mesa tenía una orientación a una parte específica del texto del proyecto de Ley, abarcando algunos títulos y capítulos en los que las temáticas están desarrolladas.
Posterior a las reuniones de las 5 mesas temáticas, la comisión accidental se reunión entre el miércoles 27 de septiembre en la tarde y el lunes 2 de octubre, para revisar los aportes recogidos en las mesas y presentar el informe final de actividades que fue publicado el pasado martes 3 de octubre.
En este informe se resumen de forma amplia y sistemática los aportes de los participantes de cada una de las mesas técnicas, incluyendo además de su nombre, la representación de entidades o grupos de ciudadanos que cada uno de ellos ejercía. El informe también expone las principales decisiones a las que llegó. Entre estas decisiones se encuentran los puntos en los que la comisión logró acuerdos, aquellos artículos del proyecto en los que hubo disensos y los que por alguna u otra razón, no fueron abordados por la comisión accidental.
Los temas en los que se lograron acuerdos fueron:
- Política farmacéutica, de investigación y formación y régimen laboral (mesa 3, Títulos VIII, IX y X)
- Sistema de información, participación social e IVC (mesa 4, Títulos V, VI, VII y VIII)
- Gestoras y ADRES (mesa 1, artículos 55-68, 70, 72-75 del título IV)
- Modelo de salud, Organización del sistema e ISE (mesa 5, artículos 4-8, 10, 11, 15-17 y 21 del título II)
Los temas en los que hubo disenso fueron:
- Gestoras y ADRES, artículos 50 y 53 del título III; artículos 63,69 y 71 del título IV
- Modelo de salud, organización del sistema e ISE, artículos 9, 12, 13, 14 y 31 del título II.
Los artículos y títulos no abordados fueron:
- 113 a 119 del título XI, relacionados con la IVC y las funciones de la Supersalud
- 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Título II.
- 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del Título II, ni el Título I.
La representante ponente Martha Alfonso informó a los medios, que no hubo cambios sustanciales en el articulado que continúa su discusión desde hoy, 5 de octubre en la Cámara.
Entre los puntos más destacables están los que se relacionan con la naturaleza y funciones de las EPS. En el articulado se dispuso que las EPS continúen sus actividades hasta por 2 años, siempre que cumplan unas condiciones mínimas que el gobierno dispondrá en el periodo de transición. Luego de este plazo, tendrán la opción de transformarse en “Gestoras de Salud y Vida”. Esta transformación también estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la voluntad de las propias EPS para hacerlo.
Las nuevas Gestoras tendrán funciones de organización de la red de CAPS, en el marco de las Redes Integradas RIISS, lo anterior en el marco de los lineamientos de la definición de territorios en salud y haciendo uso eficiente de la infraestructura ya existente en las respectivas zonas. De igual manera se comprometerán a cumplir los requisitos de habilitación que emita el Ministerio.
Durante el periodo de transición, las EPS serán responsables, bajo verificación del ministerio y la Superintendencia, del saneamiento de sus pasivos y de garantizar el pago total de todas las deudas existentes con la red de prestadores y demás empresas con las que tengan vínculos contractuales.
Otro aspecto de relieve es la eliminación del artículo 96 que disponía la generación de la Política de medicamentos, dispositivos y tecnologías en salud. Se le recomienda al MinSalud que desarrolle lo dispuesto en la Ley Estatutaria en esta materia, generando y emitiendo la reglamentación correspondiente.
Es interesante que una de las representantes que promovió la conformación de la comisión accidental, Julia Miranda, radicó un texto que se anexó al informe final. Allí la representante recalca las coincidencias que logró la comisión, enfocando en las funciones que deben conservar las EPS en la gestión del riesgo en salud y garantizando la transparencia en el flujo de recursos. También señaló la importancia del saneamiento contable y de fortalecer el talento humano en salud. Otros puntos de consenso que mencionó en la parte final del informe son, la importancia de fortalecer el sistema de información, aclarar las acciones de referencia y contrarreferencia y la libre elección.
Así mismo la representante Miranda señaló aspectos que no lograron consenso o que a su juicio, no fueron acogidos por las mesas de discusión en el marco de la comisión: algunos relacionados con las funciones de las EPS y de las futuras Gestoras de salud y vida, entre ellas las que podrían asumir los CAPS y otras IPS e ISE. Lo mismo ocurrió con los asuntos de la conformación y contratación de las RIISS, aunque se avanzó en la claridad sobre los temas de habilitación, autorización y coordinación.
La representante también alertó sobre la poca claridad en el modelo de aseguramiento y los modelos diferenciales para distintas zonas del país, sobre la necesidad de implementar subsidio a la oferta en los lugares donde la demanda es insuficiente y, finalmente llama la atención acerca del cálculo de la UPC y del régimen de transición y los costos que acarreará la reforma.
La representante Jennifer Pedraza, quien ha hecho oposición al proyecto, expresó que hubo avances y acuerdos en la comisión sobre temas relacionados con el giro directo por la ADRES, la prohibición de integración vertical en los niveles especializados, el énfasis en la atención primaria y la dignificación del talento humano en salud. Contrastó estos acuerdos con los puntos sin consenso entre los que mencionó los procesos de financiación, la dispersión de responsabilidades en distintos actores del sistema, las carencias en las capacidades técnicas de la ADRES para asumir funciones que se le están asignando y el porcentaje de la UPC que se asignará para gastos administrativos de las EPS, entre otros.
Contrastan algunas de estas declaraciones con otras que manifiestan su desacuerdo con los resultados de las mesas técnicas y de la comisión en general. Pacientes Colombia, organización que agrupa a voceros, líderes y representantes de pacientes de todas las regiones del país, ha expresado su preocupación por el trámite que lleva el proyecto de Ley y ha presentado hoy 4 de octubre, una petición en contra de la reforma porque no resuelve los problemas de fondo del sistema, en cuanto a sostenibilidad y oportunidad de la atención. En igual sentido se han expresado líderes y expertos que no reconocen avances profundos en el texto de la reforma, luego de las discusiones realizadas y además que la comisión escuchó algunos actores pro-reforma y prestó poca o ninguna atención a quienes presentaron reparos y propusieron cambios estructurales.
La representante Cathy Juvinao, por ejemplo, manifestó su desacuerdo con el informe de la comisión y además que se citara a plenaria al día siguiente sin haber dado el tiempo necesario para su análisis y preparar la discusión de forma adecuada. Consideró en su cuenta de X que el proyecto sería “pupitreado” lo cual ha sido criticado en el pasado por los partidos que hoy hacen parte de la bancada de gobierno.
En el mismo sentido fue la declaración del representante Andrés Forero, quien no observó cambios de fondo derivados de la comisión accidental y que los ajustes fueron solo “cosméticos”. Alertó sobre el riesgo de estatización del sistema de salud y del agotamiento temprano de recursos para la atención en salud. Todo esto acompañado del riesgo de aumentar la corrupción.
Aunque algunos sectores reconocen los aportes para robustecer el proyecto de Ley y la importancia de haber convocado la comisión con sus mesas técnicas, es claro que era un paso necesario, aunque no suficiente para que el proyecto despejara las dudas y las incertidumbres que ha generado en gran parte del país y de los actores del sistema de salud. Se espera que en lo que queda de su trámite legislativo se corrijan las deficiencias persistentes y se resuelvan las inquietudes que todavía contiene el articulado.
Por Alejandro Gómez – Coordinador Académico de INNOS
