por INNOS | Oct 3, 2025 | Uncategorized
En un momento crucial del debate de la reforma a la salud, que ha venido impulsando el actual gobierno desde agosto de 2022, surge una nueva propuesta alternativa que proviene de partidos independientes y se contrapone a la ponencia oficial del gobierno. En este artículo se destacan las principales diferencias y coincidencias en aspectos clave como el modelo de aseguramiento, administración de recursos, atención primaria, red hospitalaria, participación ciudadana y el rol del Ministerio de Salud y se presentan algunos comentarios y recomendaciones.
- Modelo de Aseguramiento
– Ponencia del Gobierno: El Estado asume directamente el aseguramiento financiero. Se crean las Gestoras de Salud y Vida (GSV) para gestionar el riesgo en salud, sin manejar recursos. Se elimina el rol financiero de las EPS.
– Ponencia Alternativa: Se propone mantener el aseguramiento mixto, con participación pública y privada. Las EPS se transforman, pero conservan funciones clave como afiliación y gestión del riesgo. Se busca evitar la concentración estatal del aseguramiento.
- 2. Administración de Recursos
– Ponencia del Gobierno: La ADRES centraliza los pagos a prestadores. Se elimina la intermediación financiera de las EPS.
– Ponencia Alternativa: Se propone un modelo descentralizado y mixto, con participación de entidades privadas en la gestión de recursos. Se busca mayor eficiencia sin eliminar completamente la intermediación.
- Atención Primaria en Salud (APS)
Ambas ponencias coinciden en que la APS debe ser el eje del sistema. Se fortalecen los CAPS (Centros de Atención Primaria) y se promueve un modelo preventivo y territorial.
- Red Hospitalaria Pública
– Ponencia del Gobierno: Los hospitales públicos se convierten en el núcleo de las redes integradas. Se prioriza su financiación y fortalecimiento.
– Ponencia Alternativa: Se reconoce el papel de los hospitales públicos, pero se mantiene la complementariedad con prestadores privados. Se busca evitar que el sistema se vuelva exclusivamente estatal.
- Participación Ciudadana y Enfoque Diferencial
– Ponencia del Gobierno: Se incluyen mecanismos de control social, participación ciudadana y enfoque diferencial (género, etnia, discapacidad, ruralidad).
– Ponencia Alternativa: También se promueve la participación, pero con menos énfasis en la centralización estatal.
- Rol del Ministerio de Salud
– Ponencia del Gobierno: Se amplían las competencias del Ministerio como rector único del sistema.
– Ponencia Alternativa: Se propone fortalecer la rectoría, pero con mayor autonomía territorial y participación privada.
Análisis de la Ponencia Alternativa
– Esta propuesta fortalece la Atención Primaria en Salud (APS) como eje del sistema.
– Propone un modelo de aseguramiento social y comunitario que reemplaza la intermediación financiera tradicional.
– Introduce el Consejo Nacional de Salud con funciones vinculantes, permitiendo mayor participación ciudadana y técnica en decisiones clave.
– Busca formalizar el talento humano en salud, con enfoque de género y pago directo por parte de la ADRES.
El Ministerio de Salud advierte que la ponencia podría generar retrocesos en la garantía del derecho a la salud. Critica que se mantenga la intermediación financiera de las EPS, a pesar de sus problemas de insolvencia y cuestiona que el Consejo Nacional de Salud tenga funciones decisorias que podrían invadir competencias constitucionales del Ministerio.
Si bien esta ponencia busca conciliar las posiciones de gobierno y oposición, no es claro que sea producto de un proceso de concertación real y todavía persisten algunos riesgos en el acceso oportuno y continuo a servicios. No es claro, cuál sería el impacto de la transición propuesta y qué garantías de continuidad en sus tratamientos tendrán los pacientes con enfermedades de alto costo.
Conclusiones y Recomendaciones
El análisis comparativo entre la ponencia alternativa y la ponencia oficial del gobierno sobre la reforma a la salud en Colombia revela diferencias sustanciales en el modelo de aseguramiento, la administración de recursos y el rol del Estado. Ambas propuestas coinciden en fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS) y mejorar la participación ciudadana, pero difieren en el grado de centralización y en el papel de las EPS. Los comentarios de expertos destacan que la ponencia alternativa ofrece avances en participación vinculante, formalización laboral y sostenibilidad fiscal, aunque también enfrenta críticas por mantener elementos del modelo actual y por posibles conflictos de competencias institucionales.
La Comisión Séptima del Senado en su sesión del 1 de octubre de 2025 tenía prevista la votación, pero, nuevamente, se aplazó para la segunda semana del mes. Esta situación retrasa nuevamente el trámite legislativo y aumenta las incertidumbres en el sistema de salud. Cuando se retome la discusión, por reglamento, primero se deberá votar la ponencia de archivo del proyecto de ley (Ver: análisis de ponencia negativa). En caso de ser aprobada esta ponencia, se archivará nuevamente el proyecto de ley del gobierno.
En todo caso, insistimos en que el gobierno y todas las organizaciones privadas y públicas del sistema de salud construyan una reforma que conserve lo mejor del sistema actual y de las propuestas de gobierno y partidos independientes, garantizando eficiencia en la gestión de recursos, fortalecimiento de la red pública hospitalaria, y participación ciudadana efectiva. Es fundamental asegurar la sostenibilidad fiscal del sistema, proteger los derechos de los pacientes y dignificar al talento humano en salud. Además, se sugiere mantener un diálogo técnico y político que permita construir consensos y evitar retrocesos en el acceso equitativo a los servicios de salud.
por INNOS | Sep 29, 2025 | Publicaciones
El 17 de septiembre pasado los senadores Josué Alirio Barrera Rodríguez y Honorio Miguel Henríquez Pinedo radicaron una Ponencia Negativa que propone archivar el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado – 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 135 de 2024 Cámara, que busca transformar el sistema de salud en Colombia. Presentamos un análisis de los aspectos centrales y las propuestas que incluye esta ponencia.
De manera general, la ponencia se compone de tres partes principales:
- Impacto Fiscal de la Reforma a la Salud
La reforma propuesta por el Gobierno Nacional presenta serias inconsistencias fiscales. Según los informes del Ministerio de Hacienda, los ingresos proyectados varían significativamente entre los documentos de septiembre de 2024, marzo de 2025 y agosto de 2025, sin una fuente clara de financiación. Además, el costo estimado de implementación supera los 100 billones de pesos, mientras que el presupuesto asignado es insuficiente. La reforma no contempla adecuadamente el saneamiento de pasivos, el fortalecimiento institucional ni la sostenibilidad financiera del sistema. Los principales argumentos de los senadores se presentan a continuación:
El proyecto carece de fuentes claras de financiación.
- El Ministerio de Hacienda ha emitido tres conceptos contradictorios sobre el costo de la reforma, que oscila entre $1.260 y $1.576 billones para la próxima década.
- Se denuncia un déficit presupuestal de $26 billones para 2026.
- El Ministerio de Hacienda estima que la reforma costaría $109 billones en 2026, mientras el Presupuesto General de la Nación tiene un déficit de $26 billones para ese mismo año.
- No se han definido fuentes nuevas de financiación. Las propuestas del proyecto no suman ni $3 billones, lo que genera un vacío presupuestal enorme.
- Inconsistencias en los avales fiscales
Se han presentado tres conceptos distintos del Ministerio de Hacienda en menos de un año, con cifras que varían sin explicación:
- Septiembre 2024: $1.260 billones (2025–2034)
- Marzo 2025: $1.336 billones
- Agosto 2025: $1.576 billones (2026–2036)
Estas cifras no tienen respaldo técnico ni están alineadas con la realidad económica del país.
- Riesgo de aumento del gasto de bolsillo
Al no garantizar la sostenibilidad financiera, se teme que los colombianos deban pagar más directamente por servicios de salud, lo que aumentaría la pobreza.
- Desfinanciamiento de la UPC
- La Unidad de Pago por Capitación (UPC) está subestimada y no se han hecho los ajustes ordenados por la Corte Constitucional.
- Las EPS han acumulado un déficit de $11,6 billones entre 2019 y 2023, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios.
- Saneamiento de pasivos sin respaldo
La intervención de la Nueva EPS aumenta la incertidumbre sobre las finanzas del sistema en la propuesta del gobierno. Nueva EPS tiene pasivos por $21 billones, pero el gobierno solo ha previsto $530 mil millones para saneamiento, lo que representa apenas el 2.5% de la deuda.
- Críticas al Modelo Propuesto
El modelo propuesto desmantela el sistema de aseguramiento actual sin ofrecer una alternativa clara y viable. Se eliminan funciones clave de las EPS, se centraliza la gestión en la ADRES sin auditorías previas, y se fragmentan responsabilidades entre múltiples actores, lo que genera confusión y pone en riesgo la atención continua de los pacientes. Además, se plantea un sistema estatizado que podría aumentar la burocracia, la corrupción y las barreras de acceso. La reforma no garantiza la continuidad de tratamientos ni la protección financiera de los usuarios.
La ponencia también señala fallas estructurales en el diseño del nuevo sistema:
- Desnaturalización del aseguramiento
- Se elimina el modelo de aseguramiento del riesgo en salud y se reemplaza por un aseguramiento social, sin respaldo técnico ni científico.
- Esto genera incertidumbre sobre quién garantiza la atención y cómo se gestionan los riesgos.
- Monopolio estatal y burocracia
Se propone que la ADRES maneje todos los recursos, contrate y pague a los prestadores, lo que podría generar:
- Mayor burocracia
- Menor transparencia
- Riesgo de corrupción
- Aparición de “carteles de la salud”
- Fragmentación de funciones
Las funciones que hoy cumplen las EPS se dispersan entre múltiples entidades, lo que:
- Diluye responsabilidades
- Aumenta los tiempos de espera
- Genera confusión para los usuarios
- Riesgo para pacientes crónicos
- No se garantiza la continuidad en tratamientos para enfermedades de alto costo o crónicas.
- La transición hacia los nuevos CAPS y RIISS no está claramente definida.
- Déficit de talento humano
- No se aborda de forma efectiva el déficit de especialistas ni se propone un régimen laboral especial para el personal de salud.
- Se teme precarización laboral, especialmente en zonas rurales.
- Complejidad excesiva
El modelo propuesto es demasiado complejo y burocrático, lo que dificulta su implementación y comprensión por parte de los ciudadanos.
- Propuesta Alternativa al Proyecto de Ley
En lugar de una reforma estructural, se propone fortalecer el sistema actual mediante mejoras específicas: ajustar la metodología de cálculo de la UPC, garantizar el pago oportuno de presupuestos máximos, mejorar las condiciones laborales del talento humano en salud, y ampliar la cobertura en zonas rurales. También se sugiere crear incentivos por calidad, establecer un fondo de garantía ante liquidaciones, implementar la historia clínica interoperable y fortalecer la inspección, vigilancia y control. Estas medidas permitirían avanzar sin poner en riesgo los logros alcanzados. Las características más relevantes de esta propuesta alternativa son:
- Fortalecimiento del sistema actual
- Mantener el modelo de aseguramiento mixto (público y privado).
- Conservar la figura de las EPS como gestoras del riesgo en salud y financiero.
- Mejorar la articulación entre niveles de atención y redes de servicios.
- Mejoras específicas propuestas
- Atención primaria: Fortalecerla sin necesidad de cambiar el modelo institucional.
- Infraestructura rural: Crear un sistema especial para zonas dispersas, con UPC diferencial.
- Talento humano: Mejorar condiciones laborales, formación y distribución de especialistas.
- Medicamentos: Incentivos por entrega oportuna, sanciones por incumplimiento.
- Transparencia: Fortalecer inspección, vigilancia y control del sistema.
- Sostenibilidad financiera
- Ajustar la metodología de cálculo de la UPC como ordenó la Corte Constitucional.
- Pagar oportunamente los presupuestos máximos para evitar desfinanciación.
- Crear un fondo de contingencia para cubrir pasivos en caso de liquidación de EPS.
- Evitar estatización que concentre recursos en una sola entidad (como ADRES).
- Propuestas legislativas complementarias
- Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud: Para gobernanza y participación ciudadana.
- Historia clínica interoperable: Para mejorar continuidad y calidad de atención.
- Incentivos por calidad: Para prestadores y aseguradores.
- Tope de contratación con Empresas Sociales del Estado (ESE): Para evitar concentración.
- Justificación técnica y social
Se resaltan y se insiste en preservar los logros del sistema actual. Los senadores los resumen con algunos datos:
- Cobertura universal (99%)
- Bajo gasto de bolsillo (15%)
- Aumento en la expectativa de vida
- Reducción de la mortalidad evitable
- Alta satisfacción ciudadana (más del 70%)
Conclusiones de la ponencia negativa:
- La reforma propuesta es considerada innecesaria, regresiva, confusa y financieramente inviable.
- Se propone archivar el proyecto de ley y trabajar en mejoras puntuales al sistema actual.
- La propuesta del gobierno no tiene viabilidad fiscal, desmejora el sistema actual, pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención y genera incertidumbre legal y financiera sobre el sistema
- El país no requiere una reforma estructural, sino ajustes normativos, técnicos y financieros que: Preserven los logros del sistema actual, corrijan sus debilidades y eviten a toda costa retrocesos en el derecho a la salud
Finalmente, la ponencia reitera el llamado al gobierno nacional a que convoque a todos los actores del sistema para construir propuestas concertadas que se orienten a resolver las necesidades y desafíos actuales, sin recurrir a una reforma estructural que afectaría profundamente la estabilidad social y política del país y pondría en grave riesgo la salud pública. Desde INNOS hemos insistido en que la búsqueda de acuerdos y consensos es la mejor manera de avanzar, sin perder los avances del sistema y enfocando esfuerzos y recursos en la solución de sus problemáticas.
por INNOS | Ago 27, 2024 | Noticias
El sistema de salud en Colombia está en una situación crítica. A medida que el país enfrenta presiones económicas y sociales crecientes, el financiamiento de la salud se convierte en un desafío que requiere atención urgente y soluciones innovadoras. Aunque los recursos para el sistema de salud provienen de diversas fuentes, como el Presupuesto General de la Nación (PGN) y los aportes individuales y empresariales, las tensiones financieras persisten. La combinación de un crecimiento económico moderado, una demanda creciente de servicios de salud y las ineficiencias sistémicas han expuesto las vulnerabilidades del actual modelo de financiamiento. Uno de los problemas más apremiantes es la falta de un marco fiscal claro y estable para su financiamiento. La intervención de la Corte Constitucional en temas financieros solo confirma la exposición de fragilidad que hoy afronta el sector. Lo cual, nos lleva a cuestionarnos si es suficiente el modelo actual o si necesitamos explorar nuevas fuentes de financiamiento del sistema.
Es claro que los modelos tradicionales han demostrado ser insuficientes para enfrentar los desafíos actuales de la salud en Colombia. Es clave diseñar esquemas que se adapten a las realidades específicas de cada región y que aborden los problemas particulares con los que conviven los actores del ecosistema. Y eso puede implicar algunas variables:
- Alcance geográfico: Adaptando el financiamiento a las necesidades de cada región.
- Desafíos específicos de salud: Enfocándose en problemáticas particulares del sistema.
- Rutas de salud-enfermedad: Ajustando el financiamiento a las etapas del proceso de atención.
- Innovación en salud: Fomentando la creación y adopción de nuevas tecnologías y prácticas.
Pensar hoy en estos enfoques, es analizar cómo responder a los factores que presionan la sostenibilidad del sistema, como el envejecimiento poblacional, la innovación tecnológica, las ineficiencias en la gestión y las expectativas crecientes de los usuarios.
Esta es una discusión que también se está dando a nivel global, pues los sistemas de salud en todo el mundo se también enfrentan a desafíos financieros derivados de factores demográficos, tecnológicos y de gestión. Pero para abordar estas presiones, algunos se han propuesto varios mecanismos innovadores de financiamiento:
- Recursos disponibles según el PIB per cápita: Un modelo inspirado en Costa Rica, donde el financiamiento se ajusta automáticamente según la capacidad económica del país, vinculando los fondos de salud al crecimiento económico.
- Envejecimiento poblacional: Implementación de seguros de salud y pensiones a largo plazo, como en Japón, para cubrir los costos asociados al envejecimiento.
- Innovación tecnológica: Financiamiento colaborativo público-privado para adquirir y desarrollar nuevas tecnologías de salud, similar a las Alianzas Público-Privadas (APP) en el Reino Unido.
- Ineficiencias del sistema: Sistemas de pago por resultado, como el programa Hospital Pay-for-Performance (P4P) en Estados Unidos, que vinculan el financiamiento a la calidad y eficiencia de los servicios prestados.
- Expectativas de los usuarios: Plataformas de financiamiento participativo para proyectos específicos, permitiendo a los ciudadanos contribuir directamente a iniciativas de mejora del sistema de salud.
- Déficit de talento humano en salud: Financiamiento colaborativo para la educación y retención de personal de salud, como el programa de “Beca de Servicio Público” en Chile.
Las fórmulas, afortunadamente, cada vez son más en el mundo, pero ninguna es completa. Las necesidades territoriales deben seguir en el fondo del diseño de este tipo de políticas y existen prácticas en distintos niveles que están aportando cada vez más al estado del arte. Por ejemplo:
- Nivel local: Estrategias de crowdfunding comunitarios para financiar proyectos específicos de salud.
- Nivel regional: Fondos de inversión regionales que reúnen recursos de diversos inversores para financiar proyectos de salud con impacto regional.
- Nivel nacional: Bonos de impacto social emitidos por el gobierno para financiar proyectos de salud pública.
- Nivel internacional: Cooperación financiera multilateral, como los préstamos y subvenciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para proyectos con impacto transnacional en Latinoamérica.
- Nivel global: Fondos globales y alianzas de financiamiento, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Por otro lado, el financiamiento debe abarcar todas las etapas del proceso de salud-enfermedad, desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Esto puede incluir desde impuestos a productos nocivos para la salud para financiar programas de prevención, hasta bonos de impacto social para financiar tecnologías de diagnóstico en comunidades con acceso limitado, y modelos de pago por suscripción para servicios de salud digital.
Finalmente, el sistema de salud colombiano necesita urgentemente una reforma en su financiamiento, a pesar que hoy el Congreso empezará a debatir varias propuestas de reforma al sistema de salud, parece que los modelos de financiamiento aún no recogen la atención necesaria. La adopción de modelos innovadores es clave para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema. En última instancia, es necesario que este asunto evolucione a la par de la discusión sobre los desafíos y oportunidades del sistema de salud, asegurando que este se mantenga fuerte frente a las demandas futuras.
por INNOS | May 29, 2024 | Blog, Noticias
INNOS, en colaboración con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, HubiEX, la Universidad El Bosque y diversos socios como la Cámara de Comercio de Bogotá, Healthtech Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), INNpulsa y Cemprende, realizaron la “Innovatón por la Salud de Bogotá Distrito Capital”. Esta iniciativa buscaba generar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos actuales del sistema de salud de Bogotá, dentro del marco del Modelo de Salud Más Bienestar. Durante la Innovatón, más de 100 actores, entre profesionales de la salud, pacientes, instituciones prestadoras de servicios y académicos se reunieron por dos días (27 y 28 de mayo), para trabajar de manera conjunta y proponer alternativas que contribuyeran al fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios de salud en el Distrito.
Hoy son claros los retos que enfrenta el modelo de salud debido a la transición demográfica, uno de estos, son la disminución del 40% en el número de nacidos vivos en la última década, lo que tiene importantes implicaciones para el sistema, especialmente entendiendo que Bogotá no es una sola entidad, sino una amalgama de múltiples localidades con grandes diferencias en densidad poblacional y características territoriales. Esto genera complicaciones, especialmente en áreas rurales que suelen ser dejadas de lado. Aunque la cobertura de salud en Bogotá es del 100%, existen inequidades significativas debido a la alta concentración de la población migrante y su estatus migratorio, lo que exacerba las vulnerabilidades. Con el 70% de la población en el régimen contributivo en Bogotá, frente al 50% a nivel nacional, hay una desconexión en la atención que deja fuera al 66% de la población más necesitada. La distribución desigual de servicios de salud, con una fuerte concentración en la zona nororiental, refleja y perpetúa estas inequidades. Desde lo metodológico, la Secretaría Distrital de Salud previamente identificó varios desafíos clave:
- Mejora del acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud.
- Mitigación de eventos de salud pública vinculados a determinantes sociales y vulnerabilidades específicas.
- Prevención y respuesta oportuna ante alertas sanitarias y emergencias.
- Aportes del talento humano en salud a las necesidades del Modelo de Salud de Bogotá.
A través de ejercicios grupales y rotativos, cada equipo estudió las problemáticas planteadas y diseñó propuestas innovadoras, con el apoyo de tutores asignados por la Universidad El Bosque. Al final, más de 30 ideas se transformaron en 9 soluciones específicas a dichos retos, cuyas propuestas se presentaron al final de la Innovatón en un portafolio de soluciones dirigido a los tomadores de decisiones y referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud, para ser incluidos en el plan liderado por la cartera en los próximos 4 años. Durante el acto de instalación, Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, expresó el compromiso de la entidad en revisar y utilizar los resultados del ejercicio para consolidar el modelo de salud de Bogotá. Manuel González, asesor de despacho de la Secretaría Distrital de Salud, destacó los pilares del modelo distrital y los principales desafíos en salud pública, enfatizando la importancia de la gestión de la información, la participación social transformadora, la gestión integral del riesgo y la intersectorialidad. La Innovatón destaca no solo por su enfoque participativo e inclusivo, sino también por su capacidad para generar soluciones pragmáticas y aplicables a corto y mediano plazo. Este enfoque contrasta con los intentos de diálogo para construir la reforma del sistema de salud a nivel nacional, los cuales, aunque convocando a diversos actores, no lograron condensar las preocupaciones y propuestas del ecosistema de innovación en salud durante todo el proceso legislativo y la agenda pública que tuvo.
por INNOS | May 29, 2024 | Blog, Noticias
Recientemente, la Corte Constitucional emitió una decisión que repercute directamente en el sistema de salud colombiano al adoptar medidas cautelares relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En este contexto, el 10 de mayo del presente año, se publicó el Auto 875 en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
En este auto, la Corte se enfocó en la Resolución 2364 del año anterior, específicamente en la implementación de sus artículos 11 y 21, a la espera del fallo del Consejo de Estado sobre su legalidad. Esta resolución, en términos generales, estableció el aumento de la UPC para los regímenes subsidiado y contributivo en 2024. Los artículos mencionados anteriormente indicaban que, para mejorar el acceso a la salud de la población, las Entidades Promotoras de Salud deberían destinar al menos el 5% de la UPC a equipos básicos de salud.
Además, la resolución destacó el principio de universalidad, que prioriza la atención de toda la población, independientemente del régimen o la EPS a la que estén afiliados, en concordancia con la asignación de dicho porcentaje de la UPC.
Entonces, ¿cuál es la razón detrás del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esta resolución? En diferentes ocasiones, el alto tribunal se ha manifestado sobre la utilización de los recursos de la UPC para cubrir servicios de salud. En la Sentencia C-978 de 2010, se encontró que el principio de equilibrio financiero entre la UPC y el Plan Obligatorio de Salud (POS) en ambos regímenes se veía afectado.
En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley 1438 de 2011 estableció que, la financiación de los equipos básicos de salud debe provenir de recursos interinstitucionales del sector salud y de otros sectores que participan en la atención de los determinantes de la salud. Por lo tanto, las pretensiones de la Resolución para utilizar los recursos de la UPC para financiar los Equipos Básicos en Salud no procederían, ya que estos solo pueden financiarse con dineros del sistema general de participaciones y/o recursos propios de las entidades territoriales.
El Auto 875 de la Corte encontró que financiar estos equipos con los recursos de la UPC podría resultar en una disminución del valor de esta y en una menor disponibilidad de recursos para financiar dichos servicios, lo que pondría en riesgo la prestación de los servicios debido a un posible incumplimiento por parte de las EPS. Ocasionando, también un desequilibrio.
Por esta razón, el Auto decidió declarar la inaplicabilidad de los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, en espera a que el Consejo de Estado emita un pronunciamiento sobre el control de nulidad por inconstitucionalidad, al tiempo que invitó al Ministerio de Salud a abstenerse de expedir un proyecto de resolución relacionado con los equipos básicos en salud.
Recordemos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado en reiteradas ocasiones, la conformación de un número creciente de Equipos Básicos de Salud. Estos anuncios comenzaron pocos meses después de iniciado el actual periodo presidencial y hacen parte de las estrategias gubernamentales para implementar de forma directa, varios aspectos contemplados en el proyecto de reforma al sistema de salud, que se archivó en la comisión séptima del Senado, recientemente.
Lo que la Corte dispuso fue la inaplicación de la resolución 2364 de diciembre del año pasado, que trasladó el 5% de la UPC para financiar los EBS. No obstante, ya se venían desarrollando, desde hace más de un año, estos equipos en distintos territorios. Por ejemplo, en la resolución 2788 de 2022 el MSPS les asignó cerca de 50.000 millones de pesos a estos EBS, provenientes de los recursos de la ADRES, para financiar la creación y operación de 483 de estos equipos, en 206 municipios.
De igual manera, el Ministerio anunciaba en febrero de 2023, que se conformaban EBS en 68 municipios de zonas dispersas y que, a junio del mismo año ya se habían organizado más de 2000 EBS en todas las entidades territoriales. En la rendición de cuentas del Ministerio, en noviembre pasado, se anunciaba que ya existían 4.000 EBS y que la meta durante este periodo de gobierno era llegar a 11.000 en todo el territorio nacional.
Con estos datos en mente, es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social aclare en qué se han gastado, en lo corrido de 2024, esos recursos del 5% de la UPC. ¿Cuántos nuevos equipos básicos se han financiado desde la expedición de la Resolución 2364, en cuáles municipios? y ¿Cómo se restituirán estos recursos a la UPC?.
Más allá de las respuestas a estos interrogantes, es evidente que el auto 875 de la Corte Constitucional pone de manifiesto un problema estructural del sistema de salud. Existe un déficit de recursos para financiar el plan básico de salud, por lo cual es imperativo identificar nuevas fuentes de financiamiento o encontrar mecanismos que optimicen su uso. En ese sentido, en lugar de agregar nuevas presiones a la UPC, se deben encontrar métodos para atraer nuevos recursos y utilizar los actuales de manera más eficiente.
